Licencia para matar águilas imperiales. Electrocuciones de aves y ausencia de sanciones administrativas. Jurisprudencia sobre atipicidad infractora: ¿basada en disposiciones reglamentarias ilegales?

Es bien conocido en el sector ambiental y eléctrico, que las águilas imperiales están al borde de la extinción en España, siendo su principal causa de mortandad la electrocución de estas en tendidos eléctricos vetustos e inadecuados, propiedad de grandes empresas eléctricas de distribución; igualmente que es conocida también la forma de evitar este daño a la biodiversidad, o al menos minimizarlo, mediante la corrección y adaptación de los mismos a más modernas tipologías y mejores tecnologías disponibles. Por supuesto no se trata de la muerte de los ejemplares como resultado de una actividad dirigida finalísticamente a esta consecuencia como algo buscado de propio, lo que denominaríamos dolo directo, o intencionalidad, pero sí de un supuesto que denominamos “dolo eventual”, por el cual aquella persona, física o jurídica, que explota una actividad o infraestructura que por sus características es susceptible de causar daños, y siendo consciente de ello, y estando obligado legalmente a intentar evitarlo (esta es la clave de la cuestión), no lo hace voluntariamente, siendo por ello responsable de las consecuencias que pudiendo, no evita. De ahí que lo lógico es que el incumplimiento de la obligación de corregir instalaciones peligrosas, igual que si cualquiera tenemos el coche en mal estado y causamos daños por ello, deberá ser sancionado de algún modo.

“Obra con dolo el que, conociendo el peligro generado con su acción, no adopta ninguna medida para evitar la realización del tipo” (STS 327/2007, de 27 de abril).

“License to kill imperial eagles”. Electrocutions of birds and absence of administrative sanctions. Jurisprudence on infringing atypicality: Based on illegal regulations?

It is well known in the environmental and electrical sector that the imperial eagles are on the verge of extinction in Spain, their main cause of death being their electrocution in old and inadequate power lines, owned by large electrical distribution companies; likewise, it is also known how to avoid this damage to biodiversity, or at least minimize it, by correcting and adapting them to more modern typologies. Of course, it is not about the death of the specimens as a result of an activity directed ultimately to this consequence as something sought of its own, what we would call direct fraud, or intentionality, but it is an assumption that we call “eventual fraud”, by the which person, natural or legal, who exploits an activity or infrastructure that due to its characteristics is likely to cause damage, and being aware of it, and being legally obliged to try to avoid it (this is the key to the question), does not do so voluntarily, being therefore responsible for the consequences that he can, he does not avoid.

“Work with fraud is the one who, knowing the danger generated by his action, does not adopt any measure to prevent the realization of the type” (STS 327/2007, of April 27).

Pues bien: Hasta hace poco tiempo, Castilla la Mancha era la única Comunidad Autónoma de España en la que se había confirmado jurisprudencialmente sanciones administrativas en casos de estos, contra la persona jurídica – empresa de distribución eléctrica. Pero reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala Contencioso Administrativo, de Castilla La Mancha, de 27 de noviembre 2020 (nº 391 – sección 2ª), desdiciéndose, contrariamente a las anteriores, ha estimado el recurso contra sanción impuesta por la autoridad administrativa autonómica competente, por la electrocución en un tendido eléctrico titularidad de la recurrente, sito en zona protegida, de águilas imperiales (especie amenazada de extinción insisto), a conocida empresa eléctrica, dejando sin efecto la sanción y absolviendo en definitiva a la empresa tanto de sanción como de indemnización alguna, por el motivo de la falta de tipicidad de los hechos probados, y ello contra criterio anterior seguido en sentencias 350/2017 y 251/2018 de la misma Sala, del que ahora se desdice; lo hace, como digo, partiendo de la falta de tipicidad de los hechos declarados probados, consistiendo en resumen, y a pesar del hecho dañoso objetivo y aceptada su relación causa – efecto de la muerte del ave rapaz, con la falta de adecuación de los apoyos y la línea a las prescripciones electrotécnicas de seguridad para las aves, por no encontrarse la línea eléctrica causante de la electrocución, inventariada por la administración autonómica como instalación peligrosa, en resolución administrativa expresa y notificada al titular de dicha línea defectuosa.

En cualquier caso, además de lo anterior, es de advertir que aunque estuviese inventariada y notificada dicha deficiencia de la línea por la Administración a la empresa titular, que en principio es lo que hace nacer la obligación de realizar y presentar un proyecto de adecuación de esta línea por el propietario, tampoco sería obligatorio aún así llevarlo a cabo, y por tanto ser sancionable su omisión, si presentado dicho proyecto, no lo ejecuta realmente la empresa finalmente, por no facilitar la propia administración el mecanismo de financiación previsto en el RD 1432/2008, en su disposición adicional única como veremos.

Ciertamente de este modo, como viene sucediendo en la práctica, no cabrá sanción prácticamente nunca en la realidad; en unas ocasiones no estarán publicadas las zonas de protección a las que aplicar las prescripciones de seguridad (algunas Comunidades Autónomas aún no lo han hecho), en muchas aún no se ha dictado resolución y/o inventario alguno que recoja las infraestructuras de transporte y distribución eléctrica que no se ajustan a las prescripciones electrotécnicas del Real Decreto (a las que aun así para colmo se les da por los Departamentos de Industria certificación favorable de inspección conforme al R.D. 337/2014), y que por tanto notificar al titular (es decir la administración le hace el trabajo al operador del sector, sin duda debe ser el único caso en el mundo profesional); pero es que es más, aún notificado el carácter peligroso de su propia infraestructura a su propietario por la Administración, esta ¡debe pagárselo! (como si no pasásemos la ITV del vehículo mientras Tráfico no nos pagase la misma…sin comentarios).

Recordemos lo que dice el Real Decreto:

REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

2. Este real decreto también se aplica a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos existentes a su entrada en vigor, ubicadas en zonas de protección, siendo obligatorias las medidas de protección contra la electrocución y voluntarias las medidas de protección contra la colisión.

Las comunidades autónomas realizarán, en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de las zonas de protección, un inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que provocan una significativa y contrastada mortalidad por colisión, de aves incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial, particularmente las incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Disposición Transitoria Única. 2

Adaptación de líneas eléctricas de alta tensión.

Los titulares de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión a las que se refiere el artículo 3.2, deberán presentar ante el órgano competente y en el plazo de un año a partir de la notificación de la resolución de la comunidad autónoma a que se refiere el artículo 5.2, el correspondiente proyecto para adaptarlas a las prescripciones técnicas establecidas en el artículo 6 y en el anexo, debiéndose optar por aquellas soluciones técnicamente viables que aseguren la mínima afección posible a la continuidad del suministro. La ejecución del proyecto dependerá de la disponibilidad de la financiación prevista en el Plan de inversiones de la disposición adicional única.

Disposición Adicional Única.

Plan de inversiones a la adaptación de líneas eléctricas.

Para lograr el cumplimiento de los fines perseguidos por este real decreto, el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total de las adaptaciones contempladas en la disposición transitoria única, apartado 2, en un plazo no superior a los cinco años desde la entrada en vigor de este real decreto. La ejecución de las adaptaciones en ningún caso superará los dos años desde la aprobación de la financiación correspondiente.

Aquí está la clave de la “coartada” de las empresas eléctricas, que con presupuestos mil millonarios, se ven aparentemente legitimados para no adecuar sus propios tendidos, mientras no reciban la financiación pública, ahorrándose un buen dinero que debe tener, muy probablemente, mejor destino en dividendos para los miembros de los consejos de administración de las grandes sociedades (¿tendrá algo que ver “las puertas giratorias”?).

Es de recordar que se aprobó a los años un real decreto 264/2017 de subvenciones, cuyas cuantías resultan ridículas en comparación con el más mínimo cálculo de costes reales de adaptaciones de tendidos antiguos, susceptibles de causar electrocuciones de aves.

Pues aquí viene lo importante que quiero intentar transmitir: las normas en general, tienen que cumplir lo que llamamos jerarquía normativa (Artículos 9.3, 10.2 y 96 de la Constitución), frente a normas de rango superior, o de carácter básico en el reparto de competencias entre la Unión Europea (Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión o 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la U.E.), del Estado central y las Comunidades Autónomas (149. 1. 23 de la Constitución). De modo que, si una norma reglamentaria se entiende por un Tribunal que es contraria a otra norma de rango legal, constitucional o internacional, o bien no debe aplicarla (artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), o bien debe plantear la cuestión al Tribunal Supremo – así por ejemplo Sentencia de 12 de marzo de 2020 del TS, Sala de lo Contencioso – Administrativo, en el Orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativo (Artículos 9.4, 24 y 58 de la LOPJ y 1 y 12 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa).

Otro ejemplo importante: La sentencia del TS – Sala IIIª de lo Contencioso de fecha 5 de julio de 2016 (nº 1646/2016), anula una disposición de carácter reglamentario, por incurrir esta en vulneración de la jerarquía normativa, consistente, en ese caso concreto en materia de Dominio Público, concesiones y licencias, en el vicio denominado “ultra vires”, al haberse excedido del cometido propio de todo texto reglamentario, pues no limitó su función al desarrollo de la norma legal y a otorgarle el necesario complemento normativo para que las previsiones legales pudieran resultar operativas, sino que de forma exorbitante reconoció un derecho sin cobertura legal; este es exactamente el caso de la injustificada cobertura y privilegio que la Disposición Adicional Única del R.D. 1432/2008 otorga a las empresas eléctricas, si entroncamos esta con disposiciones legales como la Ley de Industria de 1992, la del Sector Eléctrico de 2013, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y sobre todo de la Ley de Responsabilidad Medioambiental 26/2007, a cuyos preceptos sobre las obligaciones de los operadores económicos, debería ajustarse un reglamento, sin introducir palmarias limitaciones “contra legem”, de dichas obligaciones en protección del Medio Ambiente. Además de ello, esta disposición atenta claramente contra principios generales de la Unión Europea, tales como el recogido en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, “quien contamina, paga”, así como las Directivas de Hábitats y Aves, o la propia Directiva de Responsabilidad Medioambiental, traspuesta en la casi inaplicada ley 26/2007 de España. También por vía de los artículos 94 a 96 de la CE, son de aplicación preferente en España Convenios Internacionales de protección de las aves migratorias, como el de Bonn, ratificado por España y parte pues de nuestro ordenamiento jurídico.

Aún podría añadir, que la doctrina en este campo del Tribunal Constitucional, representado por ejemplo en las sentencias 214/2015 y 134/2019, incide en la vulneración de la jerarquía normativa como causa de inconstitucionalidad de normas legales, cuando se confieren derechos injustificados o trabas a la Administración y sus agentes, que en la práctica hagan ineficientes las medidas exigidas por el artículo 45 de la CE, y las normas internacionales, a la hora de proteger los valores ambientales.

En conclusión: es el momento de recurrir en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la sentencia número 391 de 27 de noviembre de 2020, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla la Mancha, por un lado por encontrar su interés casacional en la contradicción entre esta y las anteriores sentencias de la misma Sala citadas, y especialmente por resolver, siendo la clave de la decisión judicial, la cuestión sancionadora y de tipicidad infractora jurídica, en base a una disposición reglamentaria que pude estar incurriendo en nulidad o anulabilidad en base a lo considerado, y de este modo cumplirse la labor “profiláctica” de dicho recurso de casación respecto de las normas, y el respeto a la jerarquía y coherencia del ordenamiento jurídico.

Evaluación del estado jurídico de la electrocución de avifauna y formulación de propuestas de mejora para la efectividad en el cumplimiento de la normativa

19-10-2020 Evaluación del estado jurídico de la electrocución de avifauna y formulación de propuestas de mejora para la efectividad en el cumplimiento de la normativa. Dra. Eva Blasco Hedo, Dr. Carlos Javier Durá Alemañ y Juan Manuel Pérez-García

Sugerencias para la modificación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Salvador Moreno Soldado, Técnico Jurídico de Medioambiente de JCCM en Albacete.

Sugerencias en el trámite de información pública abierto por el Ministerio de Transición Ecológica en la web:

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/Consulta_Publica_RD_Tendidos.aspx

Mis sugerencias consisten en proponer un Borrador de Real Decreto de modificación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión que mejore la regulación de las electrocuciones y colisiones (ampliando sus distintas problemáticas) así como respecto de los ahogamientos de fauna.

Texto que propongo:

Real Decreto …./2020 por el que se establecen medidas de prevención y evitación de daños ambientales relacionados con pérdidas de biodiversidad como consecuencia de electrocuciones de avifauna en tendidos eléctricos, colisiones de avifauna y por ahogamientos de fauna silvestre en estructuras de retención y conducción de agua.

Exposición de Motivos

El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, es una norma de seguridad industrial orientada a la protección de la avifauna, de carácter básico, que tiene por objeto establecer normas de carácter técnico de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos situadas en las zonas de protección que designa, con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna; lo que redunda a su vez en una mejor calidad del servicio de suministro eléctrico.

Han pasado más de 10 años desde la publicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; y, si bien la situación ha mejorado, la problemática de la electrocución y la colisión de la avifauna en tendidos eléctricos sigue existiendo y teniendo un importante impacto sobre muchas especies de aves amenazadas, causando daños y perniciosos efectos significativos en sus poblaciones. En este tiempo se han publicado estudios científicos, se ha aprobado legislación por parte de las comunidades autónomas y se han fallado sentencias judiciales al respecto. Además, se han comprobado la eficacia de las medidas correctoras previstas en el Real Decreto 1432/2008, y han surgido nuevos materiales y tecnologías, pero también se ha constatado la existencia de numerosas electrocuciones y colisiones de avifauna fuera de las zonas de protección contempladas en el mismo.

