Actos procesales penales telemáticos

🏠 Penal > Procesal Penal

🗓️ Última revisión 15-3-2026


📑 LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

LIBRO I. Disposiciones generales [ 1 a 258 bis ]

LIBRO III. Del juicio oral [ 649 a 749 ]

📑 ACTOS Y SERVICIOS PROCESALES NO PRESENCIALES [ RDL 6/2023 ]

📑 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

LIBRO I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles [ 5 a 247 ]


📘 CTEAJE – GUÍA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD DE REQUISITOS DE PUNTOS DE ACCESO SEGURO Y LUGARES SEGUROS

Actos y servicios procesales no presenciales

🏠Procesal CivilProcesal Penal

🗓️ Última revisión 10-3-2026


📕 Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo

LIBRO PRIMERO. Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia [ 1 a 104 ]

TÍTULO IV. De los actos y servicios no presenciales [ 59 a 68 ]

  • CAPÍTULO I. Actuaciones judiciales y actos y servicios no presenciales [ 59 a 65 ]
  • CAPÍTULO II. La emisión de las actuaciones celebradas por medios electrónicos [ 66 ]
  • CAPÍTULO III. Protección de datos de las actuaciones recogidas en soporte audiovisual [ 67 ]
  • CAPÍTULO IV. Seguridad de los entornos remotos de trabajo [ 68 ]

📑 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

LIBRO I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles [ 5 a 247 ]

TÍTULO V. De las actuaciones judiciales [ 129 a 235 ]

📑 LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

LIBRO I. Disposiciones generales [ 1 a 258 bis ]

LIBRO III. Del juicio oral [ 649 a 749 ]

Daño moral en delitos contra la libertad sexual

🏠PenalPenal General > Responsabilidad Civil derivada del delito > ExtensiónPenal Especial > Delitos contra la Libertad Sexual > Disposiciones comunes > Responsabilidad civil


⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 734/2025, de 17-9-2025, FD 2º, Ponente Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet, ECLI:ES:TS:2025:3978


Hay que entender en estos casos la gravedad que produce un delito de agresión sexual, aunque lo sea en grado de tentativa, por el tremendo impacto psicológico que ello provoca en una mujer que lo sufre y el recuerdo permanente que ello le provocará para siempre, ya que resulta imposible olvidar un hecho tan grave como es una tentativa de agresión sexual. Pero es que, además, no se puede minusvalorar el sufrimiento, la inquietud, la ansiedad, la zozobra y demás reacciones que puede provocar para una víctima de agresión sexual este tipo de hechos, y si bien es cierto que no es «medible» el quantum económico del daño moral causado por una agresión sexual consumada o en grado de tentativa, sí que es cierto que deben ser resarcidos económicamente este tipo de hechos.

Además, es preciso destacar que el daño moral en los delitos de contenido sexual no es preciso que sea acreditado por pericial psicológica. Puede ser aconsejable que se aporte, pero su ausencia no elimina el derecho de la víctima a percibir la indemnización por daño moral.

Es cierto que esta es una de las pruebas que se pueden aportar junto a la «declaración de impacto de la víctima» que sea interrogada en juicio acerca de su sufrimiento al momento de los hechos y, también, el «sufrimiento ex post a los hechos», así como testigos que puedan declarar sobre este sufrimiento integrante del daño moral que se desprende del propio factum en cuanto a la propia gravedad del hecho y las consecuencias que ello provoca en una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual.

Pero no es la parte que recurre una sentencia donde se fija el quantum por daño moral la que se puede atribuir una especie de «prerrogativa probatoria» acerca de exigir qué pruebas debieron aportarse para fijar el quantum del daño moral y cuya ausencia determinaría la no aplicación de daño moral alguno. No estamos ante un delito y su afectación en el daño moral exigido de prueba tasada para que se conceda este último.

Nos encontramos ante un delito de contenido sexual en el que en la propia redacción de los hechos probados se evidencia la naturaleza interna de ese sufrimiento al momento de los hechos de una mujer que era consciente de que el agresor estaba llevando a cabo los actos que podían haber terminado en la consumación de no haber sido por los agentes policiales, por lo que la cifra fijada en la sentencia no puede modificarse en modo alguno por integrar el daño moral los siguientes apartados como criterios orientativos en los delitos sexuales:

1.- Daño moral coetáneo a los hechos:

El sufrimiento durante la ejecución del hecho de la agresión sexual consumada o en grado de tentativa, siendo mayor, obviamente, el quantum en el primer caso.

2.- Daño moral ex post a los hechos.

El sufrimiento ex post a los hechos por el «recuerdo permanente» de ese episodio en la vida de la víctima. Nótese que una mujer que es víctima de una agresión sexual recordará negativamente y con sufrimiento esos hechos el resto de su vida. Un delito de semejante naturaleza no es algo que se pueda olvidar. Es el «daño moral por el recuerdo del delito».

3.- Daño moral en la proyección al entorno al haber sido víctima de un delito sexual.

El sufrimiento hacia su propio entorno que también sufre por los hechos ocurridos.

4.- Daño moral ante el miedo a la repetición del ataque sexual.

En los delitos sexuales existe un miedo permanente que perdurará en el tiempo de la víctima de que en cualquier salida de su hogar, o, incluso, dentro de él, se pueda repetir el hecho de la agresión sexual.

5.- Daño moral ante el posible ataque sexual de cualquier persona.

Un ataque sexual provoca en la víctima el miedo permanente a que cualquier persona, conocido, o desconocido, pueda volver a atacarle a su libertad sexual.

6.- Daño moral integrante en la propia relación de pareja de la víctima.

Un ataque sexual provoca un serio perjuicio en la vida sexual de la víctima por el recuerdo al haber sido víctima del delito sexual, e influirá en sus relaciones sexuales por el recuerdo de los hechos. Afectará, a buen seguro, en su relación de pareja con el perjuicio que ello le llevará consigo.

Hay que recordar que, como señala esta Sala y la mejor doctrina, en los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, dado el bien jurídico protegido, es muy frecuente que causen un daño moral en la víctima, sea la misma menor o mayor de edad, pues se trata de conductas que causan un grave impacto psicológico en quien es sujeto pasivo de las mismas, tratándose con frecuencia de sucesos traumáticos que requieren de atención psicológica y psiquiátrica especializada para su recuperación. Se trata, en definitiva, de conductas delictivas que afectan al Derecho Fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

En estos casos si bien no existe previsión expresa sobre la valoración económica del daño moral, ello no es óbice para que exista la obligación de su indemnización, en orden a compensar el sufrimiento padecido. El mismo extiende la indemnización tanto al daño emergente como a lucro cesante, ex artículo 1.106 CC, aunque para valorar el daño y fijar el quantum indemnizatorio, determina la libertad del Tribunal si de forma motivada fija el quantum de la indemnización atendiendo a la gravedad de los hechos cometidos.

Recuerda la mejor doctrina en este terreno que la mera existencia de una violencia sexual ya conlleva, de por sí un inequívoco daño moral; el ínsito en la humillación, vejación y temor que todo inconsentido acto sexual general, y más cuando de menores se trata. Y partiendo de la imposibilidad de subsumir el capital económico en el humano: la práctica totalidad de estos daños son irreparables. Así, se ha dicho que el daño moral es, por tanto, uno de los elementos que integran la responsabilidad civil y debe ser entendida como el padecimiento psicológico o por el dolo infligido a causa de una conducta, en principio, culpable. En otras palabras, son aquellos que no afectan -en general- al patrimonio, pero sí a la estabilidad psicológica y emocional de las víctimas, entre otras esferas, en el ámbito de las emociones y percepciones humanas.

Dado el evidente daño moral que existe en los delitos de agresión sexual podemos fijar, en base a la reiterada doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo como criterios en materia de indemnización por daño moral en este caso los siguientes:

1.- En materia de responsabilidad civil por ilícito debe ahondarse, en primer lugar, en si es posible la compensación que traslade la situación del después al antes de la comisión del hecho. Es el principal objetivo del Juez. El de restaurar al 100% la situación del perjudicado siempre que ello sea posible.

2.- Se trata de procurar que el perjudicado «regrese» a la situación del antes.

3.- En la determinación del antes y el después hay que valorar si es posible físicamente conseguir el regreso al antes en las mismas condiciones y situación, ya que si la compensación puede satisfacerse mediante la concreta indemnización que permita esa exactitud en el regreso es lo que debe pretenderse con la determinación del quantum en ejecución de sentencia para conseguir que el perjudicado recupere esa situación idéntica a la que tenía antes del hecho.

4.- Podemos aplicar la tesis del antes y después a la hora de fijar la situación que existía antes del ilícito sin existir el perjuicio y la que se genera después de su comisión, para en este después poder tener la certeza y seguridad jurídica de estar en condiciones de regresar al antes.

5.- Existe, en ocasiones, una especie de incapacidad de reparar determinados hechos que por su gravedad y circunstancias hacen que sea imposible regresar al antes. Ello no quiere decir que no haya que compensar, sino que la compensación se encuentra en base a muchas circunstancias personales y objetivas que se unen para poder extraer una conclusión indemnizatoria de máximo ajuste económico.

6.- Pero si el regreso al antes es materialmente imposible, la indemnización a satisfacer deberá tener en cuenta el perjuicio moral que le supone al perjudicado no poder recuperar la misma situación anterior al hecho dañoso, y esa imposibilidad de regreso al antes deberá ser un dato a tener en cuenta a la hora de fijar la indemnización, porque ello supone un daño moral adicional al quantum que debe tenerse en cuenta a la hora de llevar a efecto la cuantificación.

7.- Así, si el regreso al antes es posible en las mismas condiciones se realizará el cálculo de esa indemnización en su coste de regreso más el daño moral sufrido de entenderse concurrente u otros gastos que fueren probados.

8.- La imposibilidad de regreso siempre conllevará, pues, una indemnización mayor en la que se añaden otros factores a valorar con la prueba correspondiente a practicar en el proceso judicial adicionando un daño moral de imposibilidad de regreso que es evidente y que debe ser tasado.

9.- Objetivo es, también, la restauración máxima y la más acercada a esa situación previa a la comisión del ilícito. Cierto y verdad es que en ocasiones será difícil, pero debe trazarse como objetivo el acercarnos en la mayor medida posible a la exactitud de la restauración.

10.- Es preciso que en el cálculo indemnizatorio no se caiga en el error de «pecar» ni por exceso ni por defecto.

11.- Si no es posible ajustarse al antes con exactitud es preciso llevar a cabo un esfuerzo de cuantificación para poder conseguir la «mayor aproximación» posible.

