🏠 ≡ Administrativo > Medioambiente > Evaluación y Responsabilidad Medioambiental

REGLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
De 24 de junio de 2024
Relativo a la restauración de la naturaleza
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869

Resumen sobre los apartados relativos al despliegue de instalaciones de generación de energías renovables.

📝 Artículos relacionados:

✍️ Renovables y medio ambiente en la política pública europea [ 14-11-2023 ]
✍️ La transición energética renovable y su repercusión en espacios Red Natura 2000 [ 25-10-2021 ]
✍️ La zonificación ambiental para las energías renovables en espacios red natura 2000, como herramienta para las declaraciones de impacto ambiental [ 15-10-2021 ]

En las consideraciones iniciales de este Reglamento Europeo, con entrada en vigor el 18 de agosto de 2024, se dice pretender que “Para garantizar la restauración de una naturaleza rica en biodiversidad y resiliente en todo el territorio de la Unión es necesario establecer normas sobre la restauración de los ecosistemas”. Ello, se dice, contribuye a la consecución de los objetivos de la Unión relativos a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este.

El llamado “Pacto Verde Europeo”, establece una hoja de ruta que está destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, y que aspira a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Ello se resume en la Comunicación de la Comisión de 20 de mayo de 2020, dictada en plena pandemia, denominada: “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas.”

La UE y sus Estado, son partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que desarrolla el llamado “Plan Estratégico para la Diversidad Biológica”, que establece que para 2050 la biodiversidad debe valorarse, conservarse, restaurarse y utilizarse de forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos. Todo ello va en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Este Reglamento es una verdadera norma básica, que emplaza a los Estados miembros de la UE a desarrollar sus planes estatales, coherentes con los mínimos exigidos en el anunciado “PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA UE”, ordenando dar prioridad hasta 2030 a las zonas de los tipos de hábitats que no se encuentren en buenas condiciones y que estén situadas en espacios Natura 2000, con especial atención a la conectividad que debe existir entre los hábitats, y lógicamente ordena también, que los Estados miembros tomen medidas para evitar el deterioro significativo de los mismos.

Pero el Reglamento también aborda la reconocida y relativa contradicción, que late entre el despliegue masivo de instalaciones de generación de energías renovables – eólicas y solares, y el mantenimiento de los ecosistemas sobre los que se asientan, y así en el considerando 38, señala: A efectos de las excepciones a las obligaciones de mejora continua y de evitar el deterioro fuera de los espacios Natura 2000 establecidas en el presente Reglamento, los Estados miembros deben presumir que las instalaciones para la producción de energía a partir de fuentes renovables, su conexión a la red y la propia red y los activos de almacenamiento conexos, tienen un interés público superior. Los Estados miembros deben poder eximir a dichos proyectos de energías renovables de la obligación de que no se disponga de soluciones alternativas menos perjudiciales a efectos de la aplicación de dichas excepciones, siempre que los proyectos hayan sido objeto de una evaluación de impacto ambiental, permitiendo se beneficien de una evaluación simplificada.

Y en el considerando 68 (destacaré aquello que entiendo más relacionado con la realidad del despliegue de esta tecnología en España), y que tendrá su reflejo en el artículo 6 del Reglamento, se establece: Habida cuenta de la importancia de hacer frente de manera coherente al doble reto de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, la restauración de la biodiversidad debe tener en cuenta el despliegue de las energías renovables y viceversa. Debe ser posible combinar actividades de restauración y el despliegue de proyectos de energías renovables, siempre que sea posible, también en zonas de aceleración renovable y zonas de red específicas. La Directiva (UE) 2018/2001 exige que los Estados miembros realicen una cartografía coordinada del despliegue de energías renovables en su territorio a fin de determinar el potencial nacional y las zonas terrestres, ubicadas en la superficie y en el subsuelo, y las zonas marítimas o de aguas interiores disponibles, conforme a lo necesario para la instalación de plantas de energía renovable y sus infraestructuras de evacuación, como la red y las instalaciones de almacenamiento, incluido el almacenamiento térmico, que sean necesarias para cubrir al menos sus contribuciones nacionales a la consecución del objetivo de energías renovables para 2030 revisado. Dichas zonas necesarias, incluidas las plantas y los mecanismos de cooperación existentes, deben ser proporcionales a las trayectorias estimadas y a la capacidad instalada total prevista para cada tecnología de energías renovables establecida en los planes de energía y clima. Los Estados miembros deben designar un subconjunto de estas zonas como zonas de aceleración renovable. Las zonas de aceleración renovable son lugares específicos, ya sean terrestres o marítimos, que resulten especialmente adecuados para la instalación de plantas generadoras de energía procedente de fuentes renovables en los que, habida cuenta de sus particularidades, no se prevé que el despliegue de un tipo específico de energía renovable tenga un impacto medioambiental significativo.

Los Estados miembros han de dar prioridad a las superficies artificiales y construidas, como los tejados y las fachadas de los edificios, las infraestructuras de transporte y sus entornos inmediatos, las zonas de estacionamiento, las explotaciones agrícolas, los vertederos, las zonas industriales, las minas, las masas de agua interior, lagos o embalses artificiales y, cuando proceda, las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, así como de las tierras degradadas que no puedan utilizarse para la agricultura. La Directiva (UE) 2018/2001 también establece que los Estados miembros deben tener proyectos de red y almacenamiento necesarios para integrar la energía renovable en el sistema eléctrico en las que no se prevea que la ejecución de dichos proyectos tenga un impacto ambiental significativo o dichas repercusiones puedan mitigarse o, en su defecto, compensarse debidamente. El objetivo de estas zonas es apoyar y complementar las zonas de aceleración renovable. A la hora de designar las zonas de aceleración renovable y las zonas de infraestructura específica, los Estados miembros han de evitar las zonas protegidas y tener en cuenta sus planes nacionales de restauración. Los Estados miembros deben coordinar la elaboración de los planes nacionales de restauración con la cartografía de las zonas que sean necesarias para cumplir al menos con sus contribuciones nacionales al objetivo de energías renovables para 2030 y, cuando proceda, con la designación de las zonas de restauración, los Estados miembros deben garantizar que existan sinergias con la aceleración de las infraestructuras energéticas y de energías renovables y con las zonas de aceleración renovable y zonas de red específicas ya designadas y garantizar que el funcionamiento de dichas zonas se mantenga inalterado, también en lo que respecta a los procedimientos de autorización aplicables en dichas zonas previstas en la Directiva (UE) 2018/2001.

Si bien el Reglamento fija periodos de implementación y aprobación de los planes de restauración, sus criterios sirven ya de interpretación de la normativa ya en vigor en la Unión Europea, y en nuestro país.