Electrocuciones de aves y ausencia de sanciones administrativas.
Jurisprudencia sobre atipicidad infractora o falta de culpabilidad: ¿basada en disposiciones reglamentarias ilegales?.
Comentario crítico a la sentencia de la Sala IIIª del Tribunal Supremo, número 109/2026, de fecha 5 de febrero de 2026
En 2020 escribí en InterJuez un artículo, intentando trasmitir la preocupación por la problemática ambiental de agresión a la biodiversidad, que supone la mortandad de avifauna protegida en tendidos eléctricos, ante las tenues exigencias electrotécnicas de seguridad, que a las grandes empresas de distribución eléctrica impone el Real Decreto 1432/2008, que continúa vigente pese a sus enormes carencias, que consideraba, y sigo haciéndolo, le hacían incurrir en ilegalidad e inaplicabilidad por los tribunales, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En 2021, ahondando en ello, señalé que la jurisprudencia contenciosa que trataba esta problemática, se basaba en la normativa reglamentaria ad hoc, el Reglamento aprobado por el Real Decreto mencionado, sin plantearse si esta normativa reglamentara podía incurrir en nulidad por vulnerar la jerarquía normativa. Esperaba que la cuestión sancionadora administrativa por electrocución de aves en tendidos eléctricos, cambiase de rumbo, y en su caso llegase al Tribunal Supremo para unificar criterios y sentar una jurisprudencia general.
En 2023, planteé que quizás por fin, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque no merced a un recurso de casación en esta materia exactamente, pero sí de forma tangencial ante recurso contra Real Decreto 542/2020 y la tipificación de infracciones, zanjase esta cuestión y determinase el carácter infractor de las omisiones en la obligación de la diligencia en la corrección de tendidos peligrosos para las aves; así el Auto de la Sala IIIª del Tribunal Supremo al número 1215/2021, y que referí en artículo, al igual que don Salvador Moreno Soldado en otro más profuso.
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Pues bien, tras mucho tiempo sin escribir sobre esta problemática ambiental de la electrocución de aves rapaces, y en la ilusa esperanza de que el Tribunal Supremo iba a resolver y zanjar que, so pena de incurrir en infracción al menos administrativa, es obligación de mantenimiento correcto de los tendidos eléctricos por sus titulares, empresas eléctricas, para la seguridad industrial y la mayor inocuidad ambiental posible; ello cuando fuesen accediendo recursos de casación en expedientes administrativos sancionadores; y muy en especial, como he señalado, tras Auto de esta misma Sala, al número 1215/2021 de 7 de octubre, ya he dicho que aunque fuese con argumentos aplicables a otro Real Decreto, el 542/2020 sobre infracciones relativas al estado de líneas y apoyos eléctricos; lo cierto es que la sentencia de la Sala IIIª del Tribunal Supremo, número 109/2026, de 5 de febrero de 2026, ha venido a defraudar tales ilusas expectativas, con argumentos, entiendo, muy discutibles; esta sentencia confirma la revocación de sanción administrativa por la electrocución de ejemplar de águila imperial, de la sentencia número 80/2023 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, y ello en base a los presupuestos, nuevamente, del R.D. 1432/2008, del que derivan la falta, no ya de tipicidad, pero sí de culpabilidad, al no incumplir objetivamente las eléctricas este reglamento, pero cuya ilegalidad, lógicamente parcial, he defendido reiteradamente, por vulnerar el principio de jerarquía normativa (Artículo 9.3 CE), y por lo tanto inaplicable por los Tribunales de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Invito en este sentido, a releer en InterJuez, los artículos antes referidos.
La mencionada sentencia del TS pone difícil las cosas para la defensa de las aves frente a este conocido riesgo de electrocución, ya que por un lado la anterior STS 1252/2023 de esta Sala, rechazó tanto la solicitud de ONG de declaración de la ilegalidad parcial del R.D. 1432/2008, por extemporaneidad, como la inactividad administrativa en su reforma y mejora de la protección de la biodiversidad, tras tantos años de constancia de sus carencias y vulneración de la jerarquía normativa; y estando así a la espera de una aplicación concreta de dicho reglamento, y frente acto determinado, en este caso sancionador, derivado de dicho Real Decreto, ahora se acude por el TS al argumento de que no puede cuestionarse su aplicabilidad, pese a lo previsto en el artículo 6 LOPJ, por ser también forma indirecta de volver a interesar la anulación de dicho Real Decreto; un círculo vicioso que, visto así, va a ser difícil romper, con el consiguiente perjuicio para el valor ambiental que supone la protección de la biodiversidad, conforme normas internacionales, europeas, estatales y autonómicas, cohonestadas entre ellas bajo la jerarquía normativa.
