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Condiciones para la aplicación a las consecuencias económicas de la ruptura de parejas estables no casadas de las normas reguladoras del matrimonio

Es consustancial a la diferencia entre la unión de hecho y el matrimonio y a la voluntad de eludir las consecuencias derivadas del vínculo matrimonial que se encuentra ínsita en la convivencia «more uxorio» el rechazo que desde la jurisprudencia se proclama de la aplicación por «analogía legis» de las normas propias del matrimonio, entre las que se encuentran las relativas al régimen económico matrimonial; lo que no empece a que puedan éstas, y, en general, las reguladoras de la disolución de comunidades de bienes o de patrimonios comunes, ser aplicadas, bien por pacto expreso, bien por la vía de la «analogía iuris» -como un mecanismo de obtención y de aplicación de los principios inspiradores del ordenamiento a partir de un conjunto de preceptos y su aplicación al caso no regulado-, cuando por «facta concludentia» se evidencie la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común -sentencia de 22-2-2006-.

Debe precisarse sin embargo, alcanzado este punto, que algunas de las Comunidades Autónomas que han regulado legalmente las uniones de hecho en sus distintos aspectos, han establecido las normas que han de regir las consecuencias económicas de su ruptura.

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 1.048/2006, de 19-10-2006, FD 2º, Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, ECLI:ES:TS:2006:6421

La unión de hecho es una situación no equiparable al matrimonio. La sentencia de 12-9-2005 declara de forma taxativa que la unión de hecho no tiene nada que ver con el matrimonio, aunque ciertamente ambas instituciones se encuentran en el ámbito del derecho de familia. La sentencia de 8-5-2008 dice que «[…] no puede aplicarse por analogía la regulación establecida para el régimen económico matrimonial porque al no haber matrimonio, no hay régimen (Sentencia de 27-5-1998). La consecuencia de la exclusión del matrimonio es precisamente, la exclusión del régimen. A pesar de ello, en los casos de la disolución de la convivencia de hecho, no se impone la sociedad de gananciales, sino que se deduce de los hechos que se declaran probados que hubo una voluntad de constituir una comunidad, sobre bienes concretos o sobre una pluralidad de los mismos» y en ello están de acuerdo las sentencias de esta Sala de 22-2 y 19-10-2006, que exigen el pacto, expreso o tácito, para considerar constituida una comunidad de bienes.

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 431/2010, de 7-7-2010, FD 3º, Ponente Excma. Sra. Dª. Encarnacion Roca Trias, ECLI:ES:TS:2010:3530

Prioridad de la especialidad por razón de la materia del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, respecto de las reclamaciones aisladas y sucesivas de un cónyuge contra el otro, planteadas a través del juicio declarativo correspondiente a la cuantía

Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, 703/2015, de 21-12-2015, Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, ECLI:ES:TS:2015:5760

No es ajustado a derecho obligar a ningún partícipe a aceptar la adjudicación del bien por una cantidad que no asume voluntariamente abonar, por no tener bienes o no poder obtener crédito suficiente. No existiendo dinero metálico en el haber partible para satisfacer el derecho del copartícipe, nos encontraríamos ante una venta de la porción consorcial, que no puede decidirse sin la aquiescencia de comprador y vendedor

Sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 37/2012, de 22-11-2012, FD 4º, Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas, ECLI:ES:TSJAR:2012:1130

2017 PEC PG 2

🏠 PEC PENAL GENERAL

MAYO 2017.

INSTRUCCIONES.

La prueba consiste en la contestación a 8 preguntas tipo test, propuestas a partir de los siguientes hechos probados. Será valorada con un máximo de 2,5 puntos. Para hacer el cómputo de la nota, las 8 respuestas se valoran sobre 10, de manera que se asigna a cada acierto una puntuación de 1,25 y a cada fallo un descuento de 0,3 y el resultado final se divide por 4 para ajustarlo al valor final de 2,5.

HECHOS PROBADOS.

PRIMERO.- Vicente y Juan Miguel, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, habían tenido una relación de amistad y, en virtud de la misma, Vicente había permitido al segundo el uso de una vivienda ubicada en la C/ DIRECCION004 en Valdemoro (Madrid). Esta vivienda era propiedad del procesado Vicente quien tenía otro domicilio como residencia habitual en Parla (Madrid).

