Libre, libre, quiero ser…

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Incidencia no menor que se nos presenta cotidianamente en el juzgado de guardia, es la solicitud de libertad de un preso preventivo al haber pagado la fianza fijada por el tribunal que decidió sobre su situación personal.

Un primer problema surge cuando el dinero se paga mediante transferencia, sin contar con que el sistema de compensación bancaria no abona la cantidad en la cuenta del juzgado hasta el día siguiente. Así que se ha pagado, pero no existe constancia alguna auténtica del abono de dicho pago en la cuenta judicial. Este problema es evitable, mediante ingreso directo en la entidad depositaria de las cuentas judiciales, con lo que el abono es inmediato. Pero tiene problemas no menores, como la necesidad de desplazamiento personal a la sucursal o no poder llevar a cabo la gestión fuera del horario de atención al público de la misma.

Un segundo problema viene dado por la imposibilidad del letrado de la administración de justicia -antes llamado secretario judicial- de comprobar los movimientos de las cuentas bancarias de cualesquiera juzgados distintos al suyo. De modo que el ingreso efectuado en la cuenta del tribunal que decidió la medida privativa de libertad, no se va a poder comprobar fuera de sus horas de audiencia por el juzgado de guardia, con especial agravación del hecho en caso de fin de semana o sucesivos días inhábiles. Y todavía dentro de este supuesto, cabe la presentación al juzgado de guardia como justificación del pago hecho, bien de un documento bancario original y sellado, o bien de un documento impreso por el propio presentador consistente en el resguardo de su banca electrónica de haber efectuado una transferencia, con las evidentes diferencias sobre la apariencia de autenticidad de ambos documentos.

En todas estas situaciones, el juez tiene que resolver en el aire. O deja en prisión a alguien por no poder acreditar el pago de una fianza que aparentemente ha hecho, o lo pone en libertad con la real posibilidad de que la justificación de ese pago sea falsa. Total, teniendo al juez como responsable…

La cuestión, de indudable practicidad y repercusión en los derechos fundamentales, sería de tan fácil solución como dotar al ingreso efectuado en una cuenta judicial de irrevocabilidad y control de su autenticidad mediante un código seguro de verificación, lo que permitiría la comprobación informática irrefutable, atemporal y ubicua del pago hecho.

Pero mientras llega tal avance, u otro cualquiera que permita satisfacer igual finalidad a la arcaica administración de la justicia “papel cero”, al modo como hace tiempo lo tiene la agencia tributaria, por señalar sólo un ejemplo, las cautelas que conviene observar a la hora de pagar una fianza son:

1.- Consultar la normativa sobre el sistema de pago de fianzas, lo que puede hacerse en el apartado penal de este portal.

2.- Consultar previamente al pago con el letrado de la administración de justicia del órgano que acordó la privación de libertad o del juzgado de guardia, según el ingreso se vaya a dirigir a la cuenta bancaria de uno u otro órgano, para asegurarse de que se sigue su criterio práctico al respecto.

3.- Evitar el pago mediante transferencia, para eludir la estancia del dinero en el limbo durante, al menos, 24 horas.

4.- Disponer de un testimonio de la resolución que fija la fianza, con expresión de su firmeza, pues problema adicional que daría lugar para otro comentario, es la búsqueda sin resultado de dicha resolución en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

Y mientras esperamos la llegada de la modernidad, podemos solazarnos rememorando el sonsonete de la añeja canción de Los Chichos que da título a este comentario.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

Paren el mundo que me bajo

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Son distintas las causas previstas en la ley para suspender un juicio antes de su comienzo. No es infrecuente, sobre todo si litigan dos buenos abogados, que las partes alcancen un acuerdo antes de empezarlo. Tampoco es raro que alguien convocado a juicio no pueda acudir por razón de fuerza mayor. Y tantas otras.

Me quiero detener aquí sobre el momento oportuno para solicitar del tribunal la suspensión del juicio. Y tal debe ser el más inmediato posible a conocer la razón obstativa que sea.

No se trata de ver si concurre causa legal para acordar la suspensión, que suele darse, sino de si la parte solicitante podría haber hecho su comunicación con antelación suficiente para sustituir su juicio por otro. Y este segundo examen se suspende con desalentadora frecuencia.

Estamos todos de acuerdo en que la carga de trabajo que pesa sobre los tribunales supera la del que podrían abarcar de manera razonable. También en el valor de la impartición rápida de la justicia.

Desde esas premisas, resulta poco edificante asistir a solicitudes de suspensión de juicios que se presentan el mismo día en que habría de celebrarse.

Como abogado, he pasado muchos años esperando a las puertas de los juzgados que me llegara el turno de entrar a juicio. Precisamente por eso, como juez, procuro que los señalamientos no causen dilatadas esperas a los que tienen que acudir a ellos, aunque no siempre llegue a conseguirlo.

Pero sin la implicación solidaria de los representantes y defensores de los ciudadanos en la distribución de tiempos en la administración de justicia, surge la pregunta de si no es mejor asegurar que el tribunal no pierda un sólo minuto del tiempo que no tiene, aun a costa de la espera de quienes acuden a él para ser atendidos.

Mirar alrededor en la mayor parte de las dependencias administrativas de concurrencia pública, puede dar la respuesta.

No obstante, lo seguiré intentando.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.