Categoría: In Iudicando
Presentación del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en el Registro una vez caducada la anotación preventiva de embargo
Entrada y registro en aseos o vestuarios de locales abiertos al público
Los actos de comunicación judicial
El beneficio de justicia gratuita en las costas del proceso de ejecución
No se puede denunciar un delito fiscal si ya ha sido liquidado o sancionado
La obligación de motivar la necesidad de la medida de seguridad
Reclamación de deuda y coacciones
Diferencias entre los peritos y los testigo-peritos
El arrendamiento del trastero de forma independiente de la vivienda está sujeto a IVA
Embargo de salario en caso de pagas extraordinarias prorrateadas
En el supuesto de que las pagas extraordinarias se encuentren prorrateadas entre las 12 mensualidades del año, los límites de embargabilidad del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicarán sobre el conjunto del salario mensual ordinario y la parte prorrateada correspondiente a la paga extraordinaria.
La Directiva de protección del whistleblower y los nuevos requisitos del canal de denuncias
Aproximación al testigo durante el contrainterrogatorio
Error en el precio ofertado en ventas online
Tratamiento tributario de las costas procesales en el IRPF del vencedor
Toda absolución da lugar a una indemnización al perjudicado que haya sufrido prisión preventiva
La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha establecido que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. Es la primera sentencia dictada por el Supremo en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, del pasado mes de junio, que declaró inconstitucional la limitación de los casos indemnizables por prisión preventiva indebida a los que terminaban en absolución ‘por inexistencia del hecho imputado” o los que por esta misma causa, daban lugar a auto de sobreseimiento libre.
Requisitos de la posesión para la usucapión
El pago o cumplimiento como motivo de oposición a la ejecución
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los delitos de sedición y rebelión
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14-10-2019 El Supremo condena por sedición a 9 de los procesados en el juicio del procés (Iberley)
14-10-2019 La sentencia del “procés”, un triunfo del Estado de Derecho (Hay Derecho)
15-10-2019 10 cuestiones relativas a la sentencia del “Procés” (En ocasiones veo reos)
15-10-2019 Comentario a la Sentencia del proces. Alfredo Herranz Asín (De lo justo y de lo humano)
22-10-2019 La sedición en la sentencia del Supremo. Eduard Ariza Ugalde (Hay Derecho)
El plazo del año para el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble
Cálculo del valor venal del automóvil
Retracto de crédito litigioso
Violación, agresión sexual y abusos sexuales
Quorum necesario para la construcción de una piscina en la Comunidad de Propietarios
Liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales
Límites a los intereses de demora
La juez archiva la denuncia contra Leo Messi por delitos contables, fiscal, estafa y blanqueo
En su auto, la magistrada explica que la denuncia incluye un relato de hechos basados en noticias periodísticas sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo carente de verosimilitud lo que supondría, según la juez, el recurso a la realización de investigaciones prospectivas incompatibles con los principios que rigen el proceso penal.
Fraude fiscal y de subvenciones
Plazo del incidente de oposición a la ejecución hipotecaria tras la Ley 5/2019 para los procedimientos en curso al entrar en vigor la Ley 1/2013
Cláusula abusiva contractual que no consta en la oferta vinculante
Efectos de la nulidad de cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios
La instalación del ascensor es de obligado cumplimiento en los supuestos en los que se haya establecido en un juicio de equidad, pero su importe total no puede superar las 12 mensualidades para quienes se opusieron al acuerdo
Caducidad de acciones civiles
Alegaciones complementarias y peticiones complementarias
La cobertura del seguro de defensa jurídica incluye el abono de los gastos que comporta un profesional de libre designación
Criterios de imposición de costas en lo contencioso-administrativo
Síndrome de alienación parental
Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19-6-2019 sobre presentación por fax de documentos electrónicos con código seguro de verificación
Propiedad horizontal, morosidad y protección de datos
Los propietarios afectados en el régimen de propiedad horizontal
Intimidación ambiental en los delitos contra la libertad sexual
Problemas que plantea la determinación de la edad de los menores no acompañados (MENAS)
Delito continuado o concurso real en la agresión a varios animales
El plazo de prescripción para reclamar a la aseguradora la devolución de las cantidades anticipadas en la compra de una vivienda es el general establecido en el artículo 1964 del Código Civil para las acciones personales que no tienen plazo especial
La reclamación del préstamo hipotecario por el procedimiento ordinario
Deducibilidad de los gastos derivados del uso de un espacio de coworking entre distintos profesionales
Cómputo del plazo de prescripción de reclamación de honorarios profesionales en caso de distintos trabajos
Es delito conducir por España con un permiso de conducir español sin vigencia por la pérdida total de los puntos legalmente asignados, aunque el conductor posea un carné de un país extracomunitario que esté en vigor
Pretender que los permisos otorgados por terceros países e inicialmente válidos, conserven una inmutable validez en España mientras no sobrevenga la caducidad que el país de emisión haya querido otorgarle, gozando además de una semi-inmunidad frente al régimen viario y de conducción vigente en España, es una conclusión jurídica carente de todo fundamento.
Todo conductor que circula por España, aunque como en este caso tenga un permiso de conducir de Andorra, está sometido al sistema de pérdida de puntos respecto de las infracciones perpetradas o que se perpetren en nuestro país. Aun cuando se trate de conductores que no hayan incumplido la obligación de canjear el permiso extranjero y mantengan por ello la validez del permiso original (conductores que transiten por España teniendo una residencia real en otro Estado, o quienes hayan adquirido la residencia española cuando no hayan transcurrido seis meses desde ello), son conductores sometidos en España al sistema de puntos fijado por nuestro ordenamiento jurídico.
Por ello, cuando cometan en el territorio nacional infracciones que supongan la pérdida de puntos y hayan ingresado en el Registro de Conductores e Infractores, no son ajenos al sistema de retirada del permiso. Ninguna razón existiría para que el sistema administrativo de protección de la seguridad vial se desactive para esos conductores cuando circulan por las carreteras o las vías urbanas españolas; como tampoco puede entenderse que, solo en ese supuesto, nuestro sistema penal se inhiba de prestar protección al bien jurídico frente a comportamientos que introducen las situaciones de riesgo de mayor relevancia.
⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 385/2019, de 23-7-2019, Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, ECLI:ES:TS:2019:2612
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