No cabe excluir como beneficiario de un seguro de vida a un hombre que mató a la asegurada, que era su hermana, y que fue absuelto del delito de asesinato tras ser declarado inimputable por alteración psíquica plena que le impedía comprender la ilicitud de sus actos.

En este caso no se puede aplicar la previsión contenida en el artículo 92 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) que establece que la muerte del asegurado, causada dolosamente por el beneficiario, privará a éste del derecho a la prestación establecida en el contrato, quedando ésta integrada en el patrimonio del tomador.

La expresión «causó dolosamente», recogida en dicho artículo, exige conciencia y voluntad de causar la muerte, y, por tanto, la imputabilidad de la acción, por lo que no incluye un supuesto como el examinado, en que el beneficiario, autor del asesinato de la asegurada, fue absuelto por considerar el Tribunal penal que concurría causa de inimputabilidad completa de alteración psíquica plena que le impedía comprender la ilicitud de sus actos.

«Desde el momento en que el deterioro cognitivo que padecía el demandante anulaba de manera plena su capacidad de comprensión, impidiéndole entender lo que hacía y las consecuencias de su conducta, no es posible imputarle la agresión a su hermana ni, por ende, afirmar que estamos ante una acción consciente y voluntaria en tanto que realmente querida, por lo que, conformidad con la línea jurisprudencial expuesta, entendemos que no es de aplicación la previsión contenida en el art. 92 LCS, lo que determina que el contrato de seguro despliegue todos sus efectos».

Prescripción de la acción de restitución en préstamos usurarios

🏠 ≡ Civil > Obligaciones y Contratos

✍️ Revolving: Prescripción y dies a quo de la acción de restitución en préstamos usurarios. Alejandra Barreno Fernández – El blog jurídico de Sepín [ 23-4-2025 ]

Control de transparencia y abusividad de la comisión de apertura en préstamos hipotecarios

🏠 ≡ Civil > Obligaciones y contratos

⚖ El Tribunal Supremo reitera su jurisprudencia sobre el control de la transparencia y abusividad de la comisión de apertura en las hipotecas tras las sentencias del TJUE. La Sala recuerda que no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso – CGPJ [ 19-6-2025 ]

⚖️ Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 943/2025, de 16-6-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres, ECLI:ES:TS:2025:2620

Para apreciar la validez de la cláusula, se aplican las pautas de examen expresadas en la sentencia 816/2023, de 29 de mayo, que fueron refrendadas por las sentencias del TJUE de 30-4-2025 (asuntos C-699/23 y C-39/2024).

La posterior STJUE de 5-6-2025, C-280/24, no desvirtúa lo anterior:

1.- Se refiere a un contrato de crédito al consumo y no a un contrato de préstamo hipotecario;

2.- Analiza cláusulas relativas a la formalización del préstamo y gastos administrativos de mayor amplitud que lo que en el Derecho español se entiende por comisión de apertura;

3.- Pese a ser la misma Sala del Tribunal [ 8ª ] y el mismo Ponente quienes han dictado las dos sentencias de 30-4-2025 y 5-6-2025, esta última ni siquiera menciona las de anteriores.

No cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso, conforme la prueba practicada y las siguientes pautas:

1.- En relación con el control de transparencia:

a) Si se cumple la normativa bancaria vigente en la fecha del contrato que, en los contratos examinados en los recursos era la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, en concreto el apartado 4.1 de su anexo II, sin que sea necesario que la entidad detalle con precisión la naturaleza de todos los servicios ni que facilite factura de ellos.

b) Si ha habido un solapamiento de comisiones por el mismo concepto, de tal manera que por el estudio y concesión del préstamo se hayan cobrado distintas cantidades.

c) Si figura claramente en la escritura, en unos términos claros y comprensibles, de los que se desprenda que consiste en un pago único e inicial y se sepa fácilmente cuál es el coste económico.

d) Además, debe constatarse que los consumidores hayan tenido conocimiento previo al contrato de la existencia e importe de la comisión de apertura (información precontractual).

