Exigencia de motivación reforzada para denegar judicialmente la suspensión de la deuda tributaria que ha sido garantizada en la vía administrativa

🏠 ≡ Administrativo > Tributario

⚖ El Tribunal Supremo exige a los tribunales una motivación reforzada para denegar la suspensión de la deuda tributaria que ha sido garantizada en la vía administrativa

La sentencia introduce un matiz en la jurisprudencia precedente con miras a satisfacer en mayor medida la seguridad jurídica.

CGPJ
🗓️ 22-10-2025

⚖️ Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 2ª, 1.312/2025, de 20-10-2025, Ponente Excma. Sra. Dª. María de la Esperanza Córdoba Castroverde, ECLI:ES:TS:2025:4354

La sentencia trata de armonizar dos principios jurídicos de relevancia: de un lado, la potestad que ostentan los Tribunales de Instancia a la hora de resolver acerca de la suspensión de los actos de liquidación tributaria, derivada de la aplicación de los artículos 129 ss. LJCA, tarea que requiere una ponderación, por el Tribunal decisor, de los distintos y antagónicos intereses en juego, para dar prevalencia al más digno o necesitado de protección en cada caso; de otro lado, el derecho a la suspensión del que ha venido disfrutando el contribuyente y que deriva de la medida de suspensión ya acordada en la vía administrativa previa, en los casos en que la deuda está suficientemente garantizada, de un modo no discutido por las partes.

Se clarifica en esta Sentencia, la doctrina jurisprudencial referida a la suspensión cautelar en el ámbito tributario, que arranca de las remotas Sentencias del Pleno de la Sala Tercera de 7-3-2005 y 6-10-1998, sentando la siguiente jurisprudencia:

1.- Los Tribunales, en el ejercicio de su potestad cautelar para adoptar la decisión que corresponda según los artículos 129 ss. LJCA, han de valorar su precedencia conforme a los requisitos del artículo 130 LJCA y a los principios generales del ordenamiento tributario -seguridad jurídica y buena administración, entre otros-, sin que ello implique que el órgano judicial quede vinculado al juicio valorativo de la Administración tributaria, y ello aunque las circunstancias no hayan variado desde que se hizo tal valoración.

2.- No obstante, en la necesaria ponderación de los intereses en conflicto que debe hacer el órgano judicial, un indicio importante que habrá de ser valorado es la suspensión ex lege acordada en la vía económico-administrativa, sujeta a la aportación de garantía suficiente con extensión a la vía judicial, sin perjuicio de valorar otros indicios, como que la Administración no haya aportado prueba alguna de que la demora en el ingreso de esa deuda garantizada pueda suponer un riesgo para los intereses generales.

3.- Si el órgano jurisdiccional considera que, en todo caso, no es procedente la suspensión de la deuda tributaria que ha sido garantizada en vía administrativa, deberá reforzar la motivación para denegar la suspensión, razonando de modo suficiente por qué en el caso concreto esa medida suspensiva dispuesta por el legislador tributario, mediante aval, como es el caso, no es suficiente para acordar la suspensión en vía jurisdiccional.

De modo que no se desapodera a los órganos judiciales de sus facultades de valoración de las circunstancias concurrentes, pero convierte la suspensión ya acordada en un elemento privilegiado de ponderación de los intereses en conflicto, lo que requiere que el Tribunal competente que ha de resolver sobre las medidas cautelares, deba efectuar un razonamiento particular y específico para desactivar la medida de suspensión con garantía.

Valor procesal penal de los hallazgos investigadores en otros Estados miembros de la Unión Europea

🏠 ≡ Penal ≡ Procesal Penal ≡ Investigación Tecnológica

⚖ El Tribunal Supremo confirma las condenas a ocho miembros de una organización internacional de tráfico de drogas

En la investigación, se incorporaron como pruebas comunicaciones del sistema EncroChat interceptados por decisión judicial en Francia.

CGPJ
🗓️ 20-10-2025

⚖️ Sentencia del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 854/2025, de 24-5-2025, Ponente Excma. Sra. Dª. Ana María Ferrer García ECLI:ES:TS:2025:4526

La Sala analiza la validez y el valor probatorio de las conversaciones que las autoridades judiciales francesas obtuvieron de la plataforma EncroChat, llegadas a España a través de una Orden Europea de Investigación que formuló la Fiscalía Antidroga, y posteriormente incorporadas al procedimiento, habiéndose centrado las quejas de los recurrentes en la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones por proceder el material incautado de una actuación prospectiva, no autorizada judicialmente en España.

El análisis parte de la interpretación de la Directiva 2014/41, de la Orden Europea de Investigación en materia penal, conforme a su interpretación por Sentencia de la Gran Sala del TJUE de 30-4-2024.

Y destaca que el examen acerca de la licitud de la medida debe de recaer, no sobre la adoptada por las Autoridades de ejecución, sino sobre la que es objeto de la Orden Europea de Investigación, en este caso la incorporación a un procedimiento de información relevante obtenida en otro, posibilidad que faculta el art. 588 bis LECrim., que se remite al art. 579 bis, en el tratamiento de los hallazgos casuales. Así, la OEI «no perseguía una interceptación, sino adquirir los resultados documentados de actividades de investigación que la autoridad extranjera ya había llevado a cabo, con plena autonomía, en cumplimiento de su legislación. Por lo tanto, se puede y debe considerar, a falta de deducciones específicas diferentes, que la Autoridad Judicial francesa ha garantizado el cumplimiento de los requisitos legales del Estado de ejecución».

La sentencia rechaza a continuación la ilegitimidad de la injerencia, que los Tribunales franceses ya habían descartado. «Cierto es que el ámbito de operatividad de la medida acordada fue muy amplio, tanto que podríamos hablar de una injerencia masiva, lo que no quiere decir prospectiva. Y esta no lo fue en cuanto no solo se acomodó a la legislación nacional sobre una base normativa con sus propias especificidades, sino que estuvo sustentada en la existencia de indicios de la comisión de delitos graves, recabada en el curso de las previas investigaciones acometidas, y que la perfilaba como necesaria, con exclusión de otra medida menos gravosa».

Asimismo, el tribunal no aprecia que la OEI emitida respondiera a un intento de soslayar el ordenamiento interno español, ni en la recogida, ni en la transmisión de los datos, y destaca que el propio hecho de emitir una OEI es una garantía añadida de inicio, cuando se podía haber optado por otro mecanismo alternativo como, por ejemplo, el intercambio de información entre servicios policiales.

El Ministerio Fiscal y la Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado Penal. Circular 2/2025

🏠 ≡ Penal > Procesal Penal > Procedimiento Abreviado > Audiencia Preliminar, Juicio Oral y Sentencia

⚖️ Circular 2/2025, de 7 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la audiencia preliminar del procedimiento abreviado

1.- Consideraciones previas.

2.- La audiencia preliminar del procedimiento abreviado.

2.1.- Regulación.
2.2.- Convocatoria.
2.3.- Intervinientes.
2.4.- Consecuencias de la incomparecencia.
2.5.- Celebración y objeto.
2.6.- Aportación documental y nueva proposición de prueba.
2.7.- Resolución judicial de las cuestiones planteadas y posibles recursos.
2.8.- Documentación de la audiencia preliminar.

3.- El instituto de la conformidad.

3.1.- Momentos procesales para alcanzar una conformidad.
3.2.- Conformidad en la audiencia preliminar.
3.3.- Conformidades parciales.

4.- La audiencia a la víctima.

4.1.- Consideraciones preliminares.
4.2.- Concepto de víctima o perjudicado.
4.3.- Procedimientos con audiencia a la víctima.
4.4.- Carácter preceptivo o facultativo de la audiencia a la víctima.
4.5.- Efectos de las manifestaciones vertidas por la víctima.
4.6.- Citación a la víctima.
4.7.- Lugar y forma de practicar la audiencia a la víctima.
4.8.- Documentación de la audiencia a la víctima.
4.9.- Contenido de la audiencia a la víctima.

5.- Posibilidad de celebrar la audiencia preliminar en otros procedimientos.

6.- Derecho transitorio.

7.- Conclusiones.

1.ª Consideraciones previas.

La Ley Orgánica 1/2025 introduce, una vez superada la fase intermedia del procedimiento abreviado, la preceptiva celebración de una audiencia preliminar con la finalidad de preparar el juicio oral, decidir sobre la admisión de pruebas, depurar posibles defectos procesales y solventar aquellas cuestiones que impidieran su celebración o que pudieran determinar su suspensión; además, constituye un momento procesal en el que las partes pueden instar la finalización anticipada del proceso con el dictado de una sentencia de conformidad.

2.ª Regulación de la audiencia preliminar.

La audiencia preliminar se encuentra regulada en los artículos 785 y 786.1 y ha supuesto la reorganización de todo el capítulo V del título II del libro IV LECrim. (artículos 785 a 789), cuya rúbrica también se ha modificado: «De la audiencia preliminar, del juicio oral y de la sentencia».

Además, esa reorganización ha generado disfunciones en los reenvíos que otros preceptos de la LECrim. efectuaban a los anteriores artículos 785 a 787, lo que obligará a realizar las necesarias integraciones normativas.

3.ª Convocatoria.

La celebración de la audiencia preliminar deviene preceptiva para el órgano de enjuiciamiento, de manera que, una vez que las actuaciones se encuentren a su disposición, este será el primer trámite procesal a realizar, procediendo a su convocatoria en el plazo más breve posible.

4.ª Intervinientes. Consecuencias de la incomparecencia.

A la audiencia preliminar deberán ser citados, además del Ministerio Fiscal, las partes personadas y la persona acusada.

También se citará a las víctimas o perjudicados. Cuando se hallen personados en la causa como acusación particular así lo exige el artículo 785.1 LECrim. En caso contrario, su audiencia será preceptiva para alcanzar una conformidad.

La incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia preliminar, salvo la incomparecencia de la defensa, no implicará su suspensión con carácter general, aunque no podrá celebrarse en relación con aquellos aspectos que requieran su presencia, como alcanzar una conformidad.

Consecuencia de esa falta de asistencia será la imposibilidad de alegación de las cuestiones que son objeto de la audiencia preliminar. Por ello, al inicio de las sesiones del juicio oral no será posible efectuar alegaciones sobre competencia del órgano judicial, vulneración de derechos fundamentales, artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión del juicio oral o nulidad de actuaciones.

Excepcionalmente, cuando con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar se tuviera conocimiento de alguna de las cuestiones que conforman su objeto —y se trate de cuestiones de orden público, como puede ser la cosa juzgada—, podrán efectuarse al inicio de las sesiones de juicio oral determinadas alegaciones para que el órgano judicial pueda valorarlas.

Queda expedita la posibilidad de que el órgano judicial pueda apreciar de oficio en sentencia ciertas alegaciones propias de la audiencia preliminar, por tratarse de cuestiones de orden público (por ejemplo, la prescripción) o de cuestiones que requieran la práctica de prueba.

5.ª Celebración y objeto. Nueva proposición de prueba.

El Ministerio Fiscal y las partes podrán exponer en la audiencia preliminar lo que estimen oportuno acerca de las siguientes cuestiones (artículo 785.1 LECrim.):

– La posibilidad de conformidad de la persona o personas acusadas.

– La competencia del órgano judicial.

– La vulneración de algún derecho fundamental.

– La existencia de artículos de previo pronunciamiento.

– Las causas de suspensión del juicio oral.

– La nulidad de actuaciones.

– El contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas.

Igualmente, el Ministerio Fiscal y las partes podrán proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa.

En cuanto a la proposición de nueva prueba en la audiencia preliminar, se requiere que no hubiera sido conocida con carácter previo. En cambio, se permite la aportación de informes, certificaciones y otros documentos sin restricción temporal alguna.

Tanto respecto de la prueba propuesta en los escritos de acusación y defensa como de la que se proponga en la audiencia preliminar, el órgano de enjuiciamiento abrirá un turno de intervenciones para que el Ministerio Fiscal y las partes personadas se pronuncien sobre su contenido, finalidad, pertinencia o utilidad y, en su caso, sobre su eventual nulidad. En aras de salvaguardar el principio de contradicción que ha de regir la fase de juicio oral, los Fiscales promoverán que se dé audiencia a la contraparte para que manifieste lo que estime oportuno sobre las pruebas propuestas de contrario.

En las causas de especial complejidad o en aquellas en las que la prueba propuesta tenga un cierto volumen, los Fiscales harán constar en los extractos una breve indicación sobre la finalidad, pertinencia y utilidad de la prueba propuesta, al objeto de que el Fiscal que asista a la celebración de la audiencia preliminar pueda ofrecer al órgano de enjuiciamiento las explicaciones requeridas en orden a resolver sobre su admisión.