Mediante la promulgación de este Real Decreto se pretende abordar de manera más eficaz la problemática de la electrocución y colisión en tendidos eléctricos; clarificando algunas cuestiones dudosas y avanzando en el empleo de las mejores soluciones técnicas para cumplir con el objetivo de evitar la alarmante pérdida de biodiversidad, conforme a los objetivos establecidos por la Comisión Europea y también para materializar y dar soporte legal sobre el camino a seguir para que la transición ecológica evolucione a modelos productivos más acordes con el principio de desarrolle sostenible y se cuente con un marco jurídico adecuado y con seguridad jurídica. Para ello, no sólo resulta imprescindible actualizar y mejorar el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, basándose en la experiencia acumulada en los más de 10 años de aplicación, sino también abordar de manera más decidida las soluciones a los problemas que se plantean para garantizar la conservación de la biodiversidad; tal y como se exige en el artículo 54.1 y se señala en el artículo 2.c) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad que establece el principio de “no pérdida neta de biodiversidad”.

Un importante número de leyes estatales inciden en la necesidad de garantizar la conservación de las especies amenazadas y establecen obligaciones legales claras de prevención y evitación de daños medioambientales  por el riesgo de electrocución de fauna: la Ley 26/2007, de 23 de octubre, (artículos 9, 17, 18 y 21) de Responsabilidad Medioambiental; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [(exposición de motivos y artículos 4.3.g); 40.2.r), 53.9 y 54.2]; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (artículos 9 y 10); y el artículo 2.d) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. El cumplimiento de estas obligaciones de prevención y evitación de daños ambientales, por expresa disposición legal, debe ser asumido por quienes generen esas actividades de riesgo, con responsabilidad  conforme al principio quien contamina paga, según se establece en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa y en el artículo 8.1 de la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad Medioambiental, la cual se traspone a derecho español mediante la aprobación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; donde se establece la obligación de asumir los costes ambientales por parte del operador económico y profesional que lleve a cabo cualquier actividad económica y profesional con base en el principio quien contamina paga y en el principio ambiental de mercado; ello en relación con la necesaria solidaridad colectiva regulada en el artículo 45.3 de la Constitución Española de 1978, y contando con suficiente apoyo jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional, y del Tribunal Supremo.

El presente Real Decreto establece el marco legal para prevenir, evitar y minimizar lo máximo posible el impacto que las instalaciones y líneas eléctricas de distribución y transporte eléctrico tienen sobre las aves. Se trata de una normativa de carácter básico que resulta competencia de la Administración General del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas dicten normativa más exigente de protección ambiental. Tal y como se recoge en la disposición adicional undécima del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se establecen así las medidas de carácter técnico que se deberán adoptar para evitar la colisión y electrocución de las aves en las líneas eléctricas con conductores desnudos.

La muerte por electrocución y colisión es la principal causa de mortandad no natural de aves rapaces en España, produciendo perniciosos efectos dañinos y significativos en la mayoría de las aves rapaces, especialmente en las clasificadas en peligro de extinción y vulnerables, así como también en muchos casos en otras de inferior rango. En ese sentido, alrededor de 33.000 aves rapaces mueren al año por este motivo víctimas de las electrocuciones en las líneas eléctricas. No obstante, algunos expertos estiman entre un 80% o incluso un 90% las tasas de desaparición de los cadáveres del lugar de electrocución o colisión como consecuencia de la predación, en función de diversos elementos ambientales, o incluso por la manipulación humana.

La biodiversidad, tan necesaria para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y para la existencia de un equilibrio en los ecosistemas, también se está viendo afectada por nuevos problemas a los que hasta ahora no se les había dado la importancia que merecen. Uno de estos problemas, que requiere objetivos más ambiciosos, es la lucha contra colisión de las aves contra todo tipo de infraestructuras; algunas de ellas en constante crecimiento, como son la energía eólica, los vallados con o sin alambre de espino, las superficies acristaladas y otras instalaciones; las cuales acaban con la vida de innumerables aves que colisionan contra ellas, mostrándose también como una importante causa de pérdida de biodiversidad que las está afectando de manera significativa, provocando graves problemas medioambientales respecto de las que existen soluciones probadas, eficaces y económicas que reducen o incluso llegan a eliminar por completo, en muchos casos, este tipo de muerte intolerables, y, en otros casos, las  nueva soluciones se mejoran en el corto plazo, y el perfeccionamiento de las mismas avanza día a día en sectores especializados; especialmente en el sector eólico.

Los cultivos en espaldera, consistentes en el establecimiento de una guía del crecimiento mediante el armado de alambres con el fin de facilitar la mecanización del cultivo y obtener un mayor rendimiento, que tanto se están extendiendo en todo el territorio español, también suponen un importante factor de perturbación cuyo impacto debe minimizarse, ya que se está convirtiendo en una seria amenaza para las aves que los frecuentan, mostrándose muy vulnerables a estas nuevas modalidades de cultivo, las delicadas poblaciones de aves esteparias, dadas sus características de vuelo, así como también para algunas aves rapaces.

Por otro lado, cada año mueren ahogados en España varias decenas de miles de animales domésticos y silvestres en estructuras de retención de agua, bien sean grandes balsas o pequeños aljibes, al igual que aquellas infraestructuras creadas para la conducción de agua, ya sean grandes trasvases o pequeños canales esparcidos por toda la geografía. Se trata de infraestructuras, en su mayor parte antiguas, y realizadas antes de que existiera cualquier normativa de protección ambiental o de evaluación de impacto ambiental, que han contribuido a la mejora de la agricultura de regadío. Sin embargo, se están mostrando, con motivo de su aumento o su deficiente construcción o mantenimiento, en otra causa de pérdida de biodiversidad a tener muy en cuenta. Debido a su localización acaban por afectar a una gran variedad de especies, mostrándose especialmente vulnerables, también, incluso las cinegéticas, en aquellos enclaves atravesados por grandes canales de derivación, bien sea por los desplazamientos naturales relacionados con la biología de las especies o simplemente por satisfacer una necesidad tan básica como beber. Las infraestructuras que les afectan suelen ser de paredes muy verticales imposibles de ascender por los animales, y/o lisas y resbaladizas, las cuales terminan por acabar con la vida de muchas especies que penetran en ellas voluntaria o accidentalmente y no pueden salir por carecer de mecanismos facilitadores instalados a tal efecto. En este sentido, se estima que en España existen unas 700 infraestructuras asociadas a canales de riego, extendidas en una longitud total de más de 16.000 kilómetros, constituyendo estas infraestructuras puntos negros de afección a la fauna e incluso a las personas que exigen de la Administración una respuesta normativa acorde con esta realidad casi siempre silenciosa. A este respecto, existen multitud de soluciones sencillas, eficaces e incluso de bajo coste económico cuya implementación minimizaría el problema del ahogamiento de fauna en estas otras infraestructuras.

El artículo 54.1 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece el deber del Estado y de las Comunidades Autónomas de establecer las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera. Por ello, esta norma se dicta con carácter básico, sin perjuicio de que adicionalmente las Comunidades Autónomas puedan ser más exigentes en cuanto al establecimiento de medidas.

Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental establece que ante una amenaza inminente de daños medioambientales que puedan ser significativos, originada por cualquier actividad económica o profesional el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas. Asimismo, cuando se hayan producido daños medioambientales causados por cualquier actividad económica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de requerimiento las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños.

Además, tanto la jurisprudencia española como la jurisprudencia del TJUE (Sentencia de 01/06/2017) han emitido pronunciamientos en los que exponen que el simple hecho de tener una autorización y cumplirla no constituye en sí misma una causa de exoneración ni elimina la antijuridicidad del daño ambiental. El TJUE, aunque se trate de instalaciones autorizadas antes de la entrada en vigor de la Directiva 2004/35/CE, considera que los daños generados por esa instalación son daños ambientales actuales, sin que el hecho de que se produzcan en una instalación autorizada por un órgano sustantivo competente en la materia exima de considerarse daños ambientales y no pueden entenderse amparado por la autorización sustantiva por la antijuridicidad del daño ambiental.

A estos efectos, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo II de la Ley 26/2007, y comprobado la existencia de eficaces métodos de prevención y evitación de daños cuya probabilidad de éxito es muy alta y su coste de inversión es razonable, ínfimo en muchos casos, llegando a minimizar, cuando no incluso a eliminar por completo el riesgo de daño, y que son de fácil implementación material en la práctica, el Estado se ve en la obligación de tomar la iniciativa para resolver estas problemáticas. Además, tales medidas servirán para prevenir y evitar otros daños colaterales futuros y actuales en el equilibrio de los sistemas naturales, como las plagas de conejo que dañan los cultivos agrícolas, como consecuencia del continuo desequilibrio ecológico que supone la ausencia de rapaces en dichos terrenos; siendo muy alto el grado en el que se estima que cada medida beneficiará a cada componente de los recursos naturales y al servicio medioambiental que éstos prestarán; y que también se traducen en un ejercicio de adecuación ambiental compatible y acorde con el desarrollo sostenible conforme con los nuevos criterios de transición ecológica y teniendo en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales que imperan en la conciencia de la sociedad actual cada vez más sensibilizada con las cuestiones ambientales.

Por otro lado, el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite, mediante desarrollo reglamentario, establecer especialidades respecto de los órganos competentes y las formas de iniciación y terminación del procedimiento. A este respecto,  resulta necesario constituir un procedimiento administrativo específico, conforme se refiere en el apartado VI de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental que regule las cuestiones de naturaleza procedimental de manera ágil y que sean acordes y congruentes con la necesidad de emprender una pronta actuación cuando estamos ante una amenaza inminente de daños significativos o una necesidad de evitación urgente de la producción de un nuevo daño ambiental. En este sentido, la propia Ley refiere que la obligación de adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales emana directamente de la aplicación de la ley. Por ello, este Real Decreto regula la forma en que deberán llevarse a cabo las comunicaciones por parte de la Autoridad Ambiental o sus Agentes al efecto de ganar en agilidad y eficacia respecto del objetivo pretendido.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día ….,

DISPONGO

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto del presente Real Decreto es el establecimiento y la mejora de las medidas de prevención y evitación de daños ambientales de carácter electrotécnico y de seguridad industrial para la protección de avifauna frente al riesgo de electrocución en las líneas eléctricas existentes y de nueva construcción. Se incluyen también las líneas eléctricas ferroviarias conforme se dispone más adelante.

También comprende y regula las medidas de prevención y evitación de colisiones de avifauna en las infraestructuras existentes o de nueva construcción, ya fueran tendidos eléctricos, instalaciones eólicas, vallados y superficies rígidas asimilables a cristaleras que puedan causar mortalidad en la avifauna por transparencia o reflexión.

Igualmente, se regulan las necesarias medidas para prevenir y evitar ahogamientos de fauna silvestre en infraestructuras hidráulicas. Se entienden incluidas todas aquellas hidráulicas de retención o conducción existentes o de nueva creación en cuya tipología constructiva pueda apreciarse riesgo de ahogamientos de fauna silvestre, o bien puedan convertirse, por su estado de abandono o por ausencia del líquido elemento, en una trampa mortal para la fauna silvestre.

Y también establece un procedimiento específico que regula cómo deben producirse las comunicaciones de las Administraciones ambientales de una manera ágil así como los efectos que puedan desprenderse de la tramitación del mismo.

Artículo 2 Ámbito temporal y territorial.

El presente Real Decreto tendrá aplicación a todas las instalaciones e infraestructuras existentes en la actualidad y en las nuevas que se proyecten construir en todo el territorio del Estado español.

Artículo 3 Medidas de prevención y evitación de daños por electrocuciones.

Se modifica la redacción del artículo 6 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión que quedará redactado como sigue:

En las líneas eléctricas de alta tensión de 2ª y 3ª categoría que tengan o se construyan con conductores desnudos se aplicarán las siguientes prescripciones:

1. Las distancias entre fases eléctricas tanto en apoyos de amarre como en apoyos de alineación, especiales o de fin de línea, será al menos de 1,5 metros de separación, aun cuando estuvieran aislados.

2. En los apoyos o postes de suspensión, las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos de al menos 0,85 m. de longitud, evitándose en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición rígida, incluso aun estando aislados. En líneas nuevas se utilizarán únicamente aisladores poliméricos con núcleo dieléctrico. En líneas existentes que mantengan el uso de aisladores de vidrio o cerámicos las cadenas de suspensión serán también como mínimo de 0,85 metros de longitud.

3. En los apoyos en amarre, especiales, anclaje, de ángulo y fin de línea, se aislarán todas las fases eléctricas al menos 1,5 metros a cada lado del amarre. En líneas nuevas se utilizarán únicamente aisladores poliméricos de 1,25 metros con núcleo dieléctrico de longitud totalmente aislada y dotados de elementos disuasorios de posada integrados en el mismo cuerpo del aislador que no constituyan peligro de lesiones o atrapamiento para el ave. En líneas existentes que mantengan el uso de aisladores de vidrio o cerámicos las cadenas de suspensión deberán complementarse con el empleo de piezas que como mínimo alcancen la distancia de 1,5 metros de longitud totalmente aislada a cada lado del anclaje de amarre y en todas las fases.

4. Todos los herrajes de las grapas de sujeción, tanto en suspensión como en amarre deberán contar con un kit de forros o aislamiento preformado certificado conforme a la norma UNE Especificación Aenor EA0058: 2016 y específicamente diseñado para este objeto, el cual computará como zona de aislamiento junto con otros elementos sin tensión.

5. Se adecuarán, suprimiéndose de la cruceta superior, los elementos en tensión que sobrepasen la misma, disponiéndose siempre en semicrucetas adicionales inferiores en los apoyos. No se permite el aislamiento de tales elementos en tensión en la cruceta superior.