12.- Hay daños que tienen difícil cuantificación como el daño moral, y en estos casos es preciso «ponerse el Juez» en la posición del perjudicado para atender a cuál es la traslación a dinero.

13.- Ante el daño moral este tipo de daño no se puede cuantificar, en principio, económicamente atendiendo a un denominado «coste de reposición», ya que cuando hablamos de daño moral la reposición al antes es muy difícil o imposible. No hay baremo indemnizatorio que fije el «coste del daño moral».

14.- Daño moral y daño psicológico. El daño moral puede desdoblarse en daño psicológico a probar según la redacción de los hechos y la percepción del Juez del estado de zozobra, ansiedad, inquietud e incertidumbre que el hecho le haya provocado en su sufrimiento personal cuantificable a tenor de las circunstancias, y, también, el daño moral psíquico a acreditar por prueba pericial médica en atención a la afectación a la psique del sujeto perjudicado por el hecho.

15.- Existen situaciones en las que el dinero no opera como criterio de restauración al antes, ya que, si se indemniza con una cantidad económica, aunque materialmente resulte indudable que se produce un enriquecimiento patrimonial en el perjudicado y un empobrecimiento patrimonial en el autor del hecho, en determinados casos solo queda ahí en la posición del perjudicado en el cobro, pero porque ese pago no tiene la capacidad de traspasar el mero efecto económico del pago y cobro, pero sin poder tener un efecto mayor de carácter personalísimo en el perjudicado.

16.- La responsabilidad civil en la fijación del quantum viene exigida de estar rodeada de la debida motivación reflejada en la sentencia. Resulta indudable que tanto quien reclama como quien es reclamado tienen derecho a saber y conocer las razones de la estimación o desestimación de sus pretensiones y los argumentos que está obligado a exponer el juez acerca de los motivos por los que se ha fijado esta cantidad como indemnización, y no otra.

17.- Hay situaciones en las que nos encontramos con una imposibilidad física y material de regresar del después al antes. Porque no existen mecanismos materiales que puedan compensar por la vía de los instrumentos jurídicos que habilitan, tanto las leyes procesales como sustantivas, poder recuperar lo que ya se ha perdido, por cuanto es insustituible e irrecuperable la pérdida.

18.- El objetivo real que debe enfocarse en el procedimiento judicial es el de conseguir en la sentencia el mayor «ajuste económico» que pueda alcanzarse, una vez que los distintos medios probatorios se hayan propuesto y practicado en el juicio para permitir que el Juez tenga estos mecanismos probatorios para poder calcular con la mayor exactitud posible la recuperación del antes, si ello es posible, en el examen del después de producido el ilícito.

19.- El autor del daño no es quien tiene el derecho de proponer cómo y de qué manera se debe satisfacer la indemnización, si regresar al antes o fijar el después con una mera satisfacción económica, porque ello puede ser más doloroso para el perjudicado que hubiera deseado ser posible regresar al antes.

20.- El regreso al antes se centra en el valor de la identidad para conseguir no un «acercamiento» al antes, sino una exactitud. Se centra en la reparación que deberá tener un contenido de exactitud para conseguir el regreso idéntico y absoluto a lo que antes existía. Se trata de buscar la verdadera y absoluta identidad en el antes, para llegar a ello después del daño causado.

21.- El regreso al antes no tiene por qué quedar eximido de la indemnización de daños y perjuicios si se acreditaran estos y no quedara total y absolutamente satisfecho.

22.- El carácter irreversible del regreso al antes debe ser indemnizable, lo que debe ser tenido en cuenta en el quantum indemnizatorio, por la sencilla razón de la agravación de la irreversibilidad de la situación, lo que debe tener su reflejo en el monto de la indemnización a recibir por el perjudicado.

23.- El daño moral se ubica, precisamente, por la imposibilidad física de la recuperación del antes y se cuantificará en atención al valor de la pérdida de la imposibilidad de regreso y cómo le afectará en el futuro al perjudicado. Así, en la medida en la que esa ausencia de lo que había antes esté en condiciones de causar una mayor afectación personal, psicológica y psíquica al perjudicado la indemnización será mayor.

24.- En una primera aproximación la traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada a la discrecionalidad del Tribunal de instancia y, por tanto, inatacable en casación. Se podrán discutir las bases pero no el monto concreto, que no solo no está sujeto a reglas aritméticas; sino que resulta de precisión exacta imposible cuando hablamos de daños morales.

25.- Lo discutible en apelación o casación no es la cuantía puramente considerada, sino el razonamiento deductivo por el que el Tribunal llegó a esa cuantía, aspecto que sí es impugnable, no si la cuantía es elevada y se postula la reducción en el recurso deducido.

26.- El daño moral no puede identificarse con secuelas psicológicas, sino que tiene un espacio propio, en el que las situaciones de angustia, frustración, miedo o padecimientos, en general, que ha soportado quien sufre las consecuencias del delito merecen un resarcimiento, y, también, las consecuencias de su afectación en la esfera personal y profesional del afectado por el delito, que puede fluir del hecho probado, o estar reflejado en él, pero estar debidamente argumentado de forma suficiente en los fundamentos jurídicos en torno a la razón de su indemnización.

27.- El daño moral constituye un concepto indeterminado, pero real y existente, ante la evidencia de que todo delito afecta a los aspectos más sensibles y espirituales del ofendido, que soporta indebidamente el daño del ilícito penal aunque no se traduzca directamente en un perjuicio patrimonial. El art. 110.3º CP. lo establece de forma expresa.

28.- El daño moral se deduce de la forma comisiva de los hechos y cómo afectó a la víctima y esto lo obtenemos de las circunstancias del caso fijadas en los hechos probados.

29.- El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados en la sentencia cuando fluye de manera directa y natural del relato histórico. Así ocurre cuando el daño moral resulta de la importancia del bien jurídico protegido y de la gravedad de la acción que lo ha lesionado criminalmente, así como de la significación espiritual que el delito tiene con relación a la víctima.

30.- La suma de dinero fijada en sentencia sólo puede ser objeto de control en el recurso de casación cuando resulta manifiestamente arbitraria y objetivamente desproporcionada. Es decir, que no es cuestionable la legitimidad de un método de determinación del daño basado en la estimación ponderada y prudencial, el control vendrá únicamente referido a la comprobación de si la traducción en dinero es o no manifiestamente desproporcionada.

Hay que señalar que en los casos de agresiones sexuales consumadas o en grado de tentativa existe un evidente daño moral, y su cuantificación se deja al criterio valorativo del tribunal atendiendo a:

1.- La gravedad del hecho.

2.- El sufrimiento de la víctima que se describe en el juicio oral en la «declaración de impacto de la víctima» a que se refiere esta Sala entre otras en sentencia 930/2022 de 30 Nov.. 2022, 2/2021 de 13 Ene. 2021, 437/2022 de 4 May., 695/2020 de 16 Dic. 2020 entre otras.

3.- El sufrimiento de la víctima que expone no solamente el que tuvo durante los hechos, sino el que sufre después.

4.- Hay que tener en cuenta que el dolor que deja una agresión sexual, consumada o en grado de tentativa es permanente, ya que estos hechos no se olvidan nunca y la víctima, a buen seguro, va a conservar un miedo a salir a la calle y que se vuelva a repetir el hecho semejante que sufrió.

5.- Es evidente el «precio del dolor» en los delitos de agresión sexual.

6.- El quantum queda al arbitrio del Tribunal y que se debe razonar en base a los criterios antes expuestos.

7.- Aunque el pago de una cantidad no elimina el dolor en estos delitos es preciso acomodar ese sufrimiento que es «permanente» en una traducción económica que no solo compense el sufrimiento del día de los hechos, sino el permanente que tendrá la víctima al recordar lo sufrido y que no desaparece de su cabeza.

8.- Es traducible económicamente el miedo a que este hecho se vuelva a repetir y ello lo causa el autor de la agresión.

Liquidación de viviendas en copropiedad en el concurso de acreedores

🏠Civil > Mercantil


✍️ ¿Cómo se liquidan las viviendas en copropiedad en el concurso de uno de los comuneros?

Ana Armijo Pliego
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 5-11-2025

Acoso laboral

🏠Penal > Penal Especial > Delitos contra la Integridad Moral > Acoso Laboral


⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 823/2025, de 8-10-2025, FD 2º.1, Ponente Excma. Sra. Dª. Ana María Ferrer García, ECLI:ES:TS:2025:4400


1. El artículo 173.1 párrafo tercero CP -el segundo hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre-, castiga a «los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima».

Esta modalidad delictiva, introducida en el Código Penal como figura autónoma por la LO 5/2010, ha sido definido por nuestra jurisprudencia como «hostigamiento psicológico en el marco de cualquier relación laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad» ( SSTS 694/2018, 21 diciembre; o STS 694/2018, de 21 de diciembre).

El acoso típico supone aprovechar una posición de superioridad en el ámbito laboral, de la que se abusa para dispensar de forma sistemática a la persona sometida a ella un trato hostil y vejatorio capaz de minar su capacidad de resistencia emocional y su autoestima, al verse obligada a desarrollar su actividad en una pesada atmósfera de humillación y desprecio creada por quien se ampara arbitrariamente en su jerarquía. Un deliberado y sistemático maltrato psicológico que, sin llegar a integrar el concepto de trato degradante, revista gravedad, dando de esta manera satisfacción a los principios que legitiman la aplicación de la ley penal.

Integra la conducta típica el empleo de técnicas de presión psicológica sobre persona o personas sometidas a la autoridad del autor, que las hostiguen provocando de esta manera su marginación. Como dijo la STS 694/2018, de 21 de diciembre, se trata de generar en la víctima un estado de desasosiego mediante el hostigamiento psicológico que humilla a la misma constituyendo una ofensa a la dignidad. Y lo integran los siguientes elementos típicos «a) realizar contra otro actos hostiles o humillantes, sin llegar a constituir trato degradante; b) que tales actos sean realizados de forma reiterada; c) que se ejecuten en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial; d) que el sujeto activo se prevalga de su relación de superioridad; e) que tales actos tengan la caracterización de graves».

