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⚖ El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que imputó prevaricación a un juez en un escrito de recurso. El tribunal considera que el letrado se encuentra amparado por la libertad de expresión – CGPJ [ 1-2-2024 ]
El asunto parte de la condena por delito de calumnias a un abogado por imputar falsamente al juez un delito de prevaricación en un escrito de recurso, en una causa donde el letrado era acusación particular, y donde señalaba que la resolución recurrida había sido manifiestamente injusta y que el magistrado la dictó con conocimiento de que lo era.
Partiendo de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afirma que los jueces, en el ejercicio de sus funciones públicas, pueden enfrentar críticas más duras que los ciudadanos que no ocupan cargos públicos, se recuerda, no obstante, que la misma no excluye la necesidad de proteger a los jueces de los ataques verbales ofensivos que puedan recibir en el ejercicio de sus funciones, debiendo examinarse en cada caso las circunstancias concurrentes y la aplicación del parámetro de proporcionalidad, tomando en consideración la injerencia litigiosa a la luz del conjunto del asunto, incluido el tenor de las expresiones referidas y el contexto en el cual fueron formuladas, así como si la injerencia en cuestión era proporcionada a los fines legítimos perseguidos, añade la sentencia.
A mayor abundamiento, se recuerda que los abogados pues, pueden realizar críticas contundentes sobre las actuaciones judiciales en defensa de sus clientes e incluso en defensa de sus propios intereses, y también tienen la facultad de solicitar responsabilidad gubernativa, civil o penal de los jueces por sus acciones, “sin que el mero hecho de hacerlo y expresar críticas hacia la actuación de los jueces suponga una violación ilegítima de su derecho al honor”.
“No hay duda de que las citadas expresiones, objetivamente consideradas, no solo son desafortunadas e impropias de lo que debe ser la actuación de un Letrado ante un órgano judicial, sino, además, innecesarias y objetivamente ofensivas, pudiendo incluso rebasar los límites a la libertad de expresión”. Pero no se trata de determinar si las expresiones proferidas deben ser acreedoras de reproche o sanción de otra índole, sino únicamente si aquellas pueden sustentar una condena penal, concluyéndose que no.
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