La legitimidad de la Ley, en su origen, precisa emanar del pueblo soberano a través del poder legislativo.
Pero eso no basta.
La ley, como instrumento de regulación de la convivencia, debe configurar un Estado social y democrático, promoviendo la libertad, la igualdad y el pluralismo político, de modo que se perciba por la mayoría como justa y orientada al bien común.
Si falla dicha percepción, algo no funciona.
✍️ Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.
InterJuez.es 
Debe estar conectado para enviar un comentario.