Utilizando palabras de la STS 426/2021, 19 de mayo, quedan fuera de esta tipicidad «los hechos episódicos, aislados y puntuales que sean reflejo de un acto de arbitrariedad, pretendidamente amparado por el principio de jerarquía, pero que pueden encontrar adecuado tratamiento jurídico en la jurisdicción laboral o en otros preceptos menos graves de los que ofrece el Código Penal. Lo que se sanciona en el delito de acoso laboral es la creación de un permanente clima de humillación que lleve al trabajador a la pérdida de su propia autoestima, que convierta el escenario cotidiano de su trabajo en el lugar en el que ha de aceptar con resignación las vejaciones impuestas por quien se ampara arbitrariamente en su jerarquía. El acoso que desborda el tratamiento propio de la relación laboral implica un cúmulo de actos reiterados de persecución con grave afectación psicológica en el trabajador. Se trata de decisiones enmarcadas en la prevalente posición jerárquica que ocupa el superior, generadoras de una atmósfera hostil, humillante que altera la normalidad de cualquier relación laboral. Son actos cuya imposición trata de explicarse en el ejercicio de las facultades de dirección pero que, sin embargo, implican medidas manifiestamente innecesarias desde la perspectiva de la óptima regulación del trabajo».

Por su parte la STS 1082/2024, de 27 de noviembre, apuntó que el precepto exige que los actos supongan grave acoso. Si a la noción de acoso es inherente la reiteración (solo hay acoso si se produce repetición o acumulación de conductas) la gravedad mencionada como elemento adicional, no puede estar basada en exclusiva en la repetición. Si lo estimásemos así, convertiríamos ese adjetivo en un añadido inútil y superfluo. Si reiteración implica per se gravedad, no existirían acosos no graves. Ese entendimiento contradice la literalidad del precepto. El término «gravedad» exige un plus frente al acoso que, por sí, implica reiteración de actos.

En definitiva, como precisó la STS 45/2021, de 21-1: «la reiteración de conductas no determina por sí misma la gravedad, aunque sin duda entre los factores que deben ponderarse para catalogar de grave un acoso ocupará un lugar importante el hecho de la mayor o menor repetición y la mecánica sistemática, metódica y perseverante de los actos de acoso».

La instalación del punto de recarga de vehículos eléctricos en una plaza individual de un garaje comunitario sólo requiere comunicarlo previamente a la Comunidad de Propietarios

🏠Civil > Propiedad horizontal


El Tribunal Supremo resuelve que la instalación del punto de recarga de vehículos eléctricos en una plaza individual de un garaje comunitario sólo requiere comunicarlo previamente a la comunidad de propietarios. La Sala Primera resuelve el recurso de una comunidad sobre la interpretación del art. 17.5 LPH

CGPJ
🗓️ 12-12-2025

El cumplimiento de la privación del derecho a conducir debe ser ininterrumpido; no puede fraccionarse

🏠PenalPenal General > Penas > Penas Privativas de Derechos > Derecho a ConducirPenal Especial > Delitos contra la Seguridad Colectiva > Delitos contra la Seguridad Vial


El Tribunal Supremo fija que la pena de privación del derecho a conducir debe ejecutarse de forma ininterrumpida y no fraccionada. La Sala desestima el recurso interpuesto por un hombre condenado a 7 meses de multa con una cuota diaria de 10 € que solicitaba el cumplimiento fraccionado de la pena alegando que era conductor profesional y el trastorno económico-laboral que le iba a ocasionar

CGPJ
🗓️ 16-2-2026


⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 118/2026, de 11-2-2026, Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, ECLI:ES:TS:2026:431


La privación del derecho a conducir está concebida como una inhabilitación temporal, puesto que el artículo 47 del Código Penal dispone que la imposición de esta pena «nhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia». Añade que la dicción legal no describe una suma de «días de no conducción» susceptibles de reparto, sino un periodo temporal de privación que se proyecta de forma continua desde un dies a quo hasta un dies ad quem.

De modo que «fraccionar ese periodo -abriendo intervalos en los que el penado recobraría la posibilidad de conducir- equivaldría a mutar la pena desde una inhabilitación temporal (privación íntegra del derecho durante un tiempo) a un régimen de restricción intermitente (privación solo en ciertos tramos), modalidad que no está prevista en la Ley para esta pena y que, por ello, queda vedada por el principio de legalidad en ejecución».

De hecho, el artículo 384 del Código Penal, que sanciona la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial, se apoya en la idea de que, declarada judicialmente la privación, el penado queda excluido del derecho de conducir mientras aquella esté vigente, y precisamente por eso tipifica la conducción durante esa vigencia.

«De ahí que resulte incompatible con el diseño legal reconducir la pena a un sistema de «ventanas» o tramos alternos, en el que el propio órgano ejecutor habilitaría espacios de conducción dentro del periodo de privación, pues ello introduciría un escenario no contemplado por el legislador y erosionaría el carácter plenamente excluyente de la decisión judicial durante el tiempo de ejecución».

A ello se añade el diseño procesal de ejecución, que ordena la retirada del permiso y su remisión a la Autoridad administrativa. El artículo 794.2.ª LECrim. dispone que «En los casos en que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario Judicial procederá a la inmediata retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, dejando unido el documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena»; evidenciando que el legislador concibe una ejecución «ininterrumpida, sin devoluciones periódicas ni activaciones y desactivaciones del título habilitante».

La sentencia recoge que, en ese contexto, la privación del derecho a conducir cumple, de manera principal, una finalidad de prevención especial protectora o tendente a inocular el comportamiento de riesgo desarrollado por el sujeto activo, apartando temporalmente de la conducción a quien, con su conducta, ha exteriorizado una disposición incompatible con las exigencias mínimas de seguridad en el tráfico; de lo que se deriva que la pena pueda llevar, incluso, a la pérdida de vigencia del permiso y a la exigencia al conductor de una nueva capacitación (artículo 47 in fine, del Código Penal). Y señala que, de modo complementario, la pena cumple una finalidad de prevención general, reforzando la vigencia de la norma y el reproche frente a conductas generadoras de riesgo.

En el caso examinado, donde el penado invocaba perjuicios laborales derivados de una ejecución ininterrumpida, el Tribunal Supremo considera que convertir la profesión del penado en razón habilitante de una ejecución «a la carta» no solo carece de cobertura en el Código Penal, sino que comprometería la igualdad en la ejecución de las penas y vaciaría parcialmente de contenido la inhabilitación temporal, desplazando el centro de gravedad desde la sentencia -que fija una privación durante un tiempo- hacia un calendario confeccionado en función de la conveniencia particular, con quiebra de las finalidades de prevención especial precisamente en perfiles primordialmente justificados y permitiendo, incluso, que quien careciera del permiso de conducir pudiera -por idénticos motivos de justificación laboral- solicitar autorización para obtenerlo durante el periodo de condena y abordar después un cumplimiento fraccionado.

Al respecto, tampoco puede aceptarse la objeción de que el ordenamiento sí admite, en otros supuestos, formas de cumplimiento «fraccionado» o «compatible con la vida laboral», como sucede con el pago aplazado o en plazos de la pena de multa, o con la posibilidad de que la localización permanente se cumpla en sábados, domingos y festivos, pues nada de eso sucede con la pena de privación del derecho a conducir, al no existir previsión legal que autorice su cumplimiento por tramos.

La modulación pretendida supondría una alteración cualitativa del contenido de la pena, al permitir que el penado condujera durante intervalos insertos en el «tiempo fijado en la sentencia», lo que equivale a transformar una inhabilitación temporal plena (artículo 47 del Código Penal), en una habilitación parcial intermitente no contemplada por el legislador, chocando frontalmente con el principio de legalidad en la ejecución (art. 3.2) y con la coherencia de la tutela del artículo 384.

Procedimiento extrajudicial de liquidación de daños en materia de seguros

🏠Civil > Obligaciones y Contratos


✍️ ¿Es obligatorio en los seguros el procedimiento extrajudicial de peritos del art. 38 LCS?

Marta López Valverde
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 24-10-2025

Documentos en idioma extranjero

🏠Procesal Civil > Inmediación, publicidad y lengua de los procedimientos


✍️ Aportación al proceso de documentos en idioma no oficial

Javier García Sanz
Almacén de Derecho
🗓️ 7-1-2026

Exigencia de motivación reforzada para denegar judicialmente la suspensión de la deuda tributaria que ha sido garantizada en la vía administrativa

🏠Administrativo > Tributario


⚖ El Tribunal Supremo exige a los tribunales una motivación reforzada para denegar la suspensión de la deuda tributaria que ha sido garantizada en la vía administrativa

La sentencia introduce un matiz en la jurisprudencia precedente con miras a satisfacer en mayor medida la seguridad jurídica.

CGPJ
🗓️ 22-10-2025


⚖️ Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 2ª, 1.312/2025, de 20-10-2025, Ponente Excma. Sra. Dª. María de la Esperanza Córdoba Castroverde, ECLI:ES:TS:2025:4354


La sentencia trata de armonizar dos principios jurídicos de relevancia: de un lado, la potestad que ostentan los Tribunales de Instancia a la hora de resolver acerca de la suspensión de los actos de liquidación tributaria, derivada de la aplicación de los artículos 129 ss. LJCA, tarea que requiere una ponderación, por el Tribunal decisor, de los distintos y antagónicos intereses en juego, para dar prevalencia al más digno o necesitado de protección en cada caso; de otro lado, el derecho a la suspensión del que ha venido disfrutando el contribuyente y que deriva de la medida de suspensión ya acordada en la vía administrativa previa, en los casos en que la deuda está suficientemente garantizada, de un modo no discutido por las partes.

Se clarifica en esta Sentencia, la doctrina jurisprudencial referida a la suspensión cautelar en el ámbito tributario, que arranca de las remotas Sentencias del Pleno de la Sala Tercera de 7-3-2005 y 6-10-1998, sentando la siguiente jurisprudencia:

1.- Los Tribunales, en el ejercicio de su potestad cautelar para adoptar la decisión que corresponda según los artículos 129 ss. LJCA, han de valorar su precedencia conforme a los requisitos del artículo 130 LJCA y a los principios generales del ordenamiento tributario -seguridad jurídica y buena administración, entre otros-, sin que ello implique que el órgano judicial quede vinculado al juicio valorativo de la Administración tributaria, y ello aunque las circunstancias no hayan variado desde que se hizo tal valoración.

2.- No obstante, en la necesaria ponderación de los intereses en conflicto que debe hacer el órgano judicial, un indicio importante que habrá de ser valorado es la suspensión ex lege acordada en la vía económico-administrativa, sujeta a la aportación de garantía suficiente con extensión a la vía judicial, sin perjuicio de valorar otros indicios, como que la Administración no haya aportado prueba alguna de que la demora en el ingreso de esa deuda garantizada pueda suponer un riesgo para los intereses generales.

