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Sucede con alguna frecuencia, que una persona sujeta a un procedimiento penal no puede ser localizada para llevar a cabo con ella un acto de comunicación, es decir, para notificarle un trámite importante del procedimiento o citarle para una actuación, por ejemplo, el juicio.

Así las cosas, uno de los mecanismos previstos por la Ley, en casos graves y agotados todos los medios posibles para evitarlo, es ordenar su detención para cumplir dicha finalidad.

Y aquí viene lo que, para mí, es incomprensible a estas alturas del avance de la tecnología y muestra de falta de respeto al derecho fundamental a la libertad personal y de despilfarro de recursos públicos: la necesidad de intervención judicial posterior a la detención policial para llevar a cabo el acto de comunicación.

Una vez localizada la persona buscada y detenida por miembros del cuerpo policial que sea, ha de ser entregada al Juzgado de guardia del lugar en que haya sido habida, para llevar a cabo el acto de comunicación de que se trate, así como su puesta en libertad que, no obstante y normalmente, ya vendrá prevista en la propia orden de detención para cuando se termine la actuación, si no hubiera ningún impedimento, como que otro Juzgado hubiera acordado el ingreso en prisión de dicha persona.

Pues bien, la mayor parte de los Juzgados que prestan servicio de guardia en España, no son presenciales sino de localización. Quiere decirse que, fuera del horario de mañana de los días laborables, sus miembros no están en las dependencias judiciales, sino localizables para activarse previo aviso. Ya se sabe que inversión en Justicia poca, cuando no ninguna…

En consecuencia, una vez detenido un ciudadano para, por ejemplo, citarle a juicio, la policía debe cumplimentar la documentación correspondiente a la detención y comunicar al Juez de guardia que se ha producido la localización de dicha persona buscada por otro Juzgado. El Juez debe activar al personal de su oficina judicial para acudir a las dependencias judiciales. Allí se busca en un sistema informático -de no tan lejana creación- la documentación correspondiente al asunto del ciudadano hallado. Se practica con él el acto de comunicación de que se trate y, acto seguido, se acuerda su libertad. Finalmente, se comunica al Juzgado que estaba buscando al ciudadano, que se le ha encontrado y que se ha practicado con él la comunicación correspondiente.

Y yo me pregunto, ¿no sería posible que la policía imprimiese la documentación, se la entregase al ciudadano y llevase a cabo un acuse de recibo al órgano judicial que lo estaba buscando y la notificación de la detención y puesta en libertad al Juez de guardia del lugar, sin más complicación?.

Pues debe ser que no.

Así que, si tiene cuentas pendientes con la justicia penal, no se despiste y comunique al Juzgado cualquier cambio de domicilio o de teléfono, porque el origen del problema que describo está en su descuido.

Pero creo que el Estado debería salvaguardar con más celo la libertad personal en casos en que puede evitarse una detención con un ligero retoque legal, velando también por no dilapidar los recursos públicos de los que vamos tan escasos.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

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Permítanme guardar para mí, por aquello de la obligada autocontención que debe ser propia de mi profesión, la opinión que me merece la nueva imposición de llevar mascarillas en espacios al aire libre y la de quienes así lo han dispuesto.

Me voy a limitar a decir que dentro de las excepciones legales, se contiene la siguiente: «En el exterior, durante la práctica de deporte individual».

Como segunda acepción de la palabra deporte, recoge la Real Academia Española de la Lengua, la siguiente: «Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre».

De modo que, caminar por la calle, a mi entender, no está sujeto a obligación de portar mascarilla.

Y, como decían los clásicos: esta es mi opinión, que someto a cualquier otra mejor fundada en Derecho.

Feliz Navidad, feliz libertad.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

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Hay muchos usuarios de WhatsApp interesados en abandonar la aplicación por sus problemas de privacidad.

Aunque, a corto plazo, el anuncio de compartición de datos entre WhatsApp y Facebook es de díficil materialización en la Unión Europea, por aplicación de la legislación sobre protección de datos, la fiabilidad de ambas compañías en su cumplimiento normativo, ya quedó en entredicho en el pasado.

En cualquier caso, el mayor problema al que se enfrentan los usuarios es la utilización masiva de WhatsApp en comparación con la más reducida de Telegram y la todavía muy pequeña de Signal u otras más residuales. Eso hace muy difícil el abandono radical de WhatsApp, porque supondría quedar desconectado de muchos contactos a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Como se trata de cambiar inercias, una medida para ir abandonando progresivamente WhatsApp, consiste en bloquearse recíprocamente en esa aplicación los contactos que dispongan de una alternativa común. Así, si tu amigo y tú tenéis Telegram, podéis convenir en bloquearos recíprocamenten en WhatsApp para evitar contactar a través de ella por inercia.

Da la sensación de que, como han hecho Twitter o YouTube bloqueando al Presidente Trump, irrogándose un control de la libertad de expresión que debería estar exclusivamente en manos de los jueces, asistimos a un pulso entre compañías de dimensión planetaria y los ciudadanos del mundo. Pero, probablemente a diferencia de dichos casos, WhatsApp, sí tiene alternativas reales e indudablemente mejores.

Veremos quién gana.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Hoy las aplicaciones de mensajería y las redes sociales se llenan de deseos de felicidad para el año entrante.

Los optimistas bien informados pensamos que se van a quedar en eso, en deseos, porque 2020 va a ser el prólogo de un 2021 horrible, enmarcado en la progresiva destrucción de la civilización que conocemos.

Nos quedan muchos miles de muertos por la pandemia COVID-19, hasta completar una cifra que intuiremos pero no conoceremos verdaderamente, porque se nos ocultará, como las dolorosas escenas de desfiles de ataúdes de mediados del año que termina, en vista de que los gobernantes han decidido que tienen el derecho a hacerlo, no se sabe bien en función de qué alto interés.

Nos queda afrontar la ruina económica que viene de la mano de lo que ha arrasado la pandemia, pero también de un modelo económico insostenible que llevamos décadas construyendo a base del «sálvese quien pueda» y del «mañana ya veremos». Por cierto, con un incremento de la presión fiscal insoportable, que seguirá destruyendo cualquier incentivo para la inversión, única vía para la recuperación económica y el empleo.

En nuestro país nos queda seguir viviendo en un ambiente guerracivilista en el que las dos Españas siguen empeñadas en destruirse, tras un periodo históricamente breve en el que parecieron capaces de cimentar una nueva relación de mutuo respeto y búsqueda del bien común, que ha naufragado de la mano de una clase gobernante integrada por los peores, solo preocupados de medrar personalmente.

Y en la Administración de Justicia, seguiremos trabajando con la ratio de jueces más pobre de los países desarrollados, sin medios y soportando la inacción de los otros dos poderes del Estado ante los grandes problemas que van surgiendo y que son incapaces de resolver mediante leyes justas y técnicamente bien formuladas, mientras el llamado poder judicial solo recibe su desprecio y su codicia por sus órganos de gobierno.

En fin, un poema. Pero por ganas que no quede. Así que, ¡ feliz 2021 !.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

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En materia de modernización de la gestión administrativa, no es exagerado afirmar que la pandemia COVID-19, va a forzar el viaje de la Administración de Justicia del siglo XIX al XXI.

Y digo forzar, porque si bien es cierto que territorios como Aragón llevan años aplicados en la modernización del asunto, no lo es menos que el ritmo imprimido es desesperantemente lento por una multiplicidad de obstáculos a salvar, cada uno con diferente intensidad a lo largo del tiempo, pero todos convergentes frenando el avance: la falta de financiación, de voluntad política, de adaptabilidad al cambio, de reforma normativa e incluso de modelo.

No obstante, ahora modernizar la Administración de Justicia no es una opción, es una imperiosa necesidad por razones de salud pública. Simplemente no es posible reabrir de las sedes judiciales con una afluencia de ciudadanos, sean funcionarios o visitantes, similar a la de los grandes almacenes el primer día de rebajas, a riesgo de poner en peligro su salud y, visto está, que sus propias vidas.

Y como «a la fuerza ahorcan», las distintas Administraciones con competencias en el asunto, se han puesto a trabajar a toda velocidad para dar una solución al problema.

El resultado es variopinto, fruto de la gestión de la cosa por una pluralidad de Administraciones púbicas y organismos escasamente coordinados y con intereses muchas veces centrífugos, en un modelo que ha demostrado hasta la saciedad ser ineficaz e ineficiente: el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los Consejos Generales de Colegios Profesionales, así como los ámbitos territoriales de todos los anteriores… En mi opinión, la solución al problema, que ya es grave e inaplazable, pasa por la recentralización de la competencia; pero eso es harina de otro costal, cada vez más difícil de conseguir, en vista del clientelismo personal que ha florecido con el actual modelo.

Así, habrá Tribunales con horario de mañana, otros con horario de mañana y tarde y otros, los más avanzados, como es el caso aragonés, con parte de la plantilla de funcionarios teletrabajando. También habrá Tribunales, no pocos, sumidos en el más profundo caos entre la organización que se establezca y la realmente posible.

Conviene ir interiorizando que el teletrabajo ha venido para quedarse. Por múltiples razones. A la fuerza, porque los rebrotes de la pandemia se dan como seguros, sin perjuicio de amenazas futuras que puedan cernirse sobre la especie humana para volver a recordarnos que somos vulnerables pese al estado de nuestra evolución. Y, por interés, porque teletrabajar contribuye decididamente a la sostenibilidad económica y medioambiental o a la conciliación de la vida familiar y laboral.

De modo que convendrá cimentar bien el modelo, fundamentalmente sobre los siguientes principios:

La voluntariedad, de modo que se prime la decisión personal del funcionario a la hora de optar por uno u otro modelo de prestación del servicio, presencial o deslocalizada, con los límites del derecho de los demás funcionarios y de la calidad en la prestación del servicio público.