Las fases del iter procesal en las que resulta posible la proposición de prueba en el procedimiento abreviado se reconducen a los escritos de acusación y defensa (artículos 781 y 784 LECrim.), la audiencia preliminar (artículo 785.1.II LECrim.) y el comienzo de las sesiones del juicio oral (artículo 787.3 LECrim.). Por tanto, el carácter preclusivo que el legislador anuda a la audiencia preliminar se traduce en vedar al inicio del juicio oral la proposición de aquella prueba que se hubiera podido conocer en el momento de celebrarse la audiencia.

En aquellos supuestos en los que la prueba aportada de contrario sea de un cierto volumen o complejidad y que, por tanto, requiera de un análisis exhaustivo e, incluso, determine una rigurosa valoración sobre su impugnación o sobre la necesidad de proponer nueva prueba —documentación complementaria ex artículo 785.1.II LECrim–, los Fiscales interesarán la suspensión de la audiencia preliminar a los efectos señalados.

6.ª Resolución judicial de las cuestiones planteadas y posibles recursos.

La resolución del órgano de enjuiciamiento sobre las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar se adoptará, con carácter general, en el acto y de forma oral.

No obstante, si alguna de las cuestiones resultara especialmente compleja, podrá resolverse por medio de auto en el plazo de 🗓️ 10 días. Aunque la Ley no lo diga expresamente, si la cuestión requiriese la práctica de prueba, la resolución quedará postergada al momento de dictarse sentencia.

La resolución judicial que resuelva las cuestiones formuladas en la audiencia preliminar no será susceptible de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar protesta a fin de reproducir la cuestión, en su caso, en el recurso frente a la sentencia. Quedan a salvo aquellos supuestos en los que la resolución ponga fin al procedimiento (v. gr. cosa juzgada o prescripción), en cuyo caso podrá ser recurrida en apelación, en el plazo y con las formalidades prevenidas en los artículos 790 y ss. LECrim.

En caso de disconformidad con la decisión oral del órgano de enjuiciamiento, los Fiscales formularán protesta en la propia audiencia preliminar a efectos de ulterior recurso. De resolverse por medio de auto, formularán protesta al inicio de las sesiones de juicio oral.

7.ª Documentación de la audiencia preliminar.

En la carpetilla física o virtual los Fiscales dejarán constancia de la fecha, hora y lugar en que se ha procedido a celebrar la audiencia preliminar, así como de las principales cuestiones planteadas y/o resueltas durante la misma y que resulten relevantes para el juicio oral, debiendo constar entre ellas los términos del ofrecimiento de acuerdo realizado para alcanzar una conformidad.

8.ª La conformidad.

Las dos principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en el régimen de la conformidad consisten en la supresión del límite penológico para alcanzar una conformidad y la preceptiva audiencia previa a la víctima o perjudicado por parte del Ministerio Fiscal cuando se cumplan determinados parámetros.

A fin de contribuir a la eficiencia y agilidad del procedimiento penal a través de la nueva audiencia preliminar, los Fiscales que asistan a la celebración del juicio oral en ningún caso rebajarán el ofrecimiento penológico efectuado en la audiencia preliminar por el Ministerio Fiscal, cuando las circunstancias alegadas al inicio del plenario hubieran podido invocarse por la defensa en dicha audiencia preliminar.

Los Fiscales se abstendrán de suscribir conformidades parciales que supongan la finalización del procedimiento para algunas de las personas acusadas y su continuación para las restantes, a excepción de los supuestos de en los que concurran acusados en rebeldía o personas jurídicas, y sin perjuicio de la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales –que no conformidades–, los cuales determinarán la necesaria celebración del juicio oral.

9.ª La audiencia a la víctima.

A) Procedimientos aplicables.

La audiencia a la víctima por parte del Ministerio Fiscal constituye un requisito previo para alcanzar una conformidad en aquellos supuestos en los que resulte preceptiva conforme a los criterios marcados en la presente Circular y con independencia del tipo de procedimiento aplicable, con la salvedad del procedimiento por aceptación de decreto.

B) Intervinientes.

La audiencia se realizará a la persona física víctima del ilícito penal, quedando excluidas las personas jurídicas.

La audiencia se efectuará a los perjudicados en aquellos supuestos en los que el delito no tenga una víctima.

Cuando la víctima no fuera localizada o, debidamente citada, no compareciera, los Fiscales valorarán, en función del tipo de delito y las circunstancias concurrentes, si procede interesar la suspensión de la audiencia preliminar y efectuar una nueva citación de la víctima para garantizar su audiencia de manera efectiva.

Cuando la víctima esté personada en el procedimiento como acusación particular, su audiencia se entenderá cumplimentada con la participación de su representación letrada en el acto. No obstante, no existe óbice alguno para que los Fiscales, atendiendo y ponderando las circunstancias concretas del caso, procedan a dar audiencia a la víctima si así lo consideran necesario.

C) Carácter preceptivo de la audiencia a la víctima.

La audiencia a la víctima será preceptiva cuando la gravedad o trascendencia del hecho o la intensidad o la cuantía sean especialmente significativos.

Los Fiscales interpretarán tales conceptos conforme a los siguientes criterios:

La gravedad especialmente significativa será aquella que verse sobre un supuesto en el que la pena interesada exceda significativamente del límite de la prisión que determina la calificación como grave del delito objeto de acusación.

La trascendencia especialmente significativa comprenderá aquellos supuestos en los que, por las consecuencias que el delito hubiera provocado en la víctima, se generasen secuelas o daños morales más allá de los propios de padecer ese ilícito penal. Quedan comprendidos en este supuesto los tipos penales que, a título ejemplificativo, se concretan en el epígrafe 4.4.3 de la presente Circular.

La intensidad especialmente significativa hace referencia al impacto que el hecho delictivo haya tenido sobre la víctima, su repercusión, sin que ello implique necesariamente la existencia de secuelas en sentido estricto.

La cuantía especialmente significativa viene referida a la repercusión económica que el hecho delictivo ocasiona en la víctima. Esta especial significación se objetiva en la suma de 50.000 €.

Igualmente, será preceptiva la audiencia a la víctima en aquellos supuestos en los que, por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, situación inherente a la misma o creada por la persona acusada, se aprecie que aquella se encuentre en situación de especial vulnerabilidad al sufrir la conducta delictiva.

Cuanto se trate de personas menores de 14 años, la audiencia se realizará a las víctimas indirectas y/o representantes legales de los menores, salvo conflicto de intereses.

Cuando se trate de personas con discapacidad, la audiencia se realizará en las condiciones de accesibilidad y con los ajustes y adaptaciones de procedimiento que sean necesarios (artículo 7 bis 1 y 2 LEC y artículo 4 EVD). Todo ello al margen de lo dispuesto en el artículo 21 c) LEVD en cuanto a la posibilidad de que la víctima acuda acompañada de persona de su elección.

D) Efectos de las manifestaciones de la víctima.

Las manifestaciones de la víctima carecerán de carácter vinculante, aunque serán valoradas por los Fiscales al objeto de tomar una decisión sobre la procedencia de la conformidad, su alcance y efectos.

E) Citación a la víctima.

Los Fiscales interesarán en el escrito de acusación, por medio de otrosí, que la víctima sea citada a la audiencia preliminar por el órgano de enjuiciamiento.

Cuando sea preciso, en el mismo otrosí se instará la adopción de las adaptaciones y ajustes procesales que sean necesarios a fin de garantizar que la víctima comprende y es comprendida sobre el objeto de la comparecencia, incluyendo el acompañamiento de persona de su elección.

La audiencia a la víctima se practicará una vez que la persona acusada, asistida de su representación letrada, manifieste su voluntad de alcanzar una conformidad y se concreten sus términos.

Cuando la conformidad se negocie en el marco del protocolo de conformidades diseñado en la Instrucción de la FGE. núm. 2/2009, será la oficina fiscal la encargada de citar a la víctima.

F) Lugar y forma de practicarla.

La audiencia tendrá carácter reservado, por lo que únicamente estarán presentes la víctima y el Ministerio Fiscal, así como, en su caso, la persona que acompañe a aquella y/o le asista.

G) Documentación.

Cuando se realice la audiencia a la víctima, los Fiscales dejarán constancia de la misma en la carpetilla física o virtual.

En la nota que se confeccione se indicará la fecha, hora y lugar en que se ha procedido a dar audiencia a la víctima. Se consignarán de manera sucinta sus manifestaciones en relación con la propuesta de conformidad y, en su caso, los motivos que lleven al Fiscal actuante a acordar esa conformidad aun con la negativa de aquella.

H) Contenido.

El contenido de la audiencia se limitará a informar a la víctima del estado en que se encuentra el procedimiento, de la posibilidad de alcanzar una conformidad con la persona acusada y sus términos, de las consecuencias jurídicas que comporta y de los motivos por los que, en su caso, se estima adecuada, así como de que su parecer carecerá de carácter vinculante.

Inspección de Tribunales tras la Ley Orgánica 1/2025

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 11-2-2026

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO II. DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL [ 104 a 178 ]

TÍTULO III. Del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados [ 149 a 178 ]

CAPÍTULO V. De la inspección de los Juzgados y Tribunales [ 171 a 177 ]

LIBRO VIII. Del Consejo General del Poder Judicial [ 558 a 642 ]

TÍTULO V. De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial [ 611 a 628 ]

CAPÍTULO II. Los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en particular [ 612 a 620 ]

Sección 2.ª El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial [ 615 ]

INSPECCIÓN DE TRIBUNALES TRAS LA LO 1/2025

INTRODUCCIÓN

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COMISIÓN PERMANENTE DELCGPJ

OTROS INFORMES

CUESTIONARIO DE CALIDAD

PRESIDENTES DE TRIBUNALES Y AUDIENCIAS

APLICACIÓN

📕 Instrucción 1/2026, de 28 de enero, del Pleno del CGPJ, sobre la adaptación de la función de inspección de Tribunales al modelo organizativo de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

🗓️ Vigencia 31 de enero de 2026

📝 Colaboración de los LAJ y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la inspección de Tribunales

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Utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

📕 Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional

La presente instrucción será de aplicación a partir del día de su publicación en el BOE núm. 27, de 30-1-2026

Principios de utilización

Sistemas permitidos

Usos permitidos

Borradores de resoluciones

Usos no permitidos

Sistemas no permitidos

Protección de datos personales

Incumplimientos

Supervisión y control del CGPJ

Formación y capacitación

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Colaboración de los LAJ y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la inspección de Tribunales

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🗓️ Última revisión 6-2-2026

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO II. DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL [ 104 a 178 ]

TÍTULO III. Del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados [ 149 a 178 ]

CAPÍTULO V. De la inspección de los Juzgados y Tribunales [ 171 a 177 ]

LIBRO VIII. Del Consejo General del Poder Judicial [ 558 a 642 ]

TÍTULO V. De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial [ 611 a 628 ]

CAPÍTULO II. Los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en particular [ 612 a 620 ]

Sección 2.ª El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial [ 615 ]

COLABORACIÓN DE LOS LAJ Y EL PERSONAL EN LA INSPECCIÓN DE TRIBUNALES

Introducción

Interlocución con el Servicio de Inspección del CGPJ

Organización de la colaboración del personal

Seguimiento de las medidas de control, recomendaciones y propuestas de mejora

📕 Instrucción 1/2026, de 28 de enero, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la colaboración de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la inspección de Tribunales

🗓️ Vigencia 31-1-2026

📝 Inspección de Tribunales tras la Ley Orgánica 1/2025

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Eva R. de Luis
Xataka
🗓️ 7-2-2026

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La duración del permiso por nacimiento y cuidado de menor debe calcularse según la normativa vigente en la fecha de la sentencia que reconoce la paternidad

🏠 ≡ Social

⚖ El Tribunal Supremo establece criterio para calcular la prestación por nacimiento cuando la paternidad se reconoce posteriormente mediante sentencia

El Tribunal argumenta que aplicar la retroactividad en perjuicio del menor no tiene sentido, y que la protección debe empezar cuando se reconoce legalmente la relación paterno-filial.

CGPJ
🗓️ 8-10-2025

⚖️ Sentencia del Pleno de la Sala 4ª del Tribunal Supremo 831/2025, de 25-9-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moya, ECLI:ES:TS:2025:786

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo unifica doctrina y establece que, en estos casos, la duración del permiso por nacimiento y cuidado de menor debe calcularse según la normativa vigente en la fecha de la sentencia que reconoce la paternidad, y no en la del nacimiento. Así, el padre tendrá derecho a las semanas de permiso que correspondan según la ley en ese momento, reforzando la protección del menor y la igualdad de trato.