3.- Si el órgano jurisdiccional considera que, en todo caso, no es procedente la suspensión de la deuda tributaria que ha sido garantizada en vía administrativa, deberá reforzar la motivación para denegar la suspensión, razonando de modo suficiente por qué en el caso concreto esa medida suspensiva dispuesta por el legislador tributario, mediante aval, como es el caso, no es suficiente para acordar la suspensión en vía jurisdiccional.

De modo que no se desapodera a los órganos judiciales de sus facultades de valoración de las circunstancias concurrentes, pero convierte la suspensión ya acordada en un elemento privilegiado de ponderación de los intereses en conflicto, lo que requiere que el Tribunal competente que ha de resolver sobre las medidas cautelares, deba efectuar un razonamiento particular y específico para desactivar la medida de suspensión con garantía.

Licencia para matar águilas imperiales II. Al parecer continúa…

Electrocuciones de aves y ausencia de sanciones administrativas.

Jurisprudencia sobre atipicidad infractora o falta de culpabilidad: ¿basada en disposiciones reglamentarias ilegales?.

Comentario crítico a la sentencia de la Sala IIIª del Tribunal Supremo, número 109/2026, de fecha 5 de febrero de 2026


En 2020 escribí en InterJuez un artículo, intentando trasmitir la preocupación por la problemática ambiental de agresión a la biodiversidad, que supone la mortandad de avifauna protegida en tendidos eléctricos, ante las tenues exigencias electrotécnicas de seguridad, que a las grandes empresas de distribución eléctrica impone el Real Decreto 1432/2008, que continúa vigente pese a sus enormes carencias, que consideraba, y sigo haciéndolo, le hacían incurrir en ilegalidad e inaplicabilidad por los tribunales, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

✍️ Biocidio de aves rapaces en España. Reflexiones sobre los Reales Decretos de Industria y su implicación en el biocidio de aves amenazadas

En 2021, ahondando en ello, señalé que la jurisprudencia contenciosa que trataba esta problemática, se basaba en la normativa reglamentaria ad hoc, el Reglamento aprobado por el Real Decreto mencionado, sin plantearse si esta normativa reglamentara podía incurrir en nulidad por vulnerar la jerarquía normativa. Esperaba que la cuestión sancionadora administrativa por electrocución de aves en tendidos eléctricos, cambiase de rumbo, y en su caso llegase al Tribunal Supremo para unificar criterios y sentar una jurisprudencia general.

✍️ Licencia para matar águilas imperiales. Electrocuciones de aves y ausencia de sanciones administrativas. Jurisprudencia sobre atipicidad infractora: ¿basada en disposiciones reglamentarias ilegales?

En 2023, planteé que quizás por fin, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque no merced a un recurso de casación en esta materia exactamente, pero sí de forma tangencial ante recurso contra Real Decreto 542/2020 y la tipificación de infracciones, zanjase esta cuestión y determinase el carácter infractor de las omisiones en la obligación de la diligencia en la corrección de tendidos peligrosos para las aves; así el Auto de la Sala IIIª del Tribunal Supremo al número 1215/2021, y que referí en artículo, al igual que don Salvador Moreno Soldado en otro más profuso.

✍️ ¿Al fin se termina la licencia para matar águilas?

✍️ Protección de avifauna frente al riesgo de electrocución en las líneas eléctricas mediante las inspecciones administrativas de industria de las instalaciones

Pues bien, tras mucho tiempo sin escribir sobre esta problemática ambiental de la electrocución de aves rapaces, y en la ilusa esperanza de que el Tribunal Supremo iba a resolver y zanjar que, so pena de incurrir en infracción al menos administrativa, es obligación de mantenimiento correcto de los tendidos eléctricos por sus titulares, empresas eléctricas, para la seguridad industrial y la mayor inocuidad ambiental posible; ello cuando fuesen accediendo recursos de casación en expedientes administrativos sancionadores; y muy en especial, como he señalado, tras Auto de esta misma Sala, al número 1215/2021 de 7 de octubre, ya he dicho que aunque fuese con argumentos aplicables a otro Real Decreto, el 542/2020 sobre infracciones relativas al estado de líneas y apoyos eléctricos; lo cierto es que la sentencia de la Sala IIIª del Tribunal Supremo, número 109/2026, de 5 de febrero de 2026, ha venido a defraudar tales ilusas expectativas, con argumentos, entiendo, muy discutibles; esta sentencia confirma la revocación de sanción administrativa por la electrocución de ejemplar de águila imperial, de la sentencia número 80/2023 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, y ello en base a los presupuestos, nuevamente, del R.D. 1432/2008, del que derivan la falta, no ya de tipicidad, pero sí de culpabilidad, al no incumplir objetivamente las eléctricas este reglamento, pero cuya ilegalidad, lógicamente parcial, he defendido reiteradamente, por vulnerar el principio de jerarquía normativa (Artículo 9.3 CE), y por lo tanto inaplicable por los Tribunales de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Invito en este sentido, a releer en InterJuez, los artículos antes referidos.

La mencionada sentencia del TS pone difícil las cosas para la defensa de las aves frente a este conocido riesgo de electrocución, ya que por un lado la anterior STS 1252/2023 de esta Sala, rechazó tanto la solicitud de ONG de declaración de la ilegalidad parcial del R.D. 1432/2008, por extemporaneidad, como la inactividad administrativa en su reforma y mejora de la protección de la biodiversidad, tras tantos años de constancia de sus carencias y vulneración de la jerarquía normativa; y estando así a la espera de una aplicación concreta de dicho reglamento, y frente acto determinado, en este caso sancionador, derivado de dicho Real Decreto, ahora se acude por el TS al argumento de que no puede cuestionarse su aplicabilidad, pese a lo previsto en el artículo 6 LOPJ, por ser también forma indirecta de volver a interesar la anulación de dicho Real Decreto; un círculo vicioso que, visto así, va a ser difícil romper, con el consiguiente perjuicio para el valor ambiental que supone la protección de la biodiversidad, conforme normas internacionales, europeas, estatales y autonómicas, cohonestadas entre ellas bajo la jerarquía normativa.

Y es que ahora es cuando ha llegado la contestación con esta STS 109/2026: Esta resolución del Tribunal Supremo dice abordar el conflicto entre las normativas técnicas específicas y las leyes medioambientales generales en casos de electrocución de aves, para la resolución del recurso, frente a sentencia de TSJ que revoca sanción en la materia.


Resumen de la Sentencia STS 109/2026

La sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla-La Mancha y la asociación ADENSVA contra una sentencia previa que anuló una sanción de 200.001 euros a una compañía eléctrica por la muerte de un Águila Imperial Ibérica.

El Conflicto: La Administración sancionó a la empresa basándose en la Ley de Conservación de la Naturaleza, argumentando que las empresas tienen una «posición de garante» y obligaciones generales de protección que van más allá de los reglamentos técnicos.

La Postura de la Empresa: La eléctrica alegó que la línea donde ocurrió la muerte no estaba incluida en el listado oficial de líneas que debían ser adaptadas obligatoriamente según el Real Decreto 1432/2008.

Decisión del Tribunal: El Supremo confirma la anulación de la sanción. Establece que no se puede imputar culpabilidad o negligencia a una empresa que cumple con la normativa técnica específica dictada por el Estado para su sector.

Principio de Confianza Legítima: El tribunal subraya que si el poder público dicta normas específicas de protección (como el RD 1432/2008), el administrado tiene la expectativa razonable de que, si las cumple, su conducta es lícita. Sancionar en estos casos supondría una «responsabilidad objetiva encubierta» prohibida en el derecho sancionador.

La Culpabilidad por tanto como barrera principal; el Tribunal Supremo determina en el ámbito administrativo que «no cabe culpa en quien cumple con las reglas específicamente fijadas por el Estado», dada la ausencia de dolo o una imprudencia grave evidente.

Dicho cumplimiento de la normativa técnica reside en las prescripciones técnicas del RD 1432/2008: Si no ha sido formalmente requerida la empresa por la Administración para ser adaptada (o está en plazo de hacerlo), entonces, la conducta del titular de la línea suele considerarse ajustada a derecho, lo que excluye la tipicidad penal.

“El error de prohibición inducido”: La sentencia menciona que, si el marco normativo es insuficiente, el Estado está «induciendo institucionalmente a error al administrado». En derecho administrativo sancionador y penal, esto podría alegarse como un error de prohibición, eliminando la responsabilidad criminal si el operador cree fundadamente que su instalación es legal al cumplir los reglamentos técnicos.

En mi opinión, sin embargo, hay que recordar que las empresas titulares, ya desde hace años, no son ajenas a este debate y consideración de un marco normativo más amplio frente a este Real Decreto 1432/2008, y así es de señalar los fundamentos sancionadores en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en materia de electrocución de aves en tendidos eléctricos, tras la resolución de la Sala IIIª del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2021 (nº 1215/2021), y sentencia 1252/2023.

Y es que esta sentencia 109/2026 dice que, aún siendo cierto, que la obligación de adoptar medidas de prevención y reparación de daños ambientales también se establece en diversas normas sectoriales, de mayor jerarquía, tales como la Ley 26/2007, de 23 de octubre, responsabilidad medioambiental y la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. A lo que habría que añadir la Ley 21/1992 de Industria; la falta de sanción radica en la falta de culpabilidad, ya sea por error de prohibición o por la confianza legítima que asiste a los titulares de las líneas, pese a conocer, sobradamente, que incurren estas en la omisión de medidas de seguridad, señalando la sentencia que “las peticiones de declarar la incompatibilidad del real Decreto 1432/2008 con determinados principios medioambientales, exceden del objeto del recurso”, y por tanto en cierto modo no se pronuncia sobre la clave de la cuestión infractora. Pero, entiendo, se olvida de que se debe entrar de oficio conforme al artículo 6 de la LOPJ, y considerar inaplicable el Reglamento.

El RD 1432/2008 es una norma reglamentaria que por aplicación del principio de jerarquía normativa no puede establecer previsiones contrarias a una norma superior de cobertura (las leyes citadas, además de Convenios Internacionales y Directivas Europeas) y, por tanto, la falta, por ejemplo, de cumplimiento de la financiación pública no puede exonerar a la titular del cumplimiento de sus obligaciones medioambientales. Menos aún, cuando dicha exoneración de responsabilidad tampoco está prevista legalmente. Por tanto, debe interpretarse el RD 1432/2008 conforme a la norma de cobertura y, en consecuencia, la falta de financiación no debe interpretarse como causa de suspensión del cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los operadores y se debería confirmar la sanción administrativa impuesta, revocando la sentencia de instancia. Contrariamente esta sentencia 109/2026, pese a la resolución 1215/2021, parece “retroceder” en la exigencia de diligencia debida a las empresas operadoras, al partir de la literalidad exclusiva del R.D. 1432/2008, cuya interpretación, o simplemente inaplicación (artículo 6 LOPJ), debía hacerse con el ordenamiento jurídico en su conjunto.

