Mes: agosto 2019
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Procedencia de condenar al pago del coste del informe técnico acompañado con la demanda de responsabilidad en el proceso de edificación cuando sea necesario para fundar la reclamación
Los motivos orientados a impugnar la condena al pago de las sumas satisfechas por la actora por el informe técnico acompañado con la demanda, han de ser desestimados porque se fundan en que dicho informe, anterior a la demanda y por tanto extraprocesal, no era necesario para la reclamación, de suerte que la cantidad satisfecha por su elaboración no sería repercutible en contra de los demandados; tesis que, dada la magnitud de los vicios ruinógenos que aparecieron, la prontitud con que se manifestaron y su progresión imparable, extendiéndose por una urbanización de seis bloques, resulta de todo punto insostenible porque, a la vista de todas esas circunstancias, difícilmente se podía formular una demanda ajustada a los requisitos del artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 sin ese previo informe técnico o, según se pretende en uno de los motivos, con solamente un acta notarial fotográfica. Ha de estarse, por tanto, al criterio mantenido por esta Sala en su sentencia de 6 de abril de 1994 y no al de la sentencia de 6 de septiembre de 1993.
Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 940/2004, de 8-10-2004, FD 9, Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, ECLI:ES:TS:2004:6338
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Tacha de peritos y valoración judicial de la prueba pericial
En relación a la denuncia que se efectúa en el recurso de no haber resuelto la juzgadora de instancia la tacha de los peritos Sr. Jose María y Sr. Anibal (pertenecientes a EID) y Sr. Epifanio (perteneciente a MMT) que emitieron el informe pericial aportado por la demandada como documento núm. 15 de los acompañados con la contestación a la demanda, que planteó en la audiencia previa y que justificó en el hecho de que los mismos tienen interés directo en el pleito al haber sido los que prestaron directamente la Asistencia Técnica de la obra, debe ser igualmente rechazada, por cuanto la tacha, en la sistemática de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a diferencia de la recusación, no tiene como consecuencia automática la exclusión del informe, sino dejar advertido al Juez de la concurrencia de motivos que pueden hacer dudar de la imparcialidad del perito (números 1º al 4º del artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) o de su solvencia profesional (núm. 5º de dicho artículo). Pero, centrándonos en el primer supuesto al que se acoge la parte que la plantea, puede ocurrir que, pese al vínculo que una al perito con la parte proponente, el dictamen tenga, por sí, la fuerza de convicción suficiente para ser tenido en cuenta. Todo dependerá de las fuentes del informe, de la pericia con la que se aplique la ciencia o arte del perito, y de su capacidad de interrelación de unas y otra. Para la apreciación de la influencia de la tacha, el Juez es libre, sin más que sujetarse a las reglas de la sana crítica, y no por ser los peritos los que prestaron sus servicios de asistencia técnica a la demandada se pierde por completo la imparcialidad. En este caso, concurre, además, una razón de peso para no desdeñar el informe de los peritos tachados, y es que estos fueron los que prestaron esa asistencia técnica durante la ejecución de obra, de manera que conocen de primera mano las cuestiones sobre las que informan. Cuestión diferente, que afecta a todo perito, tachado o no, es la específica fuerza de convicción de cada una de sus apreciaciones, que habrán de valorarse también en relación con las demás pruebas.
La mercantil demandante lo que pretende en su recurso es que se dé más valor al informe pericial por ella aportado que a los aportados por la demandada, lo que no puede ser admitido por esta Sala por cuanto todos los informes periciales están elaborados de una forma exhaustiva y meticulosa y por cualificados técnicos en la materia, y la única manera que se le representa a esta Sala para que pudiera decantarse por una de las posturas sería la existencia de un informe pericial judicial que dirimiera las discrepancias; informe pericial que bien pudo interesar la parte que reclama por ese exceso de obra en base a lo establecido en el artículo 427.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel 101/2012, de 24-9-2012, FD 2º y 3º, Ponente Ilmo. Sr. D. Juan-Carlos Hernández Alegre, ECLI:ES:APTE:2012:136
No es necesario demandar al vendedor en el retracto arrendaticio
Dice la sentencia de 11-5-1992 que «la acción de retracto ha de dirigirse necesariamente contra el comprador, que es quien, si triunfa, va a sufrir la subrogación en su posición de parte en el contrato en favor del retrayente. De ahí que éste no necesite demandar al vendedor también para que la relación procesal se constituya debidamente, como tendría que suceder si el retracto supusiese la resolución del contrato de venta con recuperación del dominio por el enajenante siendo éste quien habría de transmitir al retrayente», y, aunque, como apunta la sentencia citada, nada obsta para que el vendedor intervenga en el proceso de retracto si lo desea.
Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 2944784, de 25-5-2001, FD 10º, Ponente Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, ECLI:ES:TS:2001:4367
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Denegación de rehabilitación en la carrera judicial tras cumplir una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación
STS 974/19, de 2-7-2019, ECLI:ES:TS:2019:2299
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado la rehabilitación a la carrera judicial de un juez que fue condenado en 2009 por el Tribunal Supremo a 10 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por un delito de prevaricación dolosa, tras acreditarse que retrasó los trámites de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la niña, al considerar que el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial supuso la privación definitiva del cargo de magistrado.
La sentencia recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que puede cometer un miembro de la carrera judicial en cuanto quiebra la esencia del Poder Judicial y la conducta mínimamente exigible a quien lo encarna. Añade también que la Sala no puede obviar la diferencia sustancial entre el delito del artículo 446 del Código Penal prevaricación dolosa y el de prevaricación culposa del artículo 447 del Código Penal.
En este caso, -precisa la Sala- “estamos ante un delito de mayor gravedad”, lo que hace que “el perjuicio para el servicio público sea indudablemente mayor”, como también son más graves los hechos, por el carácter doloso de la conducta, y la condena que le impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Tampoco puede obviarse, según la sentencia, el informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de fecha 27 de marzo de 2018, que recoge los datos relacionados con la capacidad para el ejercicio de la función judicial que se contempla en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, se refiere al trastorno ansioso depresivo que el recurrente manifiesta padecer desde hace años, que le obliga a pedir la baja.
También alude a las “convicciones derivadas de su ideología jurídica o meta jurídica”, expresión usada en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó al recurrente por prevaricación dolosa, que entran en conflicto con la nueva redacción dada al Código Civil por la ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley que contempla la posibilidad de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante. Dicho informe mencionaba la opinión del fiscal que era partidario de la denegación de la pretensión deducida no solo por la gravedad de las conductas, sino por la descripción de su actuación como “una auténtica compulsión homófoba”.
Como consecuencia de ello, la Sala concluye que en este caso concurren circunstancias especiales que hacen que la rehabilitación del hoy recurrente “no proceda conforme a los criterios que la jurisprudencia ha venido estableciendo con carácter general y que han quedado citado con anterioridad, además la denegación de la misma se corresponde con el principio de proporcionalidad que rige en nuestro ordenamiento jurídico atendida la gravedad del delito, los perjuicios por el interés público y las circunstancias a que hace referencia el informe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia”.
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STS 369/19, de 22-7-2019, ECLI:ES:TS:2019:2499
La Sala analiza la aplicación de la Circular del Banco de España 3/2010 que permitía tener en cuenta el valor de las garantías inmobiliarias de determinados préstamos, al efecto de establecer la cobertura de los riesgos. El tribunal concluye que la sentencia recurrida no resuelve la cuestión planteada por los peritos, que declararon que los efectos que habría podido tener la aplicación de la citada Circular “habrían sido relevantes en el sentido de que no habría diferencias sustanciales entre los resultados de 2010 consignados en las cuentas de la entidad y los que deberían haber sido consignados de no haber dado de baja en el balance los activos titulizados, si, manteniéndolos en el balance, hubiera tenido en cuenta el valor de las garantías inmobiliarias”.
La Sala señala que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha resuelto esta cuestión que considera “decisiva” a la hora de establecer si el hecho de dar de baja en el balance los activos titulizados dio lugar a una alteración de la imagen fiel de la CAM que pueda considerarse relevante “desde la perspectiva de su idoneidad para causar el perjuicio al que alude el tipo”.
Así, los datos disponibles mediante la valoración pericial y la ausencia de razonamientos sobre este particular dan lugar “al menos, a la existencia de una duda razonable respecto de las bases fácticas de ese elemento del tipo penal, que no puede resolverse en perjuicio de los acusados”, por lo que procede su absolución.