La pensión de viudedad de clases pasivas con dos personas beneficiarias debe pasar a cobrarse íntegra por una sola tras el fallecimiento de la otra

🏠 ≡ Administrativo ≡ Social

⚖ El Tribunal Supremo fija que la pensión de viudedad de clases pasivas con dos personas beneficiarias debe pasar a cobrarse íntegra por una sola tras el fallecimiento de la otra. Estima el recurso de una mujer a quien Hacienda denegó la revisión de la pensión de viudedad que tenía reconocida tras el fallecimiento de la mujer con la que se repartía el importe de la misma – CGPJ [ 1-10-2025 ]

⚖️ Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 3ª, 1.153/2025, de 19-9-2025, Ponente Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, ECLI:ES:TS:2025:4076

En coincidencia con doctrina de la Sala Social del Tribunal Supremo, se declara que no se trata propiamente de un supuesto de acrecimiento de la pensión puesto que «existe solamente una pensión que corresponde originaria e íntegramente a la cónyuge supérstite y que, solamente en casos de concurrencia con otros beneficiarios, debe distribuirse como contempla la norma. De esta manera, una vez producido el deceso de la cónyuge divorciada y, por ende, desaparecida la causa por la que el importe de la pensión no era satisfecho íntegramente a la viuda supérstite, el derecho de ésta se reestablece en su dimensión originaria».

La falta de una previsión regulatoria especifica en la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contemple el régimen jurídico aplicable a los supuestos de concurrencia de beneficiarios de la pensión de viudedad para el caso de fallecimiento sobrevenido de uno de los beneficiarios, no es óbice para fijar como doctrina que el artículo 38.2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado se interprete en un sentido integrador que permita cubrir la laguna normativa, «en consonancia con los artículos 9.2, 50 y 103.3 de la Constitución, de los que se infiere el principio de solidaridad social en la determinación de los derechos pasivos de los funcionarios jubilados o retirados, y conforme a los artículos 21 y 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan el derecho de las personas mayores a una vida digna e independiente».

De este modo, se fija como doctrina que «el artículo 38.2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, a la luz de lo dispuesto en los artículos 9.2, 50 y 103.3, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe ser interpretado en el sentido de que en los supuestos de concurrencia de beneficiarios del causante de derechos pasivos, tras extinguirse por fallecimiento el derecho a percibir la pensión de viudedad por parte del cónyuge divorciado del causante o del cónyuge actual, el beneficiario supérstite, que cumpla los requisitos exigidos en dicha disposición, recupera en toda su amplitud el derecho originario e íntegro de la cuantía de la pensión, y, en consecuencia, su derecho al cobro de la totalidad de la pensión de viudedad correspondiente».

Hacienda no puede practicar un tercer acto de liquidación tras dos declarados nulos

🏠 ≡ Administrativo > Tributario

⚖ El Tribunal Supremo rechaza que Hacienda tenga un ‘tercer tiro’ tras dos actos de liquidación anulados

“No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos”, señala el Tribunal

CGPJ
🗓️ 6-10-2025

⚖️ Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 2ª, 1.201/2025, de 29-9-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sanchís, ECLI:ES:TS:2025:4059

El Tribunal Supremo considera que tal proceder de la Administración -el dictado de terceras o sucesivas liquidaciones- no es correcto y desatiende reiterada jurisprudencia, que ahora se refuerza, a la vez que infringe varios principios jurídicos generales como los de buena fe, seguridad, eficacia y prohibición del abuso del derecho, entre otros.

2526 PEC PE 1.2 Asesinato en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y género y la atenuante de embriaguez

🏠 ≡ Penal > Penal Especial > PEC Penal Especial

SUPUESTO DE HECHO.

Probado y así se declara que Blas, español, mayor de edad, sin antecedentes penales, mantenía una relación de pareja estable, de unos veinte años de duración, con Casilda, en la que tuvieron dos hijos en común de 12 y 9 años, conviviendo, en los últimos tiempos, todos juntos en el mismo domicilio. El día 29/05/2022, desde el mediodía, Blas y Casilda, en unión de amigos y familiares, estuvieron recorriendo establecimientos de la localidad, bebiendo al menos el primero diversas consumiciones alcohólicas, que terminaron por afectar a sus capacidades volitivas y cognoscitivas. En dos ocasiones, Blas se ausentó del grupo para atender a las necesidades de los hijos menores, que se habían quedado solos en casa, regresando luego. Sobre las 2:00 horas del 30/05/2022, Blas y Casilda decidieron regresar a su domicilio en el automóvil Seat Ibiza, que condujo el primero. En esos momentos, comenzó una discusión entre ambos, por motivos que no constan. Al llegar a las inmediaciones de su domicilio, Blas paró el vehículo en la carretera, y actuando con total indiferencia hacia la integridad de la víctima, cualquiera que fuese el resultado, y como modo de expresar su pretensión de superioridad y dominio sobre la mujer, golpeó fuertemente varias veces a Casilda en la cara. No consta quién abrió la puerta del copiloto del vehículo, pero Casilda terminó caída sobre la calzada, en posición de decúbito supino, sangrando y sin moverse. Blas, salió del vehículo y se aproximó a ella, propinándole varias patadas en la cabeza, mientras le decía «defiéndete ahora». Tras lo cual, Blas subió otra vez al vehículo, y abandonó el lugar, dejando a Casilda tendida sobre la calzada, en mitad de la vía pública, en la misma posición que ocupaba. Nadie acudió en socorro de la víctima, que permaneció en esa posición hasta que, minutos después, se personó en el lugar una dotación de la Guardia Civil, quien dispuso lo necesario para su asistencia.

A consecuencia de estos hechos, Casilda sufrió severos traumatismos en la cara y en el cráneo, a saber, traumatismo cráneo encefálico grave, con hematoma peri orbitario izquierdo, hematoma parietal derecho, hemorragia subaracnoidea traumática, y daño axonal difuso grado II, traumatismo facial, con fractura de rama mandibular izquierda, fractura de la apófisis nasal del maxilar superior izquierdo, y fractura de los huesos propios nasales.

Casilda curó de sus heridas en 172 días, 9 de ellos de perjuicio personal muy grave, 23 de ellos de perjuicio grave y 140 días de perjuicio moderado. Precisó para su sanidad de tratamiento médico consistente en exploración diagnóstica clínica y radiológica, intubación orotraqueal, anestesia intravenosa, analgesia oral, subcutánea e intravenosa, ansiolítico oral, inhaladores y corticoides y collarín cervical. Le restan dos secuelas: alteración de funciones cerebrales superiores integradas de carácter leve y estrés postraumático moderado.

Por auto del Juzgado de fecha 01/06/2022 se acordó conceder una orden de protección a Casilda que, en sus aspectos penales, además de acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza de Blas, se le imponía a éste la prohibición de que se aproximara a las personas de Casilda y a los dos hijos comunes menores de edad, su domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudios y cualquier otro lugar en el que se encuentren a distancia inferior a los 500 metros así como la prohibición de comunicar con ellos por cualquier procedimiento.

El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el día 01/06/2022, habiendo sido detenido el día 30/05/2022 cuando se presentó voluntariamente sobre las 10:00 horas en el Cuartel de la Guardia Civil de A Coruña, sabiendo, por los familiares con los que contactó, que estaba identificado y buscado por los cuerpos policiales, por motivo de estos hechos.

CUESTIONES.

1.- DESCRIBA Y ARGUMENTE EL/LOS DELITO/S QUE SE HAYAN PODIDO COMETER EN EL PRESENTE SUPUESTO CON EL CÓDIGO PENAL VIGENTE (qué conductas son delictivas; qué delitos, naturaleza jurídica de los delitos, estructura de los mismos, etc).

2.- CALIFIQUE JURÍDICAMENTE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES QUE SE PUEDAN APRECIAR (grado de ejecución; concursos; circunstancias modificativas de la responsabilidad; penalidad, etc.)

RESOLUCIÓN.

⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 204/2025, de 4-3-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, ECLI:ES:TS:2025:1012

2526 PEC PE 1.1 Delito continuado de hurto menos grave en grado de tentativa, por la realización de una pluralidad de delitos leves consumados unos y en tentativa otros

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SUPUESTO DE HECHO.

Los acusados Jesús Carlos, mayor de edad y Agustina, también mayor de edad, y con carta de identidad rumana, puestos previamente de acuerdo y con unidad de propósito, guiados por la idea de obtener un ilícito beneficio, en la tarde del día 12 de noviembre de 2020, se dirigieron al Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo, en un vehículo BMW, modelo 520 D, de color gris, propiedad del acusado, el cual aparcaron en el parking de dicho centro comercial.

Una vez allí, acudieron primero al establecimiento comercial SPRINGFIELD y cogieron siete cazadoras a las que quitaron las respectivas etiquetas e inutilizaron los dispositivos de alarma, llevándoselas sin abonar su importe. Dichas prendas tenían (en conjunto) un precio de venta al público de 331,93 euros, llevándoselas al vehículo estacionado en el aparcamiento del centro comercial donde las guardaron en el maletero.

Inmediatamente, ambos acusados volvieron al interior del centro comercial y entraron en el establecimiento comercial SFERA, donde guiados por la misma idea de sustraer sin abonar su importe, cogieron tres prendas, con precio de venta al público de 359,96 euros (las tres), a las que quitaron el sistema de alarma. No obstante, no pudieron llevárselas al ser sorprendidos por empleados del establecimiento que avisaron al vigilante de seguridad.

Tanto las prendas recuperadas que estaban guardadas en el vehículo del acusado, de la marca SPRINGFIELD, como las prendas de SFERA interceptadas ulteriormente, ya no son susceptibles de ser puestas nuevamente a la venta al haber sufrido desperfectos al quitar los dispositivos de alarma.

El acusado Jesús Carlos fue condenado por Sentencia firme de fecha 15 de abril de 2019, dictada por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda, por un delito de Hurto, en grado de tentativa, a una pena de tres meses y dos días de prisión, estando aún pendiente de cumplimiento.

CUESTIONES.

2.- CALIFIQUE JURÍDICAMENTE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES QUE SE PUEDAN APRECIAR (grado de ejecución; concursos; circunstancias modificativas de la responsabilidad; penalidad, etc.)

RESOLUCIÓN.

⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 230/2025, de 12-3-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, ECLI:ES:TS:2025:1061

2526 PEC PC 1

🏠 ≡ Procesal Civil > PEC

SUPUESTO DE HECHO:

Se interpone demanda por Don A en la que solicita la condena del demandado Don B al pago de 18.735 euros. Funda su pretensión en el incumplimiento por parte del demandado de las obligaciones de pago derivadas del contrato de préstamo suscrito entre ambos. Admitida a trámite por Decreto, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, para que, en el término legal, compareciese en autos asistida de Abogado y representada por Procurador, y contestara a aquella.

Habiendo comparecido, no obstante, no procedió a la contestación a la demanda. Cumplido el trámite de contestación se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, llegado el día, al acto, comparecieron ambas partes, se solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

CUESTIONES:

1.ª ¿Qué consecuencias jurídicas produce que se comparezca y no se conteste a la demanda?; ¿Tiene las mismas consecuencias que no comparecer?

2.ª ¿Puede el demandado en la audiencia previa contestar a la demanda y aportar prueba?; ¿Cuál debe ser la respuesta del Juez?

3.ª Si la prueba propuesta es únicamente la documental aportada con la demanda (contrato de préstamo y recibos), ¿puede el Juez dictar sentencia estimatoria de la demanda?; ¿Podría dictar sentencia desestimatoria?

4.ª Si los autos quedan vistos para Sentencia en la audiencia previa, al existir solo prueba documental, ¿puede la parte demandada, a pesar de no haber contestado a la demanda, formular conclusiones finales?

5.ª ¿Cuál debe ser la sentencia que dicte el Juez?

DERECHO APLICABLE:

Artículos 216, 217, 265, 269 y 405 LECiv.

