Normativa internacional, europea y española de interés ambiental

CONVENIOS INTERNACIONALES.

Convenio de Aarhus 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia en materia de medio ambiente.

El Convenio, vigente desde el 30 de octubre de 2001, parte de la premisa de que una mayor sensibilización e implicación del público en las cuestiones medioambientales favorecerá la protección del medio ambiente. El Convenio tiene por objeto contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar. Para alcanzar dicho objetivo, el Convenio propone intervenir en tres ámbitos:

  • garantizar el acceso del público a la información en materia de medio ambiente de que disponen las autoridades públicas;
  • favorecer la participación del público en la toma de decisiones que tengan repercusiones sobre el medio ambiente;ampliar las condiciones de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Convenio “CITES” de Washington 1973, sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

Más conocido como Convenio CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), busca preservar la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

El Convenio establece una red mundial de controles del comercio internacional de especies silvestres amenazadas y de sus productos, exigiendo la utilización de permisos oficiales para autorizar su comercio. Por tanto, la protección se extiende a los animales y plantas, vivos o muertos, sus partes, derivados o productos que los contengan; es decir, también se protegen las pieles, marfiles, caparazones, instrumentos musicales, semillas, extractos para perfumería, etc. elaborados a partir de especímenes de especies incluidas en el Convenio.

El objetivo es asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas de origen silvestre sea sostenible y no ponga en peligro su supervivencia. Esto supone esencialmente prohibir el comercio de las especies en peligro de extinción y regular el comercio de las especies amenazadas o en peligro de estarlo.

El Convenio de Ramsar de 1971, relativo a los Humedales de Importancia Internacional.

Dedicado especialmente a los Hábitat de Aves Acuáticas, es un tratado intergubernamental, entrando en vigor en 1975. Este Convenio integra, en un único documento, las bases sobre las que asentar y coordinar las principales directrices relacionadas con la conservación de los humedales de las distintas políticas sectoriales de cada Estado. Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional con relación a las aves acuáticas, actualmente busca el reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). El objetivo fundamental del Convenio de Ramsar es “la conservación y el uso racional de los humedales, a través de la acción nacional y mediante la cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.

Convenio de Berna de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa.

Convenio de carácter generalista, basado en la concepción de la lista única de especies y la incorporación de la política conservacionista en la planificación económica, especialmente en lo relacionado con la protección de los hábitats, da un tratamiento general a la gestión de la vida silvestre, elaborando una serie de medidas de protección de para plantas y animales, diferenciando en estos últimos las especies estrictamente protegidas (Anejo II) de las que requieren medidas especiales en su gestión (Anejo III) e incluyendo medios de captura no selectivos prohibidos (Anejo IV).

Otro aspecto importante que contempla el convenio es la conservación de especies migratorias, aludiendo a la necesaria coordinación internacional. Aun cuando el área del convenio se circunscribe a Europa, fue una preocupación la extensión a la fauna africana, donde inverna una buena parte de la fauna migratoria europea. Este convenio ha destacado a nivel internacional por los Planes de Acción (para Aves mundialmente amenazadas, para grandes carnívoros, etc.) y las Estrategias de conservación (de conservación vegetal, de especies exóticas invasoras, de invertebrados, etc.).

Convenio de Bonn o Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 1979.

El convenio pretende la conservación de la fauna migratoria mediante la adopción de medidas de protección y conservación del hábitat, concediendo particular atención a aquellas especies cuyo estado de conservación sea desfavorable. El convenio incluye dos apéndices. El Apéndice I incluye las especies migratorias que se consideran amenazadas.

Las especies migratorias que necesitan o se beneficiarían considerablemente de una cooperación internacional figuran en el Apéndice II de la Convención. Por esta razón, la Convención anima a los estados del área de distribución a crear acuerdos globales o regionales.

Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, Estrasburgo 1987.

El Convenio se aplica en lo que respecta a los animales de compañía en poder de una persona física o jurídica en cualquier hogar, en cualquier establecimiento que se dedique a su comercio o a su cría y custodia con fines comerciales, así como en cualquier refugio para animales; y en su caso, los animales vagabundos. Se basa en que nadie deberá infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o angustia a un animal de compañía, y nadie deberá abandonar a un animal de compañía.

Convenio Europeo del Paisaje, de Florencia.

