La desheredación y sus causas

13-6-2019 La desheredación y sus causas. Último criterio del TS. Carlos Crespo Hergueta (El blog jurídico de Sepín)

Expediente de dominio notarial

23-6-2019 Dudas surgidas en la práctica sobre el expediente de dominio notarial, tras la reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro. Enrique Rojas Martínez de Mármol (Notarios y Registradores)

Cláusulas abusivas en la contratación de mantenimiento del ascensor en las Comunidades de Propietarios

12-6-2019 Cláusulas abusivas en la contratación de mantenimiento del ascensor en las Comunidades de Propietarios. Alfredo Esparza Sánchez (El blog jurídico de Sepín)

Exploración del menor y derecho a su intimidad

11-6-2019 ¿Se vulnera la intimidad del menor cuando, tras su exploración, se da traslado a las partes del acta detallada?. Natalia García García (El blog jurídico de Sepín)

Ejecución de los acuerdos en la Comunidad de Propietarios

8-5-2019 La ejecución de los acuerdos en la Comunidad de Propietarios. María José Polo Portilla (El blog jurídico de Sepín)

Custodia compartida y vivienda nido

🏠Familia > Guarda y custodia > Vivienda familiar


4-5-2019 Custodia compartida y atribución del uso de la vivienda. Felipe Fernando Mateo Bueno (mateobuenoabogado.com)

Alcance de la obligación del comerciante de indicar su número de teléfono y su número de fax cuando proceda, como requisitos de información de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento

El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al comerciante, antes de concluir con un consumidor un contrato a distancia o un contrato celebrado fuera del establecimiento —mencionados ambos en el artículo 2, apartados 7 y 8, de dicha Directiva—, a facilitar, en todo caso, su número de teléfono. Por otro lado, dicha disposición no obliga al comerciante a instalar una línea telefónica o de fax o a crear una nueva dirección de correo electrónico para permitir a los consumidores ponerse en contacto con él, y únicamente obliga a facilitar ese número, el de fax o la dirección de correo electrónico, si el comerciante ya dispone de esos medios para comunicarse con los consumidores.

El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, si bien esta disposición impone al comerciante la obligación de poner a disposición del consumidor un medio de comunicación que cumpla los criterios de una comunicación directa y eficaz, no se opone a que dicho comerciante facilite otros medios de comunicación distintos de los enumerados en la referida disposición para satisfacer tales criterios.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 1ª, de 10-7-2019, C-649/17, Amazon EU, ECLI:EU:C:2019:576

Caducidad del derecho de opción de compra

9-1-2017 El Supremo sobre la caducidad del derecho de opción de compra. Pedro Moreno Vázquez (Law&Trends)

Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia en la Ley 15/2015, de 2 de julio

1-12-2016 Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia en la Ley 15/2015, de 2 de julio (Parte I). Juan Pablo González del Pozo (El Derecho)

9-1-2017 Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia en la Ley 15/2015, de 2 de julio (Parte II). Juan Pablo González del Pozo (El Derecho)

Indemnización por daños materiales en accidentes de tráfico sin prueba del grado de culpabilidad de cada conductor

29-5-2019 El Tribunal Supremo fija el reparto de indemnizaciones por los daños causados en colisiones recíprocas de tráfico. En los casos en los que no exista prueba del grado de culpa de cada conductor (CGPJ)

STS 294/2019, de 27-5-2019, ECLI:ES:TS:2019:1600

El régimen legal de la responsabilidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos a motor se funda en su origen en principios de solidaridad social con las víctimas de los accidentes de tráfico, más que en los principios tradicionales de la responsabilidad civil extracontractual. Esto explica que la indemnización de los daños a las personas solo quede excluida por culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, lo que equivale a una responsabilidad sin culpa del conductor. En tales casos, si no hay prueba del grado de culpa de cada conductor, la sentencia 536/2012, de 10 de septiembre, de pleno, fijó jurisprudencia en el sentido de que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados; de no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina llamada de las indemnizaciones cruzadas.

La nueva sentencia del pleno completa esta doctrina jurisprudencial para los supuestos de daños en los bienes, en los que el régimen de la responsabilidad civil no se funda ya en ese principio de solidaridad social, sino en el de la culpa o negligencia del conductor causante del daño, con la inversión de la carga de la prueba que resulta de la LRCSCVM y del principio general de responsabilidad por riesgo que preside dicha norma.