2.- En relación con el control de abusividad:

a) La expresión del coste de la comisión en forma de un porcentaje no puede, por sí sola, determinar la existencia de un desequilibrio importante. Debe ser el Juez el que ha de cerciorarse de que se respetan las exigencias de buena fe y de proporcionalidad.

b) Respecto de la proporcionalidad del importe, con todas las cautelas que supone el tener que examinar este requisito sin incurrir en un control de precios, se ha de atender a las estadísticas del coste medio de comisiones de apertura en España en la época en la que se celebró el contrato.

La competencia objetiva del Tribunal Supremo por demanda de responsabilidad civil contra Diputados, exige que el acto a enjuiciar se haya producido en el ejercicio de su cargo

🏠 Procesal Civil > Competencia objetiva ≡ Civil > Honor, Intimidad personal y familiar y propia imagen

📕 Art. 56 LOPJ

⚖ El Tribunal Supremo declara su falta de competencia para conocer una demanda por vulneración del derecho al honor contra la diputada Ione Belarra. La Sala de lo Civil considera que sus manifestaciones no fueron realizadas propiamente en el ejercicio de su cargo – CGPJ [ 6-6-2025 ]

El demandante afirmaba vulneración de su derecho al honor al publicar la Diputada 2 tuits en su cuenta de la red social X, con motivo de la jubilación del primero como Magistrado, en los que se refería a él como «este y otros Jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España» y que «continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena».

La demanda había sido interpuesta ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con base en el apartado 2.º del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le atribuye la competencia para conocer las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo dirigidas contra, entre otros, Diputados y Senadores.

El Tribunal Supremo considera que la demanda tiene por objeto unas manifestaciones que contienen opiniones que tienen relación con la actividad de la demandada como dirigente política y Diputada, pero que no han sido realizadas propiamente «en el ejercicio de su cargo», dado el contenido, medio a través del que se han realizado, contexto y momento en que se produjeron.

Y ello porque las manifestaciones contienen descalificaciones al Magistrado demandante, publicadas con ocasión de su jubilación, fueron realizadas en la cuenta de la que la demandada es titular en una red social y no son una reproducción de un acto parlamentario ni concurre una conexión prolongada por literalidad o en estrecha o acreditada conexión con el mismo.

En anteriores casos, algunos recientes, en que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conoció de demandas de protección del derecho al honor interpuestas frente a Ministros, las circunstancias eran distintas y justificaban la competencia de la Sala: la persona demandada seguía ostentando la condición pública que justificaba su aforamiento y la acción se refería a manifestaciones realizadas por la misma en el desempeño de sus funciones públicas, bien porque constituían la expresión pública de la política desarrollada por su respectivo ministerio o porque habían sido realizadas en actos públicos a los que habían acudido en su calidad ministerial.

Por estas razones, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado que carece de competencia objetiva para conocer de la demanda y que la competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia.

El equilibrio económico como finalidad de la pensión compensatoria

🏠 ≡ Familia > Pensión compensatoria

✍️ La búsqueda del equilibrio entre excónyuges y la pensión compensatoria. Carmen Botella Rivas – El blog jurídico de Sepín [ 7-4-2025 ]

Prohibición de disponer voluntaria y división de la cosa común

🏠 ≡ Civil > Derechos reales

✍️ La prohibición de disponer voluntaria no impide la división de la cosa común. Sara Madrid Jordán – El blog jurídico de Sepín [ 21-2-2025 ]

El contrato de gestación subrogada es contrario al orden público español

🏠 ≡ Civil > Familia

⚖ El Tribunal Supremo desestima una demanda de impugnación de filiación materna en un caso de gestación subrogada. En línea anteriores sentencias, declara que el interés del menor no puede confundirse con el interés del padre comitente, esto es, el varón que, mediante el contrato de gestación subrogada, aportando su material biológico, encargó a una mujer que gestara y diera a luz para él a dos niñas – CGPJ [ 27-3-2025 ]

El interés del menor no puede confundirse con el interés del varón que, mediante el contrato de gestación subrogada, aportando su material biológico, encargó a una mujer que gestara y diera a luz para él a dos niñas.

