⚖ El Tribunal Supremo condena por malversación y falsedad a tres acusados de irregularidades en obras del puerto de Málaga. La Sala confirma el pago solidario de una indemnización de 781.204 euros, en concepto de responsabilidad civil, a la Autoridad Portuaria de Málaga y declara la responsabilidad civil subsidiaria de Construcciones Sánchez Domínguez S.A. (SANDO) – CGPJ [ 17-4-2023 ]

Los hechos probados recogen que dos funcionarios públicos y el encargado de la empresa adjudicataria actuaron de mutuo acuerdo y participaron en un pacto para confeccionar una documentación mendaz que fue entregada al presidente y director de la Autoridad Portuaria y al Consejo de administración con el fin de que ordenaran los pagos correspondientes.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a los funcionarios por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de malversación de caudales públicos y al encargado de la empresa adjudicataria como cómplice de los dos delitos citados. Y ello estimado los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra la sentencia que condenó como autor de un delito simple de falsedad al entonces director de Infraestructuras del puerto de Málaga, como cooperador al jefe de obras, y como cómplice al trabajador de la contratista.

Y ello porque, aunque las órdenes de pago no eran dispuestas por los funcionarios que habían falsificado las mediciones, sí que eran el precedente necesario para el libramiento de dichas órdenes por parte de los funcionarios encargados, mancomunadamente, de la tenencia de los caudales públicos y de librar los pagos.

Efectivamente, los funcionarios, son quienes, como jefe de obra y miembro de la dirección facultativa, declaran el cumplimiento de las exigencias del contrato de obra pública y realizan las mediciones que son el presupuesto técnico, suficiente y necesario para su abono, por lo que su conducta cumple las exigencias del artículo 28 del Código Penal respecto al delito de malversación de caudales públicos que considera autor al material, al mediato, al inductor y al partícipe necesario.

Así, los dos condenados son funcionarios públicos “altamente cualificados, como miembros de dirección facultativa y jefe de obra, eran responsables de las mediciones -las efectuaron, las supervisaron- sin que los detentadores de los caudales públicos pudieran realizar una supervisión técnica de esas mediciones, y se limitaron a controlar la concurrencia de los informes técnicos. Eran, consecuentemente, detentadores de facto de los caudales públicos pues su firma en las liquidaciones suponía, de hecho, el libramiento de los fondos públicos. Desde esta perspectiva la subsunción en la autoría del art. 28 CP, es procedente”.

📚 Teoría de la codelincuencia: autoría y participación

• Cooperación necesaria y complicidad (17-4-2023)
• Intimidación ambiental de la víctima y cooperación necesaria o complicidad en los delitos contra la libertad sexual (6-3-2023)
• Autoría y no cooperación necesaria, en la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia, del tercero cuya conducta es activa y participativa para que un menor conduzca (29-4-2021)
• Inducción al asesinato del ya determinado a cometerlo (11-12-2019)
• Responsabilidad penal de la persona jurídica y conductas de participación (8-4-2019)
• Apropiación indebida. Coautoría. Continuidad delictiva. Error de prohibición. Atenuante de reparación del daño. Legalidad de la prueba de cargo. (8-10-2018)
• Coautoría y juicio de certeza que debe generar toda prueba de cargo para fundamentar la convicción del juzgador para dictar una sentencia condenatoria (30-5-2018)
• Imposición de condiciones abusivas de trabajo y administración de hecho (22-10-2017)
• Coautoría Penal. Acuerdo Previo y Dominio del Hecho. (27-9-2017)

📚 Delitos contra la Administración Pública

• El destino de fondos públicos a una actividad antijurídica constituye apropiación con ánimo de lucro (10-7-2023)
• El nuevo delito de enriquecimiento ilícito: análisis crítico (23-2-2023)
• Análisis crítico de la reforma del delito de malversación (4-1-2023)
• Cobro de comisiones y delitos contra la Administración Pública (15-6-2022)
• El fraccionamiento de un contrato administrativo con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de ejecución que corresponda, reúne los requisitos del delito de prevaricación (20-5-2022)
• Contratar en una empresa pública para finalidades ajenas a las del puesto, con el propósito de eludir la ley de acceso a la función pública de personal eventual de asesoramiento, colma los tipos de la prevaricación y la malversación de caudales públicos (16-5-2022)
• El acuerdo político no subsana la omisión del procedimiento de contratación legalmente previsto, a los efectos de apreciar delito de prevaricación administrativa (27-4-2022)
• Obtención de beneficio económico en el tráfico de influencias y responsabilidad civil en la prevaricación (28-6-2019)
• El concierto de voluntades previo o simultáneo del delito de prevaricación administrativa (5-10-2018)
• Prevaricación administrativa por omisión (5-7-2018)
• Irregularidad y prevaricación administrativas (22-5-2018)
• Bien jurídico protegido en los delitos contra la Administración pública (22-5-2018)
• Relación entre prevaricación administrativa, falsificación de documento público por autoridad y fraude a la administración (18-5-2018)
• Código ético del poder judicial español y tipicidad del delito de cohecho pasivo impropio (3-3-2018)
• Concurso real en delitos contra la Administración Pública (22-1-2018)
• Delito de exacciones ilegales. Autoría, objeto material, acción típica, elemento subjetivo y bien jurídico protegido (14-11-2017)
• Consumación del delito de malversación (13-9-2017)
• Ánimo de lucro, propósito apropiativo o administración desleal, como elementos integrantes de la malversación de caudales públicos (13-7-2017)
• Administración desleal de dinero público (1-7-2017)
• El desvío de fondos públicos a través de sociedades mercantiles con participación pública constituye malversación de fondos públicos en lugar de apropiación indebida (PNJ Sala 2ª TS de 25-5-2017) (29-6-2017)