La flexibilidad, de modo que la presencia y ausencia de la sede física se pueda gestionar por el funcionario en función de las necesidades del servicio y de las suyas personales.

Y el control de la deslocalización, de modo que la Administración pueda controlar la efectividad de la prestación.

Lo anterior, tendrá que venir acompañado de un cambio de mentalidad y organización de la forma de trabajar.

Los Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores, harán bien en emprender tratamientos de sus patologías alérgicas a cualquier cosa con botones y teclas. La tecnología es hoy la única herramienta a través de la que canalizar eficazmente la administración de la Justicia. Así que, formación y mente abierta.

A lo anterior, los funcionarios de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Procesal, deberán sumar el abandono del modelo del expediente propio, «mi tesoro», para pasar a un modelo colaborativo y, en lo posible, especializado que garantice una tramitación homogénea y sin interrupción por cuestiones tan cotidianas como las vacaciones, la baja por enfermedad o el traslado, además de la hoy añadida posibilidad de teletrabajar.

¿En qué punto nos encontramos?.

Pues mientras esperamos que alguien nos diga cuándo arrancar de nuevo la Administración de Justicia, el Poder Judicial teletrabajará en función de los medios disponibles en cada territorio, durante el estado de alarma y hasta los 3 meses siguientes, con la doble miopía que se desprende de la limitación temporal a futuro por falta de previsión de rebrotes y nuevas crisis y pérdida de oportunidad en el aprovechamiento de los conocimientos y experiencia adquiridos, así como de cualquier incentivo personal para el Juez, en vista de que lo hará desde la propia sede del Tribunal: «teletrabajo desde el despacho contiguo».

Algo mejor parece la cosa para los Fiscales, al fomentarse su deslocalización real e intervención en los procedimientos por vía telemática. Queda ahora dotar a la Fiscalía de herramientas homogéneas para todo el territorio nacional que les permita actuar de modo real conforme al principio de unidad.

Los Letrados de la Administración de Justicia están llamados a ser auténticos protagonistas del éxito de la operación, pero sin formación específica, con escasos medios, demasiadas dependencias jerárquicas y no sé si con muchas ganas, por eso de la alergia tecnológica generalizada.

Abogados y Procuradores, que conforman el colectivo más numeroso, tendrán que lidiar con una inaceptable multiplicidad de sistemas para trabajar con uno u otro dependiendo de la parte de España en la que vayan a intervenir y afrontar las dificultades técnicas que los mismos presenten, normalmente con ninguna o poca ayuda.

Y, los funcionarios de la Administración de Justicia, empezarán a ensayar esta nueva forma de prestación de su trabajo, con el riesgo de trasladar al mismo la obsolescencia del actual modelo presencial, mi expediente, «mi tesoro».

De todos modos, no hay opción, lo que parecía el futuro es el presente y, como tal, cada día que transcurre, ya es pasado. Nos toca afrontar con decisión el nuevo modelo e ir trabajando a diario en su perfeccionamiento, siempre con la vista puesta en la sociedad a la que todos servimos.

Así que, a por ello.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Publicado hoy en Diario de Teruel

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Estoy recibiendo muchas llamadas de queridos compañeros de toda España, a propósito de la noticia de la que se han hecho eco los medios de prensa locales [ aquí ] y [ aquí ] sobre el uso del sistema de videoconferencia para la celebración de actuaciones judiciales, pero que ha saltado las fronteras turolenses para difundirse generosamente por toguilandia.

He de comenzar diciendo que no tengo mayor mérito que el de mi curiosidad por todo lo tecnológico, que me ha llevado a experimentar con un sistema puesto a nuestra disposición por la Administración prestacional de los medios de Justicia en Aragón, que es la Comunidad Autónoma.

Hace mucho que se viene utilizando el sistema de videoconferencia para practicar actuaciones judiciales. El más frecuente es la comparecencia de un ciudadano ante el Juzgado desde la sede de otro Juzgado alejado geográficamente. Así, celebrando un juicio en Teruel, acompañado de las dos partes en conflicto y el Procurador y Abogado de cada una de ellas, así como de mi funcionaria del cuerpo de Auxilio judicial, si tiene que declarar como testigo un señor de, pongamos, Sevilla, con antelación al juicio, lo citamos para que acuda a los Juzgados de allí, con cuya sede nos conectamos por videoconferencia y practicamos la declaración, que no es cosa de que se tenga que hacer, en los tiempos que corren, más de 600 kilómetros para contarnos en unos pocos minutos lo que sepa del asunto. De todas formas, en la sala de vistas ya somos 8 y, si el testigo hubiera declarado en Teruel, en lugar de en Sevilla, hubiéramos sido 9. Y todo eso sin contar con las personas que, a la enérgica voz de «audiencia pública» que da mi compañera antes de empezar la vista, puedan sentarse en los bancos del público a ver el juicio. Como dicen en mi querida Andalucía, «una bulla».

De hecho, allá por febrero del 16, casi nada lo que ha llovido, ya se contó bastante de este invento en: «Videoconferencia: togas en plasma«.

En este estado de cosas, la novedad que nos trae la tragedia colectiva en la que nos ha sumido el dichoso bichito del COVID-19, es que nos obliga a alejarnos físicamente. Lo que han bautizado como «distanciamiento social», que tan duro se nos va a hacer a quienes, como Serrat, nacimos en el Mediterráneo. Y es que, no es cosa de «desescalar» el confinamiento domiciliario que nos ha impuesto el estado de alarma, volviendo a convocar cientos de ciudadanos en las sedes judiciales, que ríanse de un centro de salud en epidemia de gripe y hora punta, con el consiguiente riesgo de fomentar el contagio y volver al punto de partida que obligó a parar el planeta mundo.

Y como la Justicia no puede seguir a ralentí más tiempo, que eso también puede matar, no queda otra que reinventarse y buscar la manera de volver a poner la maquinaria a pleno rendimiento, pero esquivando el riesgo de contagio que viene de posibles aglomeraciones. Y no nos engañemos, en esta tesitura tenemos que ser conscientes de que trabajos con medios materiales manifiestamente mejorables y que nuestras sedes no están precisamente preparadas para el «distanciamiento social».

En ese proceso de reinvención, hemos estado trabajando en intentar casar el nuevo sistema de salas virtuales de videoconferencia que nos ha facilitado la Administración prestacional, que permite que cada interviniente se conecte a la sala virtual desde donde se encuentre, al estilo de la hoy famosa app Zoom, con el sistema tradicional de videoconferencia, en la que la sala de vistas de los Juzgados de Teruel y Sevilla conectaban entre sí para la declaración del testigo. Y ha funcionado. De modo que dicha sala de juicios física de siempre, también se conecta a la sala virtual como un participante más en la videoconferencia. Con ello hemos conseguido poder grabar el acto de que se trate en los sistemas de gestión procesal y que puedan comparecer en la sede física aquellos intervinientes que se precise por cualquier razón, entre las que no será menor la falta de medios o de conocimientos tecnológicos para hacer una videoconferencia, por lo menos en la «España vaciada».

Es un primer paso. Y sé que quedan por pulir aspectos técnico jurídicos de extraordinaria relevancia como las garantías de identificación de los intervinientes, de integridad de sus intervenciones e incluso de policía de los nuevos estrados virtuales por el Tribunal. Pero ningún comienzo ha sido fácil y este nos viene impuesto y, lo que es peor, por poderosísimas razones vitales.

El caso es que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y tenemos que aprovecharlo. Ya no es el futuro, es el presente. Y tanto avanzan, que hoy tengo el honor de publicar esta entrada en «blogconferencia» con mi admirada compañera Susana Gisbert, en su «Con mi toga y mis tacones«, blog de referencia para quien quiera conocer los entresijos de la Justicia, con tanta calidad y precisión como sentido del humor. Espero que la virtualidad de la que hablamos hoy, no impida que nos veamos en próximo 27 de mayo en el Casino de Teruel para asistir a la presentación de su novela “No me obligues”.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

Solo queda añadir que tenemos una cita pendiente, la presentación en Teruel de mi última criatura, «No me obligues», que se nos quedó colgada del mes de mayo cuando cerraron el mundo. A ver si puede ser pronto y hacemos una nueva blogoconferencia para celebrarlo (y esa, en persona).

✍️ Susana Gisbert Grifo.

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La legitimidad de los gobiernos de todo el mundo ha decaído con la pandemia. En los Estados democráticos hay que llamar a las urnas más pronto que tarde. Ningún ciudadano ha votado a sus actuales gobernantes pensando en la tercera posguerra mundial. Y ese es el próximo escenario.

Vaya por delante, como vano intento de aplacar a los más entregados a las ideologías al mando en cada lugar, que la Real Academia Española establece como acepción de decaer, la siguiente: «Dicho de una persona o de una cosa: Ir a menos, perder alguna parte de las condiciones o propiedades que constituían su fuerza, bondad, importancia o valor».

Es decir, que no hay duda alguna sobre la legalidad de los gobiernos constituidos; en modo alguno son ilegítimos. Pero yo tampoco la tengo sobre la merma de legitimidad democrática que provoca su continuidad al frente del poder ejecutivo de sus naciones, como si nada hubiera pasado.

Es indudable que los únicos mecanismos lícitos para remover los gobiernos de sus mandatos, son los previstos en sus normas constitucionales y legales y, al menos en la nuestra, una pandemia no lo es. Tampoco lo son otras muchas cosas que se dejan a la decisión del gobernante, lamentablemente cada vez más centrada en su propio interés y el de «los suyos». Pero no hablo de eso. Hablo de su legitimidad democrática, que los gobiernos deben buscar reforzar si quieren naciones decididas a seguirlos en el proceso de reconstrucción, empeño que se me antoja deben encarar decidida e imprescindiblemente.

