Los hechos probados explican que la funcionaria de policía local condenada, fue informada por su superior de una petición de colaboración por parte de otro cuerpo policial, en relación con la investigación y antecedentes penales por pederastia de una persona. El informe se basaba en una denuncia presentada unos días antes por unos hechos ocurridos en el colegio donde estaba escolarizado el hijo menor de la recurrente. Según esa denuncia, un varón había intentado convencer a una menor para que fuera a su casa y se facilitaban los datos de identidad de una persona con antecedentes en pederastia.
La acusada envió por WhatsApp el informe a su marido, policía nacional, y éste lo reenvió a otro compañero cuyo hijo también estudiaba en el mismo centro escolar. Finalmente, éste lo reenvió a su ex esposa, policía foral y ella lo reenvió a un grupo de WhatsApp de padres del colegio.
El Tribunal Supremo concluye que solo es objetivamente imputable a la condenada el envío del mensaje a su marido, agente, a la sazón, de la policía nacional y que el resto de la cadena de mensajes quedaba por entero fuera de su conocimiento y control. Respecto a las actuaciones posteriores de terceras personas, no son imputables a la recurrente, con informaciones progresivamente trasmitidas de unos a otros, fuera ya del dominio de la acusada.
En relación con el mensaje enviado, el Tribunal explica que fue trasmitido a un agente de la policía nacional que, además, “conocidamente iba a desplazarse ese mismo día al centro escolar, no solo no resultaba perturbador, sino que en nada mermaba o podía frustrar la eficacia de la investigación. Antes, al contrario, habiéndose requerido a la policía municipal por la foral para el desempeño de una discreta labor de vigilancia y supervisión de lo que pudiera suceder en las inmediaciones del centro escolar, que un agente de la policía nacional que había de acudir conocidamente al lugar, conociese la información, podría contribuir, aunque fuera por esta vía heterodoxa o irregular, al desarrollo de la colaboración solicitada”.
La Sala concluye que de los hechos probados no se identifica que la conducta imputable a la acusada “creara o incrementara de ningún modo el riesgo de que se frustrase la relevante actuación policial, ni en términos generales comprometiese de un modo significativo el buen funcionamiento de la Administración”.
InterJuez.es 