Cuando ninguno de los conductores logre probar su falta de culpa o negligencia en la causación del daño al otro vehículo cabrían en principio tres posibles soluciones: (i) que cada conductor indemnice íntegramente los daños del otro vehículo; (ii) que las culpas se neutralicen y entonces ninguno deba indemnizar los daños del otro vehículo; y (iii) que cada uno asuma la indemnización de los daños del otro vehículo en un 50%.

La sala considera que la tercera solución es la más coherente con la efectividad de la cobertura de los daños en los bienes por el seguro obligatorio de vehículos de motor, pues cualquiera de las otras dos o bien podría privar por completo de indemnización, injustificadamente, al propietario del vehículo cuyo conductor no hubiera sido causante de la colisión pero no hubiese logrado probar su falta de culpa, o bien podría dar lugar a que se indemnice por completo al propietario del vehículo cuyo conductor hubiera sido el causante de la colisión pero sin que exista prueba al respecto.

18-6-2019 El TS establece que cada conductor responde del 50% por los daños materiales por colisión recíproca. Marta López Valverde (El blog jurídico de Sepín)

Constitucionalidad del precepto legal que regula la forma como debe documentarse la exploración de menores o personas con capacidad modificada judicialmente en los expedientes de jurisdicción voluntaria

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 64/2019, de 9-5-2019, Ponente Excmo Sr. D. Fernando Valdés Dal-Ré, ECLI:ES:TC:2019:64

Pleno. Sentencia 64/2019, de 9 de mayo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3442-2018. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona respecto del art. 18.2.4 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. Derecho a la intimidad: constitucionalidad del precepto legal que regula la forma como debe documentarse la exploración de menores o personas con capacidad modificada judicialmente en los expedientes de jurisdicción voluntaria.

8-6-2019 La prueba de exploración judicial de menores: comentarios sobre la Sentencia de fecha 9 de mayo de 2019 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional. Felipe Fernando Mateo Bueno (mateobuenoabogado.com)

Filiación y acciones de filiación

9-5-2019 Filiación y Acciones de Filiación: Jurisprudencia de Derecho de Familia. José Manuel Vara González (Notarios y Registradores)

Abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamos hipotecarios y exposición del consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 26-3-2019, C‑70/17 y C‑179/17, Abanca Corporación Bancaria, ECLI:EU:C:2019:250

6-6-2019 En materia de cláusulas de vencimiento anticipado abusivas. Reflexiones finales sobre la Sentencia del Gran Sala del Tribunal de Justicia. Fernando Pantaleón (Almacén de Derecho)

29-3-2019 El TJUE deja más sombras que luces en su sentencia sobre las cláusulas de vencimiento anticipado. Pablo Ojeda Baños (Hay Derecho)

Concepto y requisitos generales de la usucapión

26-1-2015 ¿Qué es la usucapión? Concepto y requisitos de esta forma de adquirir el dominio. Iciar Bertolá Navarro (El blog jurídico de Sepín)

Comisión de apertura y gastos de constitución del préstamo hipotecario

4-2019 Análisis de las Sentencias del Tribunal Supremo 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, de 23 de enero. Alberto Sánchez del Olmo (Asociación Judicial Francisco de Vitoria)

Breve aproximación al daño moral

4-2019 Breve aproximación al daño moral. Laura Salinas Ronda (Asociación Judicial Francisco de Vitoria)

No cabe usucapir dinero

4-5-2017 ¿Es posible adquirir por usucapión una cantidad de dinero?. Iciar Bertolá Navarro (El blog jurídico de Sepín)

Posición del arrendador de vivienda ante el riesgo de impago del arrendatario

🏠Civil > Obligaciones y Contratos > Arrendamientos Urbanos


23-4-2019 La desmesurada desprotección del arrendador de vivienda ante el riesgo de impago del arrendatario en la reciente reforma de la LAU. Matilde Cuena Casas (Hay Derecho)

Compraventa de inmuebles en documento privado o en documento público

8-4-2019 Como hacer un contrato privado de compraventa de inmuebles. Francisco Rosales de Salamanca Rodríguez (Notario Francisco Rosales)

Jurisprudencia en materia de capacidad personal y adopción

8-4-2019 Incapacitación. Tutela, Curatela y Adopción: Jurisprudencia de Derecho de Familia. José Manuel Vara González (Notarios y Registradores)

Diferencias entre el contrato de mandato y el de arrendamiento de servicios

28-3-2019 Diferencias entre el contrato de mandato y el de arrendamiento de servicios. Iciar Bertolá Navarro (El blog jurídico de Sepín)