Cambio de situación administrativa en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 15-12-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]

CAPÍTULO VII. De la situación de los Jueces y Magistrados [ 348 a 369 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XI Situaciones administrativas [ 175 a 208 ]

CAPÍTULO I Disposiciones generales [ 175 ]
CAPÍTULO II Servicio activo [ 176, 177 ]
CAPÍTULO III Servicios especiales [ 178 a 180 ]
CAPÍTULO IV Excedencia voluntaria [ 181 a 185 ]
CAPÍTULO V Excedencia por razón de violencia sobre la mujer [ 186 ]
CAPÍTULO VI Suspensión de funciones [ 187 a 193 ]
CAPÍTULO VII Reingreso al servicio activo [ 194 a 203 ]
CAPÍTULO VIII Cambio de situación [ 204 a 208 ]

CAMBIO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

AUTOMATISMO [ 368, 204 ]

OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN [ 205 ]

REQUERIMIENTO Y ADVERTENCIA [ 206 ]

COMPETENCIA SOBRE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS [ 207 ]

COMPETENCIA SOBRE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN [ 208 ]

Páginas: 123456

Suspensión de funciones en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 10-12-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]

CAPÍTULO VII. De la situación de los Jueces y Magistrados [ 348 a 369 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XI Situaciones administrativas [ 175 a 208 ]

CAPÍTULO I Disposiciones generales [ 175 ]
CAPÍTULO II Servicio activo [ 176, 177 ]
CAPÍTULO III Servicios especiales [ 178 a 180 ]
CAPÍTULO IV Excedencia voluntaria [ 181 a 185 ]
CAPÍTULO V Excedencia por razón de violencia sobre la mujer [ 186 ]
CAPÍTULO VI Suspensión de funciones [ 187 a 193 ]
CAPÍTULO VII Reingreso al servicio activo [ 194 a 203 ]
CAPÍTULO VIII Cambio de situación [ 204 a 208 ]

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES [ 361 ] [ 187 ]

PROVISIONAL [ 362 a 364 ] [ 188 a 190 ]

SUPUESTOS [ 362.1 ]
DURACIÓN [ 362.2 ]
RETRIBUCIONES [ 363 ] [ 191 ]
TERMINACIÓN SIN RESPONSABILIDAD [ 364 ]
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO [ 188 ]
EXPEDIENTE DE JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD [ 189 ]
PROCEDIMIENTO PENAL [ 190 ]
SITUACIÓN DEL SUSTITUTO PROVISIONAL [ 176.5 ]

DEFINITIVA [ 365 a 367 ] [ 192.2 ]

SUPUESTOS [ 365.1 ] [ 193.1 ]
DURACIÓN Y DESTINO [ 365.2 ] [ 193.2 ]
ESTATUTO PERSONAL [ 365.3 y 4 ] [ 193.3 ]
↗️ REINGRESO [ 366, 367.2 ] [ 197, 198 ]

Páginas: 12345678910111213

Excedencia por violencia sobre la mujer en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 4-12-2025

Actualizado con Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

🗓️ Vigencia 23-1-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]

CAPÍTULO VII. De la situación de los Jueces y Magistrados [ 348 a 369 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XI Situaciones administrativas [ 175 a 208 ]

CAPÍTULO I Disposiciones generales [ 175 ]
CAPÍTULO II Servicio activo [ 176, 177 ]
CAPÍTULO III Servicios especiales [ 178 a 180 ]
CAPÍTULO IV Excedencia voluntaria [ 181 a 185 ]
CAPÍTULO V Excedencia por razón de violencia sobre la mujer [ 186 ]
CAPÍTULO VI Suspensión de funciones [ 187 a 193 ]
CAPÍTULO VII Reingreso al servicio activo [ 194 a 203 ]
CAPÍTULO VIII Cambio de situación [ 204 a 208 ]

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

REQUISITOS Y DURACIÓN [ 360 bis. 1 ] [ 186.1 ]

COMPETENCIA [ 186.2 ]

ESTATUTO PERSONAL [ 360 bis.2 ] [ 186.3 ]

RETRIBUCIONES [ 360 bis.3 ] [ 186.4 ]

↗️ REINGRESO [ 360 bis.4 ] [ 186.5 ]

Páginas: 12345

Ministerio Fiscal, Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia

🏠 ≡ Constitucional ~ Poder Judicial

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VII. Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia [ 541 a 557 ]

TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea [ 541 a 541 bis ]

MINISTERIO FISCAL [ 541 ]
FISCALÍA EUROPEA [ 541 bis ]

TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales [ 542 a 546 ]

ABOGADOS [ 542 ]
PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES [ 543 ]
JURAMENTO Y COLEGIACIÓN [ 544 ]
DESIGNACIÓN [ 545.1 y 3 ]
GRADUADOS SOCIALES [ 545.2 ]
PODERES PÚBLICOS [ 546.1 ]
RESPONSABILIDADES PROFESIONALES [ 546.2 y 3 ]

TÍTULO III. De la Policía Judicial [ 547 a 550 ]

AUXILIO POLICIAL INTEGRAL [ 547 ]
DEPENDENCIA FUNCIONAL [ 548 ]
FUNCIONES [ 549 ]
INVESTIGACIÓN PENAL [ 550 ]

TÍTULO IV. De la representación y defensa del Estado y demás entes públicos [ 551 ]

TÍTULO V. De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas [ 552 a 557 ]

INCUMPLIMIENTOS LEGALES DE ABOGADOS Y PROCURADORES [ 552 ]
INFRACCIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES POR SU ACTUACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES [ 553 ]
SANCIONES A ABOGADOS Y PROCURADORES [ 554 ]
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR [ 555 ]
RECURSOS [ 556 ]
CORRECCIONES SECTORIALES [ 557 ]

Excedencia voluntaria en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 2-12-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]

CAPÍTULO VII. De la situación de los Jueces y Magistrados [ 348 a 369 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XI Situaciones administrativas [ 175 a 208 ]

CAPÍTULO I Disposiciones generales [ 175 ]
CAPÍTULO II Servicio activo [ 176, 177 ]
CAPÍTULO III Servicios especiales [ 178 a 180 ]
CAPÍTULO IV Excedencia voluntaria [ 181 a 185 ]
CAPÍTULO V Excedencia por razón de violencia sobre la mujer [ 186 ]
CAPÍTULO VI Suspensión de funciones [ 187 a 193 ]
CAPÍTULO VII Reingreso al servicio activo [ 194 a 203 ]
CAPÍTULO VIII Cambio de situación [ 204 a 208 ]

EXCEDENCIA VOLUNTARIA

JUECES Y MAGISTRADOS

PERIODO DE ESPERA [ 181.4 ]
ACTIVO EN OTRA ADMINISTRACIÓN [ 356 a) b) ] [ 181.1 a) y b) ]
- ↗️ REINGRESO [ 356 b) ] [ 181.3 ]
INTERÉS PARTICULAR [ 356 c) ] [ 181.1 c), 183 ]
CUIDADO DE FAMILIARES [ 356 d) y e) ] [ 181.1 d) y e), 182 ]
- ↗️ REINGRESO [ 196.3 ]
CANDIDATURA POLÍTICA [ 356 f) ] [ 181.1 f), 184.1, 196.1, 2 y 4 ]
- ↗️ REINGRESO [ 358.3 ] [ 184.1, 196.1, 2 y 4 ]
DESEMPEÑO DE CARGO POLÍTICO [ 356 g) ] [ 181.1 f), 184.2 y 3 ]
- ↗️ REINGRESO [ 360 ]

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO [ 357 ]

ESTATUTO PERSONAL [ 358, 185 ]

EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INAPTITUD PARA EL REINGRESO [ 181.2 ]

Páginas: 12345678910

Servicios especiales en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 28-11-2025

Actualizado con Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

🗓️ Vigencia 23-1-2025

🆕 Art. 351 d) y 355 bis 1 y 2  LOPJ

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]

CAPÍTULO VII. De la situación de los Jueces y Magistrados [ 348 a 369 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XI Situaciones administrativas [ 175 a 208 ]

CAPÍTULO I Disposiciones generales [ 175 ]
CAPÍTULO II Servicio activo [ 176, 177 ]
CAPÍTULO III Servicios especiales [ 178 a 180 ]
CAPÍTULO IV Excedencia voluntaria [ 181 a 185 ]
CAPÍTULO V Excedencia por razón de violencia sobre la mujer [ 186 ]
CAPÍTULO VI Suspensión de funciones [ 187 a 193 ]
CAPÍTULO VII Reingreso al servicio activo [ 194 a 203 ]
CAPÍTULO VIII Cambio de situación [ 204 a 208 ]

SERVICIOS ESPECIALES

DE JUECES Y MAGISTRADOS [ 351 ] [ 178.1, 4 y 5 ]

DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO [ 352 ] [ 178.3 ]

DECLARACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES [ 353 ] [ 178.2 ]

DERECHOS EN SERVICIOS ESPECIALES [ 354 ] [ 179.1 ]

↗️ REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO [ 355 ] [ 180 ]

COBERTURA DE DESTINOS CON TITULARES EN SERVICIOS ESPECIALES [ 355 bis ] [ 179.2 ]

Páginas: 123456

Servicio activo en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 27-11-2025

Actualizado con Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

🗓️ Vigencia 23-1-2025

🆕 Art. 350.1 LOPJ

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]

CAPÍTULO VII. De la situación de los Jueces y Magistrados [ 348 a 369 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XI Situaciones administrativas [ 175 a 208 ]

CAPÍTULO I Disposiciones generales [ 175 ]
CAPÍTULO II Servicio activo [ 176, 177 ]
CAPÍTULO III Servicios especiales [ 178 a 180 ]
CAPÍTULO IV Excedencia voluntaria [ 181 a 185 ]
CAPÍTULO V Excedencia por razón de violencia sobre la mujer [ 186 ]
CAPÍTULO VI Suspensión de funciones [ 187 a 193 ]
CAPÍTULO VII Reingreso al servicio activo [ 194 a 203 ]
CAPÍTULO VIII Cambio de situación [ 204 a 208 ]

SERVICIO ACTIVO

SITUACIÓN DE SERVICIO ACTIVO [ 349.1 ] [ 176.1, 2 ]

SUPRESIÓN DE LA PLAZA SERVIDA [ 349.2 ] [ 176.3 ]

COMISIONES DE SERVICIO [ 350 ] [ 177 ]

Páginas: 1234

Policía de estrados

🏠 ≡ Constitucional ~ Poder Judicial

🗓️ Última revisión 26-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VII. Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia [ 541 a 557 ]

TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea [ 541 a 541 bis ]
TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales [ 542 a 546 ]
TÍTULO III. De la Policía Judicial [ 547 a 550 ]
TÍTULO IV. De la representación y defensa del Estado y demás entes públicos [ 551 ]
TÍTULO V. De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas [ 552 a 557 ]

POLICÍA DE ESTRADOS

INCUMPLIMIENTOS LEGALES DE ABOGADOS Y PROCURADORES [ 552 ]

INFRACCIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES POR SU ACTUACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES [ 553 ]

SANCIONES A ABOGADOS Y PROCURADORES [ 554 ]

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR [ 555 ]

RECURSOS [ 556 ]

CORRECCIONES SECTORIALES [ 557 ]

Páginas: 1234567

Disposiciones generales a las situaciones administrativas en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Situaciones profesionales en la Carrera Judicial

🗓️ Última revisión 25-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]

CAPÍTULO VII. De la situación de los Jueces y Magistrados [ 348 a 369 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XI Situaciones administrativas [ 175 a 208 ]

CAPÍTULO I Disposiciones generales [ 175 ]
CAPÍTULO II Servicio activo [ 176, 177 ]
CAPÍTULO III Servicios especiales [ 178 a 180 ]
CAPÍTULO IV Excedencia voluntaria [ 181 a 185 ]
CAPÍTULO V Excedencia por razón de violencia sobre la mujer [ 186 ]
CAPÍTULO VI Suspensión de funciones [ 187 a 193 ]
CAPÍTULO VII Reingreso al servicio activo [ 194 a 203 ]
CAPÍTULO VIII Cambio de situación [ 204 a 208 ]

DISPOSICIONES GENERALES

SITUACIONES [ 348 ] [ 175 ]

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO [ 348 bis ]

Páginas: 123

Representación y defensa del Estado y demás entes públicos

🏠 ≡ Constitucional ~ Poder Judicial

🗓️ Última revisión 24-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VII. Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia [ 541 a 557 ]

TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea [ 541 a 541 bis ]
TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales [ 542 a 546 ]
TÍTULO III. De la Policía Judicial [ 547 a 550 ]
TÍTULO IV. De la representación y defensa del Estado y demás entes públicos [ 551 ]
TÍTULO V. De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas [ 552 a 557 ]

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL ESTADO Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS.

📕 Art. 551 LOPJ

1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo.

La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.

2. La representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas corresponderá a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales respectivas.

3. La representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.

Expresiones odiosas y delito de odio en el debate político

🏠 ≡ Penal > Penal Especial > Delitos contra la Constitución > Delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas > Delito de odio

⚖ El Tribunal Supremo inadmite una querella del PSOE contra el diputado de VOX Santiago Abascal por delito de odio, injurias y amenazas. El tribunal explica por qué no todo lo que puede considerarse inaceptable en términos discursivos y expresivos es penalmente relevante – CGPJ [ 17-9-2025 ]

⚖️ Auto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 21.838/2025, de 24-5-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Javier Hernández García, ECLI:ES:TS:2025:8037A

El auto analiza la manifestación en un periódico argentino que indicaba que habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez.