El reconocimiento en España del contrato de gestación subrogada celebrado en el extranjero y de la filiación que se fija en ese contrato, es manifiestamente contrario a nuestro orden público.

Entre otras razones, porque cosifica a las menores haciéndolas una simple mercancía, objeto de un contrato que pretende fijar su filiación con base en el pago de un precio a una mujer, que por lo general actúa impelida por un estado de necesidad acuciante, que se somete a los riesgos asociados a un tratamiento de reproducción asistida y que renuncia a los derechos que como madre gestante le deberían corresponder, y pretende privar a las menores de esa relación de filiación materna así como de su derecho a conocer a su madre.

Dejar sin efecto la inscripción de la filiación materna en el Registro Civil español vulneraría el derecho de las niñas a conocer a sus progenitores y a ser cuidadas por ellos que establece el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es intrascendente que la madre gestante no hubiera aportado sus óvulos para la gestación, pues ese dato es irrelevante para la legislación española, en la que la filiación no adoptiva materna se fija por el parto, sin que tenga trascendencia quién aportó el óvulo.

Interrupción de la posesión en la usucapión

🏠 ≡ Civil > Derechos reales

✍️ La interrupción de la posesión a efectos de usucapión. Iciar Bertolá Navarro – El blog jurídico de Sepín [ 10-2-2025 ]

Abusividad y jurisprudencia nacional y europea

🏠 ≡ Procesal Civil

✍️ Cláusulas abusivas y conflicto entre jurisprudencia nacional y europea tras la reforma de la LEC. Alejandra Barreno Fernández – El blog jurídico de Sepín [ 28-1-2025 ]

Viviendas de uso turístico en las comunidades de propietarios

🏠 ≡ Civil > Propiedad horizontal

✍️ Se prohíbe el uso de viviendas turísticas en las Comunidades de propietarios. La reforma de la LPH. María José Polo Portilla – El blog jurídico de Sepín [ 27-1-2025 ]

Intereses moratorios indemnizatorios en materia de consumo

🏠 ≡ Civil > Obligaciones y contratos

✍️ Incorporación por analogía de los intereses del art. 20 de la LCS a la normativa de consumo y reconocimiento de su carácter indemnizatorio. Marta López Valverde – El blog jurídico de Sepín [ 20-1-2025 ]

Imposibilidad de reconocer exequatur a la sentencia extranjera que establece la filiación por gestación subrogada

🏠 ≡ Civil > Familia

✍️ Gestación subrogada: La imposibilidad de reconocer la sentencia extranjera que valida dicho contrato. Juan Manuel Carrillo – El blog jurídico de Sepín [ 9-1-2025 ]

Control de abusividad del IRPH por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Supremo

🏠 ≡ Civil > Obligaciones y contratos

✍️ A vueltas con el IRPH. STJUE, Sala Novena, de 12 de diciembre de 2024. Asunto C-300/23. Ana Armijo Pliego – El blog jurídico de Sepín [ 18-12-2024 ]

Utilización exclusiva de un inmueble común

🏠 ≡ Procesal Civil ≡ Civil > Obligaciones y contratos

✍️ Utilización en exclusiva por un copropietario de un bien inmueble en proindiviso: Indemnización y desahucio por precario. Félix López-Dávila Agüeros – El blog jurídico de Sepín [ 11-12-2024 ]

Ruptura familiar y alternancia en el uso de la vivienda en el régimen de custodia compartida

🏠 ≡ Familia ≡ Guarda y custodia ≡ Vivienda familiar

✍️ Custodia compartida y el modelo de “casa-nido”: la necesidad de entendimiento entre los progenitores según el Tribunal Supremo. Mercedes Nieto Fajardo – El blog jurídico de Sepín [ 18-11-2024 ]

