Orillando opinar sobre la forma de adoptar la decisión la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro más Alto Tribunal y las consecuencias que de ello se pueden derivar, necesito desahogar algunas consideraciones al hilo del deslizamiento por la banca del mensaje de no saber si el sistema podría soportar el envite de cargarle la obligación retroactiva de pagar dicho coste, con su consiguiente posibilidad de quiebra:
1.- El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados grava el crecimiento económico para financiar las Comunidades Autónomas.
2.- Dicho impuesto, junto a otros como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, están a punto de desbordar la capacidad contributiva de muchos ciudadanos, si no lo han hecho ya, urgiendo, en mi modesta opinión, repensar y racionalizar el conjunto del sistema impositivo antes de que no haya contribuyentes para sufragarlo.
3.- Me posiciono sin ambages por la reformulación de la organización territorial del Estado y la desaparición de las Comunidades Autónomas. A mi juicio, son la causa más grave de los males que nos aquejan como sociedad: ineficacia e ineficiencia en la gestión de los servicios públicos parangonable, cuando menos, a la de un Estado centralizado, caos competencial, lastre al crecimiento económico y la competitividad, clientelismo político, corrupción, riesgo para la convivencia pacífica de los ciudadanos y un coste absolutamente insostenible. Todo es ponerse. Y si conseguimos pasar de una dictadura a una democracia a través de la Ley, nada impide una reforma constitucional, en el marco de nuestra consolidada democracia, que aborde esta cuestión. Naturalmente sé que será difícil contar con quienes se benefician del sistema, que van siendo legión, pero por intentarlo que no quede.
4.- Urge la reinstauración de una banca pública. Conviene aprender de la experiencia y pocas cosas hay más sociales que garantizar la seguridad de su dinero a los ciudadanos que, visto lo visto, parece amenazada cada dos por tres. Las nuevas tecnologías permitirían materializar la creación de un banco público en un tiempo breve. A partir de ahí, el modelo admitiría muchas posibilidades. A mi juicio no se trataría de competir con la banca comercial, simplemente de asegurar a los ciudadanos la operativa cotidiana básica (custodia de fondos y domiciliación de cobros y pagos) y la seguridad de su dinero. El resto podría seguir en manos del mercado, en el que cada uno busca la ganancia y asume el riesgo que quiere.
Concluyo anhelando que los problemas del calado del que se presenta y se ha descrito al comienzo, sean afrontados y resueltos por los demás poderes del Estado según su ámbito de competencia y no dejados por inacción en manos del Poder Judicial. Aunque no tengo ninguna esperanza de que así sea, pero por pedir que tampoco quede.
Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.