Para medir la tasa exigida de lesividad penal, la Sala analiza los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional respecto a expresiones de odio e indica que se deben tener en cuenta aspectos como la capacidad de quien profiere esas expresiones para producir consecuencias perjudiciales, el contexto en el que se emiten, el medio utilizado, o las condiciones de los destinatarios.

En relación con las manifestaciones del querellado, el Tribunal indica que pese a los indicadores de confrontación presentes en nuestra realidad sociopolítica y sus proyecciones que, en forma de protestas y concentraciones ante la sede del partido querellante se describen en la querella, «no resulta posible trazar un pronóstico de que la conducta expresiva del querellado haya generado un riesgo significativo de grave afectación de las bases de la convivencia pacífica o del estatuto de ciudadanía del que son titulares el Presidente del Gobierno y los militantes del Partido Socialista».

Además, «no parece compatible con los propios fundamentos del pluralismo político que puedan oponerse límites penales a los discursos de los representantes públicos electos que, aun en términos descarnados o exagerados, pretendan cuestionar y deslegitimar, desde la oposición, la gestión política del Gobierno y de su Presidente».

El odio es precursor del peligro, pero «su expresión no consume por sí y sin ninguna otra consideración el resultado de peligro abstracto, pero real», exigido por el artículo 510 del Código Penal. «La reacción penal no puede activarse porque el discurso produzca o refuerce sentimientos de aversión frente al oponente político. Exige, indeclinablemente, la tasa de lesividad reclamada por el tipo». Sin esta, «se correría el inasumible riesgo en una sociedad democrática de excluir del debate público, mediante la aplicación, además, de la norma penal, el discurso extremadamente adverso solo porque pueda estimular, entre los destinatarios, sentimientos de profundo rechazo del adversario político».

En democracias avanzadas, «los discursos de confrontación entre las fuerzas políticas democráticas, aunque contengan expresiones odiosas, forman parte del espacio del debate público, mereciendo, por ello, protección constitucional. Competiéndoles a dichas fuerzas, y no a los Tribunales mediante la aplicación de la norma penal, ofrecer a la ciudadanía aquellas razones y propuestas que permitan mitigar o neutralizar la indeseable lógica schmittiana» (amigo-enemigo) «que, parece, está enmarcando el clima político».

«Cuando las conductas expresivas de los representantes electos se producen en el contexto del debate político y giran sobre la crítica a la gestión del Gobierno de los asuntos de interés general o a las propuestas de gestión que puedan hacerse desde la oposición, resulta extremadamente arriesgado que la norma penal intervenga, a modo de norma de flanqueo, para mitigar los indicadores de hostilidad entre los adversarios políticos que puedan derivarse».

No se aprecia, desde los límites de tipicidad, que el querellado al realizar esa afirmación, referida al presidente del Gobierno, «o valorando a este en los términos morales que se recogen en la querella o calificando la gestión política del Gobierno como un mecanismo de abolición del Estado de Derecho, de asalto de la Constitución, de supresión del Poder Judicial, esté promoviendo, fomentando o incitando a la violencia contra el Presidente del Gobierno y el Partido Socialista en los términos que reclama la intervención penal».

Tampoco se aprecia infracción penal contra el honor ya que las expresiones descalificatorias del presidente del Gobierno que se afirman empleadas por el querellado «se producen en un contexto de debate político, fuertemente protegidas, por tanto, por los derechos a la libertad de expresión y a la participación política de un cargo representativo democráticamente escogido. Como, reiteradamente, ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 10.2 de la Convención deja poco margen para las restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso político o del debate sobre cuestiones de interés general».

Finalmente, cabe recordar que cuanto la persona destinataria de las críticas o descalificaciones ostenta responsabilidades públicas, «los márgenes de la crítica admisible son mucho más amplios que si el destinatario fuera un particular».

Policía Judicial

🏠 ≡ Constitucional ~ Poder Judicial

🗓️ Última revisión 19-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VII. Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia [ 541 a 557 ]

TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea [ 541 a 541 bis ]
TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales [ 542 a 546 ]
TÍTULO III. De la Policía Judicial [ 547 a 550 ]
TÍTULO IV. De la representación y defensa del Estado y demás entes públicos [ 551 ]
TÍTULO V. De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas [ 552 a 557 ]

POLICÍA JUDICIAL

AUXILIO POLICIAL INTEGRAL [ 547 ]

DEPENDENCIA FUNCIONAL [ 548 ]

FUNCIONES [ 549 ]

INVESTIGACIÓN PENAL [ 550 ]

📕 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

📕 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial

Páginas: 12345

La cuantía de la eventual multa imponible como condena penal, no es afianzable

🏠 ≡ Penal ≡ Penal General ≡ Sistema de Penas ≡ Multa ≡ Responsabilidad Civil derivada del delito

⚖️ Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Constitucional 69/2023, de 19-6-2023, Ponente Excmo. Sr. D. César Tolosa Triviño, ECLI:ES:TC:2023:69

FJ 3. Examen de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) que se atribuye a las resoluciones impugnadas. Desde la STC 108/1984, de 26 de noviembre, venimos afirmando que el derecho a la presunción de inocencia «es compatible con la aplicación de medidas cautelares siempre que se adopten por resolución fundada en Derecho, que cuando no es reglada ha de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, pues una medida desproporcionada o irrazonable no sería propiamente cautelar, sino que tendría un carácter punitivo en cuanto al exceso» [FJ 2.b), véase también el ATC 1340/1987, de 9 de diciembre, FJ 1].

Asimismo nos hemos manifestado en cuanto a la exclusión de la anticipación de la pena entre los fines constitucionalmente admisibles de la tutela cautelar, si bien respecto de la imposición de la prisión provisional [SSTC 57/2008, de 28 de abril, FJ 5; 140/2012, de 2 de julio, FJ 2; 30/2019, FJ 3 c), o 5/2020, de 15 de enero, FJ 11].

En las presentes actuaciones el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Huesca acordó la prestación de una fianza por parte del recurrente (y el otro coencausado), «teniendo en cuenta las acusaciones formuladas y sin perjuicio del resultado final del juicio oral», como uno de los pronunciamientos incluidos en el auto de apertura del juicio oral, en los términos previstos en los artículos 783.2 y 589 LECrim.

La fianza es una medida cautelar de carácter real cuyo objetivo es «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que puedan ser declaradas en la sentencia por la que se ponga fin al proceso, según consta en el último de los preceptos citados. No obstante, la Ley de enjuiciamiento criminal no aclara en ningún momento qué ha de entenderse por tales «responsabilidades pecuniarias». El Código penal recoge dicha expresión en el título V del capítulo IV del libro primero, que se rubrica «Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias», constando en el artículo 126 un determinado orden de prelación de pago de las mismas, abarcando la reparación del daño e indemnización de los perjuicios, el importe de los gastos causados al Estado, las costas y la multa. Precisamente, a este precepto se remite la instructora para justificar que dichas responsabilidades pecuniarias engloban la pena de multa.

La propia Fiscalía General del Estado, en su Circular 4/2010, de 30 de diciembre, sobre las funciones del fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal, avaló esa misma lectura.

Sin embargo, lo cierto es que existen significativas diferencias entre la multa y el resto de partidas que, de acuerdo con esa interpretación, quedarían comprendidas dentro del concepto de responsabilidades pecuniarias a asegurar mediante la prestación de una fianza o el embargo de los bienes del encausado, que nos llevarán a concluir que la inclusión de la cuantía de la multa, lejos de satisfacer una finalidad cautelar, como las otras, comporta una pena anticipada proscrita por este tribunal (STC 217/2001, de 29 de octubre, FJ 5; ATC 1340/1987, de 9 de diciembre, FJ 2) y que como tal vulnera el derecho a la presunción de inocencia del demandante de amparo (art. 24.2 CE).

En primer lugar, por cuanto los otros componentes comparten una naturaleza resarcitoria o indemnizatoria tanto de los daños y perjuicios causados por los hechos como de los gastos indirectos soportados por el perjudicado a raíz del ejercicio de las acciones penales. En otras palabras, son consecuencia de la responsabilidad civil en que habría incurrido el encausado. Por el contrario, la multa tiene el carácter punitivo propio de cualquier pena, cuyo abono se impone al condenado en el proceso como sanción por la comisión de un delito del que se deriva una responsabilidad penal, si bien, conviene destacar, que en el momento de acordar la fianza aún no se ha resuelto dicho juicio de culpabilidad.

En segundo lugar, con la salvedad de la multa, dichas partidas, como medidas cautelares, participan de la misma finalidad asegurativa de las responsabilidades civiles a declarar en la sentencia, siendo pues instrumentales del buen fin del proceso. No así la multa, que como cualquier otra pena cumple una finalidad retributiva, rehabilitadora y de prevención, sin que la efectividad de la hipotética sentencia de condena requiera, en modo alguno, de su aseguramiento.

En tercer lugar, íntimamente relacionado con lo anterior, precisamente la existencia de diversas situaciones alternativas al cumplimiento in natura de la pena de multa torna intrascendente uno de los presupuestos característicos de las medidas cautelares, que sí cumplen las otras partidas, la existencia del periculum in mora, pues en el caso de no hacerse efectiva en dinero podrá sustituirse por otras formas de ejecución. Al contrario de lo que sucede con las responsabilidades civiles, stricto sensu, esta circunstancia no se acomoda a la remisión a «las normas sobre contenido, presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de enjuiciamiento civil», que se efectúa para el caso de adopción de tales medidas para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en el artículo 764.2 LECrim.

De donde, al abarcar la cuantía de la multa solicitada como pena por las partes entre las partidas comprendidas en la fianza, tan solo podría pretenderse garantizar el cumplimiento de la pena de multa como sanción pecuniaria, en dinero, cuando aún no se ha celebrado un juicio con todas las garantías en que se declare la culpabilidad del acusado del delito de que se le acusa, pues, no podemos obviar que se adopta sobre la base de meros indicios antes del plenario, con ocasión del auto por el que se declara la apertura del juicio oral. Semejante interpretación del artículo 589, en relación con el 783.2, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seguida por la instructor supone una anticipación de pena, por cuanto equipara a acusado y culpable, en el caso de autos, respecto de la comisión de un delito de desobediencia, toda vez que avanza los efectos jurídicos de una, tan solo eventual, sentencia condenatoria.

Una interpretación que, en resumidas cuentas, vulnera la doctrina de este Tribunal relativa a la presunción de inocencia, recordada muy recientemente en la STC 28/2020, de 24 de febrero, FJ 3, con cita del fundamento jurídico 4 de la STC 133/2018, de 13 de diciembre, al declarar que este principio «comprende el derecho a recibir “la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogo a estos sin previa resolución dictada por el poder público u órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo (SSTC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1; 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, FJ 3, y 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2)”».

Este Tribunal considera que la instructora, al ponderar la posible condena del acusado para fijar el importe de la fianza, cuantificando esta en atención a la pena de multa interesada por la acusación particular, cuyo pago obliga a adelantar al acusado causando una restricción temporal de poder de disposición de ese último sobre sus bienes, anticipa una pena que no ha sido declarada en sentencia y vulnera, de este modo, la presunción de inocencia del recurrente.

