Saneamiento o depuraci贸n de las aguas residuales

馃嚞馃嚙 English version por Helena Fierro Moradell

Administraci贸n responsable ante las sanciones de la Uni贸n Europea por falta de ejecuci贸n de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo el saneamiento o depuraci贸n de las aguas residuales.

馃摎 Aguas residuales

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2021 Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Con motivo de recurso contencioso-administrativo interpuesto por una Comunidad Aut贸noma contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se resuelve el procedimiento de determinaci贸n y repercusi贸n de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Uni贸n Europea en el asunto C-205/17, Comisi贸n/Reino de Espa帽a, relativo a la no ejecuci贸n de la sentencia de 14 de abril de 2011, Comisi贸n/Reino de Espa帽a, en el asunto C-343/10 en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales, y que se la adjudica a la Comunidad Aut贸noma, al no haber realizado las infraestructuras necesarias para que los entes locales llevaran a cabo dicho tratamiento.

La Comunidad Aut贸noma sosten铆a su recurso apoy谩ndose en que consideraba que no era responsable del incumplimiento de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, al no haberse adoptado medidas de tratamiento, se帽alando que, en este caso, el t铆tulo de imputaci贸n de responsabilidad era exclusivamente competencial; el incumplimiento del derecho de la Uni贸n europea que se repercut铆a, correspond铆a al tratamiento y saneamiento de aguas residuales; la competencia para cumplir las obligaciones derivadas de dicha Directiva, en el caso de la Comunidad Aut贸noma, por el sistema de distribuci贸n competencial, correspond铆a a las entidades locales; los acuerdos, pactos o convenios entre Administraciones p煤blicas, as铆 como la declaraci贸n de inter茅s auton贸mico no alteraban el t铆tulo competencial, al tener efectos limitados (temporales y objetivos); y que la Comunidad Aut贸noma hab铆a cumplido con todos los compromisos que le competen, rechazando su responsabilidad respecto de las aglomeraciones urbanas. Por 煤ltimo y, con car谩cter subsidiario se帽alaba que, si se pretendiera que la CCAA asumiera alg煤n tipo de responsabilidad econ贸mica por haber intervenido en auxilio de los entes locales, deb铆a tenerse en cuenta que la declaraci贸n de inter茅s auton贸mico no desplazaba ni alteraba la competencia local y que, en todo caso, la responsabilidad que se pretendiera derivar siempre estar铆a sujeta a una serie de limitaciones objetivas y temporales. Con base en estos argumentos, solicitaba que se estimase el recurso y se anulase el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado y, subsidiariamente, partiendo de la imputaci贸n de responsabilidad por el t铆tulo competencial, se moderase la responsabilidad imputable teniendo en cuenta las limitaciones objetivas y temporales que indicaba en su escrito.

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la CCAA, considerando que habr铆a que diferenciar: por un lado, qui茅n es el obligado, en base a sus competencias, a cumplir las Directivas cuyo incumplimiento han dado lugar a las SSTJUE y a las sanciones al Reino de Espa帽a; y, por otro lado, las relaciones internas entre Administraciones P煤blicas a efectos de financiaci贸n, que deber谩n dirimirse en su sede correspondiente.

De modo que el procedimiento debe limitarse a determinar, con arreglo al t铆tulo competencial, qui茅n ser铆a el responsable de la falta de cumplimiento de las Directivas durante a帽os; este t铆tulo de imputaci贸n viene ligado a la acci贸n u omisi贸n de quienes sean competentes, sin que se prevea en la norma otro t铆tulo distinto en base al cual se pueda imputar responsabilidad. El t铆tulo de imputaci贸n competencial no queda afectado por las relaciones que el obligado mantenga con otras Administraciones P煤blicas, a trav茅s de instrumentos que se utilicen para posibilitar desde el punto de vista t茅cnico y econ贸mico la ejecuci贸n de las obras, ya sean convenios, protocolos o, como declaraci贸n de inter茅s auton贸mico.

Y en ning煤n caso la declaraci贸n de inter茅s auton贸mico de la Comunidad Aut贸noma produce el efecto de alterar o desplazar la competencia local en la materia, ni ser铆a t铆tulo atributivo de competencias, ni menos a煤n, de imputaci贸n de responsabilidad a la Comunidad Aut贸noma. Esto resultar铆a contrario al sistema constitucional de distribuci贸n de competencias, en el que el legislador estatutario atribuye claramente la competencia a la Administraci贸n Local.