Y es que ahora es cuando ha llegado la contestación con esta STS 109/2026: Esta resolución del Tribunal Supremo dice abordar el conflicto entre las normativas técnicas específicas y las leyes medioambientales generales en casos de electrocución de aves, para la resolución del recurso, frente a sentencia de TSJ que revoca sanción en la materia.
Resumen de la Sentencia STS 109/2026
La sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla-La Mancha y la asociación ADENSVA contra una sentencia previa que anuló una sanción de 200.001 euros a una compañía eléctrica por la muerte de un Águila Imperial Ibérica.
El Conflicto: La Administración sancionó a la empresa basándose en la Ley de Conservación de la Naturaleza, argumentando que las empresas tienen una «posición de garante» y obligaciones generales de protección que van más allá de los reglamentos técnicos.
La Postura de la Empresa: La eléctrica alegó que la línea donde ocurrió la muerte no estaba incluida en el listado oficial de líneas que debían ser adaptadas obligatoriamente según el Real Decreto 1432/2008.
Decisión del Tribunal: El Supremo confirma la anulación de la sanción. Establece que no se puede imputar culpabilidad o negligencia a una empresa que cumple con la normativa técnica específica dictada por el Estado para su sector.
Principio de Confianza Legítima: El tribunal subraya que si el poder público dicta normas específicas de protección (como el RD 1432/2008), el administrado tiene la expectativa razonable de que, si las cumple, su conducta es lícita. Sancionar en estos casos supondría una «responsabilidad objetiva encubierta» prohibida en el derecho sancionador.
La Culpabilidad por tanto como barrera principal; el Tribunal Supremo determina en el ámbito administrativo que «no cabe culpa en quien cumple con las reglas específicamente fijadas por el Estado», dada la ausencia de dolo o una imprudencia grave evidente.
Dicho cumplimiento de la normativa técnica reside en las prescripciones técnicas del RD 1432/2008: Si no ha sido formalmente requerida la empresa por la Administración para ser adaptada (o está en plazo de hacerlo), entonces, la conducta del titular de la línea suele considerarse ajustada a derecho, lo que excluye la tipicidad penal.
“El error de prohibición inducido”: La sentencia menciona que, si el marco normativo es insuficiente, el Estado está «induciendo institucionalmente a error al administrado». En derecho administrativo sancionador y penal, esto podría alegarse como un error de prohibición, eliminando la responsabilidad criminal si el operador cree fundadamente que su instalación es legal al cumplir los reglamentos técnicos.
En mi opinión, sin embargo, hay que recordar que las empresas titulares, ya desde hace años, no son ajenas a este debate y consideración de un marco normativo más amplio frente a este Real Decreto 1432/2008, y así es de señalar los fundamentos sancionadores en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en materia de electrocución de aves en tendidos eléctricos, tras la resolución de la Sala IIIª del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2021 (nº 1215/2021), y sentencia 1252/2023.
Y es que esta sentencia 109/2026 dice que, aún siendo cierto, que la obligación de adoptar medidas de prevención y reparación de daños ambientales también se establece en diversas normas sectoriales, de mayor jerarquía, tales como la Ley 26/2007, de 23 de octubre, responsabilidad medioambiental y la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. A lo que habría que añadir la Ley 21/1992 de Industria; la falta de sanción radica en la falta de culpabilidad, ya sea por error de prohibición o por la confianza legítima que asiste a los titulares de las líneas, pese a conocer, sobradamente, que incurren estas en la omisión de medidas de seguridad, señalando la sentencia que “las peticiones de declarar la incompatibilidad del real Decreto 1432/2008 con determinados principios medioambientales, exceden del objeto del recurso”, y por tanto en cierto modo no se pronuncia sobre la clave de la cuestión infractora. Pero, entiendo, se olvida de que se debe entrar de oficio conforme al artículo 6 de la LOPJ, y considerar inaplicable el Reglamento.