Abogados, Procuradores y Graduados Sociales

🏠 ≡ Constitucional ~ Poder Judicial

🗓️ Última revisión 17-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VII. Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia [ 541 a 557 ]

TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea [ 541 a 541 bis ]
TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales [ 542 a 546 ]
TÍTULO III. De la Policía Judicial [ 547 a 550 ]
TÍTULO IV. De la representación y defensa del Estado y demás entes públicos [ 551 ]
TÍTULO V. De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas [ 552 a 557 ]

ABOGADOS, PROCURADORES Y GRADUADOS SOCIALES

ABOGADOS [ 542 ]

PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES [ 543 ]

JURAMENTO Y COLEGIACIÓN [ 544 ]

DESIGNACIÓN [ 545.1 y 3 ]

GRADUADOS SOCIALES [ 545.2 ]

PODERES PÚBLICOS [ 546.1 ]

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES [ 546.2 y 3 ]

Páginas: 12345678

Licencias por razones familiares y de conciliación en la Carrera Judicial

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🗓️ Última revisión 13-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]
- CAPÍTULO VIII. De las licencias y permisos [ 370 a 377 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XII Licencias y permisos [ 209 a 245 ]

CAPÍTULO I Permisos [ 209 a 216 ]
CAPÍTULO II Licencias por razón de matrimonio [ 217 a 226 ]
CAPÍTULO IV Licencias por enfermedad [ 227 a 230 ]
CAPÍTULO V Licencias para realizar estudios [ 231 a 235 ]
CAPÍTULO VI Licencias por asuntos propios [ 236 ]
CAPÍTULO VII Licencias extraordinarias [ 237 a 240 ]
CAPÍTULO VIII Disposiciones comunes [ 241 a 245 ]

LICENCIAS FAMILIARES Y DE CONCILIACIÓN

MATRIMONIO [ 373.1 ] [ 217, 222 ]

MATERNIDAD [ 373.2 ] [ 218, 222 ]

PATERNIDAD [ 373.6 ] [ 221, 222 ]

ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO [ 219, 220, 222 ]

FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE DE FAMILIAR [ 373.5 ]

CONCILIACIÓN [ 223 ]

REDUCCIONES DE JORNADA [ 224, 226.2 ]

JUEZAS O MAGISTRADAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER [ 225 ]

AUTORIDAD COMPETENTE [ 226.1 ]

RETRIBUCIONES [ 226.3 ]

FORMACIÓN CONTINUA [ 226.4 ]

Páginas: 123456789101112

Secretarías de Gobierno

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 12-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO II. DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL [104 a 178 ]

TÍTULO III. Del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados [ 149 a 178 ]

📕 Art. 178 LOPJ

1. En el

▪️ Tribunal Supremo,
▪️ Audiencia Nacional y
▪️ Tribunales Superiores de Justicia

existirá una Secretaría de Gobierno, dependiente del Secretario de Gobierno respectivo, que estará auxiliado por el personal al servicio de la Administración de Justicia que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo.

2. En estos Tribunales podrá existir, además, un Vicesecretario de Gobierno.

Disposiciones comunes a las licencias y permisos en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 11-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]
- CAPÍTULO VIII. De las licencias y permisos [ 370 a 377 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XII Licencias y permisos [ 209 a 245 ]

CAPÍTULO I Permisos [ 209 a 216 ]
CAPÍTULO II Licencias por razón de matrimonio [ 217 a 226 ]
CAPÍTULO IV Licencias por enfermedad [ 227 a 230 ]
CAPÍTULO V Licencias para realizar estudios [ 231 a 235 ]
CAPÍTULO VI Licencias por asuntos propios [ 236 ]
CAPÍTULO VII Licencias extraordinarias [ 237 a 240 ]
CAPÍTULO VIII Disposiciones comunes [ 241 a 245 ]

DISPOSICIONES COMUNES A LICENCIAS Y PERMISOS

MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO [ 373.7 ]

DESARROLLO REGLAMENTARIO [ 377 ]

INICIO DE DISFRUTE [ 241 ]

CONTROL GUBERNATIVO [ 242 ]

SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN [ 376 ] [ 243 ]

SOLICITUD URGENTE [ 244 ]

TRASLADOS Y PROMOCIÓN [ 245 ]

Páginas: 12345678

Ministerio Fiscal y Fiscalía Europea

🏠 ≡ Constitucional ~ Poder Judicial

🗓️ Última revisión 10-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VII. Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia [ 541 a 557 ]

TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea [ 541 a 541 bis ]
TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales [ 542 a 546 ]
TÍTULO III. De la Policía Judicial [ 547 a 550 ]
TÍTULO IV. De la representación y defensa del Estado y demás entes públicos [ 551 ]
TÍTULO V. De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas [ 552 a 557 ]

MINISTERIO FISCAL Y FISCALÍA EUROPEA

MINISTERIO FISCAL [ 541 ]

FISCALÍA EUROPEA [ 541 bis ]

Páginas: 123

Licencias extraordinarias en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 6-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]
- CAPÍTULO VIII. De las licencias y permisos [ 370 a 377 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XII Licencias y permisos [ 209 a 245 ]

CAPÍTULO I Permisos [ 209 a 216 ]
CAPÍTULO II Licencias por razón de matrimonio [ 217 a 226 ]
CAPÍTULO IV Licencias por enfermedad [ 227 a 230 ]
CAPÍTULO V Licencias para realizar estudios [ 231 a 235 ]
CAPÍTULO VI Licencias por asuntos propios [ 236 ]
CAPÍTULO VII Licencias extraordinarias [ 237 a 240 ]
CAPÍTULO VIII Disposiciones comunes [ 241 a 245 ]

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER PÚBLICO [ 216 ]

C U RSOS DE SELECCIÓN O PRÁCTICAS [ 237 ]

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS [ 238 ]

CANDIDATURAS A SALAS DE GOBIERNO [ 239 ]

COMPROMISARIOS MUGEJU [ 240 ]

Páginas: 123456

Presentación y proclamación de candidatos en elecciones

🏠 ≡ Constitucional ~ Régimen Electoral

🗓️ Última revisión 5-11-2025

📑 LOREG

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo [ 2 a 153 ]

CAPÍTULO VI. Procedimiento electoral [ 43 a 120 ]

Sección I. Representantes de las candidaturas ante la Administración electoral [ 43 ]
Sección II. Presentación y proclamación de candidatos [ 44 a 48 ]
Sección III. Recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos [ 49 ]
Sección IV. Disposiciones generales sobre la campaña electoral [ 50 a 52 ]
Sección V. Propaganda y actos de campaña electoral [ 53 a 58 bis ]
Sección 6.ª Utilización de medios de comunicación para la campaña electoral [ 59 a 67 ]
Sección VII. Derecho de rectificación [ 68 ]
Sección VIII. Encuestas electorales [ 69 ]
Sección IX. Papeletas y sobres electorales [ 70, 71 ]
Sección X. Voto por correspondencia [ 72 a 75 ]
Sección XI. Apoderados e interventores [ 76 a 79 ]
Sección XII. Constitución de las Mesas Electorales [ 80 a 83 ]
Sección XIII. Votación [ 84 a 94 ]
Sección XIV. Escrutinio en las Mesas electorales [ 95 a 102 ]
Sección XV. Escrutinio general [ 103 a 108 ]
Sección XVI. Contencioso electoral [ 109 a 117 ]
Sección XVII. Reglas generales de procedimiento en materia electoral [ 118 a 120 ]

PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS [ 44 ]

PARIDAD [ 44 bis ]

PLAZO [ 45 ]

DOCUMENTACIÓN [ 46 ]

PUBLICACIÓN [ 47 ]

MODIFICACIÓN Y BAJAS [ 48 ]

Páginas: 1234567

Licencias por asuntos propios en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 4-11-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]
- CAPÍTULO VIII. De las licencias y permisos [ 370 a 377 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XII Licencias y permisos [ 209 a 245 ]

CAPÍTULO I Permisos [ 209 a 216 ]
CAPÍTULO II Licencias por razón de matrimonio [ 217 a 226 ]
CAPÍTULO IV Licencias por enfermedad [ 227 a 230 ]
CAPÍTULO V Licencias para realizar estudios [ 231 a 235 ]
CAPÍTULO VI Licencias por asuntos propios [ 236 ]
CAPÍTULO VII Licencias extraordinarias [ 237 a 240 ]
CAPÍTULO VIII Disposiciones comunes [ 241 a 245 ]

LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS

📕 Art. 236 Reglamento de la Carrera Judicial

1. Podrá concederse licencia por asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de 🗓️ 3 meses cada 2 años.

2. Cuando quede debidamente acreditado que las condiciones de especial dificultad en que se ejerce jurisdicción puedan llegar a afectar gravemente a la situación personal del Juez o Magistrado, el Consejo General del Poder Judicial podrá conceder licencia con derecho a retribución.

En este caso, la duración máxima de la licencia será de 🗓️ 15 días hábiles anuales, susceptibles de ser distribuidos en períodos no inferiores a 🗓️ 5 días hábiles.

3. La solicitud de licencia por asuntos propios se elevará al Consejo General del Poder Judicial por conducto y con informe del Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, según el órgano en el que se encuentre destinado el solicitante. El informe deberá valorar la repercusión que el otorgamiento de la licencia suponga en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, y en el supuesto previsto en el número 2 anterior, las circunstancias que determinen la especial dificultad del ejercicio jurisdiccional y su incidencia sobre la situación personal del solicitante.

4. La concesión de esta licencia podrá ser denegada o reducida en su duración, de conformidad con los criterios de valoración enunciados en el párrafo anterior.

5. Podrá concederse licencia con derecho a retribución, basada en circunstancias personales o familiares debida y objetivamente acreditadas que afecten gravemente a la situación personal del Juez o Magistrado, y cuya especial gravedad habrá de valorar el Consejo General del Poder Judicial.

La duración máxima de la licencia será de 🗓️ 15 días hábiles, que podrán ser prorrogados excepcionalmente, si subsisten las circunstancias que motivaron su otorgamiento y lo permiten las necesidades del servicio.

En situación de excepcional urgencia, esta licencia podrá ser concedida por el Presidente del Tribunal correspondiente, quien dará cuenta inmediatamente al Consejo General del Poder Judicial.

Requisitos generales de la convocatoria de elecciones

🏠 ≡ Constitucional ~ Régimen Electoral

🗓️ Última revisión 3-11-2025

📑 LOREG

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo [ 2 a 153 ]

CAPÍTULO V. Requisitos generales de la convocatoria de elecciones [ 42 ]

REQUISITOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES

📕 Art. 42 LOREG

1. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales o de Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en las que el Presidente del Gobierno o los respectivos Presidentes de los Ejecutivos autonómicos hagan uso de su facultad de disolución anticipada expresamente prevista en el ordenamiento jurídico, los Decretos de convocatoria se publican, 🗓️ al día siguiente de su expedición, en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Entran en vigor el mismo día de su publicación.

Los Decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse 🗓️ el día 54º posterior a la convocatoria.

2. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales o de Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en las que el Presidente del Gobierno o los respectivos Presidentes de los Ejecutivos autonómicos no hagan uso de su facultad de disolución anticipada expresamente prevista en el ordenamiento jurídico, los Decretos de convocatoria se expiden el 🗓️ día 25º anterior a la expiración del mandato de las respectivas Cámaras, y se publican 🗓️ al día siguiente en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Entran en vigor el mismo día de su publicación.

Los Decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse 🗓️ el día 54º posterior a la convocatoria.

3. En los supuestos de elecciones locales o de elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas cuyos Presidentes de Consejo de Gobierno no tengan expresamente atribuida por el ordenamiento jurídico la facultad de disolución anticipada, los Decretos de convocatoria se expiden 🗓️ el día 55º antes del 4º domingo de mayo del año que corresponda y se publican al día siguiente en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Entran en vigor el mismo día de su publicación.

Las elecciones se realizan 🗓️ el 4º domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de 4 años, terminan en todo caso el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones.

Licencias por estudios en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 30-10-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]
- CAPÍTULO VIII. De las licencias y permisos [ 370 a 377 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XII Licencias y permisos [ 209 a 245 ]

CAPÍTULO I Permisos [ 209 a 216 ]
CAPÍTULO II Licencias por razón de matrimonio [ 217 a 226 ]
CAPÍTULO IV Licencias por enfermedad [ 227 a 230 ]
CAPÍTULO V Licencias para realizar estudios [ 231 a 235 ]
CAPÍTULO VI Licencias por asuntos propios [ 236 ]
CAPÍTULO VII Licencias extraordinarias [ 237 a 240 ]
CAPÍTULO VIII Disposiciones comunes [ 241 a 245 ]

LICENCIAS POR ESTUDIOS

LICENCIAS POR ESTUDIOS [ 375.2 ] [ 231.1 ]

ESTUDIOS EN GENERAL [ 231.2, 234 ]

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN JUDICIAL [ 373.3 ] [ 231.3, 233 ]

SOLICITUD [ 232.1 y 2 ]

DURACIÓN [ 232.3 ]

ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO [ 235 ]

Páginas: 1234567

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario de la Administración de Justicia

🏠 ≡ Constitucional ~ Poder Judicial

🗓️ Última revisión 29-10-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VI. De los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia y de otro personal [ 470 a 541 ]

TÍTULO I. Disposiciones comunes [ 470 a 481 ]
TÍTULO II. De la oferta de empleo público, ingreso y promoción profesional [ 482 a 490 ]
TÍTULO III. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario [ 491 a 494 ]
TÍTULO IV. Derechos, deberes e incompatibilidades [ 495 a 505 ]
TÍTULO V. Situaciones administrativas [ 506 a 514 ]
TÍTULO VI. Régimen retributivo [ 515 a 519 ]
TÍTULO VII. Ordenación de la actividad profesional [ 520 a 523 ]
TÍTULO VIII. Provisión de puestos de trabajo y movilidad [ 524 a 533 ]
TÍTULO IX. Responsabilidad disciplinaria [ 534 a 540 ]

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA [ 491 ]

JUBILACIÓN [ 492 ]

REHABILITACIÓN [ 493 ]

COMPETENCIAS [ 494 ]

Páginas: 12345

Licencia por enfermedad en la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Licencias y Permisos

🗓️ Última revisión 28-10-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]
- CAPÍTULO VIII. De las licencias y permisos [ 370 a 377 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XII Licencias y permisos [ 209 a 245 ]

CAPÍTULO I Permisos [ 209 a 216 ]
CAPÍTULO II Licencias por razón de matrimonio [ 217 a 226 ]
CAPÍTULO IV Licencias por enfermedad [ 227 a 230 ]
CAPÍTULO V Licencias para realizar estudios [ 231 a 235 ]
CAPÍTULO VI Licencias por asuntos propios [ 236 ]
CAPÍTULO VII Licencias extraordinarias [ 237 a 240 ]
CAPÍTULO VIII Disposiciones comunes [ 241 a 245 ]

LICENCIAS POR ENFERMEDAD

COMUNICACIÓN Y SOLICITUD [ 374 ] [ 227 ]

RETRIBUCIONES [ 375.1 y 3 ] [ 230 ]

DURACIÓN [ 229 ]

Páginas: 1234

Ética judicial y asistencia a un almuerzo con los investigadores de un procedimiento en curso. Dictamen 8/2024, de 18 de diciembre de 2024

🏠 ≡ Constitucional ≡ Poder Judicial ~ Ética Judicial

📕 Dictamen (Consulta 08/24), de 18 de diciembre de 2024. Principios de integridad e imparcialidad y/o apariencia de imparcialidad. Asistencia de un miembro de la Carrera Judicial a un almuerzo corporativo

I.- CONSULTA.