Desde el punto de vista jurídico y aceptando la inmensa dificultad de mezclar los ámbitos público y lo privado, la reflexión me parece tan innegable como lo es en este último la que considera necesario estudiar el reequilibrado de las posiciones contractuales de todo tipo, una vez alterado de forma tan enorme e imprevisible el escenario en que se pactaron (rebus sic stantibus).

Los tiempos para hacerlo son imprecisos. Es evidente que ahora no es el momento en la mayor parte del mundo. Y dependerá de otros muchos factores como lo avanzados que estén los mandatos gubernamentales en cada país o los consensos que se puedan alcanzar con las distribuciones parlamentarias actualmente existentes en cada lugar. En todo caso, el mero plazo legal de duración del mandato gubernativo, no me parece suficiente en este momento.

Dicho lo anterior, no albergo la menor esperanza de que ello se produzca. Al menos no en Aquí del Maestro Forges. Hay demasiados intereses creados como para que así sea. Intereses, por uno y otro lado, ajenos a los que jalean a sus ídolos, sin sospechar siquiera lo que se les viene encima.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Hace mucho que no escribía en el blog. Y debo confesar que obedece a que la mayor parte de las veces en que lo hubiera hecho, he pensado que daba igual, porque mis opiniones estaban destinadas a caer en el mismo saco roto que todas las que se hacen en sentido crítico a los tiempos que nos ha tocado vivir. Lo políticamente incorrecto, no vende, al menos no, dependiendo de la etiqueta ideológica que le cuelguen al emisor. Y, lejos de cualquier reflexión, lo primero hoy en día es etiquetar contenidos y autores.

Pero con ocasión de la pandemia del coronavirus COVID-19, no puedo callarme mi hartazgo y escribo, aunque sea con destino al indicado saco roto.

Antes.

Ningún gobierno de las últimas décadas ha hecho los deberes para colocar a nuestro país en el siglo XXI.

Ni rastro de voluntad de reformar la disparatada estructura territorial del Estado, antes al contrario, interés en seguir engordándola para dar satisfacción al obsceno clientelismo político de la partitocracia.

Ni rastro de armonización y lógica legislativa, antes al contrario, diarrea normativa para seguir sosteniendo una insoportable y asfixiante burocracia inútil.

Ni rastro de consenso político en temas nucleares para la convivencia como la educación, antes al contrario, fomento del control ideológico de la sociedad a su través.

Ni rastro de fomento del pensamiento libre y de los valores humanos, antes al contrario, permanente adoctrinamiento social y desprecio beligerante contra el que osa expresar una opinión distinta.

Ni rastro de incentivo de la cultura y habilidad real en el manejo de la tecnológica, antes al contrario, lucha desaforada por su utilización como instrumento de propaganda política.

Ni rastro de racionalización del gasto público dirigido decididamente a la satisfacción del interés social, antes al contrario, despilfarro descarado del dinero de todos en estructuras incompetentes diseñadas en interés y beneficio de unos pocos.

Ni rastro de tantas cosas que se podían haber hecho y para las que ya es irremediablemente tarde…

Durante.

El más absoluto caos.

Las estructuras han sido superadas por la situación en cada momento, arrastradas inexorablemente por su inacción de años, su falta de previsión y compromiso con el bien común y la incompetencia de buena parte de sus integrantes.

Estructuras de 8 a 15 horas que, en la práctica, lo son de 9 a 14.

Los políticos han tardado poco en azuzar sus terminales de propagación del mensaje para culpar al adversario de sus propios errores.

La crítica se ha intentado silenciar, para no menoscabar la ideología dominante. La prensa ha sido comprada o sometida.

El control parlamentario del Gobierno y el aporte de la soberanía popular representada en la pluralidad ideológica, se ha impedido con el cierre de hecho de las Cámaras.

Y en este momento del drama, auguro que todavía nos queda vivir lo peor en todos los órdenes.

Después.

La vida seguirá.

Lo malo es que seguirá, y aceleradamente, en la dirección del declive que es propio del fin de la civilización que conocemos, aunque ojalá lo sea con tintes menos dramáticos que los que nos asolan hoy.

En todo caso, agarrémonos que vienen curvas pronunciadas para la gran mayoría.

Vamos a vivir la peor etapa de la historia, que dejará pequeño el drama de la segunda posguerra mundial.

Y es que ahora, a la pobreza y el infortunio de muchos, se unirán la ausencia de horizonte que viene de la mano de la falta de valores en la mayoría y el intento de dominación del mundo por los más mediocres, montados a lomos de populismos tan descarados como imperceptibles por sociedades auténticamente depauperadas.

Alguien dirá que siempre puede albergarse alguna esperanza. Sea pues, aunque dicho postulado ya no cuente con mi adhesión.

Los que tengan la suerte de creer, que vayan rezando.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Desde Roma, los gobernantes más mediocres se han mantenido en el poder a base de pan y circo para el pueblo.

No importan las necesidades de la población. Ni las básicas, ni mucho menos las que pueden ensanchar las mentes de los gobernados, arriesgando así las poltronas de los gobernantes. Pan y circo son suficientes para mantener el estado de cosas.

Pan no hay mucho. Y parte del que había fue robado al pueblo por sus propios elegidos para gobernarlo.

Pero circo no falta. A pesar de cualquier cosa. A cualquier precio. Que no pare la fiesta.

En España albergamos esta tarde la final de la Copa Libertadores de América entre dos equipos bonaerenses, por la imposibilidad de celebrarla en La Reina del Plata, en vista de la violencia extrema de parte de sus aficiones. Además, del pan escaso, vamos a detraer 650.000 € para pagar el espectáculo, mientras los clubes de fútbol interesados siguen haciendo negocio a costa de los millones de personas a los que el llamado deporte rey nos importa un pimiento. Da igual, que no pare la fiesta.

Mientras esperamos un gobernante de talla que proponga que los chiringuitos festivos se los paguen los interesados en ellos, tendremos que seguir pagando las fiestas a escote, por mucho que las repudiemos.

Y mañana al tajo, que hay que recuperar los 650.000 del ala.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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La Constitución Española conmemora hoy su 40 aniversario con la vitalidad, pero también los incipientes achaques, propios del final de la juventud.

Nadie cuestiona que la Carta Magna nos llevó pacíficamente de la dictadura a la democracia y que nos ha proporcionado un largo periodo de paz y prosperidad. Y pocos lo hacen sobre la necesidad de reformarla, abriéndose paso últimamente en el discurso imperante de lo políticamente correcto, que su reforma sería el mejor homenaje que se le podría tributar.

En mi opinión, no es necesaria, sino indispensable, la reforma de nuestro texto constitucional en el diseño de la organización territorial del Estado que ha hecho metástasis en nuestra convivencia pacífica, la dignidad de la dedicación política y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, al punto de arriesgar seriamente nuestro futuro.

Contrariamente al deseo de los más radicales, la reforma constitucional no podría ser sino fruto de la reflexión orientada al bien común, la palabra, la convicción y la decisión democrática de la mayoría. Y no creo que con tales requerimientos podamos albergar esperanza alguna de que dicha reforma se produzca.

De una parte, porque el consenso de 1978 se produjo mediante cesiones a cambio de contraprestaciones. Se decidía, simultáneamente y de nueva planta, el diseño de la organización política y territorial del Estado, junto al reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales y el alumbramiento de las instituciones llamadas a garantizarlos. Y en esa tesitura, pesaron más las ventajas que los inconvenientes en la mayoría, lo que condujo a la aprobación de la Ley de leyes. En cambio, la reforma constitucional habría de centrarse en cuestiones concretas y en esas el consenso, simplemente es imposible. Lo es a la hora de decidir entre monarquía y república, de reformar el diseño de la organización territorial del Estado o de afrontar la reforma o la supresión de algunas instituciones constitucionales.

De otra parte, porque el consenso de 1978 se forjó entre representantes de los ciudadanos cuyo empeño fue devolver a España a la democracia e integrarla en Europa. Dudo, por desgracia, que el político medio tenga hoy por preocupación prioritaria el bien común y no la defensa de su medio de vida y de la partitocracia en la que ha crecido.

En suma, faltan el talento y el talante necesarios para afrontar una reforma constitucional y sobran estructuras asentadas sobre un estado de cosas a mantener por puro interés propio.

Así que brindo por los próximos aniversarios de la Constitución de 1978, cuya reforma deseo tanto, como estoy seguro de que no llegaré a ver.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Después del rescate del sistema financiero español por el descalabro de las cajas de ahorros, resurgen movimientos sísmicos sistémicos de la mano de la tormenta perfecta que supone conjugar la ya consolidada declaración de abusividad de la cláusula de imposición indiscriminada del pago de los gastos de un préstamo a los consumidores por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, con la reciente y todavía no consolidada de ser el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados la entidad prestamista por la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

Orillando opinar sobre la forma de adoptar la decisión la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro más Alto Tribunal y las consecuencias que de ello se pueden derivar, necesito desahogar algunas consideraciones al hilo del deslizamiento por la banca del mensaje de no saber si el sistema podría soportar el envite de cargarle la obligación retroactiva de pagar dicho coste, con su consiguiente posibilidad de quiebra:

1.- El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados grava el crecimiento económico para financiar las Comunidades Autónomas.

2.- Dicho impuesto, junto a otros como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, están a punto de desbordar la capacidad contributiva de muchos ciudadanos, si no lo han hecho ya, urgiendo, en mi modesta opinión, repensar y racionalizar el conjunto del sistema impositivo antes de que no haya contribuyentes para sufragarlo.