El RD 1432/2008 es una norma reglamentaria que por aplicación del principio de jerarquía normativa no puede establecer previsiones contrarias a una norma superior de cobertura (las leyes citadas, además de Convenios Internacionales y Directivas Europeas) y, por tanto, la falta, por ejemplo, de cumplimiento de la financiación pública no puede exonerar a la titular del cumplimiento de sus obligaciones medioambientales. Menos aún, cuando dicha exoneración de responsabilidad tampoco está prevista legalmente. Por tanto, debe interpretarse el RD 1432/2008 conforme a la norma de cobertura y, en consecuencia, la falta de financiación no debe interpretarse como causa de suspensión del cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los operadores y se debería confirmar la sanción administrativa impuesta, revocando la sentencia de instancia. Contrariamente esta sentencia 109/2026, pese a la resolución 1215/2021, parece “retroceder” en la exigencia de diligencia debida a las empresas operadoras, al partir de la literalidad exclusiva del R.D. 1432/2008, cuya interpretación, o simplemente inaplicación (artículo 6 LOPJ), debía hacerse con el ordenamiento jurídico en su conjunto.
Con esta sentencia 109/2026, podemos hacer las siguientes consideraciones frente a la electrocución de avifauna protegida: ¿Cuándo sí sería viable entonces la sanción administrativa, o incluso penal?:
La vía infractora, conforme a esta sentencia, podría tener recorrido en escenarios donde se demuestre una desviación clara de la normativa:
Incumplimiento consciente: Si la empresa se niega a adaptar una línea tras un requerimiento formal y el pago de subvenciones.
Mantenimiento deficiente: Si la electrocución no ocurre por una falta de adaptación técnica, sino por un abandono o mal estado de las instalaciones que genera un riesgo previsible e inmediato.
Zonas de protección: Si se instalan nuevas líneas sin cumplir las medidas de seguridad en áreas declaradas como críticas para la avifauna.
Pero, como vemos, y según la doctrina de esta sentencia, la vía sancionadora es poco viable si la empresa cumple con los reglamentos técnicos específicos, pese a la normativa superior jerárquicamente, ya que el cumplimiento de la norma sectorial actúa como una «causa de exclusión» de la culpabilidad penal.
No olvidemos que ante conductas de riesgo o dañosas para el medio ambiente, a pesar de cumplir en apariencia una autorización o licencia, y por lo tanto frente al argumento del TS, relativo a esta confianza legítima ante la autorización de explotación de la línea, recordar lo que dice la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE:
Dicha conducta será ilícita incluso cuando se lleve a cabo con una autorización expedida por una autoridad competente de un Estado miembro si dicha autorización se hubiera obtenido de manera fraudulenta o mediante corrupción, extorsióno coerción, o si dicha autorización incumple de manera manifiesta requisitos jurídicos materiales pertinentes.
Por si acaso, tampoco habrá que olvidar que los R.D.337/2014 y 542/2020, obligan a inspecciones trianuales de las líneas, donde se haga constar que estas cumplen las prescripciones electrotécnicas de seguridad del R.D. 1432/2008. Ante ello si el ingeniero de la ECA dice que no cumple la línea las medidas electrotécnicas del R.D. 1432/2008 en certificado; ¿cómo se puede hablar entonces, como hace el TS, de confianza legítima o error de prohibición? Y si certifica que cumple, y no es así (por ejemplo, por inspección agentes ante hallazgo, que lo ponga de manifiesto); pues podría concurrir falsedad en certificado.
En definitiva, me temo que se avecinan malos tiempos para la biodiversidad, ante el “paraguas” jurisprudencial que esta sentencia otorga a las empresas de distribución eléctrica, frente a la omisión de medidas electrotécnicas de seguridad ambiental (gran dinero que se ahorran), la falta de revisión normativa del contenido del R.D. 1432/2008, que lleva años en borrador de reforma, y a lo que hay que unir ahora el despliegue renovable, con aerogeneradores de aspas, que se están destacando por su carácter biocida de aves y murciélagos.
InterJuez.es 