Soy titular de un Juzgado Mixto (Primera Instancia e Instrucción). Con ocasión de mis funciones, estoy conociendo de la instrucción de un proceso penal de cierta entidad, donde existen varios investigados y otros tantos abogados. La causa está todavía en fase de instrucción y, por tanto, todavía tendré que dictar resoluciones que impliquen valoraciones y decisiones importantes.

Mi consulta surge porque la fuerza instructora de ese procedimiento, en este caso un Grupo de la Comandancia de la Guardia Civil, me ha invitado de manera verbal a un almuerzo que llevan a cabo en la Comandancia el día 11 de octubre de 2024. No se trata de un acto público, sino una especie de tradición en que se reúnen la víspera del día 12 para hacer un almuerzo multitudinario.

El hecho de invitarme deriva, por tanto, del éxito que habría tenido la operación, en parte como consecuencia de resoluciones judiciales mías, que han autorizado distintas actuaciones policiales y medidas cautelares. Se podría decir que es una especie de reconocimiento, pero referida a un proceso concreto. Téngase en cuenta que el acto tiene lugar incluso fuera de mi partido judicial.

La consulta que planteo a la Comisión de Ética Judicial es si aceptar este tipo de invitación a un acto o celebración privada de la Guardia Civil, que no se extiende a otras autoridades judiciales, y que viene motivada por mi actuación instructora en un proceso concreto, pudiera afectar a mi apariencia de independencia e imparcialidad judicial. Máxime, insisto, cuando la causa sigue abierta. Siempre intentando ponerme en el lado de la otra parte, en este caso los investigados, me planteo si serían legítimas dudas o sospechas de parcialidad en caso de que, por cualquier motivo, tuvieran conocimiento de mi presencia en dicho acto.

Páginas: 12345

Vacaciones y permisos de la Carrera Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Licencias y Permisos

🗓️ Última revisión 23-10-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS [ 298 a 434 ]

TÍTULO I. De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos [ 298 a 377 ]
- CAPÍTULO VIII. De las licencias y permisos [ 370 a 377 ]

📑 REGLAMENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO XII Licencias y permisos [ 209 a 245 ]

CAPÍTULO I Permisos [ 209 a 216 ]
CAPÍTULO II Licencias por razón de matrimonio [ 217 a 226 ]
CAPÍTULO IV Licencias por enfermedad [ 227 a 230 ]
CAPÍTULO V Licencias para realizar estudios [ 231 a 235 ]
CAPÍTULO VI Licencias por asuntos propios [ 236 ]
CAPÍTULO VII Licencias extraordinarias [ 237 a 240 ]
CAPÍTULO VIII Disposiciones comunes [ 241 a 245 ]

VACACIONES Y PERMISOS

REGULACIÓN [ 209 ]

VACACIONES ANUALES [ 371.1 ] [ 210.1 a 3 y 6 ]

VACACIONES ANUALES EN SALAS [ 371.2 ] [ 210.4 ]

PLAN DE VACACIONES [ 211 ]

DENEGACIÓN DE VACACIONES [ 372 ] [ 212 ]

PERMISOS DE 3 DÍAS [ 373.4 ] [ 213, 214 ]

COMPETENCIA Y RÉGIMEN RETRIBUTIVO [ 215 ]

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER PÚBLICO INEXCUSABLE [ 216 ]

Páginas: 123456789

Ética judicial y adquisición de acciones. Dictamen 6/2024, de 18 de septiembre de 2024

🏠 ≡ Constitucional ≡ Poder Judicial ~ Ética Judicial

📕 Dictamen (Consulta 06/24), de 18 de septiembre de 2024. Adquisición de un reducido paquete de acciones de empresas del IBEX 35 por un Juez

I.- CONSULTA.

“Quería saber sí un Juez puede adquirir acciones de sociedades anónimas que cotizan en bolsa o es incompatible con su cargo. Se trataría de una adquisición en virtud de donación de uno de los progenitores de acciones de algunas grandes entidades (dos bancos y otra empresa del IBEX 35)”.

Páginas: 1234

Permisos por nacimiento para madre biológica Juez o Magistrada y por adopción, por guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente, para progenitores miembros del Poder Judicial

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

📕 Acuerdo de 24 de septiembre de 2025, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre adaptación de permisos contemplados en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 24 de septiembre de 2025, como consecuencia de la actual redacción de las letras a), b), c) y g) del artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dada en virtud de la reforma operada por el artículo 2º del Real Decreto-Ley 9/2025, de 29 de julio, ha acordado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 373.7 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:

a) La adaptación de la regulación de los permisos contemplados en los artículos 218 y 219 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial.

b) El permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años.

En virtud de lo anterior, se reconoce a los miembros de la Carrera Judicial los siguientes permisos:

A) Permiso por nacimiento para la madre biológica.

1.- Las Juezas y Magistradas tendrán derecho en caso de parto a una licencia de 19 semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de 32 semanas. Este permiso se ampliará para ambos progenitores en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del 2º en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará durante el periodo de hospitalización del neonato, por un máximo de 13 semanas adicionales. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

2.- El permiso por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

1º.- 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.

2º.- 11 semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses.

3º.- 2 semanas, 4 en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años.

Este permiso, constituye un derecho individual de la madre biológica, sin que pueda transferirse su ejercicio.

El permiso previsto en los apartados 2.º y 3.º podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos previstos en el artículo 223.

En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3.º, cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras soliciten su disfrute por el mismo sujeto y hecho causante, ambas presten servicios en el mismo órgano judicial y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de dicho órgano, se podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

3.- Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque el CGPJ.

4.- A efectos de lo dispuesto en este artículo, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

5.- Los progenitores distintos a la madre biológica tendrán reconocidos los mismos derechos que se reconocen a la misma en este artículo. En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana 16 del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de 12 meses en jornadas completas según el artículo 222, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo del periodo de las 12 semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.

B) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente.

1.- Los miembros de la Carrera Judicial tendrán derecho a una licencia por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de 16 semanas ininterrumpidas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de 32 semanas.

Este permiso, que se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo o menor, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta 2 meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta 2 meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

2.- El permiso de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

1º.- 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.

2º.- 11 semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los 12 meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

3º.- 2 semanas, 4 en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años.

En ningún caso un mismo menor podrá dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

3.- Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque el Consejo General del Poder Judicial.

4.- Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

C) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años.

1.- Los miembros del Poder Judicial podrán disfrutar de un permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años: no tendrá carácter retribuido y tendrá una duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos previstos en el artículo 223.

Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

2.- Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo con una antelación de 15 días y realizándose por semanas completas.

3.- Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, ambas presten servicios en el mismo órgano judicial y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de dicho órgano, se podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

4.- A efectos de lo dispuesto en este artículo, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

Acceso a datos censales

🏠 ≡ Constitucional ~ Régimen Electoral

🗓️ Última revisión 20-10-2025

📑 LOREG

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo [ 2 a 153 ]

CAPÍTULO IV. El censo electoral [ 31 a 41 ]

Sección I. Condiciones y modalidad de la inscripción [ 31 a 33 ]
Sección II. La formación del censo electoral [ 34 a 38 ]
Sección III. Rectificación del censo en período electoral [ 39, 40 ]
Sección IV. Acceso a los datos censales [ 41 ]

REPRESENTANTES DE LAS CANDIDATURAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.

📕 Art. 41 LOREG

1. Por Real Decreto se regularán los datos personales de los electores, necesarios para su inscripción en el censo electoral, así como los de las listas y copias del censo electoral.

2. Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial.

3. No obstante, la Oficina del Censo Electoral puede facilitar datos estadísticos que no revelen circunstancias personales de los electores.

4. Las Comunidades Autónomas podrán obtener una copia del censo, en soporte apto para su tratamiento informático, después de cada convocatoria electoral, además de la correspondiente rectificación de aquél.

5. Los representantes de cada candidatura podrán obtener dentro de los 🗓️ 2 días siguientes a la proclamación de su candidatura una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por mesas, en soporte apto para su tratamiento informático, que podrá ser utilizado exclusivamente para los fines previstos en la presente Ley. Alternativamente los representantes generales podrán obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos donde su partido, federación o coalición presente candidaturas. Asimismo, las Juntas Electorales de Zona dispondrán de una copia del censo electoral utilizable, correspondiente a su ámbito.

Las Juntas Electorales, mediante resolución motivada, podrán suspender cautelarmente la entrega de las copias del censo a los representantes antes citados cuando la proclamación de sus candidaturas haya sido objeto de recurso o cuando se considere que podrían estar incursas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 44.4 de esta Ley.

6. Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, podrá excluirse a las personas que pudieran ser objeto de amenazas o coacciones que pongan en peligro su vida, su integridad física o su libertad, de las copias del censo electoral a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

Estatuto personal de los Letrados de la Administración de Justicia

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 16-10-2025

Actualizado por Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
🗓️ Vigencia 23-1-2025
🆕 Art. 442.2

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO V. DE LA COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES, LA OFICINA JUDICIAL Y LOS LETRADOS Y LETRADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA [ 434 bis a 469 bis ]

TÍTULO I. Régimen de coordinación, organización y funcionamiento de la Administración al servicio de Jueces y Juezas y Tribunales [ 434 bis a 439 sexies ]

TÍTULO II. Del cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia [ 440 a 469 bis ]

CAPÍTULO I. Estatuto personal [ 440 a 451 ]
CAPÍTULO II. De las funciones de los Letrados de la Administración de Justicia [ 452 a 462 ]
CAPÍTULO III. De la ordenación del Cuerpo de Secretarios [ 463 a 467 ]
CAPÍTULO IV. De la responsabilidad disciplinaria [ 468 a 469 bis ]

ESTATUTO PERSONAL DE LOS LAJ

NATURALEZA DEL CUERPO DE LAJ [ 440 ]

CATEGORÍAS [ 441 ]

SELECCIÓN [ 442 ]

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN [ 443 ]

ESCALAFÓN [ 443 bis ]

DERECHOS [ 444 ]

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS [ 445 ]

ABSTENCIÓN [ 446 ]

RETRIBUCIONES [ 447, 448 ]

FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS [ 449 ]

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO [ 450 ]

SUPLENCIAS [ 451 ]

Páginas: 12345678910111213

Formación del censo electoral

🏠 ≡ Constitucional > Régimen Electoral

🗓️ Última revisión 15-10-2025

📑 LOREG

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo [ 2 a 153 ]

CAPÍTULO IV. El censo electoral [ 31 a 41 ]
- Sección I. Condiciones y modalidad de la inscripción [ 31 a 33 ]
- Sección II. La formación del censo electoral [ 34 a 38 ]
- Sección III. Rectificación del censo en período electoral [ 39, 40 ]
- Sección IV. Acceso a los datos censales [ 41 ]

FORMACIÓN DEL CENSO ELECTORAL

VIGENCIA [ 34 ]

ACTUALIZACIÓN [ 35 ]

ACTUALIZACIÓN EXTRANJERO [ 36 ]

ACTUALIZACIÓN REGISTRO CIVIL [ 37 ]

CONSULTA Y RECLAMACIONES [ 38 ]

Páginas: 123456

Ética judicial y participación del Juez en un documental sobre una investigación. Dictamen 1/2025, de 14 de marzo de 2025

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Ética Judicial

📕 Dictamen 1/2025, de 14 de marzo de 2025. Principio de imparcialidad y/o apariencia de imparcialidad. Participación de un miembro de la Carrera Judicial en una serie documental

I.- CONSULTA.

