Categoría: Administrativo
Toda absolución da lugar a una indemnización al perjudicado que haya sufrido prisión preventiva
La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha establecido que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. Es la primera sentencia dictada por el Supremo en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, del pasado mes de junio, que declaró inconstitucional la limitación de los casos indemnizables por prisión preventiva indebida a los que terminaban en absolución ‘por inexistencia del hecho imputado” o los que por esta misma causa, daban lugar a auto de sobreseimiento libre.
Delito continuado o concurso real en la agresión a varios animales
Deducibilidad de los gastos derivados del uso de un espacio de coworking entre distintos profesionales
Libros contables del IRPF
La asistencia jurídica gratuita no está sometida a la ley de Defensa de la Competencia
🏠 ≡ Constitucional ≡ Procesal Civil ≡ Justicia gratuita
Este servicio lo prestan letrados específicamente formados para asistir a quienes se les reconoce el derecho a la justicia gratuita. En el marco de la relación profesional entablada, el beneficiario del turno de oficio no tiene posibilidad de designar a su letrado ni de fijar o pacta su remuneración, que es sufragada por el Estado. La naturaleza jurídica de la actividad de la asistencia jurídica gratuita es de servicio público de carácter prestacional.
En este contexto no nos encontramos ante la existencia de un mercado en el que entren en juego las reglas de la libre competencia, que constituye el presupuesto objetivo para poder aplicar la prohibición contenida en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, referida a aquellas conductas que impidan, restrinjan o falseen la competencia.
Los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas de los Colegios de Abogados o del Consejo General de la Abogacía Española, son susceptibles de vulnerar las reglas de la libre competencia cuando inciden en la regulación del ejercicio profesional de los abogados que corresponde a la actuación en el mercado de libre prestación de servicios de defensa y asesoría jurídica, en cuanto se refiere a la oferta de servicios profesionales prestados y a las condiciones de remuneración de los mismos. Sin embargo, cuando se trata de los servicios profesionales prestados por abogados del turno de oficio, al amparo de la Ley 1/1996, de 13 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no resultan aplicables las normas comunitarias o nacionales de competencia.
En el marco regulador de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados no concurren las notas determinantes de la aplicación del principio de libre competencia, que se sustenta en la idea de base económica de que el mercado se rige por la ley de la oferta y de la demanda, debiendo estar abierto a la iniciativa empresarial, con el objetivo de que se produzca un funcionamiento equilibrado del mismo, en beneficio de los consumidores. En el ámbito estricto de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los abogados no compiten entre sí, no existe libertad de contratación de los servicios profesionales del abogado, ni libertad para fijar los honorarios, ni hay propiamente retribución que deba satisfacer el cliente, al corresponder al Estado la obligación jurídica de compensar adecuadamente el trabajo realizado al servicio de la Administración de Justicia.
El cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica de los servicios públicos o de una mutua laboral es el de la fecha de curación, o la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron definitivamente estabilizadas las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas, se siga expediente para la declaración de incapacidad y cualquiera que sea su resultado
Indemnización por prisión preventiva no confirmada en condena firme
Impugnación de la plusvalía municipal (IIVTNU) e IRPF
De la retroactividad de las normas
¿Qué pasa con quienes han aprobado una oposición cuando otro aspirante gana un pleito y obtiene plaza?
La obligación de identificar al conductor infractor
La imposibilidad de innovar las cuestiones contenidas en la demanda a la hora de formular el escrito de conclusiones
Medios y carga de la prueba del incremento de valor de un terreno
Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes.
Uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Falta de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fundamentación legal de los documentos que ordenen los servicios de los agentes.
Actas o denuncias.
Es nulo el cese de interinos a los que se haya aplicado abusivamente encadenamiento de contratos de duración determinada, aunque ello no los convierte en personal indefinido no fijo
Las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF
Suspensión de la instancia contencioso-administrativa de un asunto irrecurrible cuando la cuestión jurídica controvertida pende de resolución por el Tribunal Supremo
La casación autonómica
Demolición de obras ilegales y derecho a la ejecución de sentencias: los terceros de buena fe
Agosto en vía administrativa y contencioso-administrativa
Cabe liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos
El método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración
Es nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no universitarios
Deducción por alquiler de vivienda habitual en contrato suscrito antes del 1-1-2015 y en situación de tácita reconducción
Acción de regreso contra funcionarios
Los honorarios del Abogado obtenidos por procedimientos judiciales que superan los dos años son rendimientos irregulares
El deber de razonar la justificación de la concesión de un nuevo indulto al que preceden otros dos, es especialmente intensa, so pena de terminar convirtiendo la concesión de la medida de gracia en un salvoconducto para delinquir en el futuro
Bonificación por la transmisión de la empresa familiar en el Impuesto de Sucesiones
Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por falta de contraste del diagnóstico médico penitenciario a indemnizar conforme a la doctrina jurisprudencial de pérdida de oportunidad
Crisis en la regulación de la plusvalía municipal
Doctrina de la Fiscalía General del Estado: Recopilación de circulares, consultas e instrucciones 1883-2013
Residencia habitual en España a efectos de IRPF. No la tienen los estudiantes becados que pasen más de 183 días al año en el extranjero
Sobrinos por afinidad e impuesto de sucesiones
Tributación de los premios de la lotería en el impuesto de patrimonio
Tributación de las costas procesales
Responsabilidad profesional del asesor fiscal
Nulidad normativa por omisión de la negociación colectiva prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, debidamente formalizada
Exento del IVA el alquiler de vivienda por persona jurídica para uso de sus empleados
Graves ruidos que afectan a la salud. Imposible revocación de absolución sin escuchar personalmente al acusado. Imposibilidad de que se pueda condenar por delito medioambiental a la empresa cuando el empresario ha sido absuelto
Gastos del trabajo autónomo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito medioambiental
Extensión de efectos de sentencias firmes en materia de personal, tributos o unidad de mercado
Efectos tributarios de la condena en costas
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los arrendamientos de vivienda
Aspectos más destacados de Ley del Procedimiento Administrativo Común de 2015
Procedente retención por el arrendatario al arrendador de la cantidad legal a cuenta del IRPF
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El arrendatario efectúa la retención a cuenta del IRPF correctamente y dando cumplimiento a una obligación legalmente establecida, que ha de efectuarse sobre la renta pactada en su total cuantía, sin que ello signifique que por el arrendatario se pague al demandado una cantidad inferior, sino que tal retención opera como pago anticipado del IRPF a cuenta del propietario del inmueble. No afecta a la controversia si el arrendatario ha dado o no el destino legal a las cantidades retenidas a cuenta del impuesto, cuya denuncia por infracción de sus obligaciones legales podría ser objeto de persecución en la vía penal o contencioso administrativa. Este criterio se comparte por la Audiencia Provincial de Segovia en sentencia 130/2003, de 1-9-2003, Pontevedra, Sección 5ª, 174/2002, de 4-6-2002 y Tarragona de 30-6-2008.
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