SEGUNDO.- Rota la relación entre ambos, Vicente había pedido al procesado Juan Miguel que abandonase la vivienda, a lo que el segundo inculpado se negaba terminantemente. Ello motivó que Vicente interpusiese una demanda de desahucio. Mientras el proceso se sustanciaba, Vicente publicó en el muro de la red social Facebook de Juan Miguel, las siguientes expresiones en las fechas que seguidamente se indican:

– El 7 de julio de 2015: “Como no salgas de mi casa te voy a matar, gorrón de mierda”.

– El 11 de julio de 2015: “Juanmi, o te vas de mi casa o te rajo, te lo juro por mi vida”.

– El 16 de julio de 2015: “Chaval, no aguanto más, paso de jueces y de pollas, o sales de mi casa ya o te mato”.

– El 10 de septiembre de 2015: “Mira, esto pasa ya de castaño a oscuro. No te lo repito más: o te vas de mi puta casa o voy yo y te saco con los pies por delante”.

TERCERO.- Sobre la 1:30 del 17 de septiembre de 2015 el procesado Vicente, que portaba una mochila con cintas y bridas, hizo acto de presencia en el mencionado domicilio. Una vez en el lugar, entró en el domicilio saltando la valla sin autorización de Juan Miguel que estaba dormido y al oír ruido en el patio, se personó en el lugar en calzoncillos.

CUARTO.- En ese momento el procesado Vicente, encontrándose de espaldas a Juan Miguel, de forma inesperada y sorpresiva empuñó un martillo con el que golpeó repetidamente en la parte trasera de la cabeza a Juan Miguel con intención de acabar con su vida. Juan Miguel cayó inconsciente al suelo tras recibir los golpes. Al ver que la luz de los vecinos se encendía y escuchar ruidos de pasos que se aproximaban, Vicente salió huyendo y acudió a su domicilio.

QUINTO.- Una vez allí, despertó a su mujer Melisa, mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien contó lo sucedido. Ella intentó tranquilizarle y le dijo que se desvistiera y se duchara para eliminar las pruebas por las que le pudieran descubrir. Con esta misma intención lavó las ropas de su marido que estaban manchadas con salpicaduras de la sangre de Juan Miguel. No obstante y pese a la insistencia de su mujer y sobre todo por el temor a ser descubierto, Vicente se personó ante la policía a las pocas horas del día de autos y confesó los hechos antes de que se hubiese incoado procedimiento.

SEXTO.- De resultas del hecho, Juan Miguel, de cuarenta y siete años de edad sufrió herida contusa en la región parietoccipital derecha, fractura temporal izquierda, fractura parietoccipital izquierda, fractura parietoccipital derecha asociada a neumoencéfalo y hemorragia subaracnoidea traumática. Dichas lesiones constituyeron una entidad traumática de riesgo vital.

Para la curación de dichas lesiones fue preciso, además de una asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico consistente en sutura con grapas metálicas. El tiempo de curación de las lesiones fue de cuarenta y ocho días de los que treinta fueron de incapacitación y de estos últimos tres de hospitalización. Le quedó como secuela síndrome postraumático cervical que se valora en dos puntos.

Vicente presenta signos y síntomas compatibles con un cuadro de ideas delirantes y trastornos de conducta en grado leve, que producen ligera alteración de sus capacidades cognitivas y volitivas.

CUESTIONES A RESOLVER.

1.- Las distintas amenazas proferidas por Vicente darían lugar a:

a) Un concurso real de delitos de amenazas.

b) Un concurso ideal de delitos de amenazas.

c) Un concurso de leyes.

d) Un delito continuado de amenazas.

2.- Los distintos golpes propinados por Vicente en la cabeza de Juan Miguel constituirían:

a) Tantas tentativas de homicidio como golpes ejecutados.

b) Una única acción típica de homicidio consumado.

c) Tantas tentativas de asesinato como golpes ejecutados.

d) Una única tentativa de asesinato.

3.- Considerando que no existe relación entre el delito allanamiento de morada y el conformado por la conducta recogida en el número cuarto, las infracciones darían lugar a un:

a) Concurso ideal de delitos.

b) Concurso de leyes.

c) Delito continuado contra la vida.

d) Concurso real de delitos.

4.- El cuadro psiquiátrico que presenta Vicente daría lugar a la aplicación de:

a) Una atenuante por analogía a la eximente incompleta de legítima defensa.

b) Una eximente completa de anomalía o alteración psíquica.

c) Una eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica.

d) Una atenuante por analogía a la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica.

