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⚖️ Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 52/2023, de 8-7-2026, Ponente Excma. Sra. Dª. Laura Díez Bueso, ECLI:ES:TC:2026:52
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⚖️ Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 52/2023, de 8-7-2026, Ponente Excma. Sra. Dª. Laura Díez Bueso, ECLI:ES:TC:2026:52
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⚖ El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que imputó prevaricación a un juez en un escrito de recurso. El tribunal considera que el letrado se encuentra amparado por la libertad de expresión – CGPJ [ 1-2-2024 ]
El asunto parte de la condena por delito de calumnias a un abogado por imputar falsamente al Juez un delito de prevaricación en un escrito de recurso, en una causa donde el Letrado era acusación particular, y donde señalaba que la resolución recurrida había sido manifiestamente injusta y que el Magistrado la dictó con conocimiento de que lo era.
Partiendo de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afirma que los Jueces, en el ejercicio de sus funciones públicas, pueden enfrentar críticas más duras que los ciudadanos que no ocupan cargos públicos, se recuerda, no obstante, que la misma no excluye la necesidad de proteger a los Jueces de los ataques verbales ofensivos que puedan recibir en el ejercicio de sus funciones, debiendo examinarse en cada caso las circunstancias concurrentes y la aplicación del parámetro de proporcionalidad, tomando en consideración la injerencia litigiosa a la luz del conjunto del asunto, incluido el tenor de las expresiones referidas y el contexto en el cual fueron formuladas, así como si la injerencia en cuestión era proporcionada a los fines legítimos perseguidos, añade la sentencia.
A mayor abundamiento, se recuerda que los Abogados pues, pueden realizar críticas contundentes sobre las actuaciones judiciales en defensa de sus clientes e incluso en defensa de sus propios intereses, y también tienen la facultad de solicitar responsabilidad gubernativa, civil o penal de los jueces por sus acciones, “sin que el mero hecho de hacerlo y expresar críticas hacia la actuación de los jueces suponga una violación ilegítima de su derecho al honor”.
“No hay duda de que las citadas expresiones, objetivamente consideradas, no solo son desafortunadas e impropias de lo que debe ser la actuación de un Letrado ante un órgano judicial, sino, además, innecesarias y objetivamente ofensivas, pudiendo incluso rebasar los límites a la libertad de expresión”. Pero no se trata de determinar si las expresiones proferidas deben ser acreedoras de reproche o sanción de otra índole, sino únicamente si aquellas pueden sustentar una condena penal, concluyéndose que no.
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta al concejal de Ganemos Salamanca por un delito de calumnias con publicidad a dos agentes de la Policía Nacional a los que atribuyó de forma inveraz en Facebook contar con antecedentes por torturas, haber pegado a una anciana y su familia, acceder ilegalmente a móviles de testigos y falsificar certificaciones médicas. El concejal condenado se refirió en Facebook a unos altercados, que él no había presenciado, que se produjeron en un barrio de Salamanca, cuando los dos policías iban a detener a un joven que se había fugado de un centro de menores de Zambrana (Valladolid) y algunos familiares y vecinos trataron de evitarlo.
Esas afirmaciones pueden, en ningún caso, estar amparadas por el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la libertad de expresión o de comunicación de información veraz. Un derecho que «no incluye en su contenido material la capacidad para alterar, con consciente falsedad, una legítima actuación policial».
La libertad de expresión «no ampara la difusión de una información inveraz que atribuye a los agentes de policía unos antecedentes por torturas que no existen, que les imputa el acceso delictivo a los dispositivos móviles de los testigos que grabaron los hechos, así como la falsificación de certificaciones médicas para así autoencubrir el delito de detención ilegal que también habrían cometido».
Por lo demás, la identificación mediante la placa profesional de los agentes de policía «no produce el caprichoso efecto de convertirlos en inermes destinatarios de afirmaciones calumniosas que menoscaban su integridad personal y el círculo de derechos reconocidos a cualquier ciudadano». «La calumnia no pierde su potencial efecto erosivo de la honorabilidad de la víctima por el hecho de que ésta no se identifique con nombres y apellidos. Lo verdaderamente definitivo es que el destinatario de las frases que menoscaban la honorabilidad quede inequívocamente identificado. Y para ello puede ser suficiente que quede acreditado, como sucede en el presente caso, un contexto o unas imágenes que individualicen a quien el autor quiere convertir en receptor de la afrenta».
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Las expresiones no constituyen un delito de calumnias porque no imputaron al otro edil la comisión de unos hechos que, de ser ciertos, constituirían un delito del artículo 406 del Código Penal, ya que en ningún momento se afirmó que éste fuese consciente de la falta de legalidad de su nombramiento.
Se afirma que el mismo concurrió a un concurso para acceder a la plaza de Jefe de Sección convocada, sin que se asevere en absoluto que careciese de los requisitos legales para hacerlo, ni aun que fuera consciente de que las bases del concurso habían sido diseñadas con objeto de favorecerle en sentido alguno.
Además, las expresiones contenidas en el relato de hechos probados resultaron proferidas por un representante público y en el contexto de un debate político, que parece comenzar por la censura respecto al modo en que se llevó a término la modificación del artículo 135 de la Constitución y se extiende a la política de nombramientos para determinados puestos de trabajo, seguida por los entonces responsables de la corporación que, al parecer del acusado, no se sujetaba a los principios de mérito y capacidad.
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Auto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 16-4-2002, FJ 3º, Ponente Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta Luis, ECLI:ES:TS:2002:200A
La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que, para que pueda apreciarse la comisión de un delito de calumnia, es preciso que las expresiones de los escritos o de las manifestaciones consideradas calumniosas tengan un claro contenido delictivo, pues no son suficientes para ello las atribuciones genéricas, vagas o analógicas, debiendo recaer sobre hechos inequívocos, concretos y determinados.