Mi consulta es relativa a la posición de la Comisión de ética Judicial sobre la pertinencia de participar en una serie documental, sobre un procedimiento penal del que soy instructor, pero desde el punto de vista divulgativo.

Actualmente estoy instruyendo desde octubre de 2023 una investigación sobre la trata de seres humanos. Con ocasión de las entradas y registros más detenciones de los investigados en junio de 2024, en concreto en el club objeto de investigación, se me consultó sobre si habría algún inconveniente por la presencia de un equipo de televisión que estaba rodando una serie documental sobre la UCO de la Guardia Civil. No puse impedimento siempre y cuando se preservara la identidad de víctimas e investigados. Se dio la casualidad de que yo iba a estar presente durante toda la entrada y registro en el club, por lo que me aseguraría que esto fuera así, como de hecho fue. Aprovechando mi presencia allí me preguntaron si me podían hacer unas preguntas acerca del delito de trata, pero sin revelar ni un solo detalle de la investigación (como es obvio) lo cual accedí y con posibilidad de revisar el material para dar la autorización definitiva a la inclusión y emisión de mi participación.

En el mes de enero de 2025 me pidieron hacer una entrevista nuevamente, a la cual accedí, pero siempre desde el punto de vista divulgativo y explicativo del delito de trata de seres humanos en general, nunca entrando en detalles de la investigación. Como ya afirmaba antes, sendas entrevistas solo se incluirán y se emitirán dentro del programa si yo doy mi consentimiento final previa revisión de su edición final.

Como aún falta tiempo para su emisión (sobre 3 o 4 meses como pronto) y me tienen que enseñar el producto final para que yo valore si es del todo correcto, me surge la duda si mi participación, insisto, de forma prudente y siempre de forma divulgativa podría suponer una vulneración del algún principio ético o supondría una exposición innecesaria. Aunque he leído el dictamen de 23 de octubre de 2019, consulta 15/2019, por ser un caso actualmente en instrucción y ser mi participación de carácter divulgativa, me surge la duda sobre si es adecuado o no, dada que es la primera vez que me veo en esta situación.

Páginas: 12345

Ética judicial y participación del Juez Decano en una procesión de Semana Santa. Dictamen 4/2024, de 3 de abril de 2024

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial > Ética Judicial

📕 Dictamen (Consulta 04/24), de 03 de abril de 2024. Principios de independencia e integridad. Participación en una procesión de Semana Santa en condición de Juez Decano

I.- CONSULTA.

“El motivo de mi consulta se debe a que recientemente he sido invitado por una cofradía de la localidad donde ejerzo como Juez Decano, para participar en una de las procesiones más señera y representativa de la localidad, el Viernes Santo. Es importante destacar que la invitación se debe exclusivamente a mi condición de Juez Decano y no a otras consideraciones personales. Tengo noticia de que la cofradía se ha propuesto invitar también a otras autoridades de la localidad como el Alcalde, el Presidente del Colegio de Abogados, mandos de la Guardia Civil, Policía Local, etc.

En este contexto, más allá de mis inclinaciones personales, se me plantea la duda de hasta qué punto los representantes del Poder Judicial deben participar activamente en una fiesta eminentemente religiosa, atendiendo al carácter aconfesional del Estado (art.16.3 CE).

Resulta indiscutible que la festividad de la Semana Santa, además de su original sentido religioso, abarca otro tipo de sensibilidades y motivaciones que se alejan por completo de lo espiritual. Podríamos incluso añadir que, pese a la aconfesionalidad del Estado, la sociedad española se articula moral y éticamente en torno a los principios básicos del judeocristianismo.

Sin embargo, me planteo la conveniencia de que, pese a lo anterior, los miembros representantes del tercer poder del Estado deban estar presentes en un acto de esta naturaleza.

En este sentido, conviene precisar que la participación en dicho cortejo será a cara descubierta y portando los símbolos y emblemas de la cofradía, tales como medallas, cetros, etc., por lo que difícilmente podrá disociarse la figura de la autoridad con el carácter religioso del acto en el que participa”.

Páginas: 12345

Registro de personal al servicio de la Administración de Justicia

🏠 ≡ Constitucional > Poder Judicial

🗓️ Última revisión 7-10-2025

📑 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LIBRO VI. De los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia y de otro personal [ 470 a 541 ]

TÍTULO I. Disposiciones comunes [ 470 a 481 ]

TÍTULO II. De la oferta de empleo público, ingreso y promoción profesional [ 482 a 490 ] CAPÍTULO I. Oferta de empleo público [ 482 ]

TÍTULO III. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario [ 491 a 494 ] [ 491 a 494 ]

TÍTULO IV. Derechos, deberes e incompatibilidades [ 495 a 505 ] CAPÍTULO I. Derechos, deberes e incompatibilidades [ 495 a 499 ]

TÍTULO V. Situaciones administrativas [ 506 a 514 ]

TÍTULO VI. Régimen retributivo [ 515 a 519 ]

TÍTULO VII. Ordenación de la actividad profesional [ 520 a 523 ]

TÍTULO VIII. Provisión de puestos de trabajo y movilidad [ 524 a 533 ]

TÍTULO IX. Responsabilidad disciplinaria [ 534 a 540 ]

📕 Artículo 481 LOPJ

1. En el Ministerio de Justicia existirá un Registro Central de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, en el que se inscribirá a todo el personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa de los mismos.

Este Registro Central incluirá la información relativa a los puestos de trabajo correspondientes a la Administración de Justicia, su situación, ocupación y evolución.

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer en sus ámbitos territoriales registros respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia que preste servicios en los mismos.

3. El Ministerio de Justicia aprobará las normas que determinarán la información que habrá de figurar en el Registro Central de Personal y las cautelas que hayan de establecerse para garantizar la confidencialidad de los datos en los términos que establezca la legislación vigente.

Para la actualización de datos en los registros, el Ministerio de Justicia con la colaboración de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas establecerá los procedimientos e instrumentos de cooperación necesarios que garanticen, por una parte, la inmediata anotación de los datos de todo el personal, con independencia del lugar de prestación de servicios, y por otra, la anotación de las creaciones, modificaciones o estados de ocupación actual e histórica de los puestos de trabajo asignados a la Administración de Justicia.

4. Todo el personal tendrá libre acceso a su expediente individual, en el que, en ningún caso, figurará dato alguno relativo a su raza, religión u opinión ni cualquier otra circunstancia personal o social que no sea relevante para su trabajo.

5. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia figurarán en el escalafón por orden de ingreso en el Cuerpo con mención de, al menos, los siguientes datos:

a) Documento nacional de identidad.

b) Nombre y apellidos.

c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.

Recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos

🏠 ≡ Constitucional > > Régimen Electoral

🗓️ Última revisión 15-8-2025

📑 LOREG

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo [ 2 a 153 ]

CAPÍTULO VI. Procedimiento electoral [ 43 a 120 ]

Sección I. Representantes de las candidaturas ante la Administración electoral [ 43 ]
Sección II. Presentación y proclamación de candidatos [ 44 a 48 ]
Sección III. Recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos [ 49 ]
Sección IV. Disposiciones generales sobre la campaña electoral [ 50 a 52 ]
Sección V. Propaganda y actos de campaña electoral [ 53 a 58 bis ]
Sección 6.ª Utilización de medios de comunicación para la campaña electoral [ 59 a 67 ]
Sección VII. Derecho de rectificación [ 68 ]
Sección VIII. Encuestas electorales [ 69 ]
Sección IX. Papeletas y sobres electorales [ 70, 71 ]
Sección X. Voto por correspondencia [ 72 a 75 ]
Sección XI. Apoderados e interventores [ 76 a 79 ]
Sección XII. Constitución de las Mesas Electorales [ 80 a 83 ]
Sección XIII. Votación [ 84 a 94 ]
Sección XIV. Escrutinio en las Mesas electorales [ 95 a 102 ]
Sección XV. Escrutinio general [ 103 a 108 ]
Sección XVI. Contencioso electoral [ 109 a 117 ]
Sección XVII. Reglas generales de procedimiento en materia electoral [ 118 a 120 ]

REPRESENTANTES DE LAS CANDIDATURAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.

📕 Art. 49 LOREG

1. A partir de la proclamación, cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada, disponen de un plazo de 🗓️ 2 días para interponer recurso contra los acuerdos de proclamación de las Juntas Electorales, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En el mismo acto de interposición debe presentar las alegaciones que estime pertinentes acompañadas de los elementos de prueba oportunos.

2. El plazo para interponer el recurso previsto en el párrafo anterior discurre a partir de la publicación de los candidatos proclamados, sin perjuicio de la preceptiva notificación al representante de aquel o aquellos que hubieran sido excluidos.

3. La resolución judicial, que habrá de dictarse en los 🗓️ 2 días siguientes a la interposición del recurso, tiene carácter firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el presente artículo, se entenderá cumplido el requisito establecido en el artículo 44.1, a), de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

4. El amparo debe solicitarse en el plazo de 🗓️ 2 días y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los 🗓️ 3 días siguientes.

5. Los recursos previstos en el presente artículo serán de aplicación a los supuestos de proclamación o exclusión de candidaturas presentadas por los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores a los que se refiere el apartado 4 del artículo 44 de la presente Ley Orgánica, con las siguientes salvedades:

a) El recurso previsto en el apartado primero del presente artículo se interpondrá ante la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) Estarán también legitimados para la interposición del recurso los que lo estén para solicitar la declaración de ilegalidad de un partido político, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, teniendo derecho de acceso a la documentación que obre en poder de las Juntas Electorales.

c) Si durante la campaña electoral las partes legitimadas para interponer el recurso tuvieran conocimiento de circunstancias que, con arreglo al artículo 44.4 de esta Ley, impiden la presentación de candidaturas, el recurso podrá interponerse hasta el 🗓️ 44º día posterior a la convocatoria, debiendo resolver la Sala especial del Tribunal Supremo dentro del 🗓️ tercer día a partir de la interposición.

En este supuesto, no resultará de aplicación la prohibición de fabricación de las papeletas de la candidatura afectada prevista en el artículo 71.2.

Representantes de las candidaturas ante la Administración electoral

🏠 ≡ Constitucional ~ Régimen Electoral

🗓️ Última revisión 15-8-2025

📑 LOREG

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo [ 2 a 153 ]

CAPÍTULO VI. Procedimiento electoral [ 43 a 120 ]

Sección I. Representantes de las candidaturas ante la Administración electoral [ 43 ]
Sección II. Presentación y proclamación de candidatos [ 44 a 48 ]
Sección III. Recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos [ 49 ]
Sección IV. Disposiciones generales sobre la campaña electoral [ 50 a 52 ]
Sección V. Propaganda y actos de campaña electoral [ 53 a 58 bis ]
Sección 6.ª Utilización de medios de comunicación para la campaña electoral [ 59 a 67 ]
Sección VII. Derecho de rectificación [ 68 ]
Sección VIII. Encuestas electorales [ 69 ]
Sección IX. Papeletas y sobres electorales [ 70, 71 ]
Sección X. Voto por correspondencia [ 72 a 75 ]
Sección XI. Apoderados e interventores [ 76 a 79 ]
Sección XII. Constitución de las Mesas Electorales [ 80 a 83 ]
Sección XIII. Votación [ 84 a 94 ]
Sección XIV. Escrutinio en las Mesas electorales [ 95 a 102 ]
Sección XV. Escrutinio general [ 103 a 108 ]
Sección XVI. Contencioso electoral [ 109 a 117 ]
Sección XVII. Reglas generales de procedimiento en materia electoral [ 118 a 120 ]

REPRESENTANTES DE LAS CANDIDATURAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.

📕 Art. 43 LOREG

1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a una elección designarán, en el tiempo y forma previstos por las disposiciones especiales de esta Ley, a las personas que deban representarlos ante la Administración Electoral.

2. Los representantes generales actúan en nombre de los partidos, federaciones y coaliciones concurrentes.

3. Los representantes de las candidaturas lo son de los candidatos incluidos en ellas. A su domicilio se remiten las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos por la Administración Electoral a los candidatos y reciben de éstos, por la sola aceptación de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral.