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15-6-2018 La inexistente prórroga de los tres días del art.162 LEC (No atendemos después de las dos)
ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DEL DÍA 24-04-2018.
Cuestión: Aprovechamiento de una situación de violencia: hurto o robo.
Acuerdo: Cuando aprovechando la comisión de un ilícito penal en el que se haya empleado violencia, y en la misma relación de inmediatez y unidad espacio temporal se realiza un apoderamiento de cosas muebles ajenas se entenderá que se comete un delito de robo del art. 237 del Código Penal cuando se haya perpetrado con inmediatez al acto violento y sin ruptura temporal y la violencia empleada facilite el acto del apoderamiento.
Los elementos que configuran este delito son:
a) La acción de simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una infracción de este tipo inexistente en realidad, siendo el destinatario de la acción un funcionario judicial o administrativo que ante la noticia del delito tenga profesionalmente la obligación de proceder a su averiguación.
b) Que esa actuación falsaria motive o provoque alguna actuación procesal. A este respecto, la Sentencia de 24-1-1994 declaraba que «en todo caso, la simulación de delito se produce cuando se lleven a cabo determinados actos que se sabe, y a ello están destinados, van a provocar la intervención policial y posteriormente la judicial, iniciándose las correspondientes diligencias procesales».
c) El elemento subjetivo que se integra con la consciencia de la falsedad de aquello que se dice y la voluntad específica de presentar como verdaderos hechos que no lo son, lo que excluye la comisión culposa.
d) La relación de causa a efecto entre la falsedad y la actuación procesal.
En cuanto a la actuación procesal provocada o generada por la acción típica, es cierto que tradicionalmente se venía considerando por la doctrina de esta Sala como una condición objetiva de punibilidad en un delito de mera actividad, lo que determinaba, de otra parte, la exclusión de la posibilidad de la tentativa, al situarse el momento consumativo en el momento en que la falsa «notitia criminis» llegaba al conocimiento del funcionario que tenía el deber de su averiguación.
Sin embargo, la actual línea jurisprudencial considera a esta figura como un delito de resultado, que estaría constituido por la actuación procesal subsiguiente, de suerte que en el ámbito de la ejecución se admite la tentativa en aquellos casos en los que la «notitia criminis» o denuncia simulada no llega a producir una actuación procesal, por lo que, a la postre, este elemento del tipo ya no se estima como una condición objetiva de punibilidad, sino -repítase- como el resultado de la conducta típica (Sentencias de 20-9-1991, 17-5-1993, 20-11-1995, 21-10-1996 y 9-1-2003, entre otras).
En consecuencia, aún en el supuesto de que, en efecto, no se hubiera llegado a producir actividad procesal alguna como resultado de la denuncia de un delito de robo que se sabía inexistente, ello no supondría la atipicidad de la conducta sino únicamente su calificación como delito intentado.
Por otro lado, la incoación de diligencias judiciales y su sobreseimiento por falta de autor conocido, constituyen actuaciones genuinas e indudablemente de carácter procesal ejecutadas por la Autoridad Judicial en el ejercicio de sus funciones en relación con un delito de robo con fuerza que determinó la apertura del oportuno procedimiento judicial y su sobreseimiento provisional por no aparecer autor conocido, como causa prevista en el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que dejaba latente el proceso en tanto la policía judicial realizara las investigaciones oportunas para la identificación y detención de los autores del hecho denunciado, en cuyo momento se produciría su reapertura y se proseguiría la subsiguiente actividad procesal correspondiente. Sin olvidar que las diligencias policiales practicadas en esclarecimiento y averiguación de los hechos delictivos denunciados se incorporan al procedimiento judicial incoado, bajo el control del Juez que las asume y evalúa
procesalmente a los efectos de dictar las resoluciones sucesivas procedentes.
Ha existido, en suma, la actuación procesal que niega el recurrente, siendo en este punto atinada la mención que hace el Fiscal de la Sentencia de 27-11-2001 que declara con nitidez: «El concepto de actuación procesal supone que el órgano judicial que recibe la denuncia, realice algún género de actividad procesal,aunque ésta sea mínima. Por tanto, no basta con la mera recepción de la denuncia, si ésta no va seguida de alguna actividad judicial. En el caso de denuncia de un delito inexistente, en la que no se facilitan datos sobre la persona a la que pueda ser atribuida la autoría del hecho, nos encontramos ante un supuesto frecuente de autor desconocido que provoca necesariamente la incoación de unas Diligencias Previas y posteriormente la redacción o el acuerdo de un Auto de archivo y sobreseimiento, por no existir de momento un autor conocido. Todos estos trámites se han cumplido en el caso presente por lo que el requisito que condiciona la aplicación del tipo, se ha producido perfeccionándose la figura delictiva de la denuncia falsa».
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I. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y RÉGIMEN LEGAL.
II. LOS PRESUPUESTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES.
III. LOS ÓRGANOS DEL CONCURSO.
IV. LA DECLARACIÓN DE CONCURSO.
V. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO.
VI. LA FASE COMUN DEL CONCURSO.
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🗓️ Última revisión 11-3-2026
I. REGULACIÓN Y CONCEPTO.
II. OBJETO LITIGIOSO.
III. LEGITIMACIÓN.
IV. PREJUDICIALIDAD.
V. COMPETENCIA.
VI. PROCEDIMIENTO Y SENTENCIA.
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I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETO LITIGIOSO.
III. LEGITIMACIÓN.
IV. COMPETENCIA.
V. PROCEDIMIENTO.
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I. EL PROCESO SOBRE ALIMENTOS COMO JUICIO VERBAL CON ESPECIALIDADES: CONCEPTO Y REGULACIÓN.
II. NATURALEZA.
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
IV. COMPETENCIA.
V. LEGITIMACIÓN.
VI. PROCEDIMIENTO.
VII. SENTENCIA.
VIII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
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I. CONCEPTO Y REGULACIÓN.
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
III. COMPETENCIA.
IV. LEGITIMACIÓN.
V. REQUISITOS DE LA DEMANDA.
VI. PROCEDIMIENTO.
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I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETO.
III. LEGITIMACIÓN.
IV. COMPETENCIA.
V. PROCEDIMIENTO.
El apartado primero del artículo 367 LOPJ y los incisos “tras la declaración de aptitud” y “quedando sin efecto la declaración de aptitud” contenidos en su apartado segundo, son inconstitucionales y nulos.
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I. INTRODUCCIÓN.
II. EL PROCESO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
III. EL PROCESO DE COMPETENCIA DESLEAL.
IV. EL PROCESO DE PUBLICIDAD.
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I. FUENTES LEGALES.
II. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL.
III. EL JUICIO ESPECIAL DE LA LEY DE PATENTES.
IV. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LA LEY DE MARCAS.
V. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LA LEY DE SECRETOS PROFESIONALES.
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I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETO PROCESAL.
III. LEGITIMACIÓN.
IV. COMPETENCIA.
V. PROCEDIMIENTO.
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I. LA TUTELA PROCESAL CIVIL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
II. EL AMPARO CIVIL ORDINARIO.
III. EL PROCEDIMIENTO CIVIL ESPECIAL DE AMPARO.
IV. EL PROCEDIMIENTO CIVIL DE AMPARO DEL DERECHO AL HONOR, LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN.
V. EL PROCESO CIVIL DE AMPARO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN.
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I. LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA.
II. LA INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA.
III. LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA.
LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL
El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor» con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado.
Carece de pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un inmueble perteneciente al citado bufete.
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I. OBJETO.
II. COMPETENCIA.
III. LEGITIMACIÓN.
IV. SUCESIÓN PROCESAL.
V. PRESUPUESTOS ESPECÍFICOS DE LA DEMANDA.
VI. MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS.
VII. ACTIVIDAD PROBATORIA.
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I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETO LITIGIOSO.
III. LEGITIMACIÓN.
IV. COMPETENCIA.
V. PROCEDIMIENTO.
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I. CONCEPTO Y REGULACIÓN.
II. NATURALEZA.
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
IV. COMPETENCIA.
V. LEGITIMACIÓN.
VI. PROCEDIMIENTO.
VII. SENTENCIA Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
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I. LOS PROCESOS SUMARIOS.
II. LOS JUICIOS POSESORIOS Y ANÁLOGOS.
III. LOS PROCESOS SUMARIOS DE RETENER Y DE RECOBRAR.
IV. EL PROCESO SUMARIO DE OBRA NUEVA.
V. EL PROCESO SUMARIO DE OBRA RUINOSA.
VI. EL PROCESO SUMARIO DE RECUPERACIÓN DE LA PLENA POSESIÓN DE UNA VIVIENDA O PARTE DE ELLA.
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