Con esta sentencia 109/2026, podemos hacer las siguientes consideraciones frente a la electrocución de avifauna protegida: ¿Cuándo sí sería viable entonces la sanción administrativa, o incluso penal?:

La vía infractora, conforme a esta sentencia, podría tener recorrido en escenarios donde se demuestre una desviación clara de la normativa:

Incumplimiento consciente: Si la empresa se niega a adaptar una línea tras un requerimiento formal y el pago de subvenciones.

Mantenimiento deficiente: Si la electrocución no ocurre por una falta de adaptación técnica, sino por un abandono o mal estado de las instalaciones que genera un riesgo previsible e inmediato.

Zonas de protección: Si se instalan nuevas líneas sin cumplir las medidas de seguridad en áreas declaradas como críticas para la avifauna.

Pero, como vemos, y según la doctrina de esta sentencia, la vía sancionadora es poco viable si la empresa cumple con los reglamentos técnicos específicos, pese a la normativa superior jerárquicamente, ya que el cumplimiento de la norma sectorial actúa como una «causa de exclusión» de la culpabilidad penal.

No olvidemos que ante conductas de riesgo o dañosas para el medio ambiente, a pesar de cumplir en apariencia una autorización o licencia, y por lo tanto frente al argumento del TS, relativo a esta confianza legítima ante la autorización de explotación de la línea, recordar lo que dice la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE:

Dicha conducta será ilícita incluso cuando se lleve a cabo con una autorización expedida por una autoridad competente de un Estado miembro si dicha autorización se hubiera obtenido de manera fraudulenta o mediante corrupción, extorsióno coerción, o si dicha autorización incumple de manera manifiesta requisitos jurídicos materiales pertinentes.

Por si acaso, tampoco habrá que olvidar que los R.D.337/2014 y 542/2020, obligan a inspecciones trianuales de las líneas, donde se haga constar que estas cumplen las prescripciones electrotécnicas de seguridad del R.D. 1432/2008. Ante ello si el ingeniero de la ECA dice que no cumple la línea las medidas electrotécnicas del R.D. 1432/2008 en certificado; ¿cómo se puede hablar entonces, como hace el TS, de confianza legítima o error de prohibición? Y si certifica que cumple, y no es así (por ejemplo, por inspección agentes ante hallazgo, que lo ponga de manifiesto); pues podría concurrir falsedad en certificado.

En definitiva, me temo que se avecinan malos tiempos para la biodiversidad, ante el “paraguas” jurisprudencial que esta sentencia otorga a las empresas de distribución eléctrica, frente a la omisión de medidas electrotécnicas de seguridad ambiental (gran dinero que se ahorran), la falta de revisión normativa del contenido del R.D. 1432/2008, que lleva años en borrador de reforma, y a lo que hay que unir ahora el despliegue renovable, con aerogeneradores de aspas, que se están destacando por su carácter biocida de aves y murciélagos.

Valor procesal penal de los hallazgos investigadores en otros Estados miembros de la Unión Europea

🏠PenalProcesal PenalInvestigación Tecnológica


El Tribunal Supremo confirma las condenas a ocho miembros de una organización internacional de tráfico de drogas

En la investigación, se incorporaron como pruebas comunicaciones del sistema EncroChat interceptados por decisión judicial en Francia.

CGPJ
🗓️ 20-10-2025


⚖️ Sentencia del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 854/2025, de 24-5-2025, Ponente Excma. Sra. Dª. Ana María Ferrer García ECLI:ES:TS:2025:4526


La Sala analiza la validez y el valor probatorio de las conversaciones que las autoridades judiciales francesas obtuvieron de la plataforma EncroChat, llegadas a España a través de una Orden Europea de Investigación que formuló la Fiscalía Antidroga, y posteriormente incorporadas al procedimiento, habiéndose centrado las quejas de los recurrentes en la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones por proceder el material incautado de una actuación prospectiva, no autorizada judicialmente en España.

El análisis parte de la interpretación de la Directiva 2014/41, de la Orden Europea de Investigación en materia penal, conforme a su interpretación por Sentencia de la Gran Sala del TJUE de 30-4-2024.

Y destaca que el examen acerca de la licitud de la medida debe de recaer, no sobre la adoptada por las Autoridades de ejecución, sino sobre la que es objeto de la Orden Europea de Investigación, en este caso la incorporación a un procedimiento de información relevante obtenida en otro, posibilidad que faculta el art. 588 bis LECrim., que se remite al art. 579 bis, en el tratamiento de los hallazgos casuales. Así, la OEI «no perseguía una interceptación, sino adquirir los resultados documentados de actividades de investigación que la autoridad extranjera ya había llevado a cabo, con plena autonomía, en cumplimiento de su legislación. Por lo tanto, se puede y debe considerar, a falta de deducciones específicas diferentes, que la Autoridad Judicial francesa ha garantizado el cumplimiento de los requisitos legales del Estado de ejecución».

La sentencia rechaza a continuación la ilegitimidad de la injerencia, que los Tribunales franceses ya habían descartado. «Cierto es que el ámbito de operatividad de la medida acordada fue muy amplio, tanto que podríamos hablar de una injerencia masiva, lo que no quiere decir prospectiva. Y esta no lo fue en cuanto no solo se acomodó a la legislación nacional sobre una base normativa con sus propias especificidades, sino que estuvo sustentada en la existencia de indicios de la comisión de delitos graves, recabada en el curso de las previas investigaciones acometidas, y que la perfilaba como necesaria, con exclusión de otra medida menos gravosa».

Asimismo, el tribunal no aprecia que la OEI emitida respondiera a un intento de soslayar el ordenamiento interno español, ni en la recogida, ni en la transmisión de los datos, y destaca que el propio hecho de emitir una OEI es una garantía añadida de inicio, cuando se podía haber optado por otro mecanismo alternativo como, por ejemplo, el intercambio de información entre servicios policiales.

Inembargabilidad de la parte del sueldo o pensión no gastada en el mes

🏠Administrativo > Tributario


✍️ ¿Es ahorro embargable la parte del sueldo o pensión no gastada en el mes?

Samuel de Huerta Hernández
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 16-10-2025

Modificaciones de las subastas judiciales operadas por Ley Orgánica 1/2025

🏠Procesal Civil


✍️ Dos cambios de paradigma en las subastas judiciales 3.0

Jaime Font de Mora
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 14-10-2025

El Ministerio Fiscal y la Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado Penal. Circular 2/2025

🏠Penal > Procesal Penal > Procedimiento Abreviado > Audiencia Preliminar, Juicio Oral y Sentencia


⚖️ Circular 2/2025, de 7 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la audiencia preliminar del procedimiento abreviado

1.- Consideraciones previas.

2.- La audiencia preliminar del procedimiento abreviado.

3.- El instituto de la conformidad.

4.- La audiencia a la víctima.

5.- Posibilidad de celebrar la audiencia preliminar en otros procedimientos.

6.- Derecho transitorio.


7.- Conclusiones.

1.ª Consideraciones previas.

La Ley Orgánica 1/2025 introduce, una vez superada la fase intermedia del procedimiento abreviado, la preceptiva celebración de una audiencia preliminar con la finalidad de preparar el juicio oral, decidir sobre la admisión de pruebas, depurar posibles defectos procesales y solventar aquellas cuestiones que impidieran su celebración o que pudieran determinar su suspensión; además, constituye un momento procesal en el que las partes pueden instar la finalización anticipada del proceso con el dictado de una sentencia de conformidad.

2.ª Regulación de la audiencia preliminar.

La audiencia preliminar se encuentra regulada en los artículos 785786.1 y ha supuesto la reorganización de todo el capítulo V del título II del libro IV LECrim. (artículos 785 a 789), cuya rúbrica también se ha modificado: «De la audiencia preliminar, del juicio oral y de la sentencia».

Además, esa reorganización ha generado disfunciones en los reenvíos que otros preceptos de la LECrim. efectuaban a los anteriores artículos 785 a 787, lo que obligará a realizar las necesarias integraciones normativas.

3.ª Convocatoria.

La celebración de la audiencia preliminar deviene preceptiva para el órgano de enjuiciamiento, de manera que, una vez que las actuaciones se encuentren a su disposición, este será el primer trámite procesal a realizar, procediendo a su convocatoria en el plazo más breve posible.

4.ª Intervinientes. Consecuencias de la incomparecencia.

A la audiencia preliminar deberán ser citados, además del Ministerio Fiscal, las partes personadas y la persona acusada.

También se citará a las víctimas o perjudicados. Cuando se hallen personados en la causa como acusación particular así lo exige el artículo 785.1 LECrim. En caso contrario, su audiencia será preceptiva para alcanzar una conformidad.

La incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia preliminar, salvo la incomparecencia de la defensa, no implicará su suspensión con carácter general, aunque no podrá celebrarse en relación con aquellos aspectos que requieran su presencia, como alcanzar una conformidad.

Consecuencia de esa falta de asistencia será la imposibilidad de alegación de las cuestiones que son objeto de la audiencia preliminar. Por ello, al inicio de las sesiones del juicio oral no será posible efectuar alegaciones sobre competencia del órgano judicial, vulneración de derechos fundamentales, artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión del juicio oral o nulidad de actuaciones.

Excepcionalmente, cuando con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar se tuviera conocimiento de alguna de las cuestiones que conforman su objeto —y se trate de cuestiones de orden público, como puede ser la cosa juzgada—, podrán efectuarse al inicio de las sesiones de juicio oral determinadas alegaciones para que el órgano judicial pueda valorarlas.

Queda expedita la posibilidad de que el órgano judicial pueda apreciar de oficio en sentencia ciertas alegaciones propias de la audiencia preliminar, por tratarse de cuestiones de orden público (por ejemplo, la prescripción) o de cuestiones que requieran la práctica de prueba.

5.ª Celebración y objeto. Nueva proposición de prueba.

El Ministerio Fiscal y las partes podrán exponer en la audiencia preliminar lo que estimen oportuno acerca de las siguientes cuestiones (artículo 785.1 LECrim.):

– La posibilidad de conformidad de la persona o personas acusadas.

– La competencia del órgano judicial.

– La vulneración de algún derecho fundamental.

– La existencia de artículos de previo pronunciamiento.

– Las causas de suspensión del juicio oral.

– La nulidad de actuaciones.