6. Los puentes no podrán situarse por encima de cruceta, debiéndose eliminarse y pasar a estar suspendidos y completamente aislados en todo tipo de crucetas.

7. Los seccionadores cortacircuitos y demás aparamenta de corte y maniobra deberán tener todos sus bornes en tensión convenientemente aislados. Y junto con los fusibles, válvulas, transformadores de distribución, con bornes también aislados, se situarán en posición no dominante en otra semicruceta adicional bajo la cruceta superior alejada al menos 1,5 metros de los puntos en tensión debidamente aislados en la cruceta superior.

8. En cualquier caso y en todo tipo de apoyo, los puentes de amarre y todos los puentes de unión entre los elementos en tensión, se aislarán con forros específicamente diseñados para este cometido.

9. Queda prohibido el uso de alargaderas metálicas antiposada. Las crucetas de cualquier tipo que dispongan de ellas deberán eliminarlas u optar por ampliar las distancias en longitud suficiente para alcanzar al menos 1,5 metros de zona sin tensión.

10. Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor central no será inferior a 0,88 m, y se aislarán con forros tanto el conductor central como también como los conductores laterales al menos 1,5 metros a cada lado del punto de enganche.

11. Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad «d», tal y como se establece en el anexo correspondiente.

12. En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 metros.

13. En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el punto 11, la distancia mínima de seguridad «d» aplicable será la que corresponda a la cruceta más aproximada a las presentadas en dicho cuadro.

14. El empleo de paraguas, espinas u otros elementos disuasorios de posada no permite rebajar las distancias de seguridad establecidas en este artículo.

15. La instalación de dispositivos antiposada, antinidificación o de posaderos alternativos no podrán sustituir al resto de las medidas; recomendándose que se instalen sólo en aquellos apoyos que, por sus características o frecuencia de uso por parte de las aves, quede comprometida su funcionalidad y/o la seguridad del suministro. En cualquier caso, su diseño no debe entrañar ningún riesgo de daño para las aves.

Artículo 4 Medidas de evitación de nuevos daños por electrocuciones en vías férreas.

En las líneas eléctricas que constituyen el tendido de tracción de ferrocarriles, cuando se detecte un suceso de electrocución de avifauna protegida, deberá aislarse el carrete conductor y la catenaria al menos en una longitud de 1,5 metros con forros normalizados específicamente diseñados para este fin en un tramo adelante de un kilómetro de longitud y en otro tramo atrás de igual longitud a contar desde el punto de electrocución; ello tanto en líneas de corriente alterna monofásica del AVE de 25 KV o 3 KV, como en líneas convencionales y también en líneas de corriente continua para cercanías, metro y/o tranvías.

Artículo 5 Medidas de prevención y evitación de daños por colisiones de avifauna en líneas eléctricas.

Se modifica la redacción del artículo 7 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión que quedará redactado como sigue:

En las líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos de nueva construcción y en las existentes se aplicarán las siguientes medidas de prevención contra la colisión de las aves:

1. Los nuevos tendidos eléctricos y los existentes se proveerán de salvapájaros, catadióptricos u otros señalizadores visuales cuando constituyan una amenaza inminente para la avifauna o se haya constatado algún suceso o algún indicio plausible de colisión previa.

2. Los salvapájaros, catadióptricos u otros señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 5 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 10 metros (si son dos cables de tierra paralelos; o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 5 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 10 metros entre señales contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá reducir las anteriores distancias.

Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando el diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o similar, no sea inferior a 20 mm.

3. Los balizamientos con salvapájaros, catadióptricos u otros señalizadores se extenderán en un tramo suficiente del tendido eléctrico, de acuerdo con criterios biológicos y medioambientales.

Para el balizamiento se utilizará el tipo de dispositivo que en el momento de la instalación cuente con mayores evidencias científicas de su efectividad para evitar y prevenir las colisiones.

4. Queda prohibido el uso de espirales en tendidos de nueva construcción y en los existentes por el riesgo de atrapamiento de fauna en las mismas.

Artículo 6 Medidas de prevención y evitación de daños por colisiones en aerogeneradores.

1. Deberán instalarse medidas que hagan visibles las aspas de los aerogeneradores, procediéndose a pintar alguna de las mismas, con materiales que permitan la detección visual en vuelo por las aves, incluso en condiciones de escasa visibilidad.

2. Deberán instalarse módulos de detección y prevención de colisiones con capacidad para detectar y reducir el riesgo de colisión de aves, dotados de sistemas audio visuales y capaces de emitir sonidos o ultrasonidos disuasorios que desalienten su permanencia cercana, cuando se prevea necesario como método complementario del sistema regulado en el punto anterior, o por considerarse necesario desde el punto de vista del aseguramiento de la conservación de la biodiversidad, al efecto de reducir y minimizar en lo posible el riesgo general para las aves. Si el sonido o ultrasonidos disuasorios no resultaran eficaces, el sistema deberá prever que el aerogenerador pueda pararse momentáneamente en tanto en cuanto el ave no se haya alejado lo suficiente como para evitar el riesgo de colisión.

Artículo 7 Medidas de prevención y evitación de daños en vallados.

1. Tiene la consideración de vallado la instalación continua de muros, vallas, mallas, alambradas, empalizadas, setos o cualquier otra obra o dispositivo sobre el suelo, con el fin de impedir o prohibir el paso de las personas o animales en un sentido o en otro.

2. Se entiende por terreno cercado el rodeado por vallados y sus elementos complementarios de acceso o salida, ya estén éstos abiertos o cerrados. La condición de terreno cercado no se pierde cuando se sustituya la funcionalidad parcial o total de los vallados en algunos tramos, por la existencia de accidentes naturales tales como precipicios, cañones o cortados, o bien por vallados construidos por el titular de los terrenos colindantes o la existencia de elementos de operatividad.

3. Queda prohibido la instalación, el uso, el aprovechamiento y el empleo de alambre de espino u otros elementos punzantes en vallados y/o cercados de carácter cinegético, o sus divisiones interiores, ganadero, de núcleos zoológicos, de protección de la agricultura, de protección de las vías férreas, de autovías y carreteras, de protección de canteras, minas, circuitos de carreras, parques, o de protección de la propiedad pública o privada, cualquiera que sea la altura del mismo o lugar de colocación en el que se haya dispuesto, a salvo de las edificaciones relacionadas con la Defensa y la Seguridad Nuclear. Esta prohibición afecta a cualquier vallado o cercado de los señalados, cerrados o abiertos, cualquiera que sea la clasificación urbanística, como suelo rústico o urbano, en el que se hallen.

4. La señalización de los vallados y/o cercados anteriores, para hacerlos más visibles para las aves y evitar así el riesgo de colisión, se realizará mediante la colocación de placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate de 25 x 25 centímetros instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento. Las placas se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado evitando su desplazamiento. Se colocará al menos una placa por vano, salvo aquellos casos en los que la distancia entre los postes del cerramiento pueda ser muy reducida (cerramientos antiguos), en donde se colocará solamente una placa cada dos postes y a diferentes alturas. En zonas con presencia de aves estepáricas (avutarda, sisón, aguilucho cenizo, etc.) se podrán establecer otras medidas más restrictivas y exigentes si ambientalmente el órgano competente lo considerase conveniente. Estas placas deben ser revisadas anualmente por sus titulares, reponiéndose las que puedan haberse desprendido para evitar así la pérdida de eficacia de la medida anticolisión.

5. La colocación de pastores eléctricos en el medio deberá ir acompañada de elementos que hagan visible el cableado a las aves mediante señales colgantes dispuestas cada dos metros, siendo preferible la utilización de aquellos conformados en una especie de fleje cuya parte metálica va adosada en la parte central del mismo. En aquellos casos en los que el pastor eléctrico esté constituido por un vallado se aplicará la medida prevista para los vallados.

6. Para asegurar la compatibilidad ambiental y permeabilidad de los vallados y/o cercados existentes o por instalar con los requerimientos de movilidad de la fauna silvestre no alada y del mantenimiento, conservación o, en su caso, restablecimiento de los procesos biológicos y ecológicos, las Comunidades Autónomas podrán dictar medidas adicionales de protección ambiental tendentes a asegurar la preservación de la biodiversidad y la no interrupción de pasos considerados corredores ecológicos con el fin de garantizar la conectividad de Red Natura 2000.

Artículo 8 Medidas de prevención y evitación de daños por colisiones en cristaleras y otras superficies rígidas transparentes.

Las medidas de prevención y evitación de daños por colisiones en cristaleras y otras superficies rígidas transparentes consistirán en el establecimiento de un sistema que haga visible el cristal/espejo, bien sea con vinilos o sistemas de cuerdas unidas a listones de madera colocados a distancias adecuadas que desincentiven a las aves a atravesarlos o que en caso de colisión reduzca significativamente el impacto. Las medidas deberán instalarse en edificaciones, construcciones e infraestructuras nuevas y en las existentes en la actualidad.  En todo caso, estas medidas deberán realizarse en pistas de pádel acristaladas de ubicación exterior; pantallas acústicas de metacrilato o similar; edificios que reflejen vegetación o el cielo; y en cualesquier otras infraestructuras transparentes o de baja visibilidad que por resultar un lugar de paso para las aves requieran de la implementación de alguno de estos sistemas. Si el sistema empleado no fuera suficientemente eficaz, el titular de la instalación deberá ponerlo en conocimiento de la Administración ambiental, sus Agentes de la Autoridad y la Administración urbanística competente al efecto de que se evacúe informe ambiental que establezca otro tipo de soluciones al respecto que garanticen una mejora y la eficacia de las medidas.

Artículo 9 Medidas de prevención y evitación de daños por ahogamiento y atrapamiento de fauna doméstica y silvestre en balsas, aljibes, piscinas, canales y otras infraestructuras hidráulicas.

1. Las medidas de prevención y evitación de daños por ahogamientos y atrapamientos en balsas, piscinas, aljibes, canales y otras infraestructuras hidráulicas, con agua o sin ella, consistirán en el establecimiento de un sistema de escape adecuado, según el tipo de infraestructura, dispuesto y sujeto de tal manera que cualquier animal o persona que acceda a ellas voluntaria o accidentalmente pueda salir fácilmente de la misma sin riesgo de escurrirse o de quedar atrapado por cualquier otra circunstancia.

2. El responsable de la infraestructura hidráulica procurará la revisión y mantenimiento de la eficacia e integridad de las medidas ejecutadas con la periodicidad necesaria, de manera que el mecanismo conserve su funcionalidad permanentemente.

3. En los pozos y sondeos se instalarán medidas de prevención y evitación del riesgo de caída de personas y animales dentro de los mismos por parte de sus titulares públicos o privados del aprovechamiento de los mismos, ya fuera como titular o por otros derechos legítimos.

Disposición Adicional Primera. Ampliación del ámbito territorial de aplicación de las zonas de protección respecto de las líneas eléctricas ante la problemática de las electrocuciones.

Sin perjuicio de las zonas de protección designadas en el artículo 4.1 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y de las ampliaciones a las mismas con designación de nuevos territorios que pudieran aprobar las Comunidades Autónomas, en aquellos tendidos eléctricos situados fuera de dichas zonas en los que se detecte mortalidad o indicios plausibles de muerte de especies protegidas, los operadores económicos y profesionales deberán llevar a cabo las medidas reguladas en este Real Decreto con inmediatez y sin necesidad de su previa declaración como zonas de protección.

Se considerará que existen indicios plausibles del hecho de la electrocución cuando los animales, vivos o muertos, presenten evidencias que en un juicio de inferencia permitan llegar al convencimiento intelectual de la realidad del hecho sucedido a partir de hechos objetivos tales como la distancia del animal respecto de la instalación, la posición del cadáver, la existencia de marcas típicas de electrocución, la ausencia de indicios de manipulación, arrastre, ensuciado o predación, y otros que sirvan para deducir el hecho-consecuencia y el nexo causal.

Disposición Adicional Segunda. Comunicaciones a los titulares.

a) Las Administraciones Ambientales y de Biodiversidad competentes, y los Agentes Forestales, de Protección de la Naturaleza, Medioambientales y/o Fluviales del Estado y de las Comunidades Autónomas quedan facultados para poner en conocimiento, por escrito y de manera verbal, respectivamente, a los titulares públicos o privados del aprovechamiento de las instalaciones, ya fuera como titular o por otros derechos legítimos, de la existencia de amenazas, riesgos o daños ya materializados por electrocuciones, colisiones y ahogamientos que son objeto de regulación en este Real Decreto. El Agente procederá a comunicar al órgano competente que ha comunicado al interesado, identificándolo previamente, las amenazas, los riesgos y los daños que ha detectado así como su obligación de establecer las medidas de prevención y evitación que se contemplan en este Real Decreto. También le facilitará copia por escrito al interesado de las deficiencias observadas y de las soluciones técnicas que se prevén en este Real Decreto para que pueda conocerlas y llevarlas a cabo.

b) A partir de la recepción de la comunicación del Agente o de la notificación del oficio de la Autoridad Ambiental, los titulares de estas instalaciones dispondrán de un plazo de cuatro meses para instalar con inmediatez y por propia iniciativa las medidas previstas en este Real Decreto. El plazo podrá ser ampliado por su mitad tanto de oficio como previa solicitud del interesado en circunstancias ordinarias o en un tiempo mayor si concurrieran razones de especial dificultad o circunstancias que lo desaconsejen, las cuales deberá apreciar la administración ambiental correspondiente.

c) Si la comunicación hubiera sido realizada por un Agente de la Autoridad y no se hubiera realizado la adecuación del tendido eléctrico en el plazo señalado en el párrafo anterior, se formulará denuncia por infracción de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental; dándosele el curso que proceda.

d) Si la comunicación hubiera sido realizada mediante oficio escrito por parte de la Autoridad Ambiental competente y no se hubiera realizado la adecuación del tendido eléctrico en el plazo señalado en el párrafo anterior, conforme al artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta de resolución expresa de la Administración no podrá suponer el decaimiento de sus obligaciones ni la constitución de derechos o situaciones jurídicas favorables, entendiéndose desestimadas sus pretensiones y debiendo los obligados llevar a cabo las medidas de adecuación exigidas en el oficio de comunicación.

e) Si las medidas a emprender conllevan la necesidad imperiosa de actuar frente a amenazas inminentes o daños ya constatados, incluso con indicios plausibles, en todo caso, deberán ejecutarse materialmente las medidas de protección en las líneas e instalaciones eléctricas exigidas en este Real Decreto en el menor tiempo posible, sin necesidad de obtener una autorización expresa conforme al procedimiento de autorización ordinario; sin perjuicio de tramitar posteriormente la autorización de las actuaciones realizadas y de que la administración sustantiva pueda introducir salvedades.

f) El posible establecimiento e implementación de otras medidas que se estimen de similar eficacia por parte de los titulares del aprovechamiento de las instalaciones deberá plantearse antes de un mes ante el órgano ambiental competente; debiendo entenderse que, en caso de falta de pronunciamiento verbal o por escrito del mismo, será improcedente instalar las medidas alternativas planteadas, debiendo instalarse alguna de las previstas y exigidas en este Real Decreto.