5.- Por temor a ser descubierto, Vicente se personó ante la policía a las pocas horas del día de autos y confesó los hechos antes de que se hubiese incoado procedimiento, ello, conforme a la postura defendida en el texto básico recomendado:

a) Supone la aplicación de la atenuante de confesión de la infracción con fundamento en una menor gravedad de la culpabilidad de la conducta.

b) No supone la aplicación de atenuante alguna pues no se ha probado el móvil del arrepentimiento necesario para atenuar la pena en estos casos.

c) Supone la aplicación de la atenuante de confesión de la infracción con fundamento en razones que afectan a la punibilidad de la conducta.

d) Supone la aplicación de la atenuante de confesión de la infracción con fundamento en una menor gravedad de lo injusto de la conducta.

6.- Según el texto básico recomendado, el hecho de que Elisa lavara la ropa de Vicente con la intención de eliminar las pruebas que incriminaban a su marido supone la realización del tipo del delito de encubrimiento del art. 451 CP, pero no la aplicación de pena alguna por la concurrencia de:

a) Una causa de exclusión de la culpabilidad basada en la no exigibilidad de la obediencia al Derecho al tratarse de un supuesto de favorecimiento personal entre parientes.

b) Una excusa absolutoria al tratarse de un supuesto de favorecimiento real entre parientes.

c) Una causa de exclusión de la culpabilidad basada en la no exigibilidad de la obediencia al Derecho al tratarse de un supuesto de favorecimiento real entre parientes.

d) Una excusa absolutoria al tratarse de un supuesto de favorecimiento personal entre parientes.

7.- Si el tribunal califica los hechos del número cuarto como tentativa de asesinato del art. 139.1.1ª CP, penado con prisión de 15 a 25 años, y a su vez estima la concurrencia de una atenuante muy cualificada del art. 66.1.2ª CP, ¿cuál de las siguientes penas podríamos imponer a Vicente?:

a) Prisión de 3 años.

b) Prisión de 10 años.

c) Prisión de 14 años.

d) Prisión de 6 meses.

8.- Supongamos ahora que el Tribunal considera que Vicente es semiimputable y, además de la correspondiente pena de prisión, le impone una medida de seguridad privativa de libertad. Según la regulación expresa del Código penal, Vicente:

a) Cumplirá en primer lugar la medida de seguridad para aplicársele con posterioridad y en todo caso la pena, a la que se le descontará el tiempo de cumplimiento de la medida.

b) Cumplirá en primer lugar la medida de seguridad para aplicársele con posterioridad la pena, a la que se le descontará el tiempo de cumplimiento de la medida, si bien será posible suspender el cumplimento del resto de dicha pena.

c) Cumplirá en primer lugar la pena para posteriormente aplicársele la medida de seguridad, que se cumplirá en su total extensión.

d) Se cumplirá en primer lugar la pena para aplicársele con posterioridad la medida de seguridad, a la que se le descontará el tiempo de cumplimiento de la pena, si bien será posible suspender el cumplimento del resto de dicha medida.

RESPUESTAS.

1: a – 2: d – 3: d – 4: d – 5: c – 6: c – 7: a – 8: b

COMENTARIOS.

A la pregunta 1:

La respuesta correcta es efectivamente la apuntada. No se puede apreciar la continuidad delictiva porque las amenazas afectan a un bien jurídico eminentemente personal como es la libertad, distinto de la libertad e indemnidad sexual y del honor (que son los únicos bienes jurídicos eminentemente personales que no impiden la apreciación de la continuidad delictiva tal y como se explica en la lección 26).

A la pregunta 4:

Efectivamente la respuesta correcta es señalada en la plantilla de soluciones debido a incidencia que tiene el trastorno Vicente en sus capacidades para entender la ilicitud de su comportamiento y adaptar su conducta a dicha comprensión de ilicitud, tal y como se explica en la lección 21.

En otra pregunta se parte de una hipótesis diferente de la del relato de hechos (algo que se explicita en el enunciado de la misma) en la que el tribunal considera a Vicente semi-imputable y ello se hace para determinar si los estudiantes conocen las reglas del sistema vicarial regulado en el art. 99 CP. Esto resulta, por tanto, independiente de la evaluación que el cuadro psiquiátrico de Vicente merece conforme al relato de hechos.