3.- Me posiciono sin ambages por la reformulación de la organización territorial del Estado y la desaparición de las Comunidades Autónomas. A mi juicio, son la causa más grave de los males que nos aquejan como sociedad: ineficacia e ineficiencia en la gestión de los servicios públicos parangonable, cuando menos, a la de un Estado centralizado, caos competencial, lastre al crecimiento económico y la competitividad, clientelismo político, corrupción, riesgo para la convivencia pacífica de los ciudadanos y un coste absolutamente insostenible. Todo es ponerse. Y si conseguimos pasar de una dictadura a una democracia a través de la Ley, nada impide una reforma constitucional, en el marco de nuestra consolidada democracia, que aborde esta cuestión. Naturalmente sé que será difícil contar con quienes se benefician del sistema, que van siendo legión, pero por intentarlo que no quede.

4.- Urge la reinstauración de una banca pública. Conviene aprender de la experiencia y pocas cosas hay más sociales que garantizar la seguridad de su dinero a los ciudadanos que, visto lo visto, parece amenazada cada dos por tres. Las nuevas tecnologías permitirían materializar la creación de un banco público en un tiempo breve. A partir de ahí, el modelo admitiría muchas posibilidades. A mi juicio no se trataría de competir con la banca comercial, simplemente de asegurar a los ciudadanos la operativa cotidiana básica (custodia de fondos y domiciliación de cobros y pagos) y la seguridad de su dinero. El resto podría seguir en manos del mercado, en el que cada uno busca la ganancia y asume el riesgo que quiere.

Concluyo anhelando que los problemas del calado del que se presenta y se ha descrito al comienzo, sean afrontados y resueltos por los demás poderes del Estado según su ámbito de competencia y no dejados por inacción en manos del Poder Judicial. Aunque no tengo ninguna esperanza de que así sea, pero por pedir que tampoco quede.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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El sábado asistí al funeral de los guardias civiles destinados en Alcañiz y asesinados el jueves D. Víctor Romero Pérez y D. Víctor-Jesús Caballero Espinosa en un crimen que también se llevó por delante la vida de D. José-Luis Iranzo. Jamás lo olvidaré.

Con ocasión de semejante atrocidad, quiero expresar, una vez más, mi opinión favorable a la pena de prisión permanente revisable. Y mucho más ahora en la que todos grupos políticos, con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, abogan en el Parlamento por su derogación, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco.

Dicha pena está prevista para los supuestos de homicidio de determinadas personas de la familia real, de determinados diplomáticos, de genocidio, de lesa humanidad y, en lo que aquí interesa, para algunos asesinatos.

No me parece ocioso recordar que asesinar es matar a alguien concurriendo una de las siguientes circunstancias específicas de agravación: alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento o efectuar el crimen para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

Entre dichos homicidios agravados, que se califican como asesinato, la prisión permanente revisable se reserva a aquellos que se hiperagraven con alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Que la víctima sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2.ª Que el asesinato fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

4ª. Que el reo de asesinato hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Seguro que soy yo el equivocado.

Seguro que después de 32 años estudiando Derecho, todavía no he comprendido el alcance del mandato constitucional de orientar las penas hacia la reeducación y reinserción social del reo.

Seguro que estoy sordo al clamor popular en las calles y los bares, en los campos de fútbol y en las tertulias de amigos, demandando la derogación de tan horrible castigo.

Pero como los asesinados el jueves soy aragonés y me precio de tozudo, así que sigo en mi convicción de que alguien capaz de asesinar a un niño, a una mujer después de haberla violado, a varias personas a la vez o hacerlo pertrechado en grupo u organización criminal, no es reeducable ni reinsertable, sino un peligro para la sociedad que tiene derecho a defenderse de él o de ella y a vivir en paz, tranquilidad y seguridad.

Ya digo, seguro que estoy equivocado, pero me quedo en mi error.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Lo demandó el honor y obedecieron,
lo requirió el deber y lo acataron;
con su sangre la empresa rubricaron
con su esfuerzo la Patria engrandecieron.
Fueron grandes y fuertes, porque fueron
fieles al juramento que empeñaron.
Por eso como valientes lucharon,
y como héroes murieron.
Por la Patria morir fue su destino,
querer a España su pasión eterna,
servir en los Ejércitos su vocación y sino.
No quisieron servir a otra Bandera,
no quisieron andar otro camino,
no supieron vivir de otra manera.

Descansen en paz.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Los Jueces Decanos se regulan en el capítulo IV del título III (del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 166 a 170) y en el título IV del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los Tribunales.

Ostentan ante los poderes públicos la representación de todos y presiden la Junta de Jueces para tratar asuntos de interés común relativos a la actividad jurisdiccional de los titulares de todos o de alguno de los órganos judiciales (artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Velan por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales; cuidan de que el servicio de guardia se preste continuadamente; adoptan las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable; oyen las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias, y ejercen las restantes funciones que les atribuya la ley. En todo caso, les corresponde: a) Resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los Secretarios Judiciales en materia de reparto. b) Poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomalía en el funcionamiento de servicios comunes procesales de su territorio. c) Resolver cuantos recursos les atribuyan las leyes procesales. d) Velar por la correcta ejecución de las sustituciones y de los planes anuales de sustitución en los términos previstos en esta Ley, resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan (artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

A los Jueces Decanos corresponde, además: a) Coordinar la actividad de los servicios judiciales, procurando que se presten con la mayor eficacia. b) Dirigir los servicios comunes, sin perjuicio de las facultades de los Presidentes de las Audiencias Provinciales. c) Dirigir y organizar el Decanato, vigilar sus servicios y dar a tal efecto las órdenes oportunas. d) Supervisar el reparto de asuntos entre los Juzgados de la población, asistido de un Secretario, y resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan. e) Cuidar de que el servicio de guardia se preste debidamente, con sujeción a lo establecido en el Reglamento del servicio de guardia. f) Recabar los datos estadísticos relativos al funcionamiento de los Juzgados y emitir los informes que le sean interesados por el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. g) Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial, sin perjuicio de la policía de estrados que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales. h) Comunicar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en relación con los edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, lo procedente a los efectos de las necesarias actuaciones de distribución y ubicación de las salas y dependencias de los edificios e instalaciones y de todas aquellas medidas que contribuyan a su uso más racional y eficaz y la modificación de la afectación de un edificio judicial o de alguna de sus partes a órganos o actividades judiciales determinadas. i) Velar por la debida aplicación de los fondos que, por los conceptos de material y conservación, se asignen al Decanato. j) Convocar y presidir las Juntas de Jueces y cuidar del cumplimiento de sus acuerdos. k) Atender las comunicaciones que le fuesen dirigidas por las autoridades no judiciales, si procediera. l) Legalizar los libros que presenten las comunidades, sociedades y otras entidades, en los términos previstos en las leyes (artículo 86 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio).

Y pese a la importancia de tales funciones representativas y gubernativas, su elección sólo es democrática en las poblaciones donde haya diez o más Juzgados. En el resto de los partidos judiciales de España, ejerce las funciones de Decano el Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón (artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), por sucesivos periodos de dos años, sin posibilidad de remoción aunque dentro de los mismos sea destinado a prestar servicio en los Juzgados de la población otro Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón y sin poder renunciar voluntariamente al cargo (artículo 81 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio).

Escribo estas líneas desde Teruel que, afortunadamente, se va sabiendo que existe. Además de la condición de capital de provincia, cuenta con 7 órganos judiciales unipersonales. La designación de Decano no es electiva.

No es la única capital de provincia en igual situación. Cuenca o Soria están en las mismas condiciones. Ignoro si alguna otra.

Y en tal situación se hallan numerosos partidos judiciales que no radican en capital de provincia pero que cuentan con un número significativo de órganos judiciales.

Es cierto que de los 431 partidos judiciales que integraban España en 2016 (Justicia dato a dato 2016, CGPJ), la mayor parte son unipersonales o de dos órganos. Pero ello no es óbice, en mi opinión, para abordar decididamente la democratización de la carrera judicial por su base, con la mayor amplitud y a la mayor brevedad posible.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Cuando se argumenta con bondad, nadie puede estar en desacuerdo con el discurso.

Concordia, diálogo, banderas blancas y palomas de la paz son expresiones y símbolos que todos abrazamos y yo el primero.

Pero no nos engañemos.

La llamada al diálogo que hace un par de días empezó a propagarse como medio para resolver el problema catalán es demagogia y mentira al servicio de una intención política, por más que muchos de sus seguidores actúen de buena fe y sin reparar en ello.

Ahora que los golpistas se enfrentan al borde del precipicio, parte de una de las dos Españas de Machado es incapaz de cerrar filas con ella misma y con la otra, con tal de que el gobierno de la Nación no aparezca como vencedor en el restablecimiento del Estado de Derecho.

En oportuna connivencia con los movimientos antisistema y los partidos políticos en los que han cristalizado, algunos se envuelven en la bandera de la paz y el diálogo, no con la idea de practicarlos, sino con la de debilitar al gobierno con el que no comparten ideología.

El llamado problema catalán es el fondo del asunto. Y cuando toque abordarlo, sin duda, más diálogo, más negociación y más lo que haga falta.

Pero a día de hoy estamos inmersos en un golpe de Estado. En una violación de la Constitución y la Ley como medio para seguir imponiendo el supremacismo y el odio, callando y arrinconando al vecino hasta echarlo de su propio pueblo. Apartheid, adoctrinamiento e instrumentalización de niños, propagación del miedo, matonismo y asfixia personal y social del que piensa distinto.

