Legitimidad gubernamental

Blog Es Justo

La legitimidad de los gobiernos de todo el mundo ha decaído con la pandemia. En los Estados democráticos hay que llamar a las urnas más pronto que tarde. Ningún ciudadano ha votado a sus actuales gobernantes pensando en la tercera posguerra mundial. Y ese es el próximo escenario.

Vaya por delante, como vano intento de aplacar a los más entregados a las ideologías al mando en cada lugar, que la Real Academia Española establece como acepción de decaer, la siguiente: “Dicho de una persona o de una cosa: Ir a menos, perder alguna parte de las condiciones o propiedades que constituían su fuerza, bondad, importancia o valor”.

Es decir, que no hay duda alguna sobre la legalidad de los gobiernos constituidos; en modo alguno son ilegítimos. Pero yo tampoco la tengo sobre la merma de legitimidad democrática que provoca su continuidad al frente del poder ejecutivo de sus naciones, como si nada hubiera pasado.

Es indudable que los únicos mecanismos lícitos para remover los gobiernos de sus mandatos, son los previstos en sus normas constitucionales y legales y, al menos en la nuestra, una pandemia no lo es. Tampoco lo son otras muchas cosas que se dejan a la decisión del gobernante, lamentablemente cada vez más centrada en su propio interés y el de “los suyos”. Pero no hablo de eso. Hablo de su legitimidad democrática, que los gobiernos deben buscar reforzar si quieren naciones decididas a seguirlos en el proceso de reconstrucción, empeño que se me antoja deben encarar decidida e imprescindiblemente.

Desde el punto de vista jurídico y aceptando la inmensa dificultad de mezclar los ámbitos público y lo privado, la reflexión me parece tan innegable como lo es en este último la que considera necesario estudiar el reequilibrado de las posiciones contractuales de todo tipo, una vez alterado de forma tan enorme e imprevisible el escenario en que se pactaron (rebus sic stantibus).

Los tiempos para hacerlo son imprecisos. Es evidente que ahora no es el momento en la mayor parte del mundo. Y dependerá de otros muchos factores como lo avanzados que estén los mandatos gubernamentales en cada país o los consensos que se puedan alcanzar con las distribuciones parlamentarias actualmente existentes en cada lugar. En todo caso, el mero plazo legal de duración del mandato gubernativo, no me parece suficiente en este momento.

Dicho lo anterior, no albergo la menor esperanza de que ello se produzca. Al menos no en Aquí del Maestro Forges. Hay demasiados intereses creados como para que así sea. Intereses, por uno y otro lado, ajenos a los que jalean a sus ídolos, sin sospechar siquiera lo que se les viene encima.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

Solidaridad tácita

Aunque la solidaridad no se presume, como dice el artículo 1137 del Código Civil, tampoco impide que pueda ser aplicable la solidaridad tácita, cuando entre los obligados se da una comunidad jurídica de objetivos manifestándose una interna conexión entre todos ellos a partir de las pruebas que en autos se practiquen o de la interpretación que los Tribunales puedan hacer de un determinado contrato.

Este concepto de “solidaridad tácita” ha sido reconocido en otras sentencias, declarando que existe cuando el vínculo obligacional tiene comunidad de objetivos, con interna conexión entre ellos (Sentencia de 28-10-2005), sin que se exija con rigor e imperatividad el pacto expreso de solidaridad, admitiéndose su existencia cuando del contexto de las obligaciones contraídas se infiera su concurrencia, por quedar patente la comunidad jurídica con los objetivos que los interesados pretendieron al celebrar el contrato (Sentencia de 17-10-1996), debiéndose admitir una solidaridad tácita cuando aparece de modo evidente una intención de los contratantes de obligarse solidariamente o desprenderse dicha voluntad de la propia naturaleza de lo pactado, por entenderse, de acuerdo con las pautas de la buena fe, que los interesados habían querido y se habían comprometido a prestar un resultado conjunto, por existir entre ellos una comunidad jurídica de objetivos (Sentencia de 23-6-2003).

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 30-7-2010, FD 2º, Ponente Excmo. Sr. D. Román García Varela, ECLI:ES:TS:2010:4386