Ante la imposibilidad de afirmar la existencia de una alteración relevante de la imagen fiel de la entidad, derivada del hecho de que cualquiera de las dos opciones hubiera llevado a un resultado similar, no puede apreciarse con la necesaria certeza la idoneidad para causar un perjuicio, afirma la Sala.
Naturaleza jurídica del decomiso
Límite temporal para la apreciación de oficio de la falta de competencia territorial en el juicio verbal
1819 EX PE F.2
HECHOS PROBADOS:
En la madrugada del 17 de agosto de 2017, Otavio, pedro Ramón y otros amigos se encuentran en la discoteca X, en el pueblo de X. En una especie de poyete que hay junto a ellos, tienen colocado el bolso y el chaleco de Otavio, valorados en conjunto en 250 euros. En esta situación, el acusado Javier impulsado por el deseo de hacerlas propias, subrepticiamente coge ambas cosas y abandona el establecimiento. Cuando ya está en la calle, los jóvenes se percatan de la desaparición del bolso y del chaleco. Simultáneamente, a través de la cristalera del local, ven a Javier con ellos en la mano, por lo que de modo inmediato se dirigen a él y recuperan lo sustraído, sin que se produzca, hasta entonces, violencia física.
A continuación, el acusado Javier coge una porra o macana de madera, cilíndrica, de unos 30 cm de longitud y 6 cm de diámetro en su parte más ancha; y, armado con ella, se dirige a los jóvenes que quieren retenerlo mientras llaman a la policia. Sin embargo, en un momento de descuido, Javier emprende la huida a la carrera, seguido por los jóvenes, hasta que salta la verja de un local y, desde el lado de dentro, propina en ella violentos golpes con la porra para asustar a sus perseguidores que no desisten de su propósito de retenerlo -la policía ya ha sido avisada-. Comprobando que no consigue lo que pretende, golpea con el arma a Pedro Ramón, que puede esquivar el golpe dirigido al cuerpo interponiendo la mano izquierda. Entonces caen los dos al suelo y el acusado da un mordisco a Pedro Ramón en la espalda. En ese momento, hace acto de presencia la policía local y controla la situación. Pedro Ramón sufrió una herida en la espalda, a nivel del omóplato izquierdo, por la mordedura. Además, contusiones y erosión en la mano izquierda. Precisó y obtuvo asistencia médica, con colocación de una férula de inmovilización del quinto dedo, necesitada de seguimiento, control y después retirada. Curó a los 30 días y le quedó una leve limitación en la movilidad del dedo lesionado.
CUESTIONES:
1.- Los hechos probados son constitutivos de:
- a) Un delito de robo con violencia e intimidación para proteger la huida.
- b) Un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de lesiones por inutilización de miembro principal.
- c) Un delito atenuado de hurto y un delito de lesiones agravado por uso de arma u objeto peligroso.
- d) Un delito leve de hurto y un delito de lesiones por inutilización de miembro no principal.
2.- El grado de ejecución del delito patrimonial que aparece en los hechos probados es:
- a) Consumado, puesto que se sustraen de manera efectiva las cosas muebles ajenas.
- b) Tentativa acabada.
- c) Tentativa inacabada.
- d) Continuado, ya que se da a la fuga.
3.- ¿Otavio y Pedro Ramón también cometen una conducta delictiva? :
- a) No, puesto que pueden retener legalmente al delincuente flagrante o al fuguista.
- b) Si, un delito de coacciones al retener a Javier.
- c) Si, un delito de detenciones ilegales en grado de tentativa.
- d) No, puesto que no es posible cometer un delito de detenciones ilegales en grado de tentativa.
4.- La intimidación realizada con el objeto peligroso:
- a) Es un delito de amenazas que se castiga en concurso real de delitos con el resto de ilícitos penales.
- b) Forma parte del tipo penal de robo con violencia o intimidación.
- c) Queda absorbido por las lesiones, puesto que se amenaza con una conducta que, finalmente, se consuma.
- d) No hay un delito de amenazas, sino de coacciones.
5.- Desde una perspectiva estrictamente jurídico-penal, las lesiones que se explicitan en los hechos probados quedan agravadas por:
- a) El tratamiento médico-quirúrgico necesitado por la víctima.
- b) El uso de arma u objeto peligroso.
- c) La leve limitación de movilidad en el dedo de la victima.
- d) Por llevarse a cabo concurriendo alevosía.
RESPUESTAS:
1: c – 2: b – 3: a – 4: c – 5: b
InterJuez.es 