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La progresiva judicialización de la vida, evidencia el rotundo fracaso de la sociedad en la resolución de los problemas y, señaladamente, el de los profesionales de la justicia.

Cualquier abogado sabe, o debería saber, que escucharme dar la voz de audiencia pública en la sala de vistas, rubrica su incapacidad y la de su oponente para haber evitado el juicio. Y el juicio es, sin duda alguna, la peor de las soluciones posibles cualquiera que sea la controversia que manejen.

La enorme tasa de litigiosidad que nos asola tiene muchas y variadas causas. Y como esta reflexión no pasa de ser tal cosa y no un estudio doctrinal, me voy a limitar a señalar las que más me preocupan.

En primer lugar, la generalización de un estudio asistemático, parcial y ligero del ordenamiento jurídico, que coloca a sus operadores en el trance de enrocarse en sus posturas por simple ignorancia.

En segundo lugar, el empuje social hacia un modelo de discusión irracional en el que el triunfo de la propia postura se impone sobre cualquier posibilidad de negociación y transacción.

En tercer lugar, el refuerzo de la vinculación entre la subsistencia personal del abogado y la judicialización de los asuntos en que interviene como profesional, fruto del empobrecimiento causado por la crisis económica y el desplome y reducción numérica de la clase media con las alternativas de negocio que ello proporcionaba.

La solución, difícil. No atisbo una mejora de la calidad profesional de los intervinientes en la justicia, a partir de la desolación intelectual del país y la total falta de consenso en la cimentación del sistema educativo. Tampoco veo que la sociedad vaya a sustituir la telebasura, plagada de charlatanes esparciendo miseria intelectual y moral, por la lectura, el estudio y la reflexión. Y, en cuanto al modelo económico, parece que la caída de los paradigmas especulativos y de depredación, no van a dar paso a la construcción de un sistema basado en la sostenibilidad y la solidaridad, sino a alimentar la más trasnochada y descarnada lucha de clases.

En esta tesitura, no me extraña la generalización de la imposibilidad de negociar nada, tampoco la conformación de un gobierno.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Ha causado cierto revuelo la noticia de que en algunos lugares del «Aquí» de Forges han sido sustituidos los Reyes Magos por Reinas Magas.

Lo cierto es que después de haber vivido el cambio de una dictadura militar a una democracia, cinco papas, seis presidentes del gobierno, el advenimiento de la telefonía móvil o el fin del bipartidismo, hay pocas cosas que me sorprendan. Pero esta es para nota y en el análisis jurídico jocoso, libre e imaginativo de estas fechas, la acción podría situarse a caballo entre la apropiación indebida, la falsedad, la detención ilegal y las lesiones.

La historia, mito o leyenda de los Reyes Magos es propia de la religión católica. A ella pertenece. Puede celebrarse o no. Puede participarse o no. Pero no es apropiable por terceros.

Convocar a la chiquillería a la cabalgata de los Reyes Magos, sustituyendo a sus protagonistas por unas señoras, incurre en falsedad. La historia no puede reescribirse. Es la que es.

Los Reyes Magos atraviesan España una vez al año y luego vuelven a Oriente. Llevan haciéndolo centurias. Y en los últimos cuarenta años, la Constitución les ha reconocido el derecho a circular libremente por todo el territorio nacional. Los derechos fundamentales no pueden ser objeto de privación.

Finalmente, si la idea alternativa de sustituir a los Reyes Magos por señoras no se impone en el imaginario colectivo, se habrá dañado la ilusión de muchos niños que no decrecerán para disfrutar de una noche que sí habrán disfrutado sus padres y que, probablemente, vuelvan a disfrutar sus hijos.

En fin, que me apunto la ocurrencia en mi anecdotario vital y espero que la mayoría, la inmensa mayoría, siga teniendo una noche especial y mágica, como toda la vida.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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Una de las tareas más contradictorias en un juez, probablemente la mayor de ellas, es el estudio.

De una parte es la dedicación más gratificante. Ensancha la mente y conduce a un enjuiciamiento más acertado y justo. De otra, es la más esclava de todas. La tarea es mucha, las fuentes son océanos y la dedicación posible, necesariamente escasa por una carga de trabajo desmesurada.

Hay diversas formas de encarar la formación. De un modo puntual, para su aplicación inmediata al caso examinado. O de un modo más general, mediante la atención a las novedades que se van produciendo en ramas concretas del ordenamiento. La primera pasa por la consulta de la legislación y la jurisprudencia aplicable a la resolución de la controversia, mientras la segunda requiere el seguimiento de publicaciones periódicas, generales o especializadas.

En cuanto al estudio de los materiales conducentes a la resolución del caso concreto, el progreso tecnológico ha facilitado enormemente las cosas y nada tiene que ver el antiguo manejo de textos legales y jurisprudencia en papel, con el actual de bases de datos. En lo que se refiere al seguimiento de publicaciones, la accesibilidad que proporciona la informática, se ha visto contrapesada por la multiplicación exponencial de fuentes. Y es que hoy, para lograr una formación completa, no basta la lectura de una o varias publicaciones tradicionales y conviene bucear en blogs y en redes sociales para descubrir los auténticos tesoros que guardan.

Total, que esta reflexión me ha venido a la cabeza a propósito de que anualmente el Consejo General del Poder Judicial fija un calendario de actividades formativas para jueces y magistrados, ofreciendo la posibilidad de participar en diversas modalidades docentes de variada temática. Dicha programación se suele ofrecer en el último trimestre del año anterior. Por ahora, nada se sabe de 2016…

En todo caso, el esfuerzo y coste que supone la formación, podrían encontrar una forma de optimización en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Y es que la inmediatez, el fomento de la participación masiva y la accesibilidad de los materiales pasan, indudable, por la formación virtual y a distancia.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

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En los juzgados, los traslados del personal a nuevos destinos acarrean dos males endémicos. La generación de retraso por el que se va y la vacante de su puesto de trabajo.

La pereza es un pecado capital y, como tal, no sólo propia del sector público. Pero el caso es que cuando un funcionario de la administración de justicia solicita trasladarse, surge en él la tentación de dejar sin resolver aquello que no le apetece. Una vez marcha, comienzan a aparecer expedientes retrasados, en cuantía variable según las expectativas que tuviera de obtener nuevo destino, la falta de profesionalidad del individuo y la de control de sus superiores.

En el caso de los jueces, el mal se ha mitigado exigiendo que en los concursos de traslado se acredite la carga de trabajo pendiente. Pero sería deseable que dicho remedio se aplicara al resto del personal de la oficina judicial, pues mientras tanto el mal persistirá intacto.

A partir de la marcha del compañero, se produce la vacante de su puesto de trabajo. Durante la misma, de tiempo variable pero siempre prolongado bajo el socorrido pretexto de la falta de presupuesto para cubrirla, se va amontonando el trabajo, en ocasiones por sobrecarga del resto de miembros del órgano judicial y en otras por la desidia de los mismos y la falta de mando y control de la oficina.

En esta tesitura y en el mejor de los casos, se provee la vacante con personal interino hasta la llegada del nuevo titular. Habitualmente la falta de preparación de los mismos y la temporalidad de su estancia en el puesto de trabajo, contribuyen a que el problema no alcance solución alguna.

Con la llegada del nuevo titular y algo de suerte, cada vez más suerte, comienza a enderezarse la situación.

Mis recetas para tratar de solventar estos problemas me las callo. Ni me corresponde darlas, ni quiero faltar a mi compromiso de prudencia.

✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.