Autorización estatutaria para la realización de obras en elementos comunes

🏠 ≡ Civil > Obligaciones y Contratos > Arrendamientos Urbanos

✍️ Interpretación de las cláusulas estatutarias por las que se permite, a determinados propietarios, la realización de obras en elementos comunes. María José Polo Portilla – El blog jurídico de Sepín [ 2-12-2024 ]

Criterios de abusividad por falta de transparencia de los intereses de las tarjetas revolving

🏠 ≡ Civil > Obligaciones y contratos

⚖ El Tribunal Supremo fija los criterios para declarar abusivos los intereses de las tarjetas ‘revolving’ por falta de transparencia. La información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado y los riesgos derivados del mismo – CGPJ [ 3-2-2025 ]

⚖️ Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 154/2024, de 30-1-2025, Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena, ECLI:ES:TS:2025:242

El crédito revolving es un crédito al consumo con interés, de duración indefinida o de duración definida prorrogable de forma automática, concedido a personas físicas, en el que el consumidor puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta, siendo habitual que la entidad financiera fije, por defecto, una cantidad o un porcentaje bajo, lo que alarga significativamente el plazo de amortización y supone la generación de una gran cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota.

El crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota [ habitualmente, mensual ] por lo que es un crédito rotativo o revolvente, equiparable a una línea de crédito permanente.

El riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar, hace preciso que el consumidor reciba una información sobre estas características y estos riesgos, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno.

La información, que ha de ser facilitada al consumidor antes de celebrar el contrato, debe exponer de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo.

Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

La información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo, debe permitirle comparar las diversas ofertas, lo que hace necesario una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving.

Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Aunque la falta de transparencia no supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que la sala ha venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Requisitos legales de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España

🏠 ≡ Civil > Registro Civil

⚖ El Tribunal Supremo fija doctrina sobre los requisitos legales para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta dos sentencias en esta materia – CGPJ [ 16-1-2025 ]

– La concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España conforme a la Ley 12/2015, de 24 de junio, corresponde a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que no está vinculada por la valoración del Notario en el acta de notoriedad que contempla la Ley acerca de si se cumplen o no los requisitos legales exigidos para la concesión.

– El artículo 1.2 de la Ley 12/2015 exige que los medios de prueba que permiten valorar si queda acreditada o no la condición de sefardí del solicitante, cumplan determinados requisitos para poder ser tomados en consideración como elementos de juicio. Es decir, se requiere que los medios probatorios observen de manera rigurosa los requisitos legalmente establecidos.

– Así, cuando el certificado expedido por el presidente de la comunidad judía o autoridad rabínica no reúne los requisitos de los apartados a), b) o c) del artículo 1.2 de dicha ley, no se le puede dar valor probatorio con base en el apartado g) del citado artículo, pues cuando el legislador hace referencia a «cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario de España» debe entenderse referida a cualquier otra circunstancia distinta de las contempladas en los apartados anteriores de dicho artículo y no a las mismas circunstancias cuando no se cumplen en su integridad sus requisitos.

– Para el medio probatorio a que se refiere la letra f) del artículo 1.2 de la Ley 12/2015 consistente en el informe motivado que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español, la ley alude a que se trate de un informe «emitido por entidad de competencia suficiente». La referencia legal a que el informe sea emitido por una «entidad» lleva a concluir que los informes de apellidos requieren el respaldo de una «colectividad considerada como unidad, y, en especial, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica» de competencia suficiente.

-Que el art. 1.2 de la Ley 12/2015 prevea como uno de los medios probatorios para acreditar la condición de sefardí originario de España el «informe motivado, emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español» no significa que cualquier informe que tenga tal objeto haya de ser necesariamente aceptado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y por el Tribunal que conozca de la impugnación de la resolución dictada por tal organismo, que deberá valorar el informe según las reglas de la sana crítica.