– El contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas.

Igualmente, el Ministerio Fiscal y las partes podrán proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa.

En cuanto a la proposición de nueva prueba en la audiencia preliminar, se requiere que no hubiera sido conocida con carácter previo. En cambio, se permite la aportación de informes, certificaciones y otros documentos sin restricción temporal alguna.

Tanto respecto de la prueba propuesta en los escritos de acusación y defensa como de la que se proponga en la audiencia preliminar, el órgano de enjuiciamiento abrirá un turno de intervenciones para que el Ministerio Fiscal y las partes personadas se pronuncien sobre su contenido, finalidad, pertinencia o utilidad y, en su caso, sobre su eventual nulidad. En aras de salvaguardar el principio de contradicción que ha de regir la fase de juicio oral, los Fiscales promoverán que se dé audiencia a la contraparte para que manifieste lo que estime oportuno sobre las pruebas propuestas de contrario.

En las causas de especial complejidad o en aquellas en las que la prueba propuesta tenga un cierto volumen, los Fiscales harán constar en los extractos una breve indicación sobre la finalidad, pertinencia y utilidad de la prueba propuesta, al objeto de que el Fiscal que asista a la celebración de la audiencia preliminar pueda ofrecer al órgano de enjuiciamiento las explicaciones requeridas en orden a resolver sobre su admisión.

Las fases del iter procesal en las que resulta posible la proposición de prueba en el procedimiento abreviado se reconducen a los escritos de acusación y defensa (artículos 781784 LECrim.), la audiencia preliminar (artículo 785.1.II LECrim.) y el comienzo de las sesiones del juicio oral (artículo 787.3 LECrim.). Por tanto, el carácter preclusivo que el legislador anuda a la audiencia preliminar se traduce en vedar al inicio del juicio oral la proposición de aquella prueba que se hubiera podido conocer en el momento de celebrarse la audiencia.

En aquellos supuestos en los que la prueba aportada de contrario sea de un cierto volumen o complejidad y que, por tanto, requiera de un análisis exhaustivo e, incluso, determine una rigurosa valoración sobre su impugnación o sobre la necesidad de proponer nueva prueba —documentación complementaria ex artículo 785.1.II LECrim–, los Fiscales interesarán la suspensión de la audiencia preliminar a los efectos señalados.

6.ª Resolución judicial de las cuestiones planteadas y posibles recursos.

La resolución del órgano de enjuiciamiento sobre las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar se adoptará, con carácter general, en el acto y de forma oral.

No obstante, si alguna de las cuestiones resultara especialmente compleja, podrá resolverse por medio de auto en el plazo de 🗓️ 10 días. Aunque la Ley no lo diga expresamente, si la cuestión requiriese la práctica de prueba, la resolución quedará postergada al momento de dictarse sentencia.

La resolución judicial que resuelva las cuestiones formuladas en la audiencia preliminar no será susceptible de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar protesta a fin de reproducir la cuestión, en su caso, en el recurso frente a la sentencia. Quedan a salvo aquellos supuestos en los que la resolución ponga fin al procedimiento (v. gr. cosa juzgada o prescripción), en cuyo caso podrá ser recurrida en apelación, en el plazo y con las formalidades prevenidas en los artículos 790 y ss. LECrim.

En caso de disconformidad con la decisión oral del órgano de enjuiciamiento, los Fiscales formularán protesta en la propia audiencia preliminar a efectos de ulterior recurso. De resolverse por medio de auto, formularán protesta al inicio de las sesiones de juicio oral.

7.ª Documentación de la audiencia preliminar.

En la carpetilla física o virtual los Fiscales dejarán constancia de la fecha, hora y lugar en que se ha procedido a celebrar la audiencia preliminar, así como de las principales cuestiones planteadas y/o resueltas durante la misma y que resulten relevantes para el juicio oral, debiendo constar entre ellas los términos del ofrecimiento de acuerdo realizado para alcanzar una conformidad.

8.ª La conformidad.

Las dos principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en el régimen de la conformidad consisten en la supresión del límite penológico para alcanzar una conformidad y la preceptiva audiencia previa a la víctima o perjudicado por parte del Ministerio Fiscal cuando se cumplan determinados parámetros.

A fin de contribuir a la eficiencia y agilidad del procedimiento penal a través de la nueva audiencia preliminar, los Fiscales que asistan a la celebración del juicio oral en ningún caso rebajarán el ofrecimiento penológico efectuado en la audiencia preliminar por el Ministerio Fiscal, cuando las circunstancias alegadas al inicio del plenario hubieran podido invocarse por la defensa en dicha audiencia preliminar.

Los Fiscales se abstendrán de suscribir conformidades parciales que supongan la finalización del procedimiento para algunas de las personas acusadas y su continuación para las restantes, a excepción de los supuestos de en los que concurran acusados en rebeldía o personas jurídicas, y sin perjuicio de la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales –que no conformidades–, los cuales determinarán la necesaria celebración del juicio oral.

9.ª La audiencia a la víctima.

A) Procedimientos aplicables.

La audiencia a la víctima por parte del Ministerio Fiscal constituye un requisito previo para alcanzar una conformidad en aquellos supuestos en los que resulte preceptiva conforme a los criterios marcados en la presente Circular y con independencia del tipo de procedimiento aplicable, con la salvedad del procedimiento por aceptación de decreto.

B) Intervinientes.

La audiencia se realizará a la persona física víctima del ilícito penal, quedando excluidas las personas jurídicas.

La audiencia se efectuará a los perjudicados en aquellos supuestos en los que el delito no tenga una víctima.

Cuando la víctima no fuera localizada o, debidamente citada, no compareciera, los Fiscales valorarán, en función del tipo de delito y las circunstancias concurrentes, si procede interesar la suspensión de la audiencia preliminar y efectuar una nueva citación de la víctima para garantizar su audiencia de manera efectiva.

Cuando la víctima esté personada en el procedimiento como acusación particular, su audiencia se entenderá cumplimentada con la participación de su representación letrada en el acto. No obstante, no existe óbice alguno para que los Fiscales, atendiendo y ponderando las circunstancias concretas del caso, procedan a dar audiencia a la víctima si así lo consideran necesario.

C) Carácter preceptivo de la audiencia a la víctima.

La audiencia a la víctima será preceptiva cuando la gravedad o trascendencia del hecho o la intensidad o la cuantía sean especialmente significativos.

Los Fiscales interpretarán tales conceptos conforme a los siguientes criterios:

La gravedad especialmente significativa será aquella que verse sobre un supuesto en el que la pena interesada exceda significativamente del límite de la prisión que determina la calificación como grave del delito objeto de acusación.

La trascendencia especialmente significativa comprenderá aquellos supuestos en los que, por las consecuencias que el delito hubiera provocado en la víctima, se generasen secuelas o daños morales más allá de los propios de padecer ese ilícito penal. Quedan comprendidos en este supuesto los tipos penales que, a título ejemplificativo, se concretan en el epígrafe 4.4.3 de la presente Circular.

La intensidad especialmente significativa hace referencia al impacto que el hecho delictivo haya tenido sobre la víctima, su repercusión, sin que ello implique necesariamente la existencia de secuelas en sentido estricto.

La cuantía especialmente significativa viene referida a la repercusión económica que el hecho delictivo ocasiona en la víctima. Esta especial significación se objetiva en la suma de 50.000 €.

Igualmente, será preceptiva la audiencia a la víctima en aquellos supuestos en los que, por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, situación inherente a la misma o creada por la persona acusada, se aprecie que aquella se encuentre en situación de especial vulnerabilidad al sufrir la conducta delictiva.

Cuanto se trate de personas menores de 14 años, la audiencia se realizará a las víctimas indirectas y/o representantes legales de los menores, salvo conflicto de intereses.

Cuando se trate de personas con discapacidad, la audiencia se realizará en las condiciones de accesibilidad y con los ajustes y adaptaciones de procedimiento que sean necesarios (artículo 7 bis 1 y 2 LEC y artículo 4 EVD). Todo ello al margen de lo dispuesto en el artículo 21 c) LEVD en cuanto a la posibilidad de que la víctima acuda acompañada de persona de su elección.

D) Efectos de las manifestaciones de la víctima.

Las manifestaciones de la víctima carecerán de carácter vinculante, aunque serán valoradas por los Fiscales al objeto de tomar una decisión sobre la procedencia de la conformidad, su alcance y efectos.

E) Citación a la víctima.

Los Fiscales interesarán en el escrito de acusación, por medio de otrosí, que la víctima sea citada a la audiencia preliminar por el órgano de enjuiciamiento.

Cuando sea preciso, en el mismo otrosí se instará la adopción de las adaptaciones y ajustes procesales que sean necesarios a fin de garantizar que la víctima comprende y es comprendida sobre el objeto de la comparecencia, incluyendo el acompañamiento de persona de su elección.

La audiencia a la víctima se practicará una vez que la persona acusada, asistida de su representación letrada, manifieste su voluntad de alcanzar una conformidad y se concreten sus términos.

Cuando la conformidad se negocie en el marco del protocolo de conformidades diseñado en la Instrucción de la FGE. núm. 2/2009, será la oficina fiscal la encargada de citar a la víctima.

F) Lugar y forma de practicarla.

La audiencia tendrá carácter reservado, por lo que únicamente estarán presentes la víctima y el Ministerio Fiscal, así como, en su caso, la persona que acompañe a aquella y/o le asista.

G) Documentación.

Cuando se realice la audiencia a la víctima, los Fiscales dejarán constancia de la misma en la carpetilla física o virtual.

En la nota que se confeccione se indicará la fecha, hora y lugar en que se ha procedido a dar audiencia a la víctima. Se consignarán de manera sucinta sus manifestaciones en relación con la propuesta de conformidad y, en su caso, los motivos que lleven al Fiscal actuante a acordar esa conformidad aun con la negativa de aquella.

H) Contenido.

El contenido de la audiencia se limitará a informar a la víctima del estado en que se encuentra el procedimiento, de la posibilidad de alcanzar una conformidad con la persona acusada y sus términos, de las consecuencias jurídicas que comporta y de los motivos por los que, en su caso, se estima adecuada, así como de que su parecer carecerá de carácter vinculante.