Disposición Adicional Tercera. Asunción del coste de implementación de las medidas de prevención y evitación.

Conforme al principio ambiental de mercado, del principio quien contamina paga y de la necesaria solidaridad colectiva que se señala en el artículo 45.3 de la Constitución Española en materia de medioambiente, los costes de establecimiento de las medidas de prevención y evitación de daños medioambientales regulados en este Real Decreto correrán a cargo de los titulares públicos o privados del aprovechamiento de las instalaciones, ya fuera como titular o por otros derechos legítimos; con independencia de que pueda concurrir o no responsabilidad subjetiva por la muerte o deterioro de especies amenazadas.

Disposición Adicional Cuarta. Colisiones en cultivos emparrados en espaldera.

En el plazo de dos años se procederá a la publicación de un Estudio técnico respecto del uso de flejes plásticos sustitutivos de los alambres para evitar colisiones de aves en las viñas y otros cultivos emparrados en espaldera a partir del cual el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura promoverán la aprobación de la norma correspondiente que aborde esta problemática.

Disposición Adicional Quinta. Cifras de mortalidad de fauna, herramientas informáticas para registros y seguimientos de mortalidad en líneas eléctricas y acceso a la información ambiental por las personas interesadas.

Las Comunidades Autónomas deberán llevar un registro de entradas de animales vivos y muertos cuya causa probable de deterioro o muerte se refiera a la electrocución, colisiones y ahogamientos de fauna, el cual debe recoger al menos los datos de identificación de la especie, fecha, localidad, coordenadas de ubicación, número de caso clínico veterinario forense, causa probable de la muerte o deterioro y datación aproximada de la misma. Adicionalmente, en el caso de electrocuciones deberán implementarse el uso de herramientas informáticas de uso estandarizado en dispositivos móviles para utilización por parte de Agentes y otros Técnicos que permita realizar un seguimiento adecuado de las cifras de mortalidad y cuyos ficheros puedan ser exportados y trasladables en formatos compatibles a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los datos inscritos en estos registros y herramientas informáticas tendrán la consideración de información ambiental, y estarán disponibles al público en general e interesados conforme se establece en los artículos 42 y 43 y demás preceptos concordantes de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y el artículo 5.1.b) y demás normativa concordante de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia ambiental en materia de electrocuciones de avifauna, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La Fiscalía de Medioambiente podrá también obtener dicha información ambiental a los efectos oportunos, conforme se señala  en la Disposición Adicional Octava de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

Las solicitudes que formulen los interesados conforme al párrafo anterior y a lo dispuesto en este Real Decreto darán lugar a la apertura del procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental cuando lo soliciten expresamente y ello sea procedente.

Disposición Adicional Sexta. Colaboración de las empresas de distribución eléctrica.

Las empresas de distribución eléctrica deberán facilitar a las Administraciones Autonómicas de Industria y de Medioambiente las Capas Sig de ubicación de las líneas y tendidos eléctricos. Igualmente, como Gestor de la Red de Distribución, conforme al artículo 38.1 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la empresa distribuidora eléctrica facilitará, en aplicación del artículo 40.2.n) de la misma y del artículo 2.4.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, a las administraciones ambientales y Agentes de la Autoridad los datos completos de identidad, CIF y domicilio del titular de la línea eléctrica e instalaciones industriales cuando sean personas jurídicas, y sólo los datos del nombre y apellidos cuando se trate de personas físicas.

En el supuesto de que durante una revisión o inspección o realizando el mantenimiento de una línea eléctrica, la empresa de distribución eléctrica detectara un cadáver de fauna en las cercanías de la misma, procederá, sin manipular ni tocar el mismo, a ponerlo en inmediato conocimiento de la Autoridad ambiental o sus Agentes.

Disposición Adicional Séptima. Convenios para restablecimiento de daños in natura y medidas compensatorias.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas no podrán realizar convenios o acuerdos con empresas particulares que permitan el incumplimiento de las obligaciones legales de prevención y evitación de nuevos daños reguladas en este Real Decreto; no entendiéndose amparados por el artículo 46 de la Ley 26/2007 ni por el Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a salvo de lo que específicamente se puedan llevar a cabo y ejecutar bajo el amparo del Capítulo VI de la Ley 26/2007 a los exclusivos efectos del restablecimiento de los daños por especies muertas o deterioradas y su recuperación in natura y por otras medidas complementarias compensatorias dirigidas sólo a la restitución del daño causado.

Si ninguna de las medidas de restablecimiento y compensatorias pudiera llevarse a cabo, se podrá optar por el abono de los importes indemnizatorios de la fauna muerta o deteriorada. A estos efectos, el Estado aprobará en el plazo de un año y con carácter básico, conforme a la Metodología de Oferta de Responsabilidad Medioambiental prevista en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, los baremos de valoración de especies de fauna insertos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazados y el Listado de las Especies de Régimen de Protección Especial.

Disposición Adicional Octava. Régimen Sancionador.

Los incumplimientos a esta normativa podrán ser sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; sin perjuicio de la aplicación de este régimen sancionador también fuera de las zonas de protección designadas en el Real Decreto 1432/2008.

Los daños por deterioro o muerte de fauna silvestre protegida causados por electrocución en líneas eléctricas, colisiones y ahogamientos podrán ser sancionados en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad o de la correspondiente Ley autonómica; sin perjuicio de la aplicación de este régimen sancionador tanto dentro como fuera de las zonas de protección designadas en el Real Decreto 1432/2008.

En el supuesto de que se tratara de daños o muerte de especies protegidas en líneas eléctricas e instalaciones industriales podrá sancionarse también, en su caso, por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y/o la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.

Los efectos jurídicos que se atribuyen a la publicación en los Diarios y Boletines Oficiales de los listados o inventarios de líneas eléctricas peligrosas por parte de las Comunidades Autónomas, conforme se determina en el artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008 son meramente declarativos en cuanto al público conocimiento de las mismas.

Este Real Decreto no impide la atribución de responsabilidades a sujetos distintos de los operadores, por aplicación de otras normas medioambientales, y conforme al principio de jerarquía normativa.

Disposición Adicional Novena. Garantía de la seguridad de las aves frente al riesgo de electrocución en líneas eléctricas.

Todas aquellas prescripciones técnicas contenidas en el Real Decreto 223/2008 sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y en el Real Decreto 337/2014 sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión que contradigan o sean menos exigentes para garantizar la seguridad de las aves frente al riesgo de electrocución que las reguladas en este Real Decreto deberán entenderse derogadas.

Si la evolución futura del sector eléctrico y el desarrollo de mejores soluciones técnicas avanzase o solucionara problemáticas no resueltas así como cuando se mejorase otras resueltas con peor eficacia que las implementadas, deberán incorporarse las mismas en los nuevos tendidos eléctricos y en aquellos existentes en donde aún no se hubieran implementado las soluciones técnicas previstas en el artículo 6 del Real Decreto 1432/2008.

Disposición Adicional Décima. Modificación del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.

El Real Decreto 223/2008sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 9. «Accidentes e Incidentes», queda redactado como sigue:

«A efectos estadísticos, sin perjuicio de otras comunicaciones sobre accidentes e incidentes a las autoridades laborales y ambientales, previstas en la normativa laboral y ambiental; y con objeto de determinar las posibles causas, así como disponer las eventuales correcciones en la reglamentación, se debe poseer los correspondientes datos sistematizados de los accidentes e incidentes más significativos. Para ello, cuando se produzca un accidente, un incidente o una anomalía en el funcionamiento, imputable a la línea, que ocasione víctimas, daños a terceros o deterioro o muerte de especies protegidas al amparo del artículo 54.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o situaciones objetivas de riesgo potencial, el propietario de la línea deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En el caso de riesgo de electrocución de aves deberá tener en cuenta la tipología constructiva del apoyo y la cruceta así como de otros elementos en tensión. En un tiempo no superior a tres meses, deberán remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique la instalación, copia de todos los informes realizados.

En el caso de que el daño, o la situación objetiva de riesgo potencial, afectara o pudiera a afectar a especies protegidas al amparo del artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Listado de Especies de Régimen de Protección Especial o en los correspondientes Catálogos Regionales de Especies Amenazadas deberá dar traslado a los órganos competentes en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma donde radique la instalación.»

Dos. El artículo 10. «Infracciones y sanciones», queda modificado como sigue:

«Los incumplimientos de lo dispuesto en este reglamento se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y, si procede, de lo establecido en el título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

No obstante, aquellas infracciones que se deriven del incumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, estarán sometidas al régimen sancionador establecido en dicho real decreto.

Será órgano competente para tramitar los procedimientos sancionadores en aplicación de la Ley 21/1992 de Industria, los que establezcan las correspondientes Comunidades Autónomas.»

Tres. El apartado 2 del artículo 13. «Proyecto de las líneas», queda redactado como sigue:

«2. La definición y contenido mínimo de los proyectos y anteproyectos, se determinará en la correspondiente ITC, sin perjuicio de la facultad de la Administración para solicitar los datos adicionales que considere necesarios.

Cuando se trate de líneas, o parte de las mismas, de carácter repetitivo, propiedad de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, o para aquellas de los clientes que vayan a ser cedidas, los proyectos tipo podrán ser aprobados y registrados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad autónoma. Estos proyectos tipo incluirán las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones, sin hacer referencia a prescripciones administrativas o económicas. Se establecerán las prescripciones técnicas necesarias para asegurar el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Los proyectos tipo deberán ser completados, inexcusablemente, con los datos específicos concernientes a cada caso, tales como: ubicación, accesos, circunstancias locales, clima, entorno, dimensiones específicas, características de las tierras y de la conexión a la red, así como cualquier otra correspondiente al caso particular.»

Cuatro. El artículo 15. «Especificaciones particulares de transporte y distribución de energía eléctrica», queda modificado como sigue:

«1. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica podrán establecer especificaciones particulares para sus líneas eléctricas de alta tensión o para aquellas de los clientes que les vayan a ser cedidas. Estas especificaciones serán únicas para todo el territorio de distribución de la empresa distribuidora y recogerán las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir una mayor homogeneidad en la seguridad y el funcionamiento de las líneas eléctricas, como el diseño, materiales, construcción, montaje y puesta en servicio de líneas eléctricas de alta tensión; sin perjuicio de cumplir con las soluciones técnicas de seguridad industrial previstas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión a los efectos de prevenir y evitar el riesgo de electrocución de avifauna.

En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o materiales concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan para el titular de la instalación privada, cargas adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra normativa que pueda ser de aplicación.

En todo caso, las especificaciones incluirán la posibilidad de que, ante situaciones debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, el titular de la instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas en que sea imposible cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la Administración, dejando siempre a salvo el cumplimiento de las soluciones técnicas de seguridad industrial previstas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión a los efectos de prevenir y evitar el riesgo de electrocución de avifauna.

2. Dichas especificaciones particulares deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos del reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, así como del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y previo cumplimiento del procedimiento de información pública, deberán ser aprobadas y registradas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad autónoma.

3. Una persona técnica competente de la empresa de transporte o distribución certificará que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas; incluidas las de protección de avifauna frente al riesgo de electrocución contenidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, dentro y fuera de las zonas de protección, así como las correspondientes normativas autonómicas que regulen la cuestión; tomándose, en caso de discrepancia, aquella que resulte más garantista y restrictiva en cuanto a garantizar una mayor protección de las aves frente al riesgo de electrocución.

Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano cualificado e independiente que certificará que dichas especificaciones particulares cumplen con todos los requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable, que no se incluyen prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan una carga para el titular de la instalación privada y que tampoco se incluyen sobredimensionamientos técnicamente no justificados de la instalación, salvo aquellos derivados de la utilización de las series normalizadas de materiales.

4. Las empresas de transporte o distribución que quieran proponer las especificaciones particulares, a las que hace referencia el apartado 1, y que no se limiten al ámbito territorial de una única Comunidad Autónoma, deberán remitir solicitud de aprobación al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, acompañada de la siguiente documentación:

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación.

b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3.

c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3.

d) Listado de las Comunidades Autónomas dónde la empresa de transporte o distribuidora lleve a cabo su actividad.

Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo realizará el trámite de información pública de dicha especificación o proyecto y solicitará informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a los órganos competentes en la aplicación de este reglamento de las Comunidades Autónomas en las que las empresas de transporte o distribución desarrolle su actividad, a los órganos competentes en materia de fauna silvestre en la aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, de las Comunidades Autónomas en las que las empresas de transporte o distribución desarrolle su actividad y a las Secretarías de Estado de Energía y de Medioambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En el supuesto de que confluyan alguna o varias normativas autonómicas de prevención y evitación de daños ambientales por electrocución de aves con el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, dentro y fuera de las zonas de protección, con prescripciones técnicas contradictorias, deberán proponerse aquellas especificaciones particulares que sean más restrictivas en cuanto al objetivo de asegurar la conservación de fauna silvestre frente al riesgo de electrocución.

Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, procederá a su aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, la uniformidad de los requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de transporte o distribución y que no se adopten barreras técnicas que aboquen al consumidos a un único proveedor, publicándose la resolución correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado».

Una vez presentadas las especificaciones particulares ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, junto con los documentos mencionados, el plazo para la aprobación será de tres meses, considerándose el silencio administrativo como como aprobatorio, a salvo de que no contemplen menores disposiciones de protección ambiental de avifauna.

5. Las normas particulares así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de transporte o distribución hagan de las mismas.

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones particulares ya aprobadas, la empresa de transporte o distribución de energía eléctrica solicitara aprobación de la ampliación o modificación de dichas especificaciones, siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 1.10.5 en el anexo 2, «Conocimientos mínimos necesarios para instaladores de líneas de alta tensión» de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 03, con la siguiente redacción:

«1.10.5. Normativa y reglamentación vigente en prevención y evitación de daños a la avifauna por riesgo de electrocución e incendios forestales.»

Seis. El apartado 4. «CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS» de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 05 «VERIFICACIONES E INSPECCIONES», queda modificado como sigue:

«Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: defectos muy graves, defectos graves y defectos leves.

4.1 Defecto muy grave.

Es todo aquel que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas, de los bienes, de la fauna o del medio ambiente.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con:

a) Reducción de distancias de seguridad.

b) Reducción de distancias de cruzamientos y paralelismos.

c) Falta de continuidad del circuito de tierra.

d) Tensiones de contacto superiores a los valores límites admisibles.

e) El incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, de 29 de agosto, dentro y fuera de las zonas de protección, u otras normas autonómicas que regulen la prevención y evitación del riesgo de electrocuciones, o cuando los elementos instalados en aplicación del mismo estuvieran en deficiente estado.

4.2 Defecto grave.

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas, de los bienes, de la fauna o del medioambiente, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.

Dentro de este grupo, y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves:

a) Falta de conexiones equipotenciales, cuando estas fueran requeridas.

b) Degradación importante del aislamiento.

c) Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación.

d) Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas.

e) Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierras.

f) Existencia de partes o puntos de la línea cuya defectuosa ejecución o mantenimiento pudiera ser origen de averías o daños, incluidos los que puedan ocasionarse a fauna silvestre.

g) Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados.

h) Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las especificaciones vigentes.

i) Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC-LAT 04.

j) No coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las condiciones de cálculo del proyecto (aplicable a líneas aéreas).

k) La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.

l) El incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o que pueda causar un incendio forestal o electrocución de avifauna protegida, dentro y fuera de las zonas de protección, o cuando los elementos instalados de acuerdo a las prescripciones técnicas que se establecen en este real decreto estuvieran en un estado deficiente.

4.3 Defecto leve.

Es todo aquel que no supone peligro ninguno para las personas, los bienes, la fauna o el medioambiente, no perturba el funcionamiento de la línea y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la línea.»

Disposición Adicional Undécima. Modificación del Real Decreto 337/2014sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y su instrucción técnica complementaria ITC-RAT 19 sobre instalaciones privadas para conectar a redes de distribución y transporte de energía eléctrica.

El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, queda modificado como sigue:

El artículo 14. «Especificaciones particulares de las instalaciones propiedad de las entidades de transporte y distribución de energía eléctrica», queda modificado como sigue:

«1. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica podrán establecer especificaciones particulares para sus instalaciones o para aquellas de los clientes que les vayan a ser cedidas. Estas especificaciones serán únicas para todo el territorio de distribución de la empresa distribuidora y podrán definir aspectos de diseño, materiales, construcción, montaje y puesta en servicio de instalaciones eléctricas de alta tensión, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en la seguridad y el funcionamiento de las redes de alta tensión.

En ningún caso estas especificaciones particulares incluirán marcas o modelos de equipos o materiales concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan para el titular de la instalación privada, cargas adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra normativa que pueda ser de aplicación.

En todo caso, las especificaciones particulares respetarán las prescripciones técnicas referidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, dentro y fuera de las zonas de protección, e incluirán la posibilidad de que, ante situaciones debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, el titular de la instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas en que sea imposible cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la Administración.

2. Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos del reglamento, y previo cumplimiento del procedimiento de información pública, deberán ser aprobadas y registradas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad autónoma.

3. Una persona técnica competente de la empresa de transporte o distribución certificará que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas; incluidas las referidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión u otras normas autonómicas que regulen la prevención y evitación del riesgo de electrocución de avifauna.

Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano cualificado e independiente que certificará que dichas especificaciones cumplen con todos los requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable, que no se incluyen prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan para el titular de la instalación privada una carga adicional a lo establecido reglamentariamente, y que tampoco se incluyen sobredimensionamientos técnicamente no justificados de la instalación, salvo aquellos derivados de la utilización de las series normalizadas de materiales.

4. Las empresas de transporte o distribución que quieran proponer las especificaciones particulares, a las que hace referencia el apartado 1, y que no se limiten al ámbito territorial de una única Comunidad Autónoma, deberán remitir solicitud de aprobación al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, acompañada de la siguiente documentación:

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación.

b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3.

c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3.

d) Listado de las Comunidades Autónomas donde la empresa distribuidora lleve a cabo su actividad.

En el supuesto de que confluyan alguna o varias normativas autonómicas de prevención y evitación de daños ambientales por electrocución de aves con el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, dentro y fuera de las zonas de protección, con prescripciones técnicas contradictorias, deberán proponerse aquellas especificaciones particulares que sean más restrictivas en cuanto al objetivo de asegurar la conservación de fauna silvestre frente al riesgo de electrocución.

Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo realizará el trámite de información pública de dicha especificación o proyecto y solicitará informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al órgano competente de Industria y Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas en las que la empresa de transporte o distribución desarrolle su actividad y a las Secretarías de Estado de Energía y de Medioambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, procederá a su aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, la uniformidad de los requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de transporte o distribución y que no se adopten barreras técnicas que aboquen al consumidos a un único proveedor, publicándose la resolución correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado».

Una vez presentadas las especificaciones ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, junto con los documentos mencionados, el plazo para la aprobación será de tres meses, considerándose el silencio administrativo como aprobatorio, a salvo de que no contemplen menores disposiciones de protección ambiental de avifauna que las previstas en el Real Decreto 1432/2008.

5. Las normas así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de transporte o distribución hagan de las mismas.

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones ya aprobadas, la empresa de transporte o distribución de energía eléctrica solicitara aprobación de la ampliación o modificación de dichas especificaciones, siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente.»

Disposición Adicional Decimosegunda. Registro Público de Líneas Eléctricas.

Se crea un Registro Público de Líneas Eléctricas en el que deberán inscribirse en el plazo de tres años los titulares de las mismas, indicando su identificación, ubicación por Coordenadas del comienzo y fin de las mismas, y fecha de la última inspección y verificación, así como identificación del técnico responsable que presenta certificación de su estado.

Disposición Transitoria Primera. Deber de iniciativa de los titulares.

Todos aquellos titulares de aprovechamientos de vallados, parques eólicos, cristaleras u otras superficies rígidas transparentes e infraestructuras hidráulicas y líneas e instalaciones eléctricas existentes, incluidas las vías férreas afectados por este Real Decreto deberán haber adaptado por propia iniciativa sus infraestructuras en el plazo de dos años, aunque no hubieran recibido requerimiento verbal o por escrito de la Administración, llevando a cabo las medidas contempladas en el mismo al efecto de minimizar los riesgos señalados objeto de regulación en este Real Decreto, con independencia de que no constara previamente ningún suceso o incidente de daño ambiental a fauna. En el supuesto de que sí constara algún suceso o incidente, la iniciativa de adecuación e implementación de las medidas deberá haberse ejecutado en el plazo de un año desde la fecha del suceso o incidente; salvo que consten dos o más sucesos y, entonces, el plazo queda reducido a cuatro meses.

Si la situación de pasividad en la implementación de correcciones por parte del obligado se demorase hasta el punto de causar graves y reiterados daños ambientales por electrocución de avifauna, la Autoridad autonómica correspondiente podrá proceder, en su caso, a su desconexión o corte de suministro de la línea eléctrica, por ser considerado como instalación peligrosa, según establece el artículo 87.d) del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siempre y cuando no se tratase de una línea eléctrica de distribución en los términos en que se definen en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ni de un tendido de tracción de línea férrea.

Disposición Transitoria Segunda. Resoluciones de Impacto Ambiental.

En todos aquellos proyectos que cuenten con Resoluciones de Declaraciones de Impacto Ambiental o de Informes de Impacto Ambiental afectados por este Real Decreto se llevará a cabo la implementación de las medidas de prevención y evitación de daños ambientales en el plazo de un año aunque no sean objeto de modificaciones tales Resoluciones.

Disposición Transitoria Tercera. Normas o Especificaciones Particulares de las empresas de distribución eléctrica.

Las compañías eléctricas distribuidoras que dispongan de ellas deberán presentar nuevas Normas o Especificaciones Particulares ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto a los efectos de integrar la normativa regulada en el artículo 3 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, sin perjuicio de su directa aplicabilidad, dentro y fuera de las zonas de protección, de las normativas autonómicas correspondientes, del artículo 15 del Real Decreto 223/2008, y del artículo 14 del Real Decreto 337/2014 en el plazo de un seis meses a partir de la vigencia de este Real Decreto.

Disposición Transitoria Cuarta. Integración urbanística.

Las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio deberán incorporar e integrar en la normativa y planes correspondientes las medidas y efectos previstos en este Real Decreto en cuanto a la prevención y evitación del riesgo de colisión en vallados en suelo rústico o urbano.

Disposición Transitoria Quinta. Regularización de líneas eléctricas e instalaciones industriales.

En el supuesto de regularización de líneas eléctricas e instalaciones industriales que estén afectadas por este Real Decreto, no podrá llevarse a cabo la misma en tanto no se adecúen y ejecuten previamente las medidas de seguridad y de protección de avifauna; ello sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que pudiera corresponder.

Disposición Derogatoria.

Quedan derogados el artículo 6, el inciso final del artículo 3.2 en cuanto a la voluntariedad de las medidas de protección de la colisión, el artículo 7, el artículo 10 y la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, así como el Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión.

Quedan derogados también, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, los apartados c) y d) del artículo 2.2 así como el punto 1 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que venían permitiendo que las líneas eléctricas e instalaciones continuaran sine die rigiéndose por el Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, el Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, y en el Decreto, de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía.

Disposición Final Primera. Normativa básica y de desarrollo.

Esta norma se considera de carácter básica de protección del medioambiente conforme al artículo 149.1.23ª de la Constitución Española, así como desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y también de la exposición de motivos y artículos 4.3.g); 40.2.r), 54.2 y 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de los artículos 9 y 10 de la Ley 21/1992 de Industria; pudiendo las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, mantener o adoptar disposiciones más exigentes sobre la prevención, la evitación y la reparación de determinados daños medioambientales o en relación con las actividades reguladas en este Real Decreto.

Las Comunidades Autónomas deberán modificar, en caso de que la tuvieran, su normativa propia para adecuarla a los mínimos básicos establecidos en este Real Decreto en las materias que se regulan.

Disposición Final Segunda. Títulos Competenciales.

Este Real Decreto tiene naturaleza de legislación básica en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª, 23ª y 25ª de la Constitución, a excepción del procedimiento de comunicación para la adecuación e implementación de medidas regulado en la Disposición Adicional Segunda, que podrá ser sustituido por otro procedimiento similar, en cuanto al alcance de las medidas y tiempos de tramitación por parte de las Comunidades Autónomas.

Disposición Final Tercera: Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el <<Boletín Oficial del Estado>>.

Anexo I Distancias críticas en las crucetas frente al riesgo de electrocución de avifauna.

Anexo II Mecanismos anticolisión de aves.

A) Para pistas de pádel, cristaleras y otras superficies transparentes:

a) Solución con tiras de vinilo de 2 cm de ancho y color oscuro o blanco de contraste, colocadas verticalmente y en paralelo con una separación desde los bordes de 10 cm hasta la siguiente tira.

b) Sistema de cuerdas visibles colgantes sujetas a listones de madera perforados o similar.

Anexo III Mecanismos de salida para infraestructuras hidráulicas:

1. Rampa guiada en canales y acequias que permitan escapada de fauna por un lateral de la misma.

2. Superficie de bandas rugosas de lona textil colocadas en un lateral de una balsa:

3. Rampas de subida adecuada para balsas con figura geométrica de paredes verticales. Se instalarán al menos dos rampas con los sentidos de subida opuestos. Si las dimensiones de la infraestructura superan los 40 metros se deberá incluir adicionalmente una rampa más por cada 20 metros más de orilla. Las rampas deberán tener una superficie mínima de 40 centímetros y pendiente no superior al 40 %, siendo de un material rugoso y no resbaladizo.

