
En los juzgados, los traslados del personal a nuevos destinos acarrean dos males endémicos. La generación de retraso por el que se va y la vacante de su puesto de trabajo.
La pereza es un pecado capital y, como tal, no sólo propia del sector público. Pero el caso es que cuando un funcionario de la administración de justicia solicita trasladarse, surge en él la tentación de dejar sin resolver aquello que no le apetece. Una vez marcha, comienzan a aparecer expedientes retrasados, en cuantía variable según las expectativas que tuviera de obtener nuevo destino, la falta de profesionalidad del individuo y la de control de sus superiores.
En el caso de los jueces, el mal se ha mitigado exigiendo que en los concursos de traslado se acredite la carga de trabajo pendiente. Pero sería deseable que dicho remedio se aplicara al resto del personal de la oficina judicial, pues mientras tanto el mal persistirá intacto.
A partir de la marcha del compañero, se produce la vacante de su puesto de trabajo. Durante la misma, de tiempo variable pero siempre prolongado bajo el socorrido pretexto de la falta de presupuesto para cubrirla, se va amontonando el trabajo, en ocasiones por sobrecarga del resto de miembros del órgano judicial y en otras por la desidia de los mismos y la falta de mando y control de la oficina.
En esta tesitura y en el mejor de los casos, se provee la vacante con personal interino hasta la llegada del nuevo titular. Habitualmente la falta de preparación de los mismos y la temporalidad de su estancia en el puesto de trabajo, contribuyen a que el problema no alcance solución alguna.
Con la llegada del nuevo titular y algo de suerte, cada vez más suerte, comienza a enderezarse la situación.
Mis recetas para tratar de solventar estos problemas me las callo. Ni me corresponde darlas, ni quiero faltar a mi compromiso de prudencia.
✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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