En tal estado de cosas, no cabe diálogo distinto al que se entabla ante un tribunal de justicia. El resto es buenismo, tan bien intencionado como inútil y peligroso.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Hoy quiero traer a colación el espíritu de Ermua, alumbrado por el pueblo vasco tras el infame asesinato de uno de sus hijos, Miguel-Ángel Blanco Garrido, hace ya 20 años.

Y lo hago porque en la situación actual de golpe de Estado contra la Constitución de 1978, los silencios y equidistancias pueden acarrear un alto precio.

Ese movimiento cívico espontáneo, que sacó a las calles de Euskadi a la inmensa mayoría de sus gentes y arrastró con ellos a millones de españoles, fue el punto de inflexión que consolidó la senda hacia la derrota del terrorismo etarra y la normalización de la vida en uno de los más bellos pueblos de nuestro país.

Hoy necesitamos la recuperación del seny catalán. Porque no es posible que una minoría mentirosa, manipuladora, supremacista y dictadora secuestre a la mayoría de un pueblo y le arruine la vida para siempre.

Lo de menos podría ser incluso si Cataluña sigue o no formando parte de España. Lo de más es la violación de la Ley, el apartheid, el adoctrinamiento e instrumentalización de niños, la propagación del miedo, el matonismo y la asfixia personal y social del que piensa distinto.

La llamada Cataluña silenciosa tiene que salir a la calle y romper amarras con 40 años de opresión nacionalista. El resto del pueblo español tenemos la obligación de acompañarla.

Que se oiga la voz de la mayoría. No caben silencios ni equidistancias.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Viví el primer golpe de Estado a la Constitución de 1978 a punto de cumplir 14 años.

Con esa edad y en ese tiempo, éramos bastante conscientes del mundo que nos rodeaba, de los acontecimientos que marcaban la historia y de su trascendencia, a diferencia de lo que sucede con quienes hoy tienen esa misma edad.

Ahora, con 50 años vivo el segundo golpe de Estado contra la Constitución de 1978. Desde luego, afición no nos falta.

Debo confesar que desde la experiencia vital que proporciona el paso del tiempo, este golpe me preocupa más.

Estoy seguro de que se va a sofocar la revuelta y de que sus autores serán enjuiciados. Además, no quiero ni imaginarme un escenario distinto. De lo que no estoy tan seguro es de que el Estado Español sea capaz de poner punto y final al proceso y no sólo un punto y seguido que simplemente posponga el conflicto.

Me sorprende que ningún partido político proponga abiertamente la recentralización política y administrativa de España. Tengo para mí que dicha propuesta, si viniera de la mano de una formación política alejada del radicalismo y capaz de gestionar el día a día de la Nación y sus ciudadanos, no estaría tan lejana de obtener en las urnas el necesario respaldo para poder hacerlo.

En mi opinión, las autonomías han rendido cierto servicio a la vertebración de España, pero que en ningún caso compensa su conformación como plataformas de poder centrífugo y desmembrador de una cohesión y unidad imprescindibles para la consecución de un objetivo claro de progreso en todos los ámbitos fundamentales de la convivencia y enfocado a la mejora de la calidad de vida individual de los ciudadanos.

La responsabilidad de tal despropósito organizativo del Estado no es exclusivamente periférica, sino también central, por la alimentación de las maquinarias políticas que parecían autonomistas y realmente eran y son separatistas, por parte de los grandes partidos estatales, que se han alternado en el poder durante 40 años, incapaces de acordar los mínimos fundamentos de nuestra convivencia en asuntos como la educación, la sanidad o la justicia, anclados en el odio tradicional de las dos Españas, responsables de dar sin medida a unos pocos en detrimento de la mayoría.

La reflexión da para mucho más, puesto que bajo la punta del iceberg se ocultan problemas de gran calado como la pérdida de valores humanos básicos, el egocentrismo y la insolidaridad, la precarización intelectual y cultural de grandes masas de población para su mejor instrumentalización política y otras muchas.

El golpe de Estado de 1981 se saldó con la condena penal de sus autores. El de 2017 necesita de recetas adicionales. Veremos si se ponen sobre la mesa, sin complejos y con honradez intelectual y si los españoles concordamos en seguirlas. Tengo serias dudas respecto a ambas cuestiones, pero no me resigno a pensar que el mal sea irreversible.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Una de las piedras angulares de nuestro sistema de convivencia es el sometimiento de todos a la Ley.

El problema viene cuando contaminados por nuestra situación personal frente a la norma y tras interpretarla según nuestro propio punto de vista, normalmente ayuno de cualquier conocimiento técnico preciso a tal fin o, en el peor de los casos, según el proporcionado por cualquier leguleyo, nos obstinamos en imponer nuestro parecer al resto, tribunales incluidos.

Cada vez son más frecuentes estas situaciones, que encuentran notable repercusión en los medios de comunicación bajo el pretexto de ser expresión de tal o cual colectivo, corriente de pensamiento o reacción contra una autoproclamada injusticia. Su punto de mayor gravedad se alcanza cuando dichos comportamientos rebeldes los protagonizan quienes tienen responsabilidades públicas de gobierno o administración.

Lo peor de todo es que como sociedad no acabamos de interiorizar el valor del respeto a la norma, ni pienso que esté próximo que vayamos a hacerlo. Creo que es tarea propia de la educación, tanto familiar, como del sistema reglado. Y basta ver la actitud generalizada que tenemos frente a las normas en asunto tan cotidiano como el tráfico y la seguridad vial, para tener claro que no hay signos que permitan albergar la esperanza de que el problema vaya a mejorar.

✍️Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Fin de año, día de balance y de deseos de prosperidad para el que viene.

Pero también es importante el día porque se devengan los principales impuestos. Renta, Patrimonio o Sociedades, e incluso el impuesto de Sucesiones para los deudos del que tenga la mala fortuna de despedirse hoy de este mundo.

Tributos diseñados para el mantenimiento de estructuras, en buena parte de los casos, ineficaces, ineficientes y escasamente sostenibles.

Tributos nada o poco redistributivos, basados en paradigmas económicos obsoletos.

Tributos al fin, conformadores de un sistema confiscatorio en su conjunto, que nos hace más súbditos que ciudadanos.

Pues nada, vuelta a poner el contador a cero. Desde mañana, comenzaremos a padecer los impuestos que se devengarán en 365 días.

Y así sucesivamente…

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Esta mañana leer la prensa era como despertar de una horrible pesadilla que me ha acompañado durante casi toda mi vida.

Los referendums de reforma de la Constitución y en las Comunidades Autónomas habían arrojado un resultado abrumador en favor de la disolución de estas últimas y la recentralización del Estado. Desaparecían el Senado y las Diputaciones Provinciales. Se reducía abrumadoramente el número de municipios. El Presidente del Gobierno se elegiría directamente por los ciudadanos en sistema de doble vuelta. El del Consejo General del Poder Judicial, personal y directamente por cada uno de los jueces. Se privatizaba la gestión de la mayor parte de los servicios públicos en régimen de libre competencia. Y se eliminaban muchos impuestos y reducían el resto hasta devolver al individuo la libertad de la que durante siglos se le había ido privando.

Luego he visto la viñeta del Maestro Forges publicada en El País de hoy que encabeza esta cavilación, y he caído en la cuenta de que era el día de los Santos Inocentes.

La única noticia real es otro triunfo del Lado Oscuro sobre la Fuerza, con la muerte de la Princesa Leia Organa. May the Force be with you always, Princess.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Iniciaba la década de los 90 preparando mis oposiciones a juez y lo hacía estudiando por las mañanas en casa de mi tía Carmen. Así me obligaba a pedalear o caminar un rato, dependiendo de como saliera el día en mi ventosa Zaragoza, aprovechando para desentumecerme un poco.

El caso es que mi tía había estudiado en el colegio de Santo Tomás de Aquino, dirigido por don Miguel Labordeta, trabando amistad con sus hijos y, entre ellos, con José-Antonio.

Un mediodía, al marchar para casa, mi tía bajó conmigo a la calle. No recuerdo dónde iba ella, pero el caso es que salimos juntos de aquel portal de la calle Conde de Aranda y nos encontramos con José-Antonio Labordeta.

Ambos se saludaron y mi tía me lo presentó, explicándole que era su sobrino y que estaba por las mañanas en su casa preparando oposiciones. Me preguntó a qué opositaba y le dije que a juez. Inmediatamente me contestó: «bueno, por lo menos no es a notario».

El caso es que yo ya lo conocía de años antes, cuando como voluntario de la Cruz Roja acudí a prestar servicio a muchos de sus conciertos, siendo normal que saliera a saludarnos a los que nos encontrábamos más cerca del escenario.

Ese era Labordeta. Directo, sincero y cercano. Aragonés. Zaragolense y turolgozano.

Es una pena que el sectarismo que se ha ido apoderando de la política con el paso de los años, especialmente desde que se entiende como profesión y no como servicio, pretenda empañar toda una trayectoria vital de docencia y música, so pretexto de la defensa de unas ideas en la arena política, por mucho que disten de las propias.

Yo me sigo emocionando con su forma de cantar cómo somos en esta tierra. Y no quería dejar pasar este sexto aniversario de su partida sin contarlo.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

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Vaya por delante que considero un rotundo fracaso colectivo el hecho de estar sin gobierno, consecuencia de nuestra decadencia social y de la clase política que la representa, llamada por algunos «casta», claro que sólo hasta el momento de incorporarse a ella.

Orillando lo anterior, llevo meses aliviado por la falta de vaivenes legislativos expresados en forma de reformas y reformas de las reformas, previas a su inmediata reforma.