4. Rampa metálica hueca de salida para balsas circulares, contraincendios y similares con pie exterior. Deberán instalarse de manera que se evite el enganche del helibalde o bambi bucket, sin estar fijas para que en caso de enganche las pueda levantar el helicóptero de extinción de incendios.

5. Malla o red de cuerda de alta durabilidad para balsas con bordes de lona textil y similares:

6. Tablón de madera de 40 cm u otro material similar que permita ascenso del animal y que quede sujeto a una bisagra (apto para pequeños aljibes).

Cuestiones técnico periciales – ambientales sobre electrocución de aves rapaces en tendidos eléctricos

Luis Burillo y Jorge Moradell.

Partimos de la evidencia, puesta de manifiesto por numerosos estudios y distintas Instituciones, como el Defensor del Pueblo, el MITECO, o diversas ONGs, por ejemplo, sobre la cantidad en número, y la importancia cualitativa por las especies de que se trata, muertas o eliminadas de la vida en su Medio, de aves rapaces en España, por causa de la electrocución en tendidos de distribución eléctrica; sobre ello repararemos en distintos aspectos periciales, y en definitiva, sobre la importancia y alcance de la incidencia de electrocuciones de aves motivada por la interacción con las líneas eléctricas, y su posible evitación o minimización.

Puede repararse en los siguientes aspectos:

  • Importancia y alcance de la situación ambiental descrita.
  • Explicación técnica y viabilidad de eliminar /atenuar los efectos perniciosos manifestados.
  • Riesgo o daño significativo, sustancial o grave al medio ambiente.

Deben partirse de datos obtenidos en Centros Oficiales o concertados, donde se registran la entrada de ejemplares analizados, si bien su número de registros se relaciona principalmente con la eventual intensificación de programas de inspección para la catalogación de las líneas eléctricas según su peligrosidad, cuando se hacen, claro.

Con respecto a las especies afectadas, se repara en las que pertenecen a especies amenazadas, como por ejemplo águilas imperiales, calzadas, culebreras y reales, perdiceras, milanos negros o reales, buitres negros y leonados, búhos, halcones, cernícalos, gavilanes, cigüeñas y ratoneros. Por supuesto esto no quiere decir que la electrocución de otras especies, no presente importancia al poner de manifiesto la peligrosidad intrínseca de la instalación industrial en sí misma.

Sin duda, según información obtenida de los Centros y de los Agentes de la Autoridad encargados de vigilancia, recogida de restos y entregas, la incidencia real de las electrocuciones se está subestimando; y es que los datos registrados representan únicamente un pequeño porcentaje de los casos ocurridos, por varios motivos de sesgo, y se propone que la cantidad real de episodios podría quintuplicar la registrada.

En cualquier caso, del conjunto de aves afectadas, advertir que muchos individuos poseen alguna figura específica de protección (en peligro de extinción, amenazadas, o vulnerables).

Debe partirse en general, que la desaparición o rarefacción de individuos de especies afectadas por la electrocución, trae consigo consecuencias inmediatas que afectan al conjunto del ecosistema, incluidas las personas y los recursos naturales: plagas, zoonosis, explosiones demográficas; El descenso de las poblaciones de rapaces incrementa la población de sus presas, en especial el conejo silvestre, y de otros predadores, como el zorro, razón por la cual las medidas adoptadas para el control de sus poblaciones resultan infructuosas.

Mencionar también que las aves electrocutadas lo fueron tanto en el interior de Zonas geográficas expresamente declaradas en resoluciones administrativas, como protegidas (por ejemplo ZEPAS), como fuera de dichas zonas, por lo que dicha protección es en realidad ineficaz para prevenir la electrocución.

INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN.

IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DESCRITA.

Las aves emplean los postes y torres del tendido eléctrico del mismo modo que los grandes árboles muertos que destacan sobre el paisaje, dado su carácter de atalaya que les permite: controlar un extenso territorio de caza o cortejo, descansar, alimentarse o anidar con menos riesgos que a nivel del suelo. Este comportamiento no necesariamente tiene consecuencias negativas ni para el ave, ni para la infraestructura.

Los episodios de electrocución de aves ocurren casi exclusivamente debido a apoyos de líneas mal diseñados. En aquellas regiones donde siguen en uso antiguas líneas diseñadas o construidas sin consideración a la normativa técnica específica, las especies que se posen (en especial las de media y gran envergadura) sufren pérdidas en sus poblaciones. Para algunas de estas especies, esta pérdida continua de individuos pondrá en peligro la pervivencia de la población local.

Se propone una clasificación en cuatro categorías de las aves según su implicación en episodios de electrocución:

0 – No se han registrado apenas electrocuciones (Ej. Anátidas).

I – Se registran casos, pero aparentemente no generan efectos significativos sobre sus poblaciones. (Ej. Cormoranes, garzas, pájaros carpinteros o paseriformes).

II – Aunque se registran gran cantidad de casos estas pérdidas son compensadas dentro de la población general (Ej. Palomas y tórtolas, búhos).

III – La electrocución es la principal causa de muerte, amenazando con la extinción de las poblaciones, regional o globalmente (Ej. Cigüeñas, Halcones, Águilas, córvidos).

Estas categorías dependen, además del comportamiento de las aves, de la distancia entre fases y aisladores de las torres que incrementa o disminuye el riesgo de cortocircuito en función del tamaño del ave.

Con el fin de ponderar la importancia y alcance del problema de mortandad de las aves relacionadas con las líneas eléctricas en la región de África y Eurasia, las secretarías de la Convención de Bonn (CMS) y del Acuerdo sobre la Conservación de aves acuáticas migratorias de África y Eurasia (AEWA), en el ámbito de programas ambientales de la ONU, encargaron una revisión que cubre todos los aspectos del conflicto entre las aves migratorias y las redes eléctricas, y las pautas para mitigar y evitar este conflicto dentro de la región de África y Eurasia, esta revisión incluye un resumen sobre los estudios de electrocución de aves realizados en España durante 30 años desde la década de 1980 en varias regiones:

“Como en otros países del sur de Europa, las rapaces y las cigüeñas fueron los grupos de especies más afectados. Entre estas se incluyen especies amenazadas como el águila imperial, el águila perdicera, el búho real, el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche, el milano real, el águila culebrera, la cigüeña blanca, la cigüeña negra y el azor (Martínez, 2003; Palacios, 2003). En Cataluña, se estima que aproximadamente 3.000 aves son víctimas de electrocuciones cada año (Mañosa, 1995). En un estudio de siete años (1999-2006) en la misma región, se inspeccionaron 3.869 torres en busca de cadáveres de aves electrocutadas (Tintó et al. 2005, 2010). Se encontraron un total de 141 cadáveres debajo de 98 de estas torres (2.5%). La tasa de electrocución promedio se estimó en 0.036 aves/torre. Los cadáveres involucraron a 21 especies, con las aves rapaces diurnas (33.3%), los córvidos (31.2%) y los búhos (12.1%) como víctimas más comunes. El 23.4% restante de los cadáveres incluía palomas, tórtolas, pequeños paseriformes, cigüeñas, cormoranes, gaviotas y pájaros carpinteros.

El diseño fue el factor principal que hizo que los postes fueran potencialmente peligrosos para las aves. Los diseños más seguros fueron torres con aisladores o puentes suspendidos, configuraciones al tresbolillo y sin puentes flojos sobre las crucetas. Los postes con una posición dominante en el paisaje, especialmente aquellos colocados en las cimas de las colinas y rodeados por arbustivas, tenían tasas de electrocución más altas. Estos postes probablemente son elegidos por especies de aves territoriales, como las aves rapaces, como puntos desde los cuales detectar posibles presas. En el Parque Nacional de Doñana, se inspeccionó una muestra de 100 kilómetros de líneas de alta tensión (16 kV) durante dos períodos anuales (1982-1983) (Ferrer et al., 2001). Se encontraron un total de 778 aves electrocutadas, de las cuales 233 eran rapaces diurnas y búhos, incluido el buitre leonado (14 individuos), el águila imperial (3), el águila culebrera (8), el águila calzada (9), milano real (15), milano negro (82), halcón común (35), Azor del norte (1), Cernícalo común (10), halcón peregrino (1), milanos sin especificar (Milvus spp.) (36), otras especies de falconiformes (7), cárabo (3), lechuza (7) y mochuelo (2). Después de un experimento en el que se procedió a la extracción de los cadáveres, se obtuvo una estimación de 400 aves rapaces electrocutadas para el mismo tramo de 100 kilómetros de líneas eléctricas, lo que permite estimar que 1.200 aves rapaces morían anualmente en la extensión de 300 kilómetros de líneas eléctricas presentes en y a lo largo de los bordes del Parque (Ferrer et al., 1991). Tanto el diseño del apoyo como el hábitat tuvieron efectos significativos sobre la mortalidad de rapaces detectada. Ferrer y col. (1991) recomendaron que solo se adopten torres con aisladores suspendidos, evitando torres con un lazo de cable (puente flojo) expuesto sobre los aisladores y primar la construcción de las líneas eléctricas siguiendo el trazado de las carreteras. Otro estudio exhaustivo sobre los efectos de las líneas eléctricas se realizó en Sierra Morena oriental y Campo de Montiel, durante un período de ocho años (1988-1996) (Guzmán y Castaño, 1998). En este estudio, donde se analizaron 10 líneas eléctricas (69 kilómetros de líneas y 1629 torres), se encontraron electrocutadas 274 aves rapaces, pertenecientes a 14 especies, incluyendo: buitres negros (2 individuos), buitres leonados (1), águilas reales (23), águila imperiales (14), águilas perdiceras (17), águilas culebreras (9), águila pescadora (1), milanos reales (4), milanos negros (3), ratoneros (33), Azores (71), halcones peregrinos (7), cernícalos (7), búhos reales (21), cigüeña negra (1) y cuervo (1). El tipo de torres utilizadas influyó mucho en la probabilidad de electrocución, corroborando que las torres con aisladores suspendidos son más seguras. La electrocución parece ser particularmente peligrosa para algunas especies, como el águila imperial y el águila perdicera. En un período de 16 años (1989-2004), más de la mitad (50,2%) de la mortalidad no natural de las águilas imperiales estaba relacionada con la transmisión de electricidad (González et al., 2007). De 241 individuos para los cuales se conocía la causa de mortalidad, 115 habían muerto por electrocución. No se encontraron diferencias entre los sexos, aunque los sub-adultos fueron electrocutados con mayor frecuencia de lo esperado. La electrocución fue la causa más común de muerte en las áreas de dispersión, pero no en las áreas de reproducción. En una revisión más reciente, el 39.87% de la mortalidad del águila imperial registrada desde 1974 (n = 158) fue asignada a electrocución (López-López et al., 2011). Sin embargo, las electrocuciones disminuyeron considerablemente desde 1990, cuando se aprobó una regulación obligatoria, que resultó en la sustitución de 6.560 torres peligrosas (López-López et al., 2011). En el caso de las perdiceras, un estudio de tres líneas eléctricas ubicadas en las áreas de dispersión de la especie resultó en el hallazgo de 16 individuos muertos (Moleón et al., 2007). Junto a estas se contabilizaron otras 92 aves rapaces, pertenecientes a 15 especies, en su mayoría ratoneros y búhos reales”.

Investigaciones similares se han desarrollado además en Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha o la Comunidad Valenciana, entre otras áreas del país, con resultados y conclusiones similares. Todos estos estudios dan un mosaico de datos de mortandad y propuestas de mejora, en algunos casos implementadas, que resulta no obstante poco eficaz dada su fragmentación, su desarrollo incompleto y la disparidad de objetivos y esfuerzos en el conjunto del territorio de la península, especialmente en el caso de las especies migratorias. Además, hay poca investigación en relación con el impacto demográfico de la electrocución lo que daría información sobre la verdadera magnitud del problema superando con ello la mera constatación de electrocuciones.

Los programas destinados a la preservación o recuperación de especies, por ambiciosos o costosos que sean, cuando se refieren a especies migratorias o con territorios que abarcan una o varias provincias, carecen de la eficacia deseada si no se implementan simultáneamente en todo su territorio.

Estudios realizados en el entorno del parque natural de Doñana, como ejemplo del impacto en las poblaciones que la electrocución puede suponer, estimaron la tasa de mortalidad debida a electrocuciones sobre las poblaciones de Milano negro (12,5% de los organismos reproductores), águilas calzadas (10 %), ratoneros (18%) y en águilas culebreras (6,5 %), porcentajes susceptibles de generar un descenso de sus poblaciones en el Parque Natural. El caso del Águila imperial era especialmente dramático sobre la que se estimó una mortandad anual del 15% de la población de esta especie en peligro de extinción causada por electrocución (Collar & Andrew 1988). En Doñana el 69.2% de todas las muertes de águilas conocidas eran atribuibles a electrocuciones. La supervivencia de los jóvenes durante los primeros seis meses de vida de las jóvenes águilas imperiales de Doñana pasó del 17.6 % al 80% en tan solo un año con la adopción del programa de reducción y protección de los tendidos eléctricos.

Sobre la relevancia ecológica que la minimización de los casos de electrocución en España puede tener, debe considerarse que nuestro territorio alberga el 97% de la población mundial de Águila imperial, el 70% de Águila culebrera, el 67% de quebrantahuesos, 60% de avutarda y el 90% de sisón común y que una de las principales causas de mortalidad de estas especies es la interacción de estas especies con las redes de distribución eléctrica. De acuerdo con el Libro Rojo de las Aves de España esta interacción es una de las principales amenazas para la conservación para 24 especies de aves en nuestro territorio. Es especialmente importante en el caso del águila imperial, como ya se ha mencionado, y del águila culebrera donde se ha estimado que es la causa de alrededor del 50% de las muertes no naturales registradas., así como de otras especies endémicas, en las que presenta tasas de mortalidad anuales de hasta el 25% en la población de (Ej.: la avutarda hubara canaria).