– Ello no impide que otros informes, como los genealógicos u otros que sean emitidos por expertos o investigadores puedan ser tomados en consideración como un elemento más entre los que, de manera más amplia, se admiten en la letra g) del artículo 1.2 de la Ley 12/2015 -«cualquier otra circunstancia»- y, por tanto, susceptibles de ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica juntamente con los demás medios de prueba.

– Además de la acreditación de la condición de sefardí originario de España, es preciso que el solicitante acredite la especial vinculación con España. El artículo 1.3 de la Ley 12/2015 se refiere a los medios probatorios que, valorados en su conjunto, acreditan la especial vinculación con España. Para impugnar en casación la valoración en conjunto realizada por el tribunal de apelación de los medios probatorios aportados por el solicitante que cumplan los requisitos legales, es preciso denunciar un error notorio en la valoración de la prueba (artículos 477.2 y 5 LEC).

– No es contrario al artículo 14 de la Constitución que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, si ha detectado que estaba concediendo la nacionalidad española con base en una aceptación acrítica de las actas de notoriedad expedidas por notarios, sin cumplirse los requisitos exigidos por la Ley 12/2015, haya rectificado la práctica anterior y haya comenzado a valorar con rigor el cumplimiento de los requisitos legales. No hay derecho a la igualdad en la ilegalidad.

Informar de una situación de morosidad no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor si no es desproporcionada en atención a la finalidad informativa e innecesariamente vejatoria

🏠 ≡ Civil > Honor, intimidad personal y familiar y propia imagen

⚖ El Tribunal Supremo considera que colgar una pancarta en un colegio para informar de que no paga el alquiler no vulnera su honor. La Sala señala que no supone una intromisión ilegítima en su derecho al honor siempre que la información sea veraz y no vejatoria – CGPJ [ 20-11-2024 ]

⚖️ Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 1.515/2024, de 12-11-2024, Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena, ECLI:ES:TS:2023:5513

Colgar una pancarta en un colegio y guardería para informar de que no paga el alquiler y de que tiene una orden de desahucio no supone una intromisión ilegítima en su derecho al honor siempre que la información sea veraz y no vejatoria.

Tras meses de impago y con una orden de desahucio pendiente, los propietarios decidieron colgar una pancarta, que estuvo en el lugar durante un par de meses, en la que informaban de que el colegio y guardería les debía más de 30.000 €. La hija de los dueños del edificio, en el que también residían ellos, publicó en sus cuentas de redes sociales un mensaje en el que se quejaba de la situación y, además, entregó una copia de la sentencia de desahucio al padre de un alumno del colegio.

El Tribunal Supremo explica que en este caso no se ha producido una intromisión en el derecho al honor de los arrendatarios porque la conducta de colocar la pancarta no fue desproporcionada y la información difundida era veraz.

Colocar carteles informadores de la situación de morosidad o, en general, de incumplimientos o ilegalidades causantes de daños o molestias, está «justificada por la libertad de información… si no es desproporcionada en atención a la finalidad informativa e innecesariamente vejatoria».

En el que se puso la pancarta la sociedad arrendataria «no solo adeudaba la cantidad líquida que se fijaba en la sentencia como adeudada hasta ese momento (que había sido consignada a efectos de interponer el recurso y no había sido entregada a los arrendadores), sino también las rentas que se siguieron devengando desde ese momento, que no fueron pagadas ni consignadas por la arrendataria. Con posterioridad a la colocación de la pancarta se siguieron devengando esas cantidades, que resultaron impagadas, hasta el momento del desahucio». De hecho, ni siquiera se alega en el recurso que esas cantidades hayan sido pagadas posteriormente y los recurridos alegan que la sociedad demandante todavía las adeuda.

«Los arrendadores demandados tuvieran a su disposición la vía judicial para obtener la condena al pago de las cantidades adeudadas y el lanzamiento de la arrendataria incumplidora no es incompatible con que informaran sobre la situación de impago y la orden de desahucio».