La legítima en el Derecho de sucesiones común y foral

26-3-2019 ¿Cómo funciona la legítima en el Derecho de sucesiones común y foral?. Carlos Crespo Hergueta (El blog jurídico de Sepín)

Colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión en la expresión política

Los hechos que narra en la querella se refieren a la participación del querellado en un mitin celebrado el 16/12/18 en Barcelona, como Presidente del PP para presentar a los candidatos a la Alcaldía de Barcelona y a un discurso pronunciado por el mismo en fecha 19-12-2018 en sede parlamentaria, donde se refirió al querellante como «desequilibrado» en el contexto de frases como: «perdona lo voy a decir no como insulto, como descripción”, «hay que ser un desequilibrado para escribir sobre los españoles, abro comillas, que somos carroñeros, hienas y víboras, cierro comillas”, “y hay que ser tremendamente desequilibrado para decir en tu tierra que estás deseando que el Gobierno de España te mande los tanques. Esto lo dijo en 2011″; ó “y hay que ser muy desequilibrado para decir que ansías la vía eslovena, es decir, la guerra civil en Eslovenia que costó sesenta y tres muertos y cientos de heridos. ¿Eso es lo que desea Torra para Catalunya?. Si eso es lo que desea Torra para Catalunya, se tiene que cesar ya».

Aunque es comprensible la queja de la parte querellante, no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de un discurso de una campaña electoral, pues ello nos llevaría a la penalización de los numerosos excesos retóricos de los mítines electorales, con todas las consecuencias que ello determinaría en un ámbito en que debe primar la libertad de expresión e información.

La colisión en este caso entre derecho al honor y libertad de expresión, se produjo en el marco de la presentación de candidatos del PP a elecciones municipales, es decir, en un acto de incuestionable naturaleza política, y sin poder obviarse además el clima de crispación política existente últimamente en Cataluña.

En ese contexto, las palabras del presidente del PP pretenden resaltar las deficiencias del oponente político y se enmarcan dentro del derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor e incluso las descalificaciones del oponente político cuando se trata de asuntos de interés general, contribuyendo a la formación de la opinión pública.

El TEDH tiene establecido que la libertad de expresión no solo comprende las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan; así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática (Sentencias Handyside contra Reino Unido de 7-12-1976, y Jersild contra Dinamarca de 23-9-1994).

No puede olvidarse que las libertades del artículo 20 de la Constitución no solo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales (Sentencia del Tribunal Constitucional 101/1990, de 11 de noviembre).

8-4-2019 El Tribunal Supremo inadmite la querella por injurias del presidente de la Generalitat de Catalunya contra Pablo Casado. La querella denunciaba que el presidente del PP se había referido a Joaquim Torra como “desequilibrado” en un mitin político en Barcelona en diciembre de 2018 (CGPJ)

El Tribunal Supremo rechaza que las críticas al soberanismo vulneren el honor del pueblo catalán

No se vulnera el honor del «pueblo catalán» por expresiones periodísticas referidas a parte de la ciudadanía catalana, a un determinado sector político y social, el identificado con las tesis soberanistas, y a algunas personas e instituciones, máxime cuando la demanda excluye del concepto de «pueblo catalán» al discrepante que no participa de ese proyecto político, lo que es difícilmente compatible con los valores de democracia, pluralidad y respeto a la discrepancia que se invocan en el recurso interpuesto por el Abogado de la Generalitat.

5-4-2019 El Tribunal Supremo rechaza que las críticas del periodista Jiménez Losantos al soberanismo vulnerasen honor del pueblo catalán. La sentencia señala que las declaraciones no se referían al conjunto de la ciudadanía catalana sino a un determinado sector político y social (CGPJ)

Intromisión ilegítima en el derecho al honor de un torero fallecido en la plaza a través de un mensaje publicado en Facebook

En la ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto, el derecho al honor respecto de una persona fallecida y la libertad de expresión, la prevalencia de la libertad de expresión no es absoluta, sino funcional, en la medida en que se ejercite conforme a su naturaleza y función, de acuerdo con los parámetros constitucionales, esto es, cuando contribuye al debate público en una sociedad democrática y no se vulnere grave e innecesariamente el ámbito protegido por los derechos de la personalidad.

En el caso examinado, las manifestaciones de la demandada no consistieron en una crítica de la tauromaquia o de los toreros en general, sino que se referían concretamente a una persona que acababa de morir de un modo traumático. Y en las mismas no solo no mostraba una mínima compasión, sino que manifestaba un sentimiento de alegría o alivio por la muerte de quien tachaba, sin ambages, de «asesino», cuya muerte, según manifestaba, tenía «aspectos positivos». La sentencia recalca que la carga ofensiva del término «asesino» es evidente y que no puede trivializarse el uso de una expresión de tal calado. Se trata de manifestaciones que violentaron y perturbaron el dolor de los familiares y la memoria del difunto, especialmente por el momento en que se profirieron y por el tono vejatorio empleado.