Debe además considerarse que, incluso en el caso de estudios científicos (más exhaustivos y sistemáticos), el número de víctimas encontradas durante los muestreos de campo usualmente corresponde sólo a un porcentaje reducido del número real de accidentes. Esto es debido a que una serie de factores influyen en la detectabilidad de las víctimas que con frecuencia no son encontradas.

Tal y como se apunta por parte de los intervinientes en esta materia, en especial Agentes de Protección de la Naturaleza, los datos muestran varios tipos de sesgo que puede conducir a minusvalorar la magnitud de la electrocución de aves en la provincia. Los tipos de sesgos principales que se identifican en relación con estudios de siniestralidad de aves por electrocución son:

  • sesgo de banda, debido a las víctimas cuyos restos, por diversas razones, puedan localizarse fuera de la banda de muestreo: desplazados por distintos tipos de agentes o por el propio movimiento de la víctima antes de morir;
  • sesgo de búsqueda, debido a las víctimas de accidentes que no son detectadas por el observador pese a encontrarse sus restos dentro de la banda de muestreo; puede tener diversas causas, como la baja visibilidad del terreno, la ocultación de los restos por la vegetación o la nieve, etc.
  • sesgo de carroñeo, debido a la retirada de víctimas de la banda de muestreo por la actividad de animales carroñeros.

La bibliografía identifica un cuarto tipo de sesgo (sesgo por hábitat), que se relaciona con la pérdida de víctimas que caen dentro de la banda de muestreo en áreas que no pueden muestrearse efectivamente, como pueden ser: ríos, carreteras, barrancos profundos, etc.

Estos sesgos conjuntamente pueden ser responsables de la no detección por el observador de una proporción muy significativa de las víctimas de colisión, y de diferencias muy importantes, de hasta un orden de magnitud o más, entre la tasa de colisión “observada” y la tasa de colisión “real”. Por este motivo, no es descabellado considerar que las cifras de electrocuciones reales son muy superiores a las conocidas para los años peores o mejor documentados.

Cabe reseñar un quinto sesgo que podríamos denominar “sesgo de búsqueda” y que vendría a explicar las grandes diferencias de casos de electrocución censados en diferentes años. La no implementación de esfuerzos de búsqueda explica la ausencia de datos al respecto.

Por lo general, cuando un ave se electrocuta, si la intensidad de la descarga eléctrica es media-alta y su duración es superior a 2 segundos, se produce un fallo en la fuente de alimentación que queda registrado por la empresa. Cuando esto ocurre la empresa envía (o debería) un equipo de campo al lugar para determinar la causa y registrar los detalles de cada incidente, incluyendo la identificación de la especie en el caso que las interrupciones hayan sido causadas por aves. Dado que estos registros (datados en el tiempo y en ocasiones geolocalizados) no dependen de que alguien azarosamente se encuentre el ave y que además llame al centro de recuperación de fauna competente, los datos de la compañía eléctrica pueden ser considerados, espacial y temporalmente, como no sesgados. Aunque es evidente que no todas las electrocuciones dejan registro, y por lo tanto la cifra será presumiblemente superior, generalizar este modo de proceder por parte de las compañías titulares de las líneas podía permitir detectar y corregir torres conflictivas.

De hecho, podría ser de interés solicitar cuántos casos de electrocución han sido acreditados por este procedimiento en cada provincia, e incluso analizar los registros de las compañías eléctricas para constatar episodios que pudieran asociarse como sospechosos de deberse a electrocuciones.

Esta información, obtenida por el registro de incidentes y la inspección de líneas, debiera haber convertido a las compañías titulares de las líneas eléctricas en agentes activos fundamentales para la valoración de la magnitud del impacto de las electrocuciones.

VIABILIDAD DE ELIMINAR O ATENUAR LOS EFECTOS PERNICIOSOS DENUNCIADOS.

No hay posibilidad de que las aves pueden adaptarse por sí mismas, inmunizándose frente a la electrocución o aprendiendo a discernir que promontorios son o no peligrosos, por lo que la única solución pasa por la eliminación, sustitución o adaptación de los tendidos eléctricos.

En cualquier región con redes de distribución eléctrica peligrosas, especialmente de media tensión, el riesgo de electrocución es continuo para un amplio espectro de aves en función de su tamaño, comportamiento y de su presencia en el territorio. La adaptación de las líneas, como hemos visto, está establecida y es viable técnicamente desde hace varias décadas. Su corrección hubiera minimizado las actuales cifras de electrocuciones a casos esporádicos, debidos a la persistencia de trasformadores o apoyos antiguos de propiedad particular.

Existen antecedentes, bibliografía, metodología e incluso norma para abordar todos los aspectos a considerar para la minimización en pocos meses de esta lacra ambiental. El único factor limitante es la ejecución de un plan de actuación con habilitación del presupuesto necesario lo que pudiera dilatar su implantación, pero no impedirla.

El RD 1432/2008 insta a las comunidades autónomas a seleccionar unas áreas prioritarias para la corrección de tendidos eléctricos. Estas áreas deben cumplir los siguientes criterios: deben ser lugares de nidificación, alimentación, dispersión y concentración de las aves, incluidas en los catálogos de especies amenazadas, tanto en el nacional como en los autonómicos. La delimitación de estas zonas no es sencilla, ya que es necesario seleccionar las zonas prioritarias buscando un equilibrio entre la probabilidad de que un ave protegida se electrocute o choque contra un cable y el coste que supone modificar estas líneas, de este modo se reducirá el coste de modificar tendidos en lugares en los cuales es poco probable que se produzcan accidentes y se priorizará en aquellas con una elevada probabilidad de accidente.

Las Administraciones Autonómicas han venido dictando normas por las que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves incluidas en Catálogos de Especies Amenazadas, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en cada Comunidad Autónoma. No obstante, no hay constancia concreta sobre planes, objetivos o cronogramas de modificación de líneas problemáticas que puedan ser evaluadas, por lo que, en la práctica, puede no estar haciéndose nada, o casi nada, al respecto. Por otro lado, las ZEPAs generalmente se delimitan en base a un único criterio, como es la localización de áreas de nidificación de especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, ampliando dichas áreas con una franja perimetral generalmente exigua.

Tradicionalmente, los hábitats de reproducción de gran parte de estas especies están o han sido asociados con áreas relativamente naturales y con baja influencia humana, de tal manera que la inclusión de áreas agrestes, tales como montañas o áreas forestales, se vieron favorecidas sobre otros hábitats, como por ejemplo las zonas agrícolas, durante el proceso de selección de las ZEPAs. Sin embargo, los estudios de selección de hábitat de rapaces en el Mediterráneo han demostrado que la mayoría de las especies asociadas a zonas forestales seleccionan preferentemente, a nivel de paisaje, áreas que tengan ecotonos de vegetación natural y espacios agrícolas, donde sus presas son más abundantes. Además, también se ha demostrado cómo las rapaces que se reproducen en el interior de ZEPAs utilizan con frecuencia áreas de campeo situadas fuera de ellas. De este modo, las áreas limítrofes a las ZEPAs constituyen un área de ecotono entre los hábitats naturales presentes en el interior y las zonas más transformadas del exterior (principalmente campos agrícolas), dónde la presencia y utilización por las aves es elevada. Por otra parte, la relativa escasez de posaderos naturales fuera de las ZEPAs, debido a que estas zonas suelen ser más llanas y con menos arbolado, conduce a un mayor uso de perchas artificiales, lo que aumenta el riesgo de mortalidad por electrocución, y puede convertir a estas zonas en trampas ecológicas.

Estudios realizados en la Comunidad Valenciana demuestran que tan solo una pequeña parte de los episodios de electrocución ocurren dentro de los límites de los espacios naturales protegidos (18%), mientras que en una franja de 5 km a lo largo del perímetro de las zonas protegidas se concentran tres veces más accidentes (60%). Esto es probablemente generado por el hecho de que hay más “apoyos electrificados estratégicos” en las zonas perimetrales que en el interior de las zonas protegidas. Este “efecto frontera”, ha sido corroborado en estudios realizados en Cataluña (Tintó et al. (2010) que detectaron mayor mortandad fuera de los límites de las áreas protegidas que dentro de ellas. Por lo tanto, restringir las medidas correctoras única o primordialmente a los apoyos situados en el interior o en el perímetro de las áreas protegidas resulta un modo ineficaz de abordar el problema y su aplicación.

Y es que, dado que no todos los apoyos tienen igual peligrosidad, la mortalidad se concentra en unos apoyos concretos y además estos apoyos se encuentran agregados espacialmente en unas líneas con elevada mortalidad; además de las modelizaciones sobre un amplio territorio, es posible detectar apoyos peligrosos a partir de episodios de electrocución concretos, para, y en consecuencia, proceder a su modificación inmediata, estén o no dentro de áreas prioritarias.

RIESGO O DAÑO SIGNIFICATIVO, SUSTANCIAL O GRAVE AL MEDIO AMBIENTE.

RIESGO DIRECTO PARA LAS POBLACIONES DE DETERMINADAS ESPECIES DE AVES.

La muerte por electrocución, por ejemplo, de un solo ejemplar de águila perdicera, catalogada como en peligro de extinción, constituye per se un daño grave desde el punto de vista de la población de esa especie y de sus servicios ambientales. Lo mismo puede decirse de otras especies en función del porcentaje de individuos afectados y de su grado de protección (que guarda relación con la fragilidad de sus poblaciones).

Considerado en conjunto, el riesgo de electrocución de las aves puede ser expresado como la suma del peligro inherente de electrocución (debido a la configuración de los apoyos) con la probabilidad de exposición de las aves (generado por su comportamiento).

El carácter “estratégico” de determinados apoyos o tendidos incrementa su interés para las aves por lo que, la confluencia entre este atractivo (que incrementa la probabilidad de exposición) con el peligro de electrocución inherente a determinadas configuraciones de las torres, explica la elevada frecuencia de casos de electrocución detectada y estimada, así como porqué en una misma línea los cadáveres pueden hallarse concentrados alrededor de un solo apoyo o conjunto de torres. Esto convierte dichos apoyos o tramos en trampas pasivas, masivas y no selectivas, de similar eficacia a los métodos de caza prohibidos y sancionados tanto administrativa como penalmente.

Existe una gran diferencia en la cantidad de información disponible en diversas regiones del país en función del esfuerzo de sus respectivas autoridades científicas y ambientales. En algunas regiones el problema ha sido extensamente estudiado, aunque en la mayoría la dimensión del problema es todavía desconocida. Junto con esto gran parte de la información se publica en revistas locales de escasa difusión o en informes de la administración, difíciles de localizar y no sujetos a revisión por pares. Las diferentes metodologías empleadas y la descoordinación convierten la comparación de los datos de diversos territorios (incluso dentro de un mismo país) en algo muy difícil, si no imposible, debido además a las diferencias entre áreas de estudio (clima, hábitats, especies, duración de los estudios, tipos de torres, etc.) y de factores de corrección aplicados a los muestreos para la corrección del sesgo.

La documentación sobre la magnitud del problema emplea diferentes unidades que también dificulta la comparación. Finalmente, muchas fuentes de datos no distinguen con claridad las victimas de electrocución de las debidas a la colisión con las líneas eléctricas, debido en ocasiones a la dificultad para establecer la causa de la muerte. Para muchas especies de rapaces continúa siendo una incógnita en qué grado la electrocución contribuye a la regresión de sus poblaciones dado que los datos demográficos necesarios para acreditar dicha regresión científicamente no se recopilan o no están habitualmente disponibles. No obstante, aunque la mortalidad por electrocución no sea suficientemente alta como para modificar por sí sola el tamaño poblacional de determinadas especies de rapaces a largo plazo, en otras especies su importancia se considera demostrada.

Y es que la electrocución es probablemente la principal causa del declive de las poblaciones de Águila perdicera en España y Francia y del Búho real en Francia e Italia. De acuerdo con el plan de acción de la Unión Europea para la preservación del Águila perdicera, la reducción de la mortalidad por electrocución de esta especie es un aspecto crítico para la supervivencia de esta especie, como ocurrió en el caso del Águila imperial, una de las rapaces más amenazadas del mundo.

Aun en el caso de las especies en las que la relevancia de la electrocución en la regresión poblacional no ha sido establecida, aunque si demostrada su contribución en la mortandad de ejemplares, debe considerarse que este impacto actúa de un modo aditivo junto con: la caza ilegal, el trampeo, el uso de venenos, la colisión con objetos artificiales o la exposición a contaminantes, contribuyendo con ello igualmente a su declive. Además, deben considerarse otras agresiones como la transformación del hábitat (roturación del monte y transformación de los cultivos de secano para el incremento e intensificación del regadío) o los conflictos sociales provocados por la declaración de las ZEPAS. De todos los tipos de impactos citados anteriormente, sin duda el más fácil de prevenir o revertir es la electrocución, dado que su origen está perfectamente establecido, no depende de la modificación de conductas sociales y es técnicamente factible.

Desde una perspectiva conservacionista, con independencia de su influencia relativa en la población, se propone reducir en lo posible las causas de mortalidad antropogénica entre las especies no cinegéticas, particularmente entre aquellas que están en peligro de extinción.

La estrategia en el caso de la electrocución de aves debida a redes eléctricas, debiera fundamentarse y evaluarse mediante estudios detallados de casos de electrocución, coordinados y sistemáticos en todo el país, no obstante, mientras dicha estrategia se desarrolla a nivel regional o nacional, al igual que ocurre con cualquier otra “disfunción” en una infraestructura, la constatación de una electrocución debiera culminar con la modificación del apoyo responsable a la mayor brevedad posible. Más aún si se constata que dichos apoyos son responsables de varias muertes.