Al hilo de esta cuestión se ha preguntado si es posible aplicar medidas de seguridad de internamiento en casos de atenuante analógica a la eximente incompleta de anomalía psíquica. Este equipo docente considera que ello no es posible en virtud de lo establecido expresamente en los arts. 1.2, 95 y 101 a 104 CP. Entendemos que el principio de legalidad lo impide. No obstante, el Tribunal Supremo aplicó medidas de seguridad de internamiento en estos casos, en los que se apreció una atenuante analógica a la eximente incompleta, durante la vigencia del Código penal de 1973. Durante la vigencia del Código penal de 1995 el TS simplemente acepta esa posibilidad en algunas de sus sentencias (concretamente y que sepamos en dos), sin que tengamos constancia que durante este periodo lo haya en efecto aplicado: es decir, se acepta como posibilidad en los fundamentos jurídicos de algunas sentencias pero no se incluye después en el fallo condenatorio en el que se aplica solo la pena atenuada cuando concurre una atenuante analógica a la eximente incompleta de anomalía psíquica.

A la pregunta 7:

El enunciado no dice que la tentativa de asesinato se castigue con una pena de 15 a 25 años ya que, en tal caso, se hubiese aludido «a la tentativa de asesinato penada». El adjetivo masculino utilizado, «penado», no puede hacer referencia a la tentativa que es un término femenino. Se ha hecho referencia a la pena del delito tal y como está prevista en el precepto de la Parte especial que lo regula (no en vano, se cita el precepto en cuestión que es el art. 139.1.1ª CP) y, tal y como se explica en la lección 32 y dispone el art. 61 CP, «Cuando la ley establezca una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada».

Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso, hay que rebajar como mínimo dos grados (uno por tentativa y otro por atenuante muy cualificada) y como máximo cuatro (dos por tentativa y dos por atenuante muy cualificada). El cálculo sería el siguiente:

– Pena de la que partimos: 15 a 25 años de prisión.

– Pena inferior en un grado: 7 años y 6 meses a 15 años menos 1 día de prisión.

– Pena inferior en dos grados: 3 años y 9 meses a 7 años y 6 meses menos 1 día de prisión.

– Pena inferior en tres grados: 1 año 10 meses y 15 días a 3 años 9 meses menos 1 día de prisión.

– Pena inferior en cuatro grados: 11 meses y 7 días a 1 año 10 meses y 14 días de prisión.

A Vicente se le podría poner, por tanto, cualquier pena comprendida en el siguiente intervalo: Prisión de 11 meses y 7 días (límite mínimo posible si bajamos 4 grados) a 7 años y 6 meses menos un día (límite máximo posible si bajamos dos grados). Por ese motivo, la única respuesta correcta es la marcada en la platilla de soluciones: 3 años de prisión. El resto de las penas a las que se alude en las demás opciones de respuesta resultan incorrectas por exceso (así las de 14 y 10 años de prisión) o por defecto (la de 6 meses).

Falta de legitimación del antiguo arrendador para reclamar el pago de rentas devengadas una vez extinguido su derecho por haber sido enajenada la finca

🏠Civil > Obligaciones y Contratos > Arrendamientos Urbanos


Carece de legitimación el antiguo arrendador para reclamar el pago de rentas devengadas una vez extinguido su derecho como tal arrendador por haber sido enajenada la finca, en este caso mediante ejecución hipotecaria; y ello aunque el arrendatario permanezca en el uso de la vivienda, pues en tal caso quien tendrá derecho a percibir las rentas será el nuevo propietario y no quien ya dejó de serlo.

Así se desprende de la propia naturaleza del arrendamiento, contrato en el cual el pago de la renta constituye la contraprestación respecto de la cesión de uso efectuada por el propietario que, por tanto, renuncia a dicho uso -que en principio está unido al dominio- por precio. De ahí que el percibo de la renta corresponderá en cada momento a quien resulte ser el propietario del bien arrendado con independencia de que se hubiera celebrado el contrato de arrendamiento por un propietario anterior.

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 414/2015, de 14-7-2015, FD 2º, Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller, ECLI:ES:TS:2015:3210

Ley de Arrendamientos Urbanos (art. 13)

Código Civil (art. 1.095)

Dirección por el Ministerio Fiscal de las actuaciones de la Policía Judicial

Instrucción FGE 1/2008, de 1 de julio, sobre la dirección por el Ministerio Fiscal de las actuaciones de la Policía Judicial

Regulación normativa del interés del menor

7-2-2017 ¿Conocemos bien el marco jurídico que arropa el interés del menor? (El blog jurídico de Sepín)

Responsabilidad penal derivada de accidente de tráfico tras la despenalización de 2015