Año 2000; sus disposiciones están más relacionadas con medidas de sensibilización, formación, educación, intercambios, y compromiso de identificación, calificación y estudio de instrumentos de intervención destinados a la gestión, ordenación y protección.

Convenio de Basilea de 1989 sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

Y Protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños.

Es el marco de donde surge la política europea de Residuos.

Convenio de Londres de 1996 sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias.

El Convenio de Londres tiene como finalidad promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino y la adopción de todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias.

UNIÓN EUROPEA.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 191.

1.   La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:

– la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,

– la protección de la salud de las personas,

– la utilización prudente y racional de los recursos naturales,

– el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático.

2.   La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.

En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 37.

Protección del medio ambiente.

En las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.

Directiva 2008/99/CE, del Parlamento y el Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

Los comportamientos ilícitos con efectos negativos sobre la salud humana o el medio ambiente que están sujetos a sanciones incluyen:

  • el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o el agua de materiales peligrosos;
  • la recogida, el transporte, la valoración o la eliminación de residuos peligrosos;
  • el envío de cantidades apreciables de residuos;
  • la explotación de instalaciones industriales en las que se realicen actividades peligrosas o se almacenen sustancias peligrosas (por ejemplo, las fábricas de pinturas o productos químicos);
  • la producción, el tratamiento, el almacenamiento, el uso, el transporte, la importación, la exportación y la eliminación de materiales nucleares y materiales radiactivos peligrosos;
  • la matanza, la posesión o el tráfico de cantidades apreciables de especies animales y vegetales protegidas;
  • daños a los hábitats protegidos;
  • la producción, el comercio o el uso de sustancias que agotan la capa de ozono (por ejemplo, los productos químicos en los extintores o disolventes de limpieza).

“…Puesto que la presente Directiva ofrece unas normas mínimas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener medidas de protección más estrictas”.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2019: Primacía del Derecho de la Unión Europea.

Ley Orgánica del Poder Judicial: Artículo 4 bis. 1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Hay multitud de Reglamentos (estas tienen aplicación directa e inmediata); ejemplo es el Reglamento 2019/2.117 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio; y Directivas (obligan a un plazo de trasposición por los estados miembros a sus instrumentos normativos internos) Europeas Ambientales, como por ejemplo las de información y acceso a la justicia en materia Ambiental, 2003/4 y 2003/35 (a raíz del Convenio de Aarhus, y estas por ejemplo están traspuestas en nuestra Ley española 27/2006), la 2004/35/CE de Responsabilidad Medio Ambiental (Ley 26/2007), la versión codificada 2009/147/CE de Aves, la de Hábitats y un largo etc., de aplicación directa o traspuestas al Ordenamiento Jurídico Español por leyes o Reales Decretos Legislativos, al tratarse de una competencia compartida entre U.E. – Estado y CCAAs.

ESPAÑA.

Artículo 45 Constitución Española.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Normativa Estatal española.

Según reparto competencial, artículo 149.23 de la Constitución (al igual que sucede entre Unión Europea y Estados miembros según Tratado de Funcionamiento de la Unión), es una COMPETENCIA COMPARTIDA; el Estado establece BASES, y las Comunidades Autónomas tienen funciones de desarrollo y ejecución, siempre en “ampliación”, nunca de reducción, del umbral de protección ambiental; principio jurisprudencial consolidado de “no regresión ambiental” (por todas, Sentencia Tribunal Constitucional de 2 de abril de 2008).

Algunas leyes estatales referidas a materia Ambiental.

R.D.L. T.R. 7/2015 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

R.D. 139/2011 Listado y Catálogo Especies Silvestres.

R.D. 630/2013 Especies Invasoras.

Ley 21/1992 de Industria.

Ley 37/2003 del Ruido.

R.D.Leg. T.R. 1/2001 Ley de Aguas.

Ley 16/2002 Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

Ley 21/2013 Evaluación Ambiental.

Ley 34/2007 Protección de la Atmósfera.

Ley 26/2007 Responsabilidad Medioambiental.

Ley 43/2003 de Montes.

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Ley 12/1995 de Contrabando.

Ley 27/2006 Participación Pública y Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente.

Otras normas generales de interés.

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ley Orgánica 1/1985 del Poder Judicial.

Ley 51/1980 y 24/2007 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Ley de Enjuiciamiento Criminal.