Los usos sociales delimitan la protección del derecho al honor, y entre los usos sociales de una sociedad civilizada se encuentra, como exigencia mínima de humanidad, el respeto al dolor de los familiares ante la muerte de un ser querido, que se ve agravado cuando públicamente se veja al fallecido.

Habida cuenta de estas circunstancias, la Sala considera que la estimación de la demanda de protección del derecho al honor, y la restricción de la libertad de expresión que la misma supone, reúne los requisitos legales y es proporcionada, teniendo en cuenta que se trata de la estimación de una demanda civil, de consecuencias mucho menos severas que una condena penal, y que está encaminada fundamentalmente a reparar la reputación del ofendido y, de este modo, a aliviar el dolor de sus familiares.

STS 201/2019, de 3 de abril

4-4-2019 El Tribunal Supremo confirma la condena a una edil por intromisión en el honor del torero Víctor Barrio en Facebook. El mensaje aludía al “aspecto positivo” de su muerte (CGPJ)

Uniones de hecho y Reglamento Europeo sobre Uniones Registradas

5-2-2019 Uniones de hecho y Reglamento Europeo sobre Uniones Registradas. Inmaculada Espiñeira Soto (Notarios y Registradores)

El biznieto en la sucesión legítima

26-2-2019 ¿Es legitimario el biznieto? (Notaría Abierta)

Claves para entender la función del Coordinador de Parentalidad

🏠Familia > Guarda y custodia


26-2-2019 4 claves para entender la función del Coordinador de Parentalidad. Gema Murciano Álvarez (El blog jurídico de Sepín)

El acta previa a la firma del préstamo hipotecario en la nueva Ley de Crédito Inmobiliario

10-3-2019 El acta previa a la firma del préstamo hipotecario en la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Antonio Ripoll Soler (El blog del Notario)

Ejercicio de sufragio activo consciente, libre y voluntario por personas con discapacidad intelectual

19-3-2019 ¿Cómo se garantiza el ejercicio de sufragio activo “consciente, libre y voluntario” para personas con discapacidad intelectual?. Maravillas López Egea (El blog jurídico de Sepín)

Principales novedades de la Ley de Crédito Inmobiliario

19-3-2019 La Ley de Crédito Inmobiliario (al fin…). Principales novedades. Segismundo Alvarez Royo-Villanova (Hay Derecho)

Estudio práctico de la ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

20-3-2019 Estudio práctico de la ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Antonio A. Longo Martínez (Notarios y Registradores)

Jurisprudencia sobre la vivienda familiar

🏠Familia > Vivienda familiar


25-3-2019 Vivienda y Derecho de Familia: Jurisprudencia. José Manuel Vara González (Notarios y Registradores)

Exclusión de la patria potestad tras estimarse una acción de paternidad

15-3-2019 ¿Habías oído hablar de la “exclusión de la patria potestad” tras estimarse una acción de paternidad? (Jurisprudencia Derecho de Familia)

La extinción de la pensión de alimentos por falta de relación entre padre e hijo

🏠Familia > Alimentos


19-10-2019 El Tribunal Supremo y la extinción de la pensión de alimentos por falta de relación entre padre e hijo. Felipe-Fernando Mateo Bueno (mateobuenoabogado.com)

Normas de protección al prestatario establecidas en la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

18-3-2019 Normas de protección al prestatario establecidas en la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Félix López-Dávila Agüeros (El blog jurídico de Sepín)

La prueba de exploración judicial de menores en los procedimientos de familia

9-3-2019 La prueba de exploración judicial de menores en los procedimientos de familia. Felipe-Fernando Mateo Bueno (mateobuenoabogado.com)

El retracto de comuneros

25-2-2019 ¿Cuándo se puede ejercitar el derecho de retracto por un comunero?. Félix López-Dávila Agüeros (El blog jurídico de Sepín)

Cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas de derechos en el contrato de seguro

13-3-2019 Cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas de derechos en el contrato de seguro (El Derecho)

Monitorio europeo: representación y control de intereses abusivos

10-2018 Monitorio europeo: representación y control de intereses abusivos. Juezas y Jueces para la Democracia. Boletín de la comisión de privado 18, páginas 15 a 17

Derecho internacional privado en materia matrimonial

5-3-2019 Normas de conflicto matrimoniales: del art. 9-2 del Código Civil al Reglamento Europeo 2016/1103 (Notarios y Registradores)

Jurisprudencia sobre custodia compartida

🏠Familia > Guarda y custodia


6-3-2019 Custodia compartida. Jurisprudencia. José-Manuel Vara González (Notarios y Registradores)

Forma de solicitar la custodia compartida de los menores en el ámbito del Código Civil

🏠Familia > Guarda y custodia


12-2-2019 Lo que echan en falta los Jueces en las demandas para decantarse por la custodia compartida (Jurisprudencia Derecho de Familia)

El gasto por estudios universitarios y su naturaleza ordinaria o extraordinaria

🏠Familia > Alimentos


11-2-2019 Lo que hace extraordinario,necesario o conveniente el gasto por Universidad (Jurisprudencia Derecho de Familia)

Actualización del baremo de tráfico para 2019

22-2-2019 Actualización del Baremo de Tráfico para el 2019. Marta López Valverde (El blog jurídico de Sepín)

Modificación judicial de acuerdos adoptados en el procedimiento de familia, que exceden de dicho ámbito

20-2-2019 La (inimaginable) respuesta judicial a la pretensión de modificar medidas económicas sobre la vivienda pactadas en Convenio (Jurisprudencia Derecho de Familia)

Diferenciación entre las fechas en que el instructor adopta su decisión y en la que los servicios auxiliares la mecanizan y documentan

13-2-2019 El Tribunal Supremo inadmite la querella del abogado de Villar Mir contra el juez García-Castellón por las intervenciones telefónicas. La querella se presentó por delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos (CGPJ)

Deberes de información de las entidades de planes de pensiones sobre los riesgos de la modalidad escogida para el cobro de la prestación una vez producida la jubilación. Especial referencia a la modalidad de renta asegurada

25-1-2019 El Tribunal Supremo recuerda a las entidades su deber de informar sobre los riesgos para el cobro de planes de pensiones (CGPJ)

STS 40/2019, de 22 de enero, ECLI:ES:TS:2019:37

 

Pensión de alimentos y mínimo vital

🏠Familia > Alimentos


En los casos en que el progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo menor se encuentre en desempleo o carezca de ingresos, lo normal será fijar siempre un mínimo vital que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación.

En los casos en que el progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo menor se encuentre en desempleo o carezca de ingresos, lo normal será fijar siempre un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación.

Se plantean las consecuencias que acarrea que el progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo menor se encuentre en desempleo o carezca de ingresos.

De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE, y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico (Sentencias de 5-10-1993 y 8-11-2013).

De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención.

Por tanto, ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del Código Civil (Sentencia de 16-12-2014, rec. 2419/2013). La Sentencia de 5-10-1993 desestimó, como también se decide en ésta, la cesación de tal obligación, si bien advertía: «sin que ello signifique que en los casos en que realmente el obligado a prestar alimentos al hijo menor de edad carezca de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación, lo que aquí no acontece».

En atención a lo previamente razonado lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante.

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 55/2015, de 12-2-2015, FD 3º, Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz, ECLI:ES:TS:2015:439


Suspensión excepcional y temporal de la obligación de alimentos del progenitor absolutamente insolvente.

El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo «en todo caso», conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 de Código Civil.

Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 de Código Civil, esta obligación cesa «cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia», que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 de la Constitución y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres.

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 111/2015, de 2-3-2015, FD 2º, Ponente Excmo. Sr. D. José-Antonio Seijas Quintana, ECLI:ES:TS:2015:568


Improcedencia de fijar un mínimo vital como pensión alimenticia en casos de penosa situación del mínimo vital de la unidad familiar.

Acudiendo a la penosa situación del mínimo vital de la unidad familiar, resulta ilusorio querer salvar el «mínimo vital» del hijo, pues en tales situaciones el derecho de familia poco puede hacer, debiendo ser las Administraciones públicas a través de servicios sociales las que remedien las situaciones en que tales mínimos no se encuentren cubiertos.

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 184/2016, de 18-3-2016, FD 2º.4, Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz, ECLI:ES:TS:2016:1288


 

13-2-2019 La pensión de alimentos y su cuantía. El mínimo vital. Carlos Crespo Hergueta (El blog jurídico de Sepín)

Beneficio de inventario

23-1-2019 El Beneficio de Inventario ante Notario. Carlos Arriola Garrote (Notarios y Registradores)