22-3-2017 La AP de Madrid establece cuándo un accidente de tráfico deriva a la vía penal (El blog jurídico de Sepín)

1617 PEC PE 2.2

↩️ PEC PENAL ESPECIAL

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Tribunal del Jurado, 14/2015, de 7-4-2015, Ponente Ilmo. Sr. D. José-Emilio Pirla Gómez, ECLI:ES:APB:2015:2972

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 27/2015, de 16-12-2015, Ponente Ilmo. Sr. D. Miguel-Ángel Gimeno Jubero, ECLI:ES:TSJCAT:2015:12272

Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 894/2016, de 29-11-2016, Ponente Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, ECLI:ES:TS:2016:5236

1617 PEC PE 2.1

↩️ PEC PENAL ESPECIAL

Enunciado: hechos probados de la Sentencia.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3ª, 132/2016, de 14-3-2016, Ponente Ilmo. Sr. D. José-Francisco Yarza Sanz, ECLI:ES:APCO:2016:319

Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 999/2016, de 17-1-2017, Ponente Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro, ECLI:ES:TS:2017:39

1617 PEC PE 1.2

↩️ PEC PENAL ESPECIAL

Enunciado: hechos probados de la Sentencia.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 10ª, 456/2015, de 25-11-2015, Ponente Ilmo. Sr. D. José-María Merlos Fernández, ECLI:ES:APA:2015:3567

Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 565/2016, de 28-6-2016, Ponente Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, ECLI:ES:TS:2016:3065

1617 PEC PE 1.1

↩️ PEC PENAL ESPECIAL

Enunciado: hechos probados de la Sentencia.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 3ª, 104/2016, de 8-3-2016, Ponente Ilmo. Sr. D. Francisco-Javier Rodríguez Luengos, ECLI:ES:APO:2016:394

Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 823/2016, de 3-11-2016, Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, ECLI:ES:TS:2016:4771

La mayoría de edad de un hijo discapacitado no determina la extinción de los alimentos que los padres deben prestarle, que se equiparan a los de los menores mientras mantenga la convivencia en el domicilio y carezca de recursos

🏠Familia > Alimentos


Esta obligación se prolonga más allá de la mayoría de edad de los hijos en aquellos casos como el presente en que un hijo discapacitado sigue conviviendo en el domicilio familiar y carece de recursos propios, al margen de que no se haya producido la rehabilitación de la potestad. Será la sentencia de incapacitación la que en su caso acordará esta rehabilitación de la potestad de ambos progenitores o de uno de ellos, pero hasta que dicha resolución no se dicte, continúa existiendo la obligación de prestar alimentos por parte de sus progenitores, al continuar residiendo con la madre y carecer de ingresos suficientes para hacer una vida independiente.

El problema existe al margen de que se haya iniciado o no un procedimiento de incapacitación o no se haya prorrogado la patria potestad a favor de la madre. La discapacidad existe, y lo que no es posible es resolverlo bajo pautas meramente formales que supongan una merma de los derechos del discapacitado que en estos momentos son iguales o más necesitados si cabe de protección que los que resultan a favor de los hijos menores, para reconducirlo al régimen alimenticio propio de los artículos 142 y siguientes del Código Civil, como deber alimenticio de los padres hacia sus hijos en situación de ruptura matrimonial, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Código Civil, pues no estamos ciertamente ante una situación normalizada de un hijo mayor de edad o emancipado, sino ante un hijo afectado por deficiencias, mentales, intelectuales o sensoriales, con o sin expediente formalizado, que requiere unos cuidados, personales y económicos, y una dedicación extrema y exclusiva que subsiste mientras subsista la discapacidad y carezca de recursos económicos para su propia manutención, sin que ello suponga ninguna discriminación, antes al contrario, lo que se pretende es complementar la situación personal por la que atraviesa en estos momentos para integrarle, si es posible, en el mundo laboral, social y económico mediante estas medidas de apoyo económico.