Para repercutir las responsabilidades derivadas de sanciones ejecutivas por incumplimiento del Derecho de la Uni贸n Europea, ser谩 imprescindible identificar a aquellas Administraciones P煤blicas o entidades que, en el 谩mbito competencial que tengan asignado por el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, realicen una acci贸n u omisi贸n que d茅 lugar a un incumplimiento del Derecho de la Uni贸n Europea por el que el Reino de Espa帽a sea sancionado: de acuerdo con el orden constitucional de distribuci贸n de competencias, cada Administraci贸n es responsable de cumplir internamente con las obligaciones europeas, correspondiendo a la Administraci贸n General del Estado repercutir a la Administraci贸n que corresponda la responsabilidad derivada del incumplimiento del Derecho de la Uni贸n Europea.

Y as铆 cabe establecer una distinci贸n entre la competencia sobre el saneamiento o depuraci贸n de las aguas residuales y la competencia sobre la realizaci贸n de las obras hidr谩ulicas necesarias para la prestaci贸n de aquel servicio, esto es, sobre la construcci贸n o adaptaci贸n de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Y es de advertir que, las Administraciones P煤blicas competentes para prestar el servicio de depuraci贸n de aguas residuales dif铆cilmente podr谩n hacerlo si no cuentan con la infraestructura adecuada.

Por ello, es razonable que, en la medida en que el incumplimiento de la normativa de la Uni贸n Europea sobre tratamiento de aguas residuales, del que traen causa las sanciones, tiene su origen en la falta de ejecuci贸n de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo el saneamiento o depuraci贸n de las aguas residuales (como hizo constar en su demanda la Comisi贸n), se atienda a los t铆tulos competenciales relativos a la ejecuci贸n de infraestructuras hidr谩ulicas para determinar el sujeto incumplidor y atribuirle, en consecuencia, la responsabilidad que le corresponda.

Y, en este sentido, de los t茅rminos de la demanda presentada ante el TJUE por la Comisi贸n Europea contra el Reino de Espa帽a en el asunto C- 205/17, del que deriva el procedimiento aqu铆 cuestionado- que la sanci贸n impuesta a nuestro pa铆s tiene su origen en la falta de ejecuci贸n de las infraestructuras hidr谩ulicas necesarias para poder llevar a cabo la depuraci贸n y tratamiento de aguas residuales, es l贸gico que la responsabilidad derivada del incumplimiento sea atribuida en su totalidad a quien ostentando la competencia para la ejecuci贸n de esas infraestructuras incumpli贸 su obligaci贸n, impidiendo de esta manera cumplir con la suya al encargado de la prestaci贸n del servicio de depuraci贸n y tratamiento de aguas residuales.

Puede afirmarse que la competencia sobre la ejecuci贸n de las obras hidr谩ulicas de inter茅s de la Comunidad Aut贸noma, corresponde a esta y que esa competencia no resulta alterada por la celebraci贸n de convenios entre 茅sta y las entidades locales que tengan por objeto desarrollar y ejecutar materialmente la planificaci贸n de las aludidas infraestructuras.

El TS concluye que el incumplimiento del Derecho de la Uni贸n Europea es consecuencia directa y exclusiva del incumplimiento por la CCAA de una competencia que tiene atribuida por nuestro ordenamiento jur铆dico, cual es la relativa a la ejecuci贸n de las obras de infraestructura hidr谩ulica -de inter茅s de la Comunidad Aut贸noma- que eran necesarias para que pudiera prestarse el servicio de tratamiento y depuraci贸n de aguas residuales en las aglomeraciones urbanas; ese incumplimiento es causa directa y exclusiva del incumplimiento del Derecho de la Uni贸n Europea, porque la falta de ejecuci贸n de las referidas obras hidr谩ulicas ha impedido a las entidades locales prestar el servicio de tratamiento y depuraci贸n de aguas residuales propio de su competencia.

Por eso, el TS considera contrario a la l贸gica que la Administraci贸n recurrente pretenda proyectar sobre las entidades locales las consecuencias derivadas de su propio incumplimiento.