La consulta de la base de datos de electrocuciones elaborada por varias Administraciones, muestra que, aproximadamente la mitad de las electrocuciones se producen en puntos con múltiples hallazgos donde ya se habían registrado casos anteriores. Algunos topónimos sugieren que su peligrosidad es debida a su ubicación en puntos elevados como “lomas, repetidores, atalayas”, donde destacan sobre un amplio territorio, o indican otro atractivo especial para las rapaces (Ej. Mataderos o vertederos).

La confluencia entre el comportamiento de las aves y el carácter atractivo de determinados tendidos eléctricos peligrosos incrementa su capacidad biocida sobre determinadas especies o comunidades que sufren grandes pérdidas en relación con el tamaño de su población lo que induce a su declive.

La intervención y corrección de algunos tramos (la mayoría comprendidos entre pocos apoyos), hubiera resuelto quizás cerca del 50% de las electrocuciones conocidas en algunas provincias españolas.

La modificación de estos apoyos, no solo debiera adaptarse a lo establecido en el decreto 1432/2008, sino que debe considerar las especies que son objeto de electrocución, en especial aquellas que por su envergadura alar requieran distancias mayores entre conductores.

RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL SISTEMA NATURAL.

La reducción significativa de una especie tiene consecuencias para el conjunto del ecosistema en función de la interrelación que existe entre los organismos que lo componen, así; desde un punto de vista exclusivamente trófico, la reducción de las poblaciones locales o migratorias de un predador generalmente favorece en una fase inicial tanto a sus presas como a sus competidores directos, perjudicando simultáneamente a los recursos de los que estos se alimentan. En el caso de las aves rapaces, su reducción provocará inicialmente una mayor supervivencia y consiguiente crecimiento de las poblaciones de mamíferos, reptiles o insectos que constituyen sus presas habituales según especies. La mayor disponibilidad de estos ejercerá una mayor presión sobre los animales o vegetales de los que estos a su vez se alimentan, favorecerá la aparición de zoonosis y la proliferación de otros predadores que anteriormente competían con las aves rapaces por determinados recursos. Esta modificación en los tamaños poblacionales tenderá a establecer un nuevo equilibrio que, si el impacto que lo causó cesa y las poblaciones remanentes de rapaces en el territorio o en zonas accesibles lo permiten, retornará a distribuciones relativas entre las especies similares a las del momento inicial.

La desaparición de los tendidos eléctricos peligrosos supondrá una mayor tasa de supervivencia, de reproducción y un consecuente incremento en las poblaciones de las especies susceptibles de electrocutarse. Desde ese punto de vista la electrocución de aves, y en menor medida de pequeños mamíferos, supone un perjuicio sobre el equilibrio de los sistemas naturales en los que estos animales están presentes.

Un ejemplo de esta relación los constituye la relación en la variación de las poblaciones de rapaces y del conejo silvestre. Considerada una de las especies clave en redes tróficas de los ecosistemas mediterráneos, el conejo es una de las principales presas de muchas especies de rapaces. La relación entre abundancia de esta especie y electrocución de rapaces es directamente proporcional y ha sido documentada científicamente. Además, esta relación se ve retroalimentada en el caso de la electrocución: Las áreas de buena calidad ecológica con abundancia de presas atraen a más predadores lo que, en el caso de las rapaces, si se combina con la presencia de redes eléctricas peligrosas, incrementa la probabilidad de electrocuciones.

La abundancia de conejos es más elevada en ecosistemas agrarios tradicionales, con una elevada diversidad de hábitats naturales, lo que atrae no solo a los predadores sino a otras muchas especies de aves. Esto que explicaría aquellos casos en los que la mayoría de los cadáveres encontrados no pertenecen a rapaces.

La extinción de determinadas especies de aves rapaces conduce a la proliferación de determinadas presas de un modo reversible hasta que la proliferación/colonización de predadores alternativos conduzca a un nuevo equilibrio o hasta que la aparición de zoonosis reduzca el tamaño de las poblaciones.

RIESGO DE INCENDIO.

Otro de los riesgos especialmente grave mencionado sucintamente por diversos estudios es el asociado con la posibilidad de la generación de incendios forestales como consecuencia de la combustión de las aves electrocutadas, de sus nidos o la inducción de arcos eléctricos o chispas. Así por ejemplo Tinto y Real (2003), mencionan este aspecto:

“Además de tener un impacto negativo para las poblaciones de aves, la electrocución es la causa de numerosos cortes en el suministro de electricidad y, en determinados casos, se ha comprobado que puede ocasionar también incendios forestales”.

Algunos autores estiman que esta puede ser es una causa frecuente tanto en ecosistemas mediterráneos como en zonas templadas o frías durante los periodos estivales.

La consulta de la memoria estadística elaborada por la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) indica que, tan solo en el año 2019, se produjeron en España seis incendios provocados por la electrocución de diferentes especies animales.

DAÑOS ACREDITADOS SOBRE LAS POBLACIONES DE AVES.

Sobre la calificación del riesgo y el daño, deberemos seguir la definición establecida en el art 2.1 la Ley de Responsabilidad Medioambiental, y considerar;

a) la reducción del número de individuos detectada, su densidad y la extensión de su zona de presencia.

b) La rareza de las especies implicadas (evaluada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.

c) El papel de los individuos concretos en relación con la especie o la conservación de su hábitat.

d) La capacidad de propagación y la viabilidad de la especie (según la dinámica específica de la especie o población de que se trate) y la capacidad de regeneración natural del hábitat (según la dinámica específica de sus especies características o de sus poblaciones) dañados.

e) La capacidad de la especie, después de haber sufrido los daños, de recuperar en breve plazo, sin más intervención que el incremento de las medidas de protección, un estado que, tan sólo en virtud de la dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.

El último informe elaborado por España, como parte firmante de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, emitido el 24 de septiembre de 2019, Aunque informa que se ha reducido el número de electrocuciones en tendidos eléctricos, gracias a acciones de corrección de los tendidos más peligrosos, califica que su impacto, específicamente sobre las aves rapaces, sigue siendo “grave”.

Estas apreciaciones, además de indicar que las autoridades son conscientes del impacto, califican su impacto de grave o notable.

Resulta evidente, al menos en el caso de varias poblaciones de aves que, el número de electrocuciones puede ser definido como un daño ambiental que produce efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o mantener el estado favorable de conservación de estas especies.

OTROS RIESGOS.

La electrocución de aves puede tener consecuencias sobre las propias líneas eléctricas generando cortes de suministro debido a roturas de cables o pérdida de aislamiento, tanto en líneas de distribución como en las catenarias de las líneas férreas, lo que supone pérdidas económicas. Estos daños también pueden generarse por acción de la orina y excrementos de las aves, sin que conlleve necesariamente su electrocución. De hecho, aunque muchas investigaciones están motivadas por la conservación, algunas también son motivadas por las pérdidas financieras que sufrieron los proveedores de energía debido a las interrupciones de energía y las reparaciones causadas por las electrocuciones de aves. Por ejemplo, Estudios realizados en Hungría han estimado un gasto de al menos 7 millones de dólares anuales en la modernización de los postes de energía existentes para mitigar la electrocución. En Aragón, a juzgar por las cifras de electrocuciones, especialmente las reiteradas sobre los mismos apoyos o tramo de determinadas líneas, dichos gastos de reparación y adecuación de las líneas parecen no considerarse como suficientes para justificar el acondicionamiento y prevención definitiva de las electrocuciones.

Sin embargo, los costes de modificación de los apoyos y vanos conflictivos, debieran compararse con los generados por la reparación de los daños ambientales.

MONETIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES.

Índice de daño Medioambiental (IDM)

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece en su artículo 24 la obligación, para determinados operadores de las actividades incluidas en su anexo III, de disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretenden desarrollar.

Esta ley también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes casos:

a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención, de evitación y de reparación.

b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención y de evitación.

El Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificó la redacción del artículo 33 del reglamento para introducir un nuevo método que simplifica notablemente al operador el proceso de determinación de la cuantía de la garantía financiera.

Esta simplificación se basa en la introducción de un Índice de Daño Medioambiental (IDM) que el operador debe estimar para cada escenario accidental identificado en su análisis de riesgos medioambientales, y que ofrece un orden de magnitud del daño medioambiental causado. Esto permite comparar diferentes escenarios entre sí, y seleccionar el escenario referencia que servirá de base para calcular la garantía financiera. De esta forma, para establecer la cuantía de la garantía financiera, solamente es necesario cuantificar y monetizar el daño medioambiental generado en el escenario de referencia seleccionado.

El cálculo del IDM se apoya en una serie de estimadores de los costes de reparación primaria, que se deducen de la ecuación de costes de la metodología del Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental para cada combinación agente causante del daño-recurso afectado.

El artículo 33 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, establece que el cálculo de la cuantía de garantía financiera partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad y contendrá las siguientes operaciones:

  1. Identificar los escenarios accidentales y establecer su probabilidad de ocurrencia.
  2. Estimar un índice de daño medioambiental (IDM) asociado a cada escenario accidental siguiendo los pasos del anexo III.
  3. Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto entre su probabilidad de ocurrencia y el IDM.
  4. Seleccionar los escenarios con menor IDM asociado que agrupen el 95 por ciento del riesgo total.
  5. Establecer la cuantía de la garantía financiera, como el valor del daño medioambiental del escenario con el IDM más alto entre los escenarios accidentales seleccionados. Para ello se seguirán los siguientes pasos:
    • En primer lugar, se cuantificará el daño medioambiental generado en el escenario seleccionado.
    • En segundo lugar, se monetizará el daño medioambiental generado en dicho escenario de referencia, cuyo valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria.

Una vez calculada la cuantía de la garantía financiera obligatoria, se añadirán a la misma los costes de prevención y evitación del daño.

Para la realización de dichos cálculos La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO desarrolló una aplicación informática para estimar el IDM asociado a cada escenario accidental, que se puso a disposición de público en el año 2017.

Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA).

El módulo MORA., calcula el valor económico del daño medioambiental asociado al escenario de referencia para la constitución de la garantía financiera, estimando el coste de la reparación primaria, compensatoria y, en su caso, complementaria, de los daños previstos.

El módulo MORA, también se puede utilizar para estimar el coste de reparación de otros escenarios de riesgo, distintos del escenario de referencia, con el objetivo de proporcionar al operador información para realizar una correcta gestión del riesgo de su instalación.

La elaboración del presupuesto tiene en consideración los siguientes costes a la hora de determinar el valor de la reparación de los recursos naturales:

  • Coste de consultoría. Incluyen los costes de análisis, estudio, planificación y diseño del proyecto de reparación.
  • Acceso. Coste de acceder a la zona afectada por el daño (que, en este caso en lo que a la reparación de la mortandad de fauna se refiere puede obviarse del presupuesto).
  • Ejecución. Hace referencia a los costes de implantación, puesta en marcha y gestión del proyecto de reparación. En definitiva, recogen el coste de aplicación de la técnica reparadora.
  • Revisión y control. En esta categoría se incluyen los costes de seguimiento y revisión de los resultados obtenidos.
  • Porcentaje de seguridad por contingencia. En el procedimiento de ejecución del proyecto pueden aparecer circunstancias imprevistas que suponen un incremento del coste. Estos imprevistos se consideran en el MORA a través de un incremento del coste de entre un 40 y un 40% (porcentaje tomado de la Memoria justificativa del proyecto de Real decreto 209/2008).

Valoración cinegética de las especies electrocutadas.

Otro modo de cuantificar el daño generado es establecer la indemnización por daños y perjuicios, a partir de la tasación de los ejemplares de las especies de fauna silvestre que sean objeto de electrocución.

CONCLUSIONES.

Primera La electrocución de aves rapaces, debida a su contacto con los diversos elementos peligrosos de los tendidos eléctricos de media y alta tensión, tiene una eficacia biocida potencial similar al de los métodos de caza masivos y no selectivos específicamente prohibidos en nuestra legislación.

Segunda: La causa principal de la electrocución es el peligro inherente a la configuración de las redes eléctricas. El riesgo de electrocución es previsible (en el caso de las que no se adaptan a lo establecido en la norma técnica), detectable (en el caso de aquellos apoyos o infraestructuras que, aun estando adaptados, generan episodios de mortandad) y subsanable en ambos casos mediante la implementación de las mejores técnicas disponibles, por lo que no puede considerarse un hecho accidental.

Tercera: La afección sobre la avifauna por electrocución, pese a que está siendo infravalorada debido al sesgo de la información disponible, es de una magnitud que afecta a un porcentaje sustancial de ejemplares de determinadas especies silvestres, como por ejemplo: el águila imperial y perdicera, el águila real, ambos milanos, la cigüeña blanca o el buitre leonado, condicionando la posibilidad de alcanzar o mantener el estado favorable de conservación de estas especies, tanto dentro como fuera de las zonas específicamente protegidas a tal fin.

Cuarta: Existen conformaciones y medidas estructurales de las líneas de alta y media tensión que, de aplicarse, garantizarían la seguridad para las aves, reduciendo drásticamente los casos de electrocución, como se ha constatado en otros casos, y cuyo coste económico de reparación es inferior al del coste de reparación ambiental generado.

Quinta: El riesgo de electrocución sobre la fauna descrito, en especial sobre las aves rapaces, y el consiguiente desequilibrio de sus poblaciones y, a través de estas, del conjunto del ecosistema en sus territorios de influencia, puede ser calificado como grave desde el punto de vista de su riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales, a los efectos jurídicos correspondiente.