Comparecencia del investigado para el traslado de la imputación por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado

🏠Penal > Procesal Penal


✍️ Sobre los nudos asistenciales en la imputación por el procedimiento con jurado

Diego Fierro Rodríguez
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 13-10-2025

Inspección de Tribunales tras la Ley Orgánica 1/2025

🏠Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 11-2-2026


📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO II. DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL [ 104 a 178 ]

TÍTULO III. Del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados [ 149 a 178 ]

  • CAPÍTULO V. De la inspección de los Juzgados y Tribunales [ 171 a 177 ]

LIBRO VIII. Del Consejo General del Poder Judicial [ 558 a 642 ]

TÍTULO V. De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial [ 611 a 628 ]

CAPÍTULO II. Los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en particular [ 612 a 620 ]

  • Sección 2.ª El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial [ 615 ]

📕 Instrucción 1/2026, de 28 de enero, del Pleno del CGPJ, sobre la adaptación de la función de inspección de Tribunales al modelo organizativo de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

🗓️ Vigencia 31 de enero de 2026

📝 Colaboración de los LAJ y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la inspección de Tribunales

Utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional

🏠Constitucional > Poder Judicial


📕 Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional

La presente instrucción será de aplicación a partir del día de su publicación en el BOE núm. 27, de 30-1-2026


Colaboración de los LAJ y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la inspección de Tribunales

🏠Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 6-2-2026


📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO II. DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL [ 104 a 178 ]

TÍTULO III. Del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados [ 149 a 178 ]

  • CAPÍTULO V. De la inspección de los Juzgados y Tribunales [ 171 a 177 ]

LIBRO VIII. Del Consejo General del Poder Judicial [ 558 a 642 ]

TÍTULO V. De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial [ 611 a 628 ]

CAPÍTULO II. Los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en particular [ 612 a 620 ]

  • Sección 2.ª El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial [ 615 ]

📕 Instrucción 1/2026, de 28 de enero, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la colaboración de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la inspección de Tribunales

🗓️ Vigencia 31-1-2026

📝 Inspección de Tribunales tras la Ley Orgánica 1/2025

La duración del permiso por nacimiento y cuidado de menor debe calcularse según la normativa vigente en la fecha de la sentencia que reconoce la paternidad

🏠Social


El Tribunal Supremo establece criterio para calcular la prestación por nacimiento cuando la paternidad se reconoce posteriormente mediante sentencia

El Tribunal argumenta que aplicar la retroactividad en perjuicio del menor no tiene sentido, y que la protección debe empezar cuando se reconoce legalmente la relación paterno-filial.

CGPJ
🗓️ 8-10-2025


⚖️ Sentencia del Pleno de la Sala 4ª del Tribunal Supremo 831/2025, de 25-9-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moya, ECLI:ES:TS:2025:786


La Sala de lo Social del Tribunal Supremo unifica doctrina y establece que, en estos casos, la duración del permiso por nacimiento y cuidado de menor debe calcularse según la normativa vigente en la fecha de la sentencia que reconoce la paternidad, y no en la del nacimiento. Así, el padre tendrá derecho a las semanas de permiso que correspondan según la ley en ese momento, reforzando la protección del menor y la igualdad de trato.

La pensión de viudedad de clases pasivas con dos personas beneficiarias debe pasar a cobrarse íntegra por una sola tras el fallecimiento de la otra

🏠AdministrativoSocial


El Tribunal Supremo fija que la pensión de viudedad de clases pasivas con dos personas beneficiarias debe pasar a cobrarse íntegra por una sola tras el fallecimiento de la otra. Estima el recurso de una mujer a quien Hacienda denegó la revisión de la pensión de viudedad que tenía reconocida tras el fallecimiento de la mujer con la que se repartía el importe de la misma – CGPJ [ 1-10-2025 ]


⚖️ Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 3ª, 1.153/2025, de 19-9-2025, Ponente Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, ECLI:ES:TS:2025:4076


En coincidencia con doctrina de la Sala Social del Tribunal Supremo, se declara que no se trata propiamente de un supuesto de acrecimiento de la pensión puesto que «existe solamente una pensión que corresponde originaria e íntegramente a la cónyuge supérstite y que, solamente en casos de concurrencia con otros beneficiarios, debe distribuirse como contempla la norma. De esta manera, una vez producido el deceso de la cónyuge divorciada y, por ende, desaparecida la causa por la que el importe de la pensión no era satisfecho íntegramente a la viuda supérstite, el derecho de ésta se reestablece en su dimensión originaria».

La falta de una previsión regulatoria especifica en la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contemple el régimen jurídico aplicable a los supuestos de concurrencia de beneficiarios de la pensión de viudedad para el caso de fallecimiento sobrevenido de uno de los beneficiarios, no es óbice para fijar como doctrina que el artículo 38.2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado se interprete en un sentido integrador que permita cubrir la laguna normativa, «en consonancia con los artículos 9.2, 50 y 103.3 de la Constitución, de los que se infiere el principio de solidaridad social en la determinación de los derechos pasivos de los funcionarios jubilados o retirados, y conforme a los artículos 21 y 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan el derecho de las personas mayores a una vida digna e independiente».

De este modo, se fija como doctrina que «el artículo 38.2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, a la luz de lo dispuesto en los artículos 9.2, 50 y 103.3, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe ser interpretado en el sentido de que en los supuestos de concurrencia de beneficiarios del causante de derechos pasivos, tras extinguirse por fallecimiento el derecho a percibir la pensión de viudedad por parte del cónyuge divorciado del causante o del cónyuge actual, el beneficiario supérstite, que cumpla los requisitos exigidos en dicha disposición, recupera en toda su amplitud el derecho originario e íntegro de la cuantía de la pensión, y, en consecuencia, su derecho al cobro de la totalidad de la pensión de viudedad correspondiente».

Hacienda no puede practicar un tercer acto de liquidación tras dos declarados nulos

🏠Administrativo > Tributario


El Tribunal Supremo rechaza que Hacienda tenga un ‘tercer tiro’ tras dos actos de liquidación anulados

“No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos”, señala el Tribunal

CGPJ
🗓️ 6-10-2025


⚖️ Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 2ª, 1.201/2025, de 29-9-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sanchís, ECLI:ES:TS:2025:4059


El Tribunal Supremo considera que tal proceder de la Administración -el dictado de terceras o sucesivas liquidaciones- no es correcto y desatiende reiterada jurisprudencia, que ahora se refuerza, a la vez que infringe varios principios jurídicos generales como los de buena fe, seguridad, eficacia y prohibición del abuso del derecho, entre otros.

El delito de explotación laboral

✍️ El delito y el no delito de explotación laboral

Juan Antonio Lascuraín
Almacén de Derecho
🗓️ 14-12-2025

Sustracción internacional de menores: información básica

🏠Penal > Penal Especial > Delitos contra las relaciones familiares > Sustracción de menoresMenores


📕 Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. La Haya, 25-10-1980

▪️ Qué es.

▪️ Cómo prevenirla.

▪️ Cómo actuar ante ella.

▪️ El procedimiento civil de restitución internacional de menores.

La conformidad en el proceso penal: una visión crítica

🏠Penal > Procesal Penal


✍️ La manzana envenenada de la conformidad penal en España: beneficios, riesgos y el caso Nummaria

Mar Fernández Cuesta
Economist&Jurist
🗓️  21-7-2025

Modificación del baremo de tráfico por Ley 5/2025, de 24 de julio

✍️ Cambios en el Baremo de tráfico y fechas de entrada en vigor

Marta López Valverde
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 29-7-2025

Crítica del sistema de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal

🏠Penal > Penal General ~ Antijuridicidad ~ Culpabilidad ~ Punibilidad


✍️ El caduco sistema de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Gonzalo Quintero Olivares
Almacén de Derecho
🗓️ 14-7-2025

Teoría analítica de la imputación

🏠Penal ~ Penal General ~ Culpabilidad


✍️ Crítica a la teoría analítica de la imputación

Jason Bomaba Perello
Almacén de Derecho
🗓️ 18-7-2025

Comunicaciones electrónicas: constitucionalidad, negativa a recibirlas y errores

🏠Procesal Civil ~ Actos de comunicación civil


✍️ La práctica de los actos de comunicación electrónicos

Alberto Martínez de Santos
No atendemos después de las dos
🗓️ 28-7-2023

Cómputo del mes de agosto en las demandas por error judicial

🏠Constitucional ~ Poder JudicialAdministrativo


✍️ La Sala Tercera del TS rectifica: para las demandas de error judicial agosto sí se computa

Julián López Martínez
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 22-7-2025

Posibilidades de reclamación de la responsabilidad civil de los daños derivados del delito

🏠Penal > Penal General > Responsabilidad civil derivada del delito


✍️ Efectos del previo proceso penal sobre la posterior reclamación civil de daños y perjuicios

Javier García Sanz
Almacén de Derecho
🗓️  15-9-2025

El posible enjuiciamiento rápido de delitos de usurpación y allanamiento de morada. Análisis de la Circular FGE 1/2025, de 26 de junio

🏠PenalPenal EspecialDelitos contra el patrimonio ~ UsurpaciónDelitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio ~ Allanamiento de moradaProcesal PenalConstitucional ~ Poder Judicial ~ Fiscalía General del Estado


✍️ El posible enjuiciamiento rápido de delitos de usurpación y allanamiento de morada: una mirada a la Circular FGE 1/2025, de 26 de junio

Ana Vidal Pérez de la Ossa
El blog jurídico de Sepín
🗓️  21-7-2025

📝 El Ministerio Fiscal, los delitos de usurpación y allanamiento de morada y la conformidad ante el Tribunal del Jurado

Notificaciones por entrega directa de un empleado público

🏠Administrativo


✍️ A examen las notificaciones “por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante”

Julián López Martínez
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 2-10-2025

Colación de bienes empleados en la atención del causante

🏠Civil > Sucesiones


✍️ ¿Colación de los pagos realizados para atender a la causante en vida?

Juan Manuel Carrillo
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 60-10-2025

Dosimetría y culpabilidad

🏠Penal ~ Penal General ~ Sistema de penas ~ Dosimetría ~ Culpabilidad


✍️ Determinación de la pena y función de la culpabilidad

Gonzalo Quintero Olivares
Almacén de Derecho
🗓️ 9-6-2025

Inadmisibilidad de la demanda sin previo recurso a mecanismo alternativo de solución de conflictos MASC

🏠Procesal Civil ~ Demanda ~ Admisión e inadmisión


✍️ La inadmisión de la demanda por incumplimiento del MASC

Alberto Martínez de Santos
No atendemos después de las dos
🗓️ 29-7-2025

Aspectos procesales de la protección al informante

🏠Penal ~ Procesal Penal


✍️ Aspectos procesales de la Ley 2/2023 de Protección al Informante: algunas cuestiones sin resolver tras un año de su entrada en vigor

Jordi Gimeno Beviá
Lex Criminalis. Asociación Judicial Francisco de Vitoria
🗓️ III-2024

2526 PEC PE 1.2 Asesinato en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y género y la atenuante de embriaguez

🏠 ≡ Penal > Penal Especial > PEC Penal Especial


SUPUESTO DE HECHO.

Probado y así se declara que Blas, español, mayor de edad, sin antecedentes penales, mantenía una relación de pareja estable, de unos veinte años de duración, con Casilda, en la que tuvieron dos hijos en común de 12 y 9 años, conviviendo, en los últimos tiempos, todos juntos en el mismo domicilio. El día 29/05/2022, desde el mediodía, Blas y Casilda, en unión de amigos y familiares, estuvieron recorriendo establecimientos de la localidad, bebiendo al menos el primero diversas consumiciones alcohólicas, que terminaron por afectar a sus capacidades volitivas y cognoscitivas. En dos ocasiones, Blas se ausentó del grupo para atender a las necesidades de los hijos menores, que se habían quedado solos en casa, regresando luego. Sobre las 2:00 horas del 30/05/2022, Blas y Casilda decidieron regresar a su domicilio en el automóvil Seat Ibiza, que condujo el primero. En esos momentos, comenzó una discusión entre ambos, por motivos que no constan. Al llegar a las inmediaciones de su domicilio, Blas paró el vehículo en la carretera, y actuando con total indiferencia hacia la integridad de la víctima, cualquiera que fuese el resultado, y como modo de expresar su pretensión de superioridad y dominio sobre la mujer, golpeó fuertemente varias veces a Casilda en la cara. No consta quién abrió la puerta del copiloto del vehículo, pero Casilda terminó caída sobre la calzada, en posición de decúbito supino, sangrando y sin moverse. Blas, salió del vehículo y se aproximó a ella, propinándole varias patadas en la cabeza, mientras le decía «defiéndete ahora». Tras lo cual, Blas subió otra vez al vehículo, y abandonó el lugar, dejando a Casilda tendida sobre la calzada, en mitad de la vía pública, en la misma posición que ocupaba. Nadie acudió en socorro de la víctima, que permaneció en esa posición hasta que, minutos después, se personó en el lugar una dotación de la Guardia Civil, quien dispuso lo necesario para su asistencia.

A consecuencia de estos hechos, Casilda sufrió severos traumatismos en la cara y en el cráneo, a saber, traumatismo cráneo encefálico grave, con hematoma peri orbitario izquierdo, hematoma parietal derecho, hemorragia subaracnoidea traumática, y daño axonal difuso grado II, traumatismo facial, con fractura de rama mandibular izquierda, fractura de la apófisis nasal del maxilar superior izquierdo, y fractura de los huesos propios nasales.

Casilda curó de sus heridas en 172 días, 9 de ellos de perjuicio personal muy grave, 23 de ellos de perjuicio grave y 140 días de perjuicio moderado. Precisó para su sanidad de tratamiento médico consistente en exploración diagnóstica clínica y radiológica, intubación orotraqueal, anestesia intravenosa, analgesia oral, subcutánea e intravenosa, ansiolítico oral, inhaladores y corticoides y collarín cervical. Le restan dos secuelas: alteración de funciones cerebrales superiores integradas de carácter leve y estrés postraumático moderado.

Por auto del Juzgado de fecha 01/06/2022 se acordó conceder una orden de protección a Casilda que, en sus aspectos penales, además de acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza de Blas, se le imponía a éste la prohibición de que se aproximara a las personas de Casilda y a los dos hijos comunes menores de edad, su domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudios y cualquier otro lugar en el que se encuentren a distancia inferior a los 500 metros así como la prohibición de comunicar con ellos por cualquier procedimiento.

El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el día 01/06/2022, habiendo sido detenido el día 30/05/2022 cuando se presentó voluntariamente sobre las 10:00 horas en el Cuartel de la Guardia Civil de A Coruña, sabiendo, por los familiares con los que contactó, que estaba identificado y buscado por los cuerpos policiales, por motivo de estos hechos.


CUESTIONES.

1.- DESCRIBA Y ARGUMENTE EL/LOS DELITO/S QUE SE HAYAN PODIDO COMETER EN EL PRESENTE SUPUESTO CON EL CÓDIGO PENAL VIGENTE (qué conductas son delictivas; qué delitos, naturaleza jurídica de los delitos, estructura de los mismos, etc).

2.- CALIFIQUE JURÍDICAMENTE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES QUE SE PUEDAN APRECIAR (grado de ejecución; concursos; circunstancias modificativas de la responsabilidad; penalidad, etc.)


RESOLUCIÓN.

⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 204/2025, de 4-3-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, ECLI:ES:TS:2025:1012

Autoría en los delitos empresariales

🏠PenalPenal General ~ Autoría


✍️ Autoría y participación en los delitos de empresa: catálogo de problemas

Juan Antonio Lascurain
Almacén de Derecho
🗓️ 23-1-2025

Reforma del seguro obligatorio del automóvil por Ley 5/2025, de 24 de julio

🏠Civil ~ Obligaciones y Contratos ~ SegurosTráfico y seguridad vial


✍️ El Seguro obligatorio de automóvil tras la reforma de julio 2025

Marta López Valverde
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 22-9-2025

2526 PEC PE 1.1 Delito continuado de hurto menos grave en grado de tentativa, por la realización de una pluralidad de delitos leves consumados unos y en tentativa otros

🏠 ≡ Penal > Penal Especial > PEC Penal Especial


SUPUESTO DE HECHO.

Los acusados Jesús Carlos, mayor de edad y Agustina, también mayor de edad, y con carta de identidad rumana, puestos previamente de acuerdo y con unidad de propósito, guiados por la idea de obtener un ilícito beneficio, en la tarde del día 12 de noviembre de 2020, se dirigieron al Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo, en un vehículo BMW, modelo 520 D, de color gris, propiedad del acusado, el cual aparcaron en el parking de dicho centro comercial.

Una vez allí, acudieron primero al establecimiento comercial SPRINGFIELD y cogieron siete cazadoras a las que quitaron las respectivas etiquetas e inutilizaron los dispositivos de alarma, llevándoselas sin abonar su importe. Dichas prendas tenían (en conjunto) un precio de venta al público de 331,93 euros, llevándoselas al vehículo estacionado en el aparcamiento del centro comercial donde las guardaron en el maletero.

Inmediatamente, ambos acusados volvieron al interior del centro comercial y entraron en el establecimiento comercial SFERA, donde guiados por la misma idea de sustraer sin abonar su importe, cogieron tres prendas, con precio de venta al público de 359,96 euros (las tres), a las que quitaron el sistema de alarma. No obstante, no pudieron llevárselas al ser sorprendidos por empleados del establecimiento que avisaron al vigilante de seguridad.

Tanto las prendas recuperadas que estaban guardadas en el vehículo del acusado, de la marca SPRINGFIELD, como las prendas de SFERA interceptadas ulteriormente, ya no son susceptibles de ser puestas nuevamente a la venta al haber sufrido desperfectos al quitar los dispositivos de alarma.

El acusado Jesús Carlos fue condenado por Sentencia firme de fecha 15 de abril de 2019, dictada por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda, por un delito de Hurto, en grado de tentativa, a una pena de tres meses y dos días de prisión, estando aún pendiente de cumplimiento.


CUESTIONES.

1.- DESCRIBA Y ARGUMENTE EL/LOS DELITO/S QUE SE HAYAN PODIDO COMETER EN EL PRESENTE SUPUESTO CON EL CÓDIGO PENAL VIGENTE (qué conductas son delictivas; qué delitos, naturaleza jurídica de los delitos, estructura de los mismos, etc).

2.- CALIFIQUE JURÍDICAMENTE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES QUE SE PUEDAN APRECIAR (grado de ejecución; concursos; circunstancias modificativas de la responsabilidad; penalidad, etc.)


RESOLUCIÓN.

⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 230/2025, de 12-3-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, ECLI:ES:TS:2025:1061

Impugnación de acuerdos tras votar en contra o abstenerse

🏠Civil > Propiedad horizontal


✍️ El derecho a impugnar el acuerdo por el propietario que se abstiene o el valor del voto en contra

María José Polo Portilla
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 19-9-2025

Régimen transitorio de la Ley Orgánica 1/2025

🏠Procesal Civil


✍️ Presentación de la demanda sin MASC el día 2 de abril, incoación el día 4 de abril, ¿es obligatorio acompañar el MASC como requisito de procedibilidad?

Gema Murciano
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 16-7-2025

✍️ Problemas de derecho transitorio de la LO 1/2025 o a vuelta con el «incoados»

Miguel Guerra Pérez
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 11-6-2025

Declaración responsable de no haber podido negociar un MASC

🏠Procesal Civil ~ Presentación de documentos ~ Documentos procesales


✍️ La declaración responsable de la imposibilidad de realizar la negociación previa mediante cualquiera de los MASC admitidos en la LO 1/2025 (I)

✍️ La declaración responsable de la imposibilidad de realizar la negociación previa mediante cualquiera de los MASC admitidos en la LO 1/2025 (II)

Gema Murciano
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 25-6-2025
🗓️ 8-9-2025

Devolución de saldos tras la venta de un inmueble en propiedad horizontal

🏠Civil > Propiedad horizontal


✍️ Pago o devolución de derramas o saldos ¿A quién le corresponden tras la venta de la propiedad?

María José Polo Portilla
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 14-7-2025

Acumulación de reclamación de cantidad a la división de la cosa común y reconvención

🏠CivilDerechos realesObligaciones y Contratos


✍️ División de la cosa común: acumulación de la acción de reclamación de cantidad y reconvención

Félix López-Dávila Agüeros
 El blog jurídico de Sepín
🗓️ 1-9-2025

Cambio de situación administrativa en la Carrera Judicial

🏠Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 6-3-2026


Prueba y responsabilidad caso de phising

🏠Civil ~ Obligaciones y Contratos


✍️ Carga de la prueba y responsabilidad en casos de phishing: el Supremo se pronuncia

Iciar Bertolá Navarro
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 28-8-2025

Suspensión de funciones en la Carrera Judicial

🏠Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 6-3-2026


SUSPENSIÓN DE FUNCIONES [ 361 ] [ 187 ]

PROVISIONAL

DEFINITIVA

Conclusiones en el procedimiento civil

🏠Procesal CivilJuicio ordinarioJuicio verbal


✍️ El abogado práctico VIII: algunas reflexiones sobre las conclusiones

Miguel Guerra Pérez
El blog jurídico de Sepín
🗓️ 31-7-2025