Y es que, si bueno es pilotar el Estado con agilidad normativa para enfrentar todas las cuestiones que precisan regulación, no lo es menos acotar cuáles deben serlo y cuáles no. Y todavía más, producir las reformas legales desde el más amplio consenso político posible, con vocación de permanencia, con buena sistemática y redacción clara, concisa y comprensible.

Ya, ya sé que tal y como está el patio es mucho pedir, pero por desearlo que no quede.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Escuché por primera vez esta forma de referirse a los ex, de la mano de las «chonis» de la telebasura.

Supongo que al usarla pensaban que era una forma refinada de llamar a la pareja con la que poco tiempo antes habían procreado y ahora no podían ni llegar a mencionar por su nombre.

En pocos años y gracias al declive intelectual que nos asola, la locución se ha hecho de uso generalizado y se ha extendido entre ambos géneros. Y así, el padre de mi hija o la madre de mi hijo, tanto monta.

El caso es que cuando escucho la frase de marras una y otra vez, normalmente de forma recíproca, durante un juicio en el que se ventilan cuestiones de familia, no puedo por más que representarme el profundo rencor que se guardan quienes otrora se quisieron y el sentido posesivo de los hijos comunes que representa el pronombre.

En fin…

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Como encargado de Registro Civil, me compete la inscripción de los nacimientos.

Atrás han quedado los tiempos de las incontables imposiciones de José o María, el nombre de los abuelos o el patrón del lugar.

Pero en los tiempos actuales, nos hemos desbordado.

A las muchísimas inscripciones de hijos nacidos de una pareja extranjera, con nombres que ni sabría escribir, ni pronunciar, se une la fiebre de la elección del nombre más raro posible por parte de los progenitores patrios.

Se trata, a toda costa, de que el bebé que viene al mundo sea distinto a todos.

Y para ello se buscan nombres celtas, mayas, visigodos o de cualquier otra cultura ancestral. Todo con tal de que no se hayan escuchado antes.

Los resultados varían. En algunas ocasiones, las menos, se producen nombres originales. Pero las más, me viene a la cabeza el bebé que inscribo, ya de mayor, pasando factura a sus papás por la ocurrencia.

Lástima que pocos de esos padres perseveren en la búsqueda de la distinción de sus hijos, a lo largo de sus trayectorias vitales, por la excelencia de sus cualidades personales y se queden en la etiqueta del nombre.

Lo cierto es que a mí los bebés me parecen todos iguales o muy parecidos, a diferencia de los hombres y mujeres en los que se convierten con el paso de los años.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Son distintas las causas previstas en la ley para suspender un juicio antes de su comienzo. No es infrecuente, sobre todo si litigan dos buenos abogados, que las partes alcancen un acuerdo antes de empezarlo. Tampoco es raro que alguien convocado a juicio no pueda acudir por razón de fuerza mayor. Y tantas otras.

Me quiero detener aquí sobre el momento oportuno para solicitar del tribunal la suspensión del juicio. Y tal debe ser el más inmediato posible a conocer la razón obstativa que sea.

No se trata de ver si concurre causa legal para acordar la suspensión, que suele darse, sino de si la parte solicitante podría haber hecho su comunicación con antelación suficiente para sustituir su juicio por otro. Y este segundo examen se suspende con desalentadora frecuencia.

Estamos todos de acuerdo en que la carga de trabajo que pesa sobre los tribunales supera la del que podrían abarcar de manera razonable. También en el valor de la impartición rápida de la justicia.

Desde esas premisas, resulta poco edificante asistir a solicitudes de suspensión de juicios que se presentan el mismo día en que habría de celebrarse.

Como abogado, he pasado muchos años esperando a las puertas de los juzgados que me llegara el turno de entrar a juicio. Precisamente por eso, como juez, procuro que los señalamientos no causen dilatadas esperas a los que tienen que acudir a ellos, aunque no siempre llegue a conseguirlo.

Pero sin la implicación solidaria de los representantes y defensores de los ciudadanos en la distribución de tiempos en la administración de justicia, surge la pregunta de si no es mejor asegurar que el tribunal no pierda un sólo minuto del tiempo que no tiene, aun a costa de la espera de quienes acuden a él para ser atendidos.

Mirar alrededor en la mayor parte de las dependencias administrativas de concurrencia pública, puede dar la respuesta.

No obstante, lo seguiré intentando.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Esta mañana, de camino al trabajo, he coincidido con las mismas personas con las que suelo hacerlo habitualmente. Llevamos un horario y camino parecidos, así que solemos cruzarnos. Supongo que hace años nos habríamos intercambiado un saludo, pero de eso, en los tiempos que corren, ni hablamos…

El caso es que durante un buen trecho he llevado detrás una pareja que conversaba en un tono de voz alto que hacía imposible no oír.

Pues bien, una de las señoras le contaba a la otra como se había concertado con su jefe, propietario de un establecimiento de hostelería, para fingir un despido, teniendo claro que eso no le daba derecho a indemnización alguna, pero que le servía para cobrar el paro al que de otro modo no tendría derecho. ¡Con un par!.

Se nos llena la boca hablando de corrupción de la clase política. Pero yo cada vez estoy más persuadido de que el que no la hace, es únicamente porque no puede.

Que pena.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Así se llamaba el periodo de estudio obligatorio cuando yo lo cursé. Desde entonces, las sucesivas variaciones que ha sufrido, lo han sido desde la parcialidad y aún el sectarismo políticos. Fruto de ello es la pérdida de su esencia, aquella que reflejaba su nombre.

La reflexión viene a cuento de que no acostumbro a leer los recursos devolutivos que se interponen contra mis decisiones. El tiempo es escaso y la lectura que hago de la resolución que los decide, es suficiente para saber si erré en algo y en qué. Pero en ese trance, me resulta llamativo que cada vez sean más las censuras al abogado recurrente por cargar personalmente contra el juez cuya decisión se revisa.

Ojeando los casos en que sucede tal cosa, aprecio que los abogados autores de los exabruptos adolecen de enormes carencias de conocimientos jurídicos y, en muchas ocasiones, también de lengua, en sus dimensiones gramatical y ortográfica y de lógica, en el plano de expresión.

Al hilo de todo esto, en los últimos días también he leído en blogs jurídicos de diversa factura, enriquecedoras reflexiones sobre la mala educación de algunos jueces.

Inicié mi andadura profesional como abogado en 1993 y en esa condición trabajé durante 18 años, hasta hacerme juez. En mis orígenes, eran poquísimos los jueces y los abogados de los que pudiera predicarse su mala educación. Con el transcurrir del tiempo, estimo que ambos cuerpos profesionales se han ido degradando en este plano, hasta rozar muchas veces el límite de lo tolerable.

Los malos modos pueden llegar a ser constitutivos de infracción profesional de diverso grado. Ahora bien, siempre, siempre, entrañan falta de respeto y desprecio al servicio público de la justicia y al ciudadano al que todos nos debemos.

La justicia, se pida o se imparta, es, por esencia, conocimiento, reflexión y empatía. Quien no las tenga o las haya perdido, debería volver al principio, a la educación general básica.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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La progresiva judicialización de la vida, evidencia el rotundo fracaso de la sociedad en la resolución de los problemas y, señaladamente, el de los profesionales de la justicia.

Cualquier abogado sabe, o debería saber, que escucharme dar la voz de audiencia pública en la sala de vistas, rubrica su incapacidad y la de su oponente para haber evitado el juicio. Y el juicio es, sin duda alguna, la peor de las soluciones posibles cualquiera que sea la controversia que manejen.

La enorme tasa de litigiosidad que nos asola tiene muchas y variadas causas. Y como esta reflexión no pasa de ser tal cosa y no un estudio doctrinal, me voy a limitar a señalar las que más me preocupan.

En primer lugar, la generalización de un estudio asistemático, parcial y ligero del ordenamiento jurídico, que coloca a sus operadores en el trance de enrocarse en sus posturas por simple ignorancia.

En segundo lugar, el empuje social hacia un modelo de discusión irracional en el que el triunfo de la propia postura se impone sobre cualquier posibilidad de negociación y transacción.

En tercer lugar, el refuerzo de la vinculación entre la subsistencia personal del abogado y la judicialización de los asuntos en que interviene como profesional, fruto del empobrecimiento causado por la crisis económica y el desplome y reducción numérica de la clase media con las alternativas de negocio que ello proporcionaba.

La solución, difícil. No atisbo una mejora de la calidad profesional de los intervinientes en la justicia, a partir de la desolación intelectual del país y la total falta de consenso en la cimentación del sistema educativo. Tampoco veo que la sociedad vaya a sustituir la telebasura, plagada de charlatanes esparciendo miseria intelectual y moral, por la lectura, el estudio y la reflexión. Y, en cuanto al modelo económico, parece que la caída de los paradigmas especulativos y de depredación, no van a dar paso a la construcción de un sistema basado en la sostenibilidad y la solidaridad, sino a alimentar la más trasnochada y descarnada lucha de clases.

En esta tesitura, no me extraña la generalización de la imposibilidad de negociar nada, tampoco la conformación de un gobierno.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Ha causado cierto revuelo la noticia de que en algunos lugares del «Aquí» de Forges han sido sustituidos los Reyes Magos por Reinas Magas.

Lo cierto es que después de haber vivido el cambio de una dictadura militar a una democracia, cinco papas, seis presidentes del gobierno, el advenimiento de la telefonía móvil o el fin del bipartidismo, hay pocas cosas que me sorprendan. Pero esta es para nota y en el análisis jurídico jocoso, libre e imaginativo de estas fechas, la acción podría situarse a caballo entre la apropiación indebida, la falsedad, la detención ilegal y las lesiones.

La historia, mito o leyenda de los Reyes Magos es propia de la religión católica. A ella pertenece. Puede celebrarse o no. Puede participarse o no. Pero no es apropiable por terceros.

Convocar a la chiquillería a la cabalgata de los Reyes Magos, sustituyendo a sus protagonistas por unas señoras, incurre en falsedad. La historia no puede reescribirse. Es la que es.

Los Reyes Magos atraviesan España una vez al año y luego vuelven a Oriente. Llevan haciéndolo centurias. Y en los últimos cuarenta años, la Constitución les ha reconocido el derecho a circular libremente por todo el territorio nacional. Los derechos fundamentales no pueden ser objeto de privación.

Finalmente, si la idea alternativa de sustituir a los Reyes Magos por señoras no se impone en el imaginario colectivo, se habrá dañado la ilusión de muchos niños que no decrecerán para disfrutar de una noche que sí habrán disfrutado sus padres y que, probablemente, vuelvan a disfrutar sus hijos.

En fin, que me apunto la ocurrencia en mi anecdotario vital y espero que la mayoría, la inmensa mayoría, siga teniendo una noche especial y mágica, como toda la vida.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Una de las tareas más contradictorias en un juez, probablemente la mayor de ellas, es el estudio.

De una parte es la dedicación más gratificante. Ensancha la mente y conduce a un enjuiciamiento más acertado y justo. De otra, es la más esclava de todas. La tarea es mucha, las fuentes son océanos y la dedicación posible, necesariamente escasa por una carga de trabajo desmesurada.

Hay diversas formas de encarar la formación. De un modo puntual, para su aplicación inmediata al caso examinado. O de un modo más general, mediante la atención a las novedades que se van produciendo en ramas concretas del ordenamiento. La primera pasa por la consulta de la legislación y la jurisprudencia aplicable a la resolución de la controversia, mientras la segunda requiere el seguimiento de publicaciones periódicas, generales o especializadas.

En cuanto al estudio de los materiales conducentes a la resolución del caso concreto, el progreso tecnológico ha facilitado enormemente las cosas y nada tiene que ver el antiguo manejo de textos legales y jurisprudencia en papel, con el actual de bases de datos. En lo que se refiere al seguimiento de publicaciones, la accesibilidad que proporciona la informática, se ha visto contrapesada por la multiplicación exponencial de fuentes. Y es que hoy, para lograr una formación completa, no basta la lectura de una o varias publicaciones tradicionales y conviene bucear en blogs y en redes sociales para descubrir los auténticos tesoros que guardan.

Total, que esta reflexión me ha venido a la cabeza a propósito de que anualmente el Consejo General del Poder Judicial fija un calendario de actividades formativas para jueces y magistrados, ofreciendo la posibilidad de participar en diversas modalidades docentes de variada temática. Dicha programación se suele ofrecer en el último trimestre del año anterior. Por ahora, nada se sabe de 2016…

En todo caso, el esfuerzo y coste que supone la formación, podrían encontrar una forma de optimización en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Y es que la inmediatez, el fomento de la participación masiva y la accesibilidad de los materiales pasan, indudable, por la formación virtual y a distancia.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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En los juzgados, los traslados del personal a nuevos destinos acarrean dos males endémicos. La generación de retraso por el que se va y la vacante de su puesto de trabajo.

La pereza es un pecado capital y, como tal, no sólo propia del sector público. Pero el caso es que cuando un funcionario de la administración de justicia solicita trasladarse, surge en él la tentación de dejar sin resolver aquello que no le apetece. Una vez marcha, comienzan a aparecer expedientes retrasados, en cuantía variable según las expectativas que tuviera de obtener nuevo destino, la falta de profesionalidad del individuo y la de control de sus superiores.

En el caso de los jueces, el mal se ha mitigado exigiendo que en los concursos de traslado se acredite la carga de trabajo pendiente. Pero sería deseable que dicho remedio se aplicara al resto del personal de la oficina judicial, pues mientras tanto el mal persistirá intacto.

A partir de la marcha del compañero, se produce la vacante de su puesto de trabajo. Durante la misma, de tiempo variable pero siempre prolongado bajo el socorrido pretexto de la falta de presupuesto para cubrirla, se va amontonando el trabajo, en ocasiones por sobrecarga del resto de miembros del órgano judicial y en otras por la desidia de los mismos y la falta de mando y control de la oficina.

En esta tesitura y en el mejor de los casos, se provee la vacante con personal interino hasta la llegada del nuevo titular. Habitualmente la falta de preparación de los mismos y la temporalidad de su estancia en el puesto de trabajo, contribuyen a que el problema no alcance solución alguna.

Con la llegada del nuevo titular y algo de suerte, cada vez más suerte, comienza a enderezarse la situación.

Mis recetas para tratar de solventar estos problemas me las callo. Ni me corresponde darlas, ni quiero faltar a mi compromiso de prudencia.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Hoy se acaba el año. En un instante puntual y bien definido, termina el día y da lugar a uno nuevo que inagura otro ejercicio.

Pero hay otros finales que no culminan en un momento preciso y que terminan una etapa que, en su inicio, no tenía fecha de caducidad.

Hace ya algunos años, y con especial intensidad este que termina, tengo la sensación de estar viviendo inmerso en demasiados de esos finales.

El cambio climático, el abandono intelectual, la extensión de la miseria, el hedonismo, los nacionalismos excluyentes, la intolerancia, la globalización del terrorismo, la dejadez profesional…

Podría enunciar muchas más señales. Pero creo que son suficientes para aventurar un final de etapa.

No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un final de civilización. El fin de culturas clásicas o de los imperios son ejemplo de ello.

Pero probablemente sea la primera vez en que el hombre tiene en la mano herramientas suficientes para la destrucción del planeta y de la especie.

Veremos.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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He pasado el cuarto aniversario de mi toma de posesión en el actual destino, prestando servicio de guardia.

Y me ha venido a la mente el juramento que presté escasos días antes de posesionarme del Juzgado.

«Juro guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos».

Pues en esas seguimos, intentando honrar cada día la palabra dada.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero mi compañero, el Magistrado D. Ramón Badiola Díez, forma parte de mi vida cotidiana.

Porque los juristas, cualquiera que sea nuestra dedicación profesional, convivimos existencialmente con el estudio y la reflexión, que se proyectan en nuestra contribución cotidiana a la justicia.

Nuestro combustible intelectual viene dado por multitud de fuentes, cada vez más accesibles, pero también más dispersas, señaladamente estudios doctrinales y jurisprudencia.

Y ahí entra en escena Ramón.

Ya sea en el correo corporativo de la carrera judicial, ya siguiendo su página jurídica «El Actualizador» en la red social Facebook, no hay día que no halle una aportación valiosa de Ramón.

Lejos de atesorar los frutos de su trabajo intelectual, mi compañero dedica una parte nada desdeñable de su esfuerzo a ponerlos a disposición de la comunidad jurídica. Una comunidad que entiende, tal como yo, sin distinciones ni fronteras entre colectivos profesionales, habiendo alcanzado más de 3.800 acompañantes en red.

Haciéndose eco de un auténtico clamor, la Junta de Jueces de Melilla ha propuesto la concesión a Ramón de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. La propuesta no puede ser más oportuna y ojalá se materialice.

Como expresión de mi reconocimiento y admiración a un compañero que hace merecido el tratamiento de ilustrísimo señor, mucho más allá del mero formalismo y que engrandece la profesión de juez, desde hoy Ramón cuenta con una mención permanente de agradecimiento en el portal InterJuez.

Mañana, pasado y al otro, al leerte, esbozaré una sonrisa y volveré a pensar, gracias compañero, gracias Ramón.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Al fastidio que supone ir a trabajar con muletas por un esguince de tobillo, se ha unido hoy cierta melancolía al ver el despacho vacío.

Y es que estos dos últimos meses y medio he tenido el honor de compartirlo con un compañero al que he tutelado una parte de sus prácticas como juez.

Aspectos profesionales aparte, ha sido muy reconfortante volver a convivir a diario con la ilusión, las ganas de trabajar, el espíritu de servicio al ciudadano y la conciencia de la responsabilidad que conlleva el oficio.

No llevo mucho en la carrera judicial, apenas 4 años. Pero llevo trabajando en la justicia algo más de 22. Y en ese tiempo he visto muchas cosas. Lamentablemente, las más infrecuentes son las cualidades que acabo de describir en mi compañero Diego. Atesóralas, vale la pena conservarlas.

Buena suerte y aquí me tienes para lo que necesites.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Cuando nos sobresalta una tragedia como la que tuvo lugar anteanoche en París, la aldea global se estremece y nos acercamos en tiempo real al escenario de los hechos, gracias al avance de la tecnolgía. Y es que hoy todos llevamos un teléfono inteligente en el bolsillo, capaz de tomar fotografías y vídeos y de transmitirlos de forma inmediata a través de Internet.

También las redes sociales bullen y más allá de su inmensa utilidad como vía de comunicación de emergencia, todos sus moradores se sienten concernidos a echar su cuarto a espadas. Y así, junto a los mensajes de sentimiento y solidaridad, las opiniones de todo signo se cruzan de continente a continente.

Dolor, impotencia y rabia aparte, quiero dejar aquí un par de reflexiones.

Cuando todavía se hablaba de una cifra de aproximadamente 60 fallecidos, un abogado con cierto número de seguidores en Twitter, ya se quejaba del recorte de libertades que suponía la declaración del estado de urgencia en Francia y el anuncio de cierre de sus fronteras. Pues bien, el debate acerca de la correlación que puede darse entre el aumento de la seguridad y el recorte de libertades, es perfectamente legítimo. Lo que para mí no lo es, es avivarlo en redes sociales mientras en el mundo real todavía se cuentan cadáveres.

La segunda reflexión es de admiración y sana envidia. Cuando los parisinos desalojaban el estadio de fútbol de Saint Denis, lo hacían entonando su himno nacional. Será que Francia conserva parte de su grandeur, de la que es exponente aquella escena de la inolvidable Casablanca que dejo a continuación.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

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El trabajo del juez consiste en escuchar las posturas de dos partes enfrentadas, para luego resolver la controversia que mantienen mediante la aplicación de la ley.

Esa tarea puede llevarse a cabo mediante la celebración de una vista oral o mediante la lectura de los escritos aportados al procedimiento.

Dejando al margen los supuestos en los que el ciudadano puede defenderse a sí mismo, la exposición de los interlocutores profesionales, oral o escrita, debería ser clara, concisa y fundada en Derecho. Aunque, lamentablemente, el discurso así expresado, no es el más frecuente en el foro.

De verdad que para convencer al juez no es preciso arrancar la narración en los albores de la historia, ni repetir el mismo argumento hasta perder el hilo, ni remontarse inexorablemente a la Constitución.

Basta con exponer los hechos con precisión. Articular la prueba idónea para demostrarlos. E invocar el derecho aplicable, tomando en consideración el manejo del mismo que es propio del juez. Así de simple, con todos los matices que se quiera en casos excepcionales.

Y es que la brevedad es un arte y, en los tiempos que corren en la justicia, el más precioso de los tesoros.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Salvo la propia inocencia ante una acusación penal, no todo es defendible.

Y cuando uno empeña su vida y hacienda en hacerlo, allá él.

Pero cuando pertrechado en el derecho a ser asistido gratuitamente se lleva adelante una postura manifiestamente insostenible, el sistema entero se resiente porque al otro lado hay alguien que tendrá que pechar con unos costes normalmente elevados y siempre injustos para defender su postura, sin que haya forma alguna real de sancionar al caradura.

Por eso, me llama la atención el escaso porcentaje de dictamenes de insostenibilidad de pretensiones de los abogados que llevan el turno de oficio.

Como me lo llamaba durante los muchos años que ejercí la abogacía, la escasa frecuencia con que se disuadía al ciudadano con recursos de llevar adelante una pretensión a todas luces improsperable.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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En ocasiones, de chaval, volvía súbitamente a la realidad con el bufido de algún profesor que me bajaba de las nubes.

Lo digo porque hace un par de semanas que se puso en marcha en Teruel la presentación informática de escritos como parte del proceso para la consecución de un expediente judicial electrónico.

Sinceramente, y lo saben bien quienes me conocen, me gustaría que se me contara entre los partidarios incondicionales de la idea.

Lo malo es que la iniciativa llega tarde y mal.

Lo que funciona en el resto de la sociedad no es ya el soporte digital, que las empresas y muchos particulares usan de forma normal hace aproximadamente una década, sino la computación en la nube que permite el acceso a dicho soporte de forma deslocalizada y multiusuario, como por ejemplo sucede con la banca electrónica.

Además, la incorporación del material documental al manifiestamente mejorable programa de gestión de los Juzgados, impide acceder al mismo no ya desde fuera de las sedes judiciales, sino desde las propias salas de vistas del palacio de justicia. De los fiscales, abogados, procuradores, forenses o ciudadanos concernidos en cada expediente, ni hablamos.

De manera que, por mucho que uno sea un entusiasta de las nuevas tecnologías, lo único que hemos conseguido en este preciso momento es que los documentos que componían cada procedimiento y nos eran aportados por las partes, ahora los tengamos que imprimir a costa del contribuyente para poder tenerlos disponibles en los juicios, preguntar por ellos a los intervinientes y desplazarlos luego a casa para dictar las sentencias. Naturalmente a una cara y en blanco y negro.

Vaya, que el expediente electrónico, o es cloud, o no es expediente electrónico, nos pongamos como nos pongamos.

En fin, por lo que respecta a las nuevas tecnologías, no vislumbramos la nube, porque seguimos en ella.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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La mayor parte de la semana pasada la pasé en El Escorial (Madrid) formándome en un curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo.

Evidentemente, el fruto principal obtenido de la actividad ha sido el aprendizaje de la materia impartida.

Pero otro, desde luego no menor, ha sido coincidir con compañeros de distintas procedencias y dedicaciones profesionales.

No son pocos sobre los que pesa una carga de trabajo auténticamente insoportable. Y aun así, no pierden las ganas de estudiar y formarse, invirtiendo un tiempo que luego tendrán que devolver duplicado a sus tribunales, con recorte de su propia vida personal.

He tenido la ocasión de compartir estancia con alguno de los mayores expertos en la materia, a nivel nacional e incluso europeo. Su sencillez y su generosidad al compartir con todos el fruto de su esfuerzo y su trabajo, han sido tan deslumbrantes como alentadoras.

Vuelvo con la sensación de haber concentrado una semana con las auténticas estrellas de la champions juez.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Durante los años en que ejercí la abogacía, traté de entablar la mejor relación posible con mis compañeros de profesión.

Independientemente de la obligación deontológica que ello comporta, tuve la suerte de cruzarme en el camino con magníficos profesionales, de los que aprendí muchísimo.

Afortunadamente, siguen siendo legión.

Por eso, nunca entendí que un Abogado pudiese hacer de la controversia que tenía entre manos cuestión propia y, mucho menos, caer en la desconsideración o la falta de respeto personal al compañero contrario.

Desde mi actual posición en estrados, tengo la ocasión de reforzar a diario la convicción de que la cualidad que distingue al buen abogado del abogado, es la bonhomía.

Lástima que ni esté de moda, ni sea una de las cualidades que el mercado señale como determinante a la hora de elegir letrado.

Pero los mejores abogados no lo ignoran y siguen haciendo de dicha virtud guía de su cotidiana labor profesional.

Y eso ayuda sobremanera a la resolución de los conflictos y a la paz social; en definitiva, a hacer justicia.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Ayer me vi en la necesidad de llamar a otro juez de guardia, con relación a una incidencia que afectaba a la libertad de un detenido.

Así que busqué el directorio informático de jueces de guardia y sus teléfonos. Pero no lo encontré.

Luego pedí que me dieran la guía correspondiente, que supuse parecida a las viejas páginas amarillas, pero tampoco.

A la tercera pregunté.

La respuesta del funcionario de la oficina judicial más antiguo en el oficio, fue que la gestión se seguía haciendo por el tradicional método de llamar al cuartelillo de la Guardia Civil correspondiente para preguntar por el juez y su teléfono.

Dicho y hecho.

Segunda década del siglo XXI.

Y de verdad que lo relatado no es broma.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Ayer por la tarde puse en libertad a una persona que se encontraba en situación de prisión provisional, al abonar la fianza que se le había señalado para poder eludirla.

Así dicho, parece fácil. Pero no lo es.

Resulta que su prisión provisional venía acordada por otro juzgado de mi partido judicial, cuya decisión había sido revisada por la Audiencia Provincial al mediodía y ya terminado el horario de trabajo. Es decir, que ni el juzgado que acordó la medida, ni el mío de guardia podían tener noticia alguna del asunto.

Por la tarde nos llamó su abogado por teléfono para hacernos llegar la decisión de la Audiencia por fax e informarnos de que la fianza se había depositado en la cuenta bancaria del juzgado.

Pues bien, el sistema de gestión informática de los juzgados no permite saber si la resolución que nos mandaron es auténtica o una falsificación, ni el acceso al expediente de la persona concernida, ni nada que no sea producir cantidades ingentes de papel, la mayor parte prescindible.

Dicho sistema es propio de cada Comunidad Autónoma y carece de conexión, no ya con el resto del Estado, sino con los demás órganos jurisdiccionales del territorio.

Por lo demás, los jueces y secretarios judiciales seguimos firmando los papeles a mano, pese a disponer de una tarjeta criptográfica dotada de firma electrónica avanzada, por no haberse implementado sistema alguno para su utilización, privando así al documento de otro posible medio de comprobación de su autenticidad.

Mira que sería fácil la interconexión y que incluso hay cientos de aplicaciones de software libre para hacerlo, pero así estamos, permanentemente con el alma en un hilo…

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Desde que me incorporé a la Administración pública como funcionario de carrera, tengo para mí que la mejora del sistema sólo puede venir de la mano de la excelencia individual en el desarrollo de la propia tarea.

Ejemplo de lo anterior son los tres Guardias Civiles, integrantes del Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña, que ayer dieron su vida al acudir en ayuda de un montañero herido.

Admiración, gratitud y tristeza.

Descansen en paz.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Esta mañana, como todas, la oficina judicial ha incoado nuevos procedimientos.

El primer paso es introducir en el sistema informático los datos de los distintos intervinientes.

Pues bien, me resulta inconcebible que en el estado actual de la técnica, particularmente de la informática, resulte necesario introducir unos mismos datos, en cada una de las sedes administrativas por las que pasa un expediente (policía, juzgado de guardia, juzgado destinatario del asunto, fiscalía, hacienda, seguridad social…), incrementando exponencialmente la posibilidad de error y perdiendo un tiempo que no tenemos.

No alcanzo a entender que no haya una base de datos general de la que tomen los precisos todas las administraciones y dependencias públicas que los necesiten, con la sola introducción de uno de ellos, por ejemplo, el número de documento nacional de identidad.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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La legitimidad de la Ley, en su origen, precisa emanar del pueblo soberano a través del poder legislativo.

Pero eso no basta.

La ley, como instrumento de regulación de la convivencia, debe configurar un Estado social y democrático, promoviendo la libertad, la igualdad y el pluralismo político, de modo que se perciba por la mayoría como justa y orientada al bien común.

Si falla dicha percepción, algo no funciona.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.