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 430/2015, de 17-7-2015, Fallo, Ponente Excmo. Sr. D. José-Antonio Seijas Quintana, ECLI:ES:TS:2015:3441

Ley de Morosidad Mercantil

Ley de Morosidad Mercantil

Semestre Tipo
2/2009 8,00%
1/2010 8,00%
2/2010 8,00%
1/2011 8,00%
2/2011 8,25%
1/2012 8,00%
2/2012 8,00%
1/2013 (1-1 a 23-2) 7,75%
1/2013 (24-2 a 30-6) 8,75%
2/2013 8,50%
1/2014 8,25%
2/2014 8,15%
1/2015 8,05%

No es cláusula penal la indemnización pactada para el caso de desistimiento contractualmente previsto

Código Civil (art. 1.152)

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 779/2013, de 10-12-2013, FD 2º, Ponente Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz, ECLI:ES:TS:2013:6174

Es abusiva cualquier cláusula suelo en un préstamo hipotecario a largo plazo de interés variable que no pase el control de transparencia

La falta de transparencia no supone necesariamente que las cláusulas contractuales sean desequilibradas y que el desequilibrio sea importante en perjuicio del consumidor (sentencia 241/2013, de 9-5); y, consiguientemente, esa falta de transparencia puede ser, excepcionalmente, inocua para el adherente, pues pese a no poder hacerse una idea cabal de la trascendencia que determinadas previsiones contractuales pueden provocar sobre su posición económica o jurídica en el contrato, las mismas no tienen efectos negativos para el adherente (sentencia 138/2015, de 24-3). No es incompatible con lo anterior que, a renglón seguido, a la vista del contenido de la cláusula suelo y del contrato de préstamo hipotecario a largo plazo de interés variable en el que está incorporada, la falta de transparencia de este tipo de condiciones generales provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con cláusula suelo en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado (sentencia 138/2015, de 24-3). Esta valoración, en principio, resulta aplicable a cualquier cláusula suelo que no pase el control de transparencia.

Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 334/2017, de 25-5-2017, FD 4º, Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, ECLI:ES:TS:2017:2016

14-6-2017 Transparencia y abusividad: Sentencia del Pleno del TS de 25-5-2017 (El blog jurídico de Sepín)

No cabe apreciar el efecto de cosa juzgada material entre acciones colectivas y acciones individuales

En la sentencia 123/2017, de 24 de febrero, se justifica por qué de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STJUE de 14-4-2016), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 148/2016, de 19-9, y otras posteriores) y la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (sentencia 375/2010, de 17-6), entre las acciones colectivas y acciones individuales no existe identidad objetiva, puesto que tienen objetos y efectos jurídicos diferentes, y por ello no cabe apreciar el efecto de cosa juzgada material: Una interpretación conjunta de los artículos 15, 222.3 y 221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lleva a la conclusión de que la cosa juzgada de la sentencia estimatoria de la acción colectiva afectará únicamente a los consumidores no personados que estén determinados individualmente en la propia sentencia, conforme dispone su artículo 221.1-1.ª.

Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 334/2017, de 25-5-2017, FD 2º, Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, ECLI:ES:TS:2017:2016

Indicios de delito de terrorismo y competencia objetiva penal

1-6-2017 El Tribunal Supremo declara la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la agresión a dos guardias civiles en Alsasua. La Sala Segunda aprecia que, indiciariamente, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo (CGPJ)

Edición de Google Maps

🏠TecnologíaGoogle ~ Maps


5-5-2017 Google Maps ya permite editar el mapa a cualquier usuario (El Androide Libre)

Extensiones para Gmail: renombrar asunto, plantillas y notas

🏠Tecnología > Google > Gmail


5-4-2017 Nuevas extensiones gratis de Gmail que tienes que instalar (portalhoy.com)

Optimizar el espacio de la cuenta de Google

🏠TecnologíaGoogle ~ Cuenta Google


👤 Gmail y Drive: 13 trucos para aprovechar al máximo todo el espacio que Google te regala

Xataka
🗓️  28-4-2017

Organizar el correo en Gmail

🏠Tecnología > Google > Gmail


13-5-2017 Cómo organizar tu correo electrónico en Gmail para no perder ningún mensaje importante (eldiario.es)

Aplicación del límite del artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso de ejecución, costas en la ejecución de los decretos o autos aprobatorios de tasaciones de costas y costas en la ejecución del proceso monitorio

31-5-2017 Aplicación del límite del art. 394.3 LEC en el proceso de ejecución. Costas en la ejecución de los decretos o autos aprobatorios de tasaciones de costas. Costas en la ejecución del proceso monitorio (No atendemos después de las dos)

2-6-2017 Texto íntegro en El Derecho

Autorización de residencia por causa extraordinaria a ciudadano extranjero con antecedentes que tiene a su cargo en exclusiva a dos hijos comunitarios

13-1-2017 El TS reconoce el derecho de residencia temporal a un ciudadano extranjero con antecedentes que tiene a su cargo en exclusiva a